Historia de Las Ideas Politicas en Argentina Vicente Sierra

Vicente D. Sierra

HISTORIA DE LAS IDEAS POLÍTICAS EN ARGENTINA

Al Coronel D. Juan Francisco Casteo, amigo.

“El caso se reduce a lo siguiente. Usted encuentra a uno en la calle y le dice: Usted es muy feo; pregunto: ¿Ese uno le dará a usted las gracias y le dirá a usted que es bonito?, locura sería pensarlo; pues bien, aplique usted el cuento; yo digo a los liberales: son ustedes muy feos. ¿Cómo diablos quiere que me lo sufran, y que me den las gracias encima? Esto, sin embargo, como usted ve, no prueba nada, sino que yo he puesto el dedo en donde debía ponerlo. Sin embargo, debo confesar que mi libro ha salido a la luz fuera de tiempo. Ha salido antes, y debía haber salido después del diluvio. En el diluvio se ahogarán todos menos yo; es decir, las doctrinas de todos, menos las mías. Mi gran época no ha llegado, pero va a llegar. Ya verá usted qué naufragio, y cómo todos los náufragos buscan refugio en mi puerto. Aunque bien pudiera suceder (cosas como ésas se han visto) ni aun así le quisieran, prefiriendo el mar salado. Cada uno tiene su gusto, y sobre gustos no hay

nada escrito”. -DONOSO CORTÉS- Cartas inéditas, pág. 16 y 17.

La vida y la realidad son historia y nada más que historia. BENEDETTO CROCE La historiografía ha servido en Argentina -en general en Hispanoamérica- para determinar la pérdida de todo sentido histórico; la clásica, hija de la “Ilustración”, por su pobreza interior, y la moderna, presuntivamente científica, por el aniquilamiento de todos los misterios de la Historia, al reducirla, con interpretaciones sin soplo de humanidad y libertad, que lograron separar al argentino de toda tradición; hasta ser de él un ser extraño al destino de su comunidad. No por despreocupación o desapego, sino por carencia de base, ya que de su pasado sólo se le ha transmitido el polvo inconsciente de relatos manidos y adocenados, sin ninguna vinculación con alguna forma concreta de la existencia. Dice Croce: “la ciencia y la cultura históricas, en toda su detenida elaboración, existen con el propósito de mantener y desarrollar la vida activa y civilizada de la sociedad humana”. El normalismo, gran factor de deformación de la cultura argentina, cree que para la formación y mantenimiento de la conciencia nacional basta con dedicar un día a honrar la bandera, recordar ciertos aniversarios, llenar las aulas con retratos de próceres o visitar sus tumbas o monumentos, sin advertir que el sentimiento de nacionalidad no se forja con cosas, aunque se exprese con ellas, pues solo valen cuando la vemos con la conciencia de una unidad cultural, que tiene que ser resultado de una relación estrecha, profunda y misteriosa, entre el hombre y lo histórico. Dice Berdiaeff: “No es posible separar al hombre de la historia y considerarlo de una manera abstracta, como tampoco es posible separar la historia del hombre de un modo, por decirlo así, inhumano. Es imposible considerar al hombre separado de la profundísima realidad histórica”. Y bien, la historiografía argentina al uso ha hecho tal separación; ha apartado al argentino de la historia y a la historia del argentino, reduciéndola al simple relato del mundo que llegamos a conocer, limitando su extensión en el tiempo y en el espacio y aplicando concepciones apriorísticas de carácter abstracto, que son de imposible relación con la historia, que es una forma de conocimiento sorprendentemente concreta. Los representantes del liberalismo subsistente, que tienen conciencia de su falencia, pues no ignoran que la doctrina se mantiene mediante constantes concesiones, se oponen tenazmente a lo que ha dado en llamarse “revisionismo histórico”. La denominación no es muy feliz porque en Argentina no hay que revisar la Historia; hay que hacerla. Lo que como tal circula con marchamo legal no es ni

siquiera una falsificación; es apenas una crónica deficiente y apasionada, sin sentido histórico pero con pasión de partido, de hechos expuestos con espíritu periodístico; amor por el “papelismo”, que nada tiene que ver con la Historia como medio de conocimiento del hombre en toda la plenitud concreta de su existencia espiritual. La verdadera historia es un constante revisionismo, porque, como dice Croce, “la historia en realidad, está en relación con la necesidades actuales y la situación presente en que vibran los hechos”, y agrega: “el estado actual de mi mente constituye el material, y, por consiguiente la documentación de un juicio histórico, la documentación viva que yo llevo dentro de mí”. El liberalismo carece de sentido histórico, porque gira en torno al error fundamental de no dar importancia sino a las cuestiones de gobierno, que, comparadas con las religiosas y sociales carecen de toda importancia. Lo que explica su importancia cuando otras doctrinas proponen al mundo soluciones para sus problemas, y nos lo muestran cediendo, en Francia, a las soluciones socialistas, y, en Bélgica, a las católicas, por no tener ninguna propia, pues para él todo depende de las formas de gobierno. Si el liberalismo argentino se opone a todo “revisionismo histórico” es porque cree que podría ofrecer nuevos puntos de vista sobre la época antiliberal de Rosas y, sintiéndose incapaz de combatirlos, prefiere que subsista la falsedad pasional con que ha sido expuesta. Considera ese liberalismo que también es necesario mantener poco menos que oculto el período de casi tres siglos de dominación española, y si hay quien acepte que la historia del país comience con el descubrimiento de América, ya no son tantos los que comprenden que también el período hispano tiene historia, y que es necesario remontarse un poco más lejos para encontrar las fuentes de esa conciencia cultural que es la base de toda nación; problema vital para argentina desde que aspira a constituir algo más que un estado rigiendo una simple yuxtaposición de hombres y culturas, sin unidad armónica y creadora. Cuanto más grandes son las naciones, más tradicionalistas se muestran. El liberalismo nunca entendió la fuerza expansiva del tradicionalismo porque lo confundió con conservadurismo y lo vio como un elemento contrario al progreso. Se quedó en el “pienso, luego existo” del cartesianismo, sin comprender que la función de pensar la posibilidad de pensar, surgía de que el hombre es un microcosmos, no en el sentido natural, sino en el sentido histórico. No hay ninguna “tabla rasa” antes del acto de pensar, pues de haberla, pensar sería imposible. Es así como el liberalismo fue siempre incapaz de comprender la vinculación que une a las cosas divinas con la humanas, ni vio lo que las cuestiones tienen de sociales y

religiosas, ni la dependencia de todos los problemas relativos al gobierno de las naciones de la idea de un legislador supremo. Mr. Proudhon ha escrito: “es cosa que admira el ver de qué manera en todas nuestras cuestiones políticas tropezamos siempre con la teología”. El creador del socialismo francés tenía más sentido histórico que cualquier liberal. La historia de las ideas políticas en Argentina nos muestra de cómo el liberalismo forjó el progreso material del país, pero determinó la disociación de su cultura, que cada día ofrece mayores demostraciones de su pobreza creadora dentro de un sentido auténticamente nacional. Ya Roca llamó a Buenos Aires “una provincia de extranjeros”, y Lucio Mansilla dijo que éramos “un país sin ciudadanos”. La vida argentina ha estado siendo corroída por un materialismo grosero y disociador, en cuyo fuego se fue dejando quemar el alma tradicional de la nación mientras la Historiografía cantaba loas a los que, por atizar el fuego, adquirieron estatuas, negadas con singular empeño a quienes lucharon para que los elementos tradicionales fueran vitales en la formación de un ideal de vida netamente nuestro. En los comienzos de su actuación pública, el general Perón dijo: “Pensamos en una nueva Argentina, profundamente cristiana y profundamente humanista”. Tiempo después agregó: “Al impulso ciego de la fuerza, al impulso ciego del dinero, la Argentina, coheredera de la espiritualidad hispánica, opone la supremacía vivificante del espíritu”. He ahí un propósito y una consigna que el país debe realizar si no quiere dejar de ser, pero que no logrará nunca por intermedio de leyes, sino mediante una convivencia profunda con la verdad de su Historia. Contribuimos a ella con este libro, que no es un llorar sobre ruinas sino un evangelio de acción. La Historia, decía Goethe, nos permite librarnos de la historia, es decir, nos señala la ruta por donde debemos seguir de acuerdo a nuestro yo, hacia nuevas conquistas. La falta de Historia nos sumerge en el pasado. La Historia al uso, de tipo patriótico, nacionalista, nos deja sin tener nada que hacer por el porvenir, fuera de gozar los beneficios de la obra de “nuestros gigantes padres”. La Historia debe servir para renovarnos, para rehacernos en cada avatar de la existencia, pero siempre dentro del estilo propio de nuestro sentido de vida, de nuestra conciencia de que la nacionalidad constituye una unidad amónica y creadora de cultura. Porque lo que hace que el individuo no sea un ser verdaderamente vacío, lamentable y perecedero, es su capacidad para asimilar la experiencia histórica. Argentina vive una hora de singulares afanes de recuperación, pero predomina, en la mentalidad media, la falsa idea de que son los hechos económicos los más

importantes; más importantes son los sociales, los religiosos y, en nuestro caso, con su estrecha vinculación con sus posibles soluciones, los de su Historia, porque solo por su Historia un país adquirirá concepto de su ser. Aún destruido el estado polaco, Polonia siguió siendo una nación; aún bajo un solo estado, Austria fue una nación y Hungría otra. En Hispanoamérica abundamos más en estados que en naciones. La gran acción política que Argentina reclama consiste en forjarse una conciencia histórica. No se trata de formas de gobierno, sino de modos de vida. Ellos nos darán la economía, la organización estatal, el orden social que el hombre argentino necesita; una nueva Argentina “cristiana y humanista”, como ha dicho Perón; y todo lo demás vendrá por añadidura. Contribución a ello en este libro, que herirá mucho concepto adquirido, mucha idea consagrada, pero escrito con fe, con fervor patriótico tanto como con la convicción de que, muchas veces, es necesario destruir para edificar ¿Sale a tiempo? ¡Dios dirá! Aunque, recordando a Donoso Cortés, pensamos que, probablemente la ceguera de los hombres es tanta, que hay verdades que sólo deben decirse después del diluvio. ¡Dios querrá que no sean las de este libro, porque Dios protege a la Argentina!

CAPITULO PRIMERO

1.- EL PROBLEMA HISTORICO DE LAS IDEAS POLITICAS EN AMERICA

La historiografía hispanoamericana sobre las ideas políticas de los pueblos del continente ha sido escrita bajo el concepto de que la libertad política, que alcanzó importancia en Atenas y en la Roma republicana, desapareció durante el imperio hasta reaparecer en los últimos dos siglos. La mayoría de tales comentaristas no se han planteado con rigor el sentido de los términos que manejan, y así, al referirse a la democracia, parten del concepto que han recibido del inmediato pasado político europeo, inspirado en un sentido individualista, rechazando, por consiguiente, toda formulación que no se adapte al mismo. Tratase de una posición que responde a un dado momento de una civilización, cuya crisis vivimos y cuya desaparición comenzamos a asistir, basado en esa concepción

ideológica del progreso que logró penetrar el espíritu de toda sociedad, desde los conductores del pensamiento hasta los mismos políticos y hombres de negocio, “que son siempre -como dice Christopher Dawson- los primeros en proclamar su falta de confianza en idealismos y su hostilidad hacia las ideas abstractas”. La idea del progreso fue aceptada por la historiografía liberal como un principio de absoluta verdad y validez universal, evidente por sí misma; de manera que, aun cuando los elementos formales de un juicio histórico demuestren que los conquistadores de América poseían conceptos precisos sobre libertad política, su estimación imparcial resulta difícil, porque el historiógrafo liberal se coloca fuera de la época que estudia para medirla con el cartabón de la que vive. Cartabón que, por cierto, se basa en ideas abstractas y determina una visión idealista del propio presente, ya que la idea del progreso impone la necesidad de afirmar que los conquistadores de América trajeron consigo un espíritu autoritario, como expresión del ambiente político del mundo hispánico. Si así no fuera, la ley del progreso se quebraría en la historias de las ideas políticas americanas, por lo cual todas se inician con la afirmación del autoritarismo de los conquistadores; a pesar de que los elementos formales de que el historiador dispone demuestran que se trata de un disparate histórico en cuanto se lo considere como opuesto a todo sentido democrático en la organización del Estado. Croce hace notar que los requerimientos prácticos que laten bajo cada juicio histórico, dan a toda la historia carácter de “historia contemporánea”, por lejanos en el tiempo que puedan parecer los hechos por ella referidos; es decir que el estado actual de la mente del historiógrafo constituye el material mismo de un juicio histórico. En efecto, y el ilustre filósofo lo dice, el documento por sí mismo de nada sirve, pues “si carezco de sentimientos (así permanezcan latentes), de amor cristiano, de fe en salvación, de honor caballeresco, de radicalismo jacobino o de reverencia por las antiguas tradiciones, en vano escudriñaré las páginas de los Evangelios, de las epístolas de San Pablo o de las epopeyas carolingias, o los discursos pronunciados en la Convención Nacional, o las poesías, dramas y novelas en que el siglo XIX registró su nostalgia de la Edad Media”. La insensibilidad histórica del historiógrafo liberal, lo que también se advierte en los de tendencia marxista, consiste en que si bien el hombre de hoy -como agrega Croce- es un microcosmos en sentido histórico, es decir, un compendio de la historia universal, lo cual explica, en parte, que sea la historiografía algo moderno, -al punto que son muchos los que estiman que recién el siglo pasado es la era de la Historia- han limitado las posibilidades de comprender el pasado por el afán de

someter su proceso a los imperativos de férreas formulaciones o concepciones apriorísticas. Incapaces de liberarse de las ideas vitales de su época, no pueden comprender las del pretérito, posición de la que nos libra la circunstancia de vivir un momento en que las ideas que forjaron el llamado mundo moderno, comienza a perder su poder sobre el espíritu de la sociedad; como también se pierde la faz de la civilización que caracterizaron, perdiendo valor la historiografía consagrada, correspondiente a la misma. Uno de esos conceptos, aceptado sin reservas, dice: “La Edad Media es la época en la que impera la Iglesia de un modo casi absoluto”. Definida la posición de la Iglesia Católica contra el liberalismo y aceptado el concepto, también “a priori”, de que el liberalismo dotó al hombre de ideas de libertad política que nunca había conocido, la deducción lógica conduce a la afirmación de que la Edad Media sólo tuvo ideas contrarias a todo ideal democrático y, por consiguiente, los conquistadores de América no pudieron traer al Nuevo Mundo otra cosa que ideas afines a sus principios autoritarios o absolutistas de gobierno. Es claro que, aun aceptando lo difícil que resulta desprenderse de los conceptos de nuestra época, porque formamos parte integrante de la misma -por lo cual hay más historiadores que historiógrafos-, un elemental principio de metodología honesta basta para comprender la conveniencia de comenzar demostrando hasta qué punto es exacto que la Iglesia imperó de un modo absoluto durante la Edad Media, y luego, comprendiendo que la genealogía de las ideas, por mucho que se crea en el carácter rectilíneo del progreso, dista de ser una línea recta, investigar hasta qué punto el liberalismo ha formulado ideas originales en materia de libertad política. Si los historiadores de ideología liberal se hubieran tomado tal trabajo, es probable que, con comprensible desconsuelo, advirtieran lo difícil de semejante demostración. Lo hizo, entre otros, Johannes Bühler, que no pudo menos que referirse con ironía a quienes, partiendo de la posición predominante asignada a la Iglesia, consideran a la Edad Media como la época de la concepción católica del mundo y proceden a enjuiciar sumariamente su cultura con arreglo al punto de vista personal en que el enjuiciador se coloca respecto del catolicismo. Para peor, casi todos los que así proceden, consideran a la Iglesia Católica del medioevo como si fuera la actual, pasando por alto sus sesenta años de inquietudes teológicas y los veinte que consumió el Concilio de Trento, de la cual salió reformada y reestructurada. Si tal ocurre en cuanto a la Edad Media, en lo que a la comprensión del liberalismo se refiere, todo se reduce en los historiadores a relatar de cómo los

escritores franceses difundieron las ventajas del sentido británico de la libertad política, callando la realidad, expuesta en obras serias, por escritores ingleses, de que esas libertades surgían de las entrañas mismas de la Edad Media. Todavía hay profesores que creen, y así lo enseñan algunos textos al uso, que los británicos escribieron en la Carta Magna las libertades que querían obtener, cuando ese documento expresa las que tenían y no querían perder. Uno de los escritores políticos del pasado que más prestigio tiene entre los historiadores de las ideas políticas en Hispanoamérica es Montesquieu, probablemente más citado que leído, pues cuanto entró a meditar en torno a la historia de las instituciones llegó a la convicción de que el absolutismo era el resultado de una larga usurpación, advirtiendo las antiguas limitaciones del poder real, lo que le condujo a admitir la existencia de rasgos de la humanidad verdadera aún en instituciones consideradas bárbaras. Montesquieu llegó a la conclusión de que el modelo y los fundamentos de la libertad estaban en el pasado, identificando libertad y tradición feudal, por lo que reprochó al absolutismo haber aniquilado viejas costumbres; posición ésta del autor de “El Espíritu de las leyes” que se olvida con sospechosa regularidad. Concretándonos a la historiografía hispanoamericana, vemos que actúan contra ella dos factores importantes. El primero surge del armazón de mentiras forjadas alrededor de la historia de España y de su acción en el Nuevo Mundo, como manifestaciones de la “literatura de guerra” heredada del período de lucha por la independencia. Alrededor de esta falsa historiografía se forjaron ideas equívocas, que alcanzaron vigencia hasta mucho después de su nacimiento y de las cuales es difícil desprender a pueblos a los que se impusieron normas plagiadas de vida, desligadas de elementos tradicionales. Y como ha dicho Nicolás Berdiaeff: “El conocimiento histórico no es posible fuera de la tradición histórica”. El segundo factor consiste en hacer girar el proceso progresista alrededor de la literatura política, filosófica o sociológica de moda, en Francia, en los distintos momentos de los últimos dos siglos. Si a ambos factores añadimos la circunstancia particular de que la historia, como actividad intelectual, ha estado en América -y continúa en gran parte estándolo- , supeditada a propósitos antihistóricos, como los de llevar agua al molino de formas políticas, como el liberalismo, o económicas, como el capitalismo, bases ambas de las oligarquías dominantes en el Nuevo Mundo, las que, por lo común, se sostienen por su enfeudamiento a algún gran imperialismo, no es de extrañar que al exponer el desarrollo de las ideas políticas en el continente se haya dicho tanta herejía como la emitida como si fuera buena

moneda. Ese carácter de la historiografía americana se refleja en el afán de hacer de la Historia una especie de tribunal del pasado, con relación a los fines ideales que se quieren defender, sostener y ver triunfantes; y ante los cuales se cita a los hombres que fueron, a que concurran a rendir cuenta de sus actos, alcanzando a unos el premio y el estigma a otros. Dice Benedetto Croce: “Los que, presumiendo de narradores de historia, se afanan por hacer justicia, condenando y absolviendo, porque estiman que tal es el oficio de la historia, y toman su tribunal metafórico en sentido material; están reconocidos unánimemente como faltos de sentido histórico, aunque se llamen Alejandro Manzoni”. Tales opiniones no valen como “juicios de valor”, puesto que no son sino meras “expresiones afectivas”, que se forman con la exaltación de personajes y acciones del pasado o símbolos de libertad y tiranía, de generosa bondad y de egoísmo, de santidad y de perfidia diabólica, de fuerza y de flaqueza, de inteligencia elevada y de estupidez; de donde se deriva, en la historiografía argentina, el odio a Rosas, el desprecio por Quiroga o las mentiras difundida sobre Artigas, junto a la creación de mitos, como el de Bernardino Rivadavia, en el que se llega a ver al “más grande hombre civil de la tierra de los argentinos”; juicio que fue forjado, nutrido y difundido por Mitre, a fin de dotar al partido liberal -de ideología extraña al sentido político tradicional de la nación- de algún sostén histórico con que oponerlo a los altos valores tradicionales de su contrincante, el Partido Federal, cuyos caudillos fueron, mediante la difusión de una “leyenda roja” -especie semejante a la “leyenda negra” con que se combatió todo tradicionalismo hispanista-, sumergidos en las expresiones más antojadizas de una imaginaria barbarie. Como así se lo enseñaron -magister dixit- así lo ha creído el argentino medio, hasta que, en nuestros días, la crisis del liberalismo desarrollando el sentido histórico del país lo que ocurre siempre en los perídos de encrucijada cuando la angustia colectiva se trueca en interrogantes –admite la necesidad de un revisionismo de lo que se viene enseñando con caracteres de dogma. Esa crisis del liberalismo surge de la convicción de que su doctrina no asegura ninguna libertad bajo el régimen económico capitalista, sino libertades aparentes. Los pueblos empiezan a intuir el fondo de verdad de la afirmación de Harold Laski, cuando dice que “tan preocupada estaba -la doctrina liberal- con las formas políticas que había creado, que falló en darse cuenta de manera adecuada de su dependencia de las bases económicas que ellas expresaban”: y es esa intuición la que alimenta dichos

afanes revisionistas, sobre todo en Hispanoamérica, donde los valores de la historia, que habían sido desechados, comienzan a adquirir jerarquía; porque es en ellos donde los pueblos infieren poder encontrar las directivas para, dentro del propio estilo, realizar lo que debe realizarse. Es así como la crisis que mina como el cáncer el alma política de Hispanoamérica, se traduce en un movimiento de profundo análisis de su historia, del que surge, como el Fénix de sus propias cenizas donde los valores de la historia, de que surge, como el Fénix de sus propia cenizas, una cada día más vigorosa afirmación de los contenidos esenciales de lo que denominamos Hispanidad. En 1942, en las páginas finales de nuestro libro El sentido misional de la conquista de América -que fue un aldabonazo que contribuyó a despertar la conciencia hispanista que, como fondo insobornable, se mantenía en el continente- decíamos: “Respondemos de esta manera a una urgencia espiritual ineludible para los pueblos de Hispanoamérica. Un siglo y medio de falsa tradición liberal a la francesa, ha hecho que nuestros pueblos no tengan finalidades que no estén sojuzgadas a determinadas normas institucionales. Y se diluye así el sentido de la nacionalidad al hacer que la nación, en sus expresiones más profundas, sea la finalidad de la nación; entelequia trágica que nos ha conducido en lo económico, a ser simples factorías de imperialismos extraños; en lo político, un mundo de incoherencias; en lo espiritual, algo que huele a prestado. Dijimos que era necesario librarnos de los gobiernos antieconómicos y despóticos de la corona española, y caímos en una economía que nos han enfeudado y nos pusimos muchas veces, a la orden de los jefes más sombríos. Se quiso formar un continente separado de todo sentido religioso, y el fracaso del racionalismo lo deja indefenso, sin un estilo propio frente a una vida que debe aceptar tal como se la han fabricado: débil para crear lo que corresponde. Mas en el fondo insobornable de estos pueblos vive su propio estilo, y es la labor de descubrirlo, para que nos enseñe que debemos hacer lo que hay que hacer -por necesario, por conveniente y por útillo que intentamos con estas páginas, mediante una estrecha convivencia, real e intuitiva, con el inagotable tesoro de nuestra historia” No se trata de escribir la historia con finalidades nacionalistas, porque tanto ellas, como cualquier otra que no responda a la severidad de formular juicios históricos, es hacer falsa historiografía. Se trata de comprender el pasado en sus relaciones con el presente para encontrar la ruta del destino. Labor que no es fácil. Para entender el movimiento oscilante de la historia, cuyos altibajos marcan, a pesar de todo, las etapas de un progreso moral, que se desenvuelve con mucha mayor

lentitud que el material, es necesario realizar esfuerzos a fin de comprender los tiempos pasados. Bienvenida la erudición, el papelismo, porque no se debe salir de los límites de la verdad y los documentos son expresiones formales de ella, pero ¡pobre del que crea que en los papeles que poseemos está toda la realidad del pasado! Porque la literatura picaresca española alcanza en un dado momento cierto auge, por ahí andan centenares de páginas diciendo que fue consecuencia de que proliferaban los pícaros, reverso de aquella grandeza de los ideales, acuñado por la miseria que, según cierta historiografía, fue el signo permanente de España. Sería lo mismo que si alguien digiera que la vida argentina está representada o expuesta por la letra de los “tangos”, dada la difusión alcanzada por las mismas. Con toda verdad ha escrito Ignacio Olaguer: “Aquellos que no tengan imaginación, que no se ocupen de la historia. Es un terreno vedado para ellos”. No se trata de la imaginación que tiende, mediante un proceso confuso, a convertir su material palpitante en obra poética; sino aquella capaz de sentir la vida del pasado más allá de cómo se la vivió, para presentarla como fruto de un acto de pensamiento, es decir, como auténtica obra científica. Por eso, en historia, es necesario ver más allá de las narices, o sea, más allá del texto de los papeles. Es lo que en nuestro alcance, tratamos de hacer en nuestras páginas, por lo cual comenzamos refiriéndonos a la Edad Media, bajo cuyas influencias ideológicas se forjaron los ideales políticos de los conquistadores de América. Si hasta no hace mucho la historiografía americana creía que bastaba con iniciar la historia de cada uno de los pueblos en el que se atomizó el continente, con el relato de las jornadas primigenias de su emancipación política, como un verdadero progreso se aceptó luego que la era española, mal llamada colonial, constituye nuestro pasado remoto; admitiéndose, inclusive, que las múltiples contingencias del desarrollo histórico no ha podido borrar las huellas de sus pasos, lo que algunos utilizaron para explicar por qué cada Argentina, o cada Perú, o cada Ecuador, no es un Estados Unidos. Este progreso de la historiografía americana ha obedecido a una mala intención: la de iniciar la historia americana con el conquistador y el indio, como surgidos por generación espontánea, con un mundo de ideas -hechas por los historiadores- de acuerdo a un determinado esquema metodológico que acusa de intolerante, autoritario, feudalista, etc., al primero y pinta, con ingenua concepción rousseauniana, la libertad del indio como saldo de factores telúricos, de los que son más los que hablan que los que saben en qué consiste. Algo similar a lo que ocurre con quienes estudian la economía americana durante el período de dominación española, e invocan las leyes económicas

denunciando sus constantes violaciones por parte de España, a pesar de que ésta es la hora en que no hay quien pueda demostrar algo más que una supina ignorancia respecto de las presuntas leyes de la economía actual como antigua. El más remoto pasado americano es España, no el mal llamado período colonial; salvo que se admita que este período no tuvo pasado. En algunos pueblos de América, por el alto grado de mestizaje existente, no se puede desdeñar la influencia de ciertos aspectos de las culturas indígenas pre-colombinas, pero dándoles la importancia que tienen como elementos negativos de los conceptos de libertad política. No en balde el comunismo, que siempre logra más adeptos en los pueblos que no poseen un sentido concreto de la libertad política o en los grupos que lo han perdido, por no ver sino la realidad económica, procura, en América, adoptar posturas indigenistas, de un oportunismo que revela el bajo concepto que tiene de los indios, aunque valoren su utilidad como carne de cañón. A su vez, los grandes imperialismos capitalísticos, favorecen la misma tendencia. Capitalistas y comunistas saben que hablar de hispanidad es hablar de liberación, y hacerlo de indigenismo importa lo contrario. No solo el conquistador no trajo consigo el autoritarismo, como síntesis de su ideario político, sino que el hecho histórico concreto es que encontró el autoritarismo en el Nuevo Mundo, y que, a través de los misioneros, trató de inculcar en los naturales el concepto de libertad de la persona humana, esencial en la doctrina del catolicismo. Es el conquistador quien importa conceptos sobre la libertad política, porque se trata de un ser que surge de la Edad Media, o sea de un período de la historia en que el primero y fundamental aspecto de su pensamiento político fue expresión de la justicia o, dicho de otra manera, que entendía que más allá del derecho del estado, existe un derecho más grande y más augusto: el derecho natural. Hasta Hobbes -por lo menos “tío carnal” del liberalismo- nadie se había atrevido a sostener la doctrina de la soberanía estatal absoluta. Mal podían los conquistadores españoles traer a América lo que aún no existía en el viejo mundo, y que, en España, se impuso casi dos siglos después de la empresa colombina. 2.- EL CONCEPTO DE LA LIBERTAD POLITICA EN LA EDAD MEDIA.

Si hemos considerado un error de juicio histórico afirmar que durante la Edad Media tuvo la iglesia una influencia absoluta aceptamos que otro sea asignar a la época liberal un predominio también absoluto, de las ideas liberales. En efecto, el

siglo XIX se caracteriza por una falta de unidad intelectual y espiritual que se expresa en la actuación de distintas tendencias, algunas contradictorias entre sí. Desgraciadamente, el pensamiento americano no supo sacar provecho de tales circunstancias, porque se apegó con tal fuerza de inercia al pensamiento de Francia, el menos universalista de Europa (aunque se lo disimula afirmando el contenido universal de sus principios), que se redujo a una tarea imitativa sin consistencia. Es así como el romanticismo, que pudo determinar una gran curiosidad por el pasado, devolviéndonos los valores ecuménicos de nuestra tradición, no pasó en América de algunos desaciertos poéticos y declaraciones políticas intrascendentes por su lirismo, circunstancia comprensible si se tiene en cuenta aquel seguir lo francés y no se olvida que una característica del genio francés es buscar en sí mismo lo que sucede en los demás. Dice Olaguer: “Cuando el viaje o el comercio con gentes extrañas a su medio no le han ensanchado el espíritu -el francés- por exceso de ególatraía cae fácilmente en la tentación de tomar a su ombligo por el epicentro del universo. Así, francés tenía que ser aquel candidato a filósofo que hizo un viaje alrededor de su cuarto, o el magnífico Julio Verne, que escribió sus aventuras tropicales sin haber traspasado jamás los umbrales de su pueblo”. Fueron franceses los que pontificaron sobre todo el mundo, sin salir de casa, y cuando se trató de España -país de muy difícil comprensión para el francés-, difundieron las mayores patrañas, aceptadas como verdades evidentes por la intelectualidad americana, sedienta de plagios parisinos. Por Francia, a través de Montesquieu, se hizo creer que la libertad venía del norte; por Francia, a través de Voltaire, se creyó que la Edad Media fue un inmensa noche sin auroras; por Francia, a través de la Enciclopedia, se negó a España y al catolicismo; y los historiadores americanos dieron por aceptada la decadencia española porque Francia así lo había resuelto y se admitieron las razones anticatólicas con los pensadores del boulevard explicaron racionalmente “caso” español. Y es que a pesar de ser el europeo occidental un ser con profundo sentido histórico, no encontró forma de expresarlo dentro del movimiento del racionalismo científico hasta que se produjo en Alemania un movimiento de reacción contra el racionalismo filosófico francés y contra el pragmatismo inglés, que se reveló contra una concepción mecánica de la naturaleza y contra la idea individualista y utilitaria de la sociedad. Por ese movimiento descubrieron los germanos su propio pasado medioeval con el mismo entusiasmo que, siglos antes, Italia descubriera los tesoros del paganismo y, por primera vez, señala Dawson, desde el siglo XVI, el arte y la cultura de la Edad Media fue comprendido y apreciado, provocando un movimiento de reacción contra la cultura de la época

precedente. Entre las derivaciones de este movimiento se destaca la creación de la escuela histórica alemana, iniciada por Niebuhr y Savigny. Este, conocido por Juan Bautista Alberdi a través de un resumen, estuvo a punto, en 1837, de hacer que el pensamiento de la juventud Argentina pudiera interpretar los fenómenos políticos de su época con conciencia histórica. Si tal cosa hubiera ocurrido, es probable que la historia política de argentina hubiera sufrido profundas modificaciones favorables al desarrollo de su personalidad natural, pero la llegada de otros resúmenes de París, referidos al romanticismo y al Saint-simonismo, hizo que aquel movimiento terminara en el vulgar lagrimeo de un socialismo romántico, con influencias burguesas; “pele-mele” tan pintoresco como inoperante. Los sucesores leyeron a Guizot, a Roy Collard y a Adam Smith, porque la inteligencia argentina perdió el sentido de que, en la historia, lo real es lo ideal, y no pudo entender a Rosas porque le opuso no la realidad argentina, sino la ideología adquirida en la lectura de conceptos extraños a ella. Así se ha escrito la historia de las ideas políticas en Argentina. Mientras se ofrece como un hecho vital las expresiones de un “prócer” cualquiera, suelto, que habla por su cuenta, se desdeña el ambiente geográfico y el patrimonio racial, se dejan de lado las raíces que salen de la propia tierra, y a los caudillos, que encarnan esas realidades, se los coloca fuera de la historia, bajo el estigma de juzgarlos contrarios al devenir del país. Es el fruto del error que señalara Hegel, de ver sólo la gloria de la idea reflejándose en la historia del mundo; o la que se expresa en aquel “Candide”, para el cual la historia es una agitación irracional de crueldad y destrucción, donde la única regla es el azar o la fuerza. Aquella floración del pensamiento germano determinó en toda Europa la actuación de estudiosos que no se conformaron a dedicarse a cantar a la viejas construcciones de la Edad Media por que eran viejas, como hicieron los románticos en Francia, sino que se empeñaron en comprenderlas, desbrozando la historiografía al uso de la maleza que cubría la verdad sobre el medioevo, tarea que puso al descubierto la endeblez del pensamiento político desde Montesquieu y Voltaire, pasando por los enciclopedistas, hasta los historiadores liberalburgueses de la Restauración y sus epígonos, por cierto menos talentosos. Reconocer estos hechos era lo que correspondía a la historiografía hispanoamericana a fin de hacer la verdadera historia del continente, y es lo que hicieron algunos, aisladamente, comenzando a surgir juicios de calidad sobre la labor de España en América, que son base de una escuela a la que ya nada podrá detener en sus avances, a pesar de los esfuerzos con que todavía se mantienen los

repetidores de una historiografía hecha a base de loas de determinados próceres, cuyo único mérito es haber sido expositores de segunda o tercera mano de las ideas de moda en Francia, o gobernantes en cuya falsa gloria se apoyan las oligarquías dominantes. Tan es así que, frente al movimiento de restauración nacional que vive Argentina en los momentos que escribimos, las fuerzas reaccionarias han hecho motivo esencial de su conducta política oponerse a todo revisionismo histórico, hasta con el pretexto comiquísimo de que cualquier restauración de la Hispanidad importa fortalecer el régimen que gobierna a España, lo cual, de ser exacto, demostraría que se trata de un régimen históricamente legítimo y lógico, ya que negarle a América la Hispanidad es negar la razón misma de ser de los pueblos de Hispanoamérica. Y bien, lo primero que se advierte al entrar a considerar el tema de este libro es que el conquistador importa en América conceptos claros sobre libertad política, por lo mismo que se trata de un representativo de la Edad Media, período durante el cual impera el principio de que toda autoridad humana es limitada; concepto originario del derecho romano que adquiere singular importancia durante el medioevo, por influencia del cristianismo, significando que no había ni podía haber nada semejante a una autoridad política absoluta. El segundo principio de la teoría política que recibió la Edad Media del derecho romano es el de que sólo podía haber una fuente de autoridad política, y que esta era la misma comunidad. Mas, si en la Roma de los emperadores pudieron estos a llegar a gobernar de manera absoluta, por delegación del pueblo, que según una ley, les otorgaba el Imperium, durante la Edad Media tal uso no fue posible, porque el príncipe no se colocó por encima del derecho. Había entrado a actuar el elemento religioso que afirmaba que la potestad regia venía de Dios, estaba constituida por él y por el derecho natural. El rey aparece entonces constituido por la misma comunidad, es ella la que crea al rey, al que no le transfiere la potestad, sino la propia autoridad, pues la potestad es de Dios, como dirá más tarde el P. Francisco de Vitoria. El pensamiento político de la Edad Media expresado por el teólogo inglés Bracton, en su obra “De Legibus” (m.9, 3.) dice que la autoridad del rey es la autoridad del derecho (o de la justicia) y no de la injusticia. Como vicario y servidor de Dios, debe ejercer la autoridad justa, porque sólo esa es la autoridad de Dios; la de obrar mal corresponde al demonio y el rey es servidor de aquel cuya obra realiza; cuando hace justicia es vicario del rey eterno, pero es siervo del demonio cuando vuelve la espalda a aquella y comete desafueros. Por consiguiente su autoridad debe estar restringida por el derecho,

que es el freno de la autoridad; debe vivir conforme a la ley. Mas, ¿qué entiende por derecho un hombre de la Edad Media? El pensamiento político medioeval alcanza su madurez con la aparición del “Decretum Gratiani” hacia 1150, en la que Graciano, derivando sus ideas de los juristas que hicieron la legislación justiniana y de las “Etimologías”, de San Isidoro de Sevilla, identifica el derecho natural con la ley de Dios y establece que, tras la voluntad declarada de la comunidad, está la autoridad de la costumbre; todo derecho positivo es, para él, costumbre. Agrega que las leyes quedan establecidas cuando se promulgan, pero tienen que ser confirmadas por las costumbres de quienes viven bajo ellas. Es decir, no basta la voluntad del príncipe, aunque se le reconociera la facultad legislativa, siendo los hábitos de vida de la comunidad la fuente misma del derecho, y si bien, al final de la Edad Media, no fue la comunidad siempre la que determinó qué era lo que constituía o no derecho consuetudinario, sino la corte del rey y los jueces del rey, la corte era, como lo señala A. J. Carlyle, un cuerpo imparcial no ligado a las órdenes y voluntades personales del soberano y se la suponía encargada de hacer efectivo el derecho, incluso contra la voluntad de la corona. En apoyo en que así ocurrían las cosas hasta los siglos XV y XVI, cita las opiniones de Fortescue, para Inglaterra y las de Gresson, De Seyssel y Maquiavelo para Francia, llegando a la siguiente conclusión: “La forma primera y más importante de la concepción de la libertad política en la Edad Media era, pues, la supremacía del derecho, no en cuanto creado por el príncipe o cualquier otro legislador, sino como expresión de los hábitos y costumbres de la vida de la comunidad; es esto -agrega- lo que hace que sea un mero absurdo la concepción de que en la Edad Media el derecho fuera creado a voluntad del monarca, absurdo que no sostuvieron más que algunos romanistas, tan absortos en el estudio del CORPUS JURIS CIVILIS, que se olvidaron del mundo en que vivían”. Este principio de la sociedad política fue expresado por Bracton al decir que el rey tenía dos superiores: Dios y el derecho. Salvador Lissarrague Novoa dice que es probable que una detenida meditación sobre estos temas “nos lleve a establecer que el absolutismo, forma que adopta el estado creado en la Edad Moderna, por constituir la primera gran manifestación de una tesis política, racionalista e individualista, tenga más afinidad con las tesis democráticas, tal como nos han sido dadas por la reciente historia europea, que los conceptos escolásticos acerca de la sociedad civil. Es evidente, sin embargo agrega-, que a partir del siglo XVI, merced al voluntarismo individualista que va acentuando poco a poco su perfil democrático desde Marsilio de Padua, con

altibajos considerables y contradicciones aparentes, pero que alcanza su rotunda y definitiva madurez expresiva tras la escuela racionalista del siglo XVII hasta el siglo XVIII, cuando aparece el “CONTRATO SOCIAL” de Rousseau, el libro clásico y fundamental de la democracia individualista, de la que, matizada con elementos de otra procedencia, vive la política europea hasta nuestros días”. La observación es feliz pues, en los conceptos escolásticos acerca de la sociedad civil, se está lejos, en la Edad Media, de admitir el derecho divino y natural de la potestad real. Lissarrague al citar a Marsilio de Padua advierte el surgir de una corriente individualista. Marsilio de Padua en su tratado “Defensor Pacis”, que apareció en 1324, enseña que el único legislador en el Estado es el pueblo en su conjunto, es decir, la mayoría, considerando a ésta desde el punto de vista de cada estamento. Marsilio distingue el poder legislativo del ejecutivo, diciendo que aunque el segundo dependa del primero son esencialmente distintos, apareciendo el origen de una idea de la teoría democrática posterior. Guillermo de Ockham escribió que en el estado de naturaleza todos los hombres eran libres y la propiedad común, pero los hombres cayeron de ese estado de inocencia y fue necesario fundar el Estado para beneficio común de todos. A esto se llegó mediante un contrato general de la sociedad humana. Se eligió un príncipe y los miembros de la colectividad se ofrecieron a seguirle mientras sus órdenes respondían al bien común. Se dejó al individuo toda la libertad compatible con el bien común, de manera que todos los hombres tuvieron derecho a participar en la elaboración de las leyes, por ser materia que a todos toca. Más pueden delegar su función, termina diciendo Ockham, en el príncipe, aunque este no pueda excederse de los derechos que le han sido otorgados. En el siglo XVI, Nicolás de Cusa, en “De Concordantia Catholica”, dice que todo imperio y reino ordenado tiene su origen en la elección; se reconoce como divina toda autoridad que surge del acuerdo común de los súbditos. Las leyes de un país deberían ser proyectadas, dice, por hombres sabios, escogidos para ese propósito; pero esos sabios no deben tener, agrega, poder coactivo sobre los remisos, por lo cual los gobernantes, así como las leyes, sólo pueden surgir del consentimiento de los súbditos. Dicen estas citas no sólo de la poca originalidad de los principios esenciales del liberalismo, sino de cómo durante la Edad Media se fue operando un proceso de desintegración de los principios políticos escolásticos, que respondían a un sentido particular de la democracia social, hasta las formas de la democracia individualista, a la par que la propia escolástica sufría los contragolpes de tendencias que la llevan hacia formulas heréticas. Marsilio sostiene que al emperador le corresponde un

poder coercitivo sobre el Papa, por lo cual no es extraño que su tesis democrática terminara afirmando el origen divino del emperador. Tanto él como Ockham piensan que el imperio es originariamente humano y no divino, a pesar de lo cual Marsilio ve en el emperador al vicario de Dios, en un sentido mucho más pleno de lo que pueda serlo el Papa. Si no caen en el absolutismo es porque les preocupa el aspecto utilitario, es decir, la existencia misma del Estado como institución humana. Sin penetrar más en estas cuestiones, es lo cierto, desde el plano de los hechos históricos, advertimos que en el hombre de la Edad Media existe un concepto de libertad política extraño al poder absoluto; una idea de libertad política que se vincula a las libertades de la comunidad, la que posee un agudo sentido social que la hace defensora de sus componentes. Predomina como concepto de derecho, la costumbre, el uso, es decir, un elemento tangible, efectivo, real, que determina el sentimiento de libertad que se percibe en el vivir cotidiano del medioevo expresado en la obra de sus artistas, que se destacaron por su amor por las expresiones costumbristas. Si nos hemos detenido en este punto es por un hecho notorio de la perduración de las ideologías medievales en América. Una de las muestras de la endeblez del sentido histórico del siglo pasado es la división de la historia en compartimentos estancos, llamados períodos que se fijan dentro de fechas precisas. Así, se dice que la Edad Media termina con la entrada de los turcos en Constantinopla. Tal división carece de seriedad científica y, como ha señalado Spengler, nos ofrece un esqueleto de la historia increíblemente mezquino, que no tiene sentido. Aparte de que la Edad Media ofrece diferencias substanciales de una región a otra de Europa, es notorio que, aunque muchas de sus instituciones desaparecieron, su ideología se mantuvo por más tiempo que en otras zonas de Europa, en España, y por su influencia, en América. Esta perduración de lo medieval en el Nuevo Mundo ha sido sistemáticamente desdeñado por quienes se dieron a explicar las luchas internas con mezquinos antecedentes históricos, caprichosamente interpretados, a fin de destacar el genio singular de algunos lectores de pocos libros franceses, los que fueron transformados en númenes de las ideas políticas y hasta filosóficas de América. Y cuando no se produjo ese desdeñar, como en el caso de José Ingenieros, que a cuanto se opuso a estos lectores lo considero reaccionario, por medioeval, se parte de una doble falsificación; valor efectivo de los que aquellos lectores habían leído y el que corresponde a una leal interpretación de la Edad Media. Y es que el problema de

historiografía progresista se había propuesto, consistía en demostrar que la libertad política recién apareció en América como reflejo de la revolución de 1789, confundiendo las ideas con las instituciones, mediante la transformación en historia de aquellas, lo que no es sino crónica de éstas.

3.- EL CONCEPTO DEL PUEBLO Y LA FUNCIÓN DE LAS CLASES EN LA EDAD MEDIA.

Como argumento contra el valor de los conceptos políticos medioevales se señala que por pueblo se entiende, entonces, a los representantes de determinadas clases sociales, predominando los intereses de los estamentos, con exclusión del proletariado. En realidad, el régimen liberal considera pueblo a los representantes de los partidos políticos, mucho menos representativos de los intereses de la comunidad que los gremios de la Edad Media. Sin embargo, es notorio que el concepto de muchedumbre que hoy caracteriza lo popular es extraño a aquella época, como lo fue para los liberales de la Restauración o los Constituyentes de los Estados Unidos, que crearon formas estatales que hicieron poco menos que imposible el predominio de las mayorías, afirmando que ellas pueden ser tiránicas igual que cualquier déspota aislado. Es así como, mediante el juego de los partidos, de las representaciones proporcionales y de respeto a las minorías, se evita que, siendo la democracia liberal el reinado de las mayorías, existan las mayorías que puedan llegar a apoderarse del gobierno. El concepto de pueblo separado de un concepto de hombre conduce por malos caminos. Bajo el régimen individualista el hombre es objeto de grandes adulaciones, pero la permanencia del sistema de contrato, esencial en el liberalismo, demuestra que se trata de palabras. La dignidad del hombre está defendida por la Edad Media por la religión, en lo espiritual, por el gremio, en lo material. Además cuando se habla de proletariado de la Edad Media se lo hace de una clase inexistente. El artesano se encontraba amparado por su organización corporativa o por sus cofradías de mayor eficiencia que el obrero por sus sindicatos de la época liberal, que constituyen, en esencia, organizaciones defensivas de los males del liberalismo. El propio Rousseau, en el “CONTRATO SOCIAL”, dice que “el pueblo inglés imagínase libre, y se engaña formidablemente. Sólo es libre durante la elección de los parlamentarios; elegidos éstos, vive en servidumbre, ya no es nada”. Con razón comentaba Vázquez de Mella: “Aquí responde más un

funcionario de ferrocarriles por perder una maleta, que un ministro por perder las colonias”. La opinión que tiene el liberalismo del pueblo fue dada por aquel alcalde español que acostumbraba a ponerse al frente de todos los motines para evitar desmanes; y es que el liberalismo no sólo carece de un concepto humano del pueblo, sino que ha falsificado el exacto concepto del mismo, pues no ignora ¡cómo pueden ignorarlo sus doctores!- que a la esencia de la verdad le son indiferentes las alternativas del sufragio universal. En 1351, el rey de Castilla, Pedro I, promulga el denominado “ORDENAMIENTO DE MENESTRALES” en el que se enumeran los peones, obreros, jornaleros, quintetos, mesegueros, tejadores, costureras, podadores, espadadores, carpentros, alfayates, tundidores, acecaladores, orizes, zapateros, ferreros, armeros, pastores, freneros, selleros, pellejeros, viñaderos y canteros, en cuyas disposiciones se establecen los precios y jornales de cada ramo con el criterio de tipo social que predomina en las directivas económicas de la época. El hombre libre de la ciudad interviene en la vida política nacional, pero aisladamente o en contacto con los habitantes de otras ciudades o en peticiones a los procuradores del consejo. No hay muchedumbres, no hay jefes populares que se encaran con las autoridades para declarar medidas de gobierno, pero cuando los hombres libres actúan lo hacen con un sentido social y no privado. Influyen para que así sea, un conjunto de normas morales, de origen religioso, que son efectivas en la conducta de los hombres, y que si no se tienen en cuenta no se comprende aquella época; como no se comprenderá a los cabildos americanos, que fueron quienes prolongaron tales conceptos en nuestro continente durante casi tres siglos. Ese sentido social, unido al predominio del derecho consuetudinario determina que el hombre de la Edad Media no se interese por quien haga la ley, sino si ella está de acuerdo con la costumbre. Estándolo, no es contraria al pueblo y la respeta. En el caso contrario se opone. El odio de los absolutistas ingleses a la Compañía de Jesús, empresa española por cierto, se basó, especialmente, en la doctrina de la resistencia al príncipe cuando éste legislaba contra los verdaderos intereses del pueblo. Alfonso el Sabio, dice en sus “PARTIDAS”: “embargar no pueden ninguna cosa las leyes, que no hayan la fuerza y el poder que habemos dicho, sino tres cosas. La primera, uso. La segunda, costumbre. La tercera, fuero. Éstas nacen una de otras e han derecho natural en si…” No son muchos los que saben que la ley del trabajo de ocho horas fue obra de Felipe II, el calumniado por católico, quién en una real orden decía: “todos los obreros de las fortificaciones y de las fábricas trabajarán ocho horas al día, cuatro por la mañana y cuatro por la tarde…” Fue quien estableció las vacaciones de

empleados y obreros y ordenó que se les paguen hasta los días de fiesta, entonces tan numerosos. La igualdad ante la ley fue principio que tuvo en América vigencia excepcional y que Felipe II hizo cumplir con rigor. Se cuenta que en cierta ocasión hizo enjuiciar a un predicador que en su presencia dijo: “todos los hombres son responsables ante Dios, menos Vuestra Majestad”. Debió retractarse el sacerdote en el mismo lugar público, y ante el rey, diciendo: “porque señor, es de fe, que Vuestra Majestad, es tan responsable ante Dios de sus acciones, como el último vasallo” Negar a la Edad Media la posesión de un concepto sobre el pueblo es un error. Lo que no posee aquella edad es un concepto tan absurdo como confundir al pueblo con la masa. La masa surge como reacción al individualismo de la sociedad liberal, mientras que el pueblo es anterior a la masa, que no tiene posibilidad de surgir en una sociedad donde predominan normas sociales de vida, o sea, un sentido solidarista inspirado en la procura del bien común. La influencia de los factores morales, la inspiración religiosa, provenientes de una Iglesia que coloca lo humano por encima de lo terreno, hace que la proclamación del valor de la Persona Humana no haga posible la formación de masas políticas, porque ellas son una degeneración en cuanto a expresión de lo popular. Basar en la masa la democracia constituye el gran equívoco del liberalismo, y no lo decimos nosotros, sino Winston Churchill, quien ha escrito: “lo que menos representa a la democracia es la ley de las multitudes”. La sociedad es siempre una unidad dinámica de dos factores: minorías y masa. Las minorías son individuos o grupos de individuos calificados; es decir, de hombres que han logrado separarse de la masa, que, como dice Ortega y Gasset, se caracteriza por repetir en sí un tipo genérico. Y para que al hablar de minorías no se crea que caemos en selecciones de tipo clasista, diremos, con el citado escritor, que por minorías entendemos las integradas por aquellos que se exigen mucho y acumulan sobre sí muchas dificultades y deberes, en contraposición al hombre de la muchedumbre que no se exige nada especial, siendo para él vivir igual que ser en cada instante, lo que ya es un esfuerzo de perfección en sí mismo. No división en clases sociales sino en clases de hombres. Es evidente que en la realidad de la historia esta división de la sociedad en clases de hombres no es fácil y ha tomado un sentido gremial. Con todo, en esta materia se ha envenenado tanto la palabra “clase”, que su concepto auténtico se ha perdido. Se dice que la separación por clases establecida durante la Edad Media

con arreglo al nacimiento, determinando la posición social y jurídica asignada al individuo dentro de las grandes comunidades del pueblo o del Estado, constituye un hecho contrario a un concepto democrático del pueblo, y contrario al espíritu mismo de la religión católica. Podríamos decir que el sistema no existirá hoy en las apariencias legislativas, pero es más efectivo de lo que se supone en la verdad de los hechos. La iglesia del medioevo no creó tal sistema, sino que se apoyó en él porque nada pudo hacer para destruirlo, utilizándolo a los fines de estructurar una sociedad basada en un sistema particular de equilibrio social. “Romper la continuidad del pasado, querer comenzar de nuevo -dice Ortega y Gasset-, es aspirar a descender y plagiar al orangután”, y reproduce la opinión de Dupont White, quien hacia 1860 se atrevió a clamar: “La continuité est un droit de l’homme; elle est un hommage á tout ce qui le distingue de la béte”. La iglesia encontró las clases y logró organizarlas para que sirvieran a altos fines. Una mentalidad de hoy no concibe aquel tipo de organización -aunque comienza a intuirla- pero el hombre de la Edad Media, que sabía que “todo el mundo” es, normalmente, la unidad compleja de muchedumbre y minorías discrepantes, se sentía socialmente seguro bajo aquel régimen. Para una mentalidad moderna, que tiene un concepto equivocado de la individualidad, desde que no la relaciona con la personalidad, aquella sujeción del individuo a su clase le resulta atentatoria de la libertad. Bien es cierto que el hombre de hoy, que ha perdido la noción de la persona humana, no posee un concepto preciso de la libertad; por eso advierte lo que el hombre de la Edad Media -que poseía el sentido de la persona humana- no veía, ni nadie ha demostrado que pudiera ver, que el régimen entorpeciera tanto como creen los que aplican a la comprensión del medioevo las ideas actuales, el desenvolvimiento de la propia personalidad, ni que constituyera, por lo tanto, una traba muy grande para el individualismo. Como dice Johannes Bühler, “eran mucho más poderosas las barreras que oponían al hombre, en ese sentido, las condiciones económicas y de otra clase, que todavía hoy trazan a la mayoría de los individuos sus posibilidades de cultura y el desarrollo de sus dotes puramente personales. El apoyo que el individuo encontraba en las gentes de su clase, el dique que oponían a la libre concurrencia la vinculación hereditaria de la inmensa mayoría de la propiedad inmobiliaria del campo y el régimen gremial en las ciudades, favorecían el desarrollo del espíritu, por lo menos dentro de los límites trazados por la clase social y la profesión de cada uno” En realidad, un obrero de hoy, al entregar su fuerza de trabajo a una fábrica, tiene menos posibilidades de desenvolver su personalidad que el artesano de la Edad Media. La riqueza creadora de este artesano, comparada con la incapacidad

creadora del proletariado moderno es concluyente. Acercarse a una catedral gótica, por ejemplo, obra del pueblo, de los gremios, es hacerlo a un verdadero monumento a la libertad creadora del hombre; así como de una gran potencialidad económica colectiva insospechable para los que no se detienen a pensar que muchas se levantan en ciudades que, hoy día, no podrían realizar un esfuerzo semejante. El socialismo ha difundido en materia de clases sociales tal serie de disparates, mediante la tesis historicista del marxismo, que hasta llegó al absurdo de suponer el proceso histórico un simple derivado de la lucha de clases. Desgraciadamente, uno de los signos del proceso histórico que si los hombres analizaran a fondo los conduciría a poseer un concepto más religioso en sentido de la historia es que, una fatalidad inevitable en las cosas humanas es la de ir apartándose de un sentido originario, “la de ir pasando -dice J. Bernhard-, desde el orden primitivo de conexión a otro enteramente distinto y aún opuesto”. Lo que empieza en el campo de la mística termina siempre en el de la política. El hecho de que las clases no fueran de profesiones con igual rendimiento económico hizo que algunas enriquecieran, desvirtuándose su concepto originario, al dar paso a la idea de que la fortuna constituía un signo de distinción. A principios del siglo XIII escribía el Abad Cesáreo de Heinsterbach: “La fe religiosa trajo consigo las riquezas, pero éstas sepultaron a la fe”. En efecto, aquella transformación del espíritu de las clases medioevales coincide con una disminución de la fe religiosa en las clases enriquecidas, circunstancia esencial para comprender el proceso que determina el pase de la Edad Media a la denominada Edad Moderna, en el cual, el concepto de la vida ha quedado limitado a lo económico y a lo político. Es un proceso dialéctico que hace que a las leyes implacables del progreso cultural pertenezcan el nacimiento del enemigo incubado en su seno, y es así como del hombre de la Edad Media surge ese hombre moderno, a pesar de que aquel tenía de la vida una concepción tan amplia que hubiera considerado un absurdo inconcebible hacer girar lo esencial de su existencia alrededor de los problemas políticos o económicos. Lejos estamos de decir que el régimen político de la Edad Media fuese un ideal, porque éste no ha existido ni ha de existir nunca vivo en la sociedad; pero era un régimen de paz y ventura que fue degenerando, entre otras cosas, por exceso en el espíritu de cuerpo de las corporaciones, hasta considerarse lucha por la libertad su eliminación. El artesano derivó entonces en proletariado, sin amparo alguno,

librado a la explotación de los dueños de los instrumentos de trabajo y de las materias primas, hasta que ese proletariado vuelve, bajo las normas del sindicalismo, a encontrar en su organización gremial el instrumento de defensa que necesita. Ese sindicalista que cree haber creado algo, no ha hecho sino “recordar” que así fueron atendidos sus antepasados en la Edad Media. El liberalismo ha suprimido los títulos de nobleza, pero no ha suprimido a los multimillonarios, que constituyen la nobleza actual o, por lo menos, quienes ocupan el lugar que pertenecía a la nobleza. Y la verdad es que entre un multimillonario y un noble existe, históricamente, diferencias esenciales. Por de pronto, es preciso tener en cuenta que el Estado de la Edad Media era, en gran parte, creación de la nobleza como corporación. El lector debe tener en cuenta que durante la Edad Media no existe un concepto de Estado similar al actual, ni tampoco una organización estatal parecida. El conquistador de América actúa en nombre del rey, no del Estado Español. El Estado medioeval tiene funciones muy limitadas y así carece de poderes para inmiscuirse, en circunstancias normales, en la vida social y cultural. Bajo este aspecto, la acción de las corporaciones o gremios era mucho más activa que la de un sindicato de hoy porque la sociedad misma no era otra cosa que las clases unidas en organizaciones defensivas. Por eso el Estado podía dictar leyes pero no crear un nuevo derecho, aunque sí para legislar para conservar el vigente, que aseguraba tanto al individuo como a las corporaciones con extraordinaria rigidez, por lo cual dice Bühler: “Todo esto hacía que, en ciertos respetos, el estado medioeval tomase más en cuenta al individuo y a las corporaciones que el estado moderno y les concediese mayores libertades. Y como, a su vez, tanto el individuo como las corporaciones gozaban de su régimen de derecho propio, coexistente con el del estado, se les reconocía también, en principio, el DERECHO DE RESISTENCIA frente a las autoridades de éste, cuando lesionaban los derechos garantidos al propio individuo o a cualquier otro miembros de la corporación”. Es así como en las PARTIDAS se lee que la ley puede ser enmendada, “…e no debe haber vergüenza en mudar e enmendar sus leyes, cuando entendiere, o lo mostraren -al rey- la razón porque lo deba facer; que gran derecho es, que el que a los otros ha de enderezar, e enmendar, que lo sepa hacer a sí mismo cuando errare”. Cuando el funcionario del período español en América, acata una real orden, pero no la cumple, no comete acto de desobediencia, sino legal, si responde al convencimiento de que lo ordenado puede ser perjudicial a la comunidad. Que era norma de derecho que la ley, para ser cumplida, debía ser justa y conveniente.

El hombre moderno que habla de libertad sin comprender que ha pasado a la categoría de súbdito del Estado, no tiene títulos para enjuiciar el pasado, sin analizarlo hasta comprenderlo. Durante la Edad Media no es el Estado quien coacciona al hombre, sino el propio grupo de que forma parte, el cual, a su vez, está coaccionado por otros y todos ellos por la fuerza espiritual de las normas morales de la Iglesia, como resultado de una larga evolución de la que es la nobleza uno de sus productos ¿De qué servirían la ley y el derecho si no podían ser defendidos por una mano armada? Pues bien, la fuerza, o sea la espada, estaba en manos de una sola clase: la nobleza. El oficio de las armas se consideraba como una profesión que correspondía a determinada clase o grupo, cuya actividad le ganó una aureola de particular prestigio. Dice Bühler: “era lógico que los representantes de esta profesión -precisamente porque el brazo armado intervenía tan directamente en todo- se sintiesen tentados a hacer cuanto les antojaba, a sostener en sus manos la balanza de la justicia y a inclinar sus platillos en el sentido que mejor les pareciera, a convertir el trabajo de los que manejaban el arado o el telar, en vez de protegerlo, en fuente de tributos para su propio y personal provecho, o incluso a entrar a saco por él, simplemente por capricho. La nobleza sentíase también tentada, y sucumbía no pocas veces a esa tentación, por el impulso de abusar ignominiosamente de su poder. Y si la violencia brutal y la arbitrariedad no se convirtieron, por lo menos, en un ideal, sino que por el contrario se consideraba como una de las grandes misiones de la nobleza el proteger la ley y la justicia y el amparar a los oprimidos y a los pobres; si noble era sinónimo de audaz y soberbio, acepciones asociadas ya en la antigüedad y bajo el germanismo al concepto de la aristocracia y a la profesión de las armas, sino que tenía además el sentido de la nobleza moral que todavía hoy conserva, ello se debió principalmente al cristianismo y a la Iglesia”. Dungern estima que la nobleza Alemana de la Edad Media constituyó el ideal de elevación y de concentración de la fuerza popular. Se le estimaba como elemento protector y directriz, rebelándose el sentido religioso de la profesión en las ceremonias para “armar caballero”. El concepto medioeval del honor, cultivado por los nobles, nada tiene que ver con el afán de fama de los hombres de épocas posteriores. Aquel concepto del honor se orienta hacia un sentido del deber que hace que sea el noble el primero en comprender el valor de hacer una obra buena por la obra misma. Del juego de todos estos elementos surgen conclusiones que es preciso apreciar para valorar el verdadero sentido de las ideas políticas de la Edad Media. Nada hay

en el hombre de entonces que lo empuje a fortalecer el Estado; el régimen estamental crea una conciencia social que supera el egoísmo individual, aunque despierta, en cambio, el egoísmo corporativo, y la Iglesia mantiene la idea de que la elevación a los altos cargos terrenales de nada sirve para la salvación de las almas. Y si no se tiene en cuenta la noble fuerza coactiva del temor al infierno hay que renunciar a entender a ese pasado. Es así como la nobleza se siente más tentada por el honor que por el dinero, habiéndose habituado a ocuparse -dada su profesión- de un modo preferente de las cosas de este mundo. Semejante situación determina que, cuando en los siglos XV y XVI, empieza a operarse el cambio hacia las formas del estado moderno, los reyes encontrarán en la nobleza los antecesores de los actuales funcionarios públicos. Solo la nobleza ofrece elementos fieles y desinteresados que no existen, prácticamente, en las otras clases, que carecen del sentimiento desinteresado del servicio al Estado. Los conquistadores de América actúan a nombre de la corona, lo que hace suponer a más de un historiador displicente que así expresan al autoritarismo real; cómoda manera de resolver un problema no comprendido. Es notorio que en la administración americana del período español –que no llamamos colonial, porque América no fue considerada “colonia” por España hasta la llegada de políticos liberales y progresistas, sino parte integrante del Imperio español- se advierten muestras de corrupción, siendo común las malversaciones y los sobornos. El hecho era expresión de un fenómeno semejante en todas las naciones de Europa, como consecuencia de que el hombre corriente carecía de un concepto exacto de las razones de estado. Señala el ya citado Bühler, “el verdadero elemento dinámico de la época, que no dejaba que la cultura que había surgido de la VIRTUD burguesa y se hallaba saturada de ella se estancase, eran los príncipes”; lo que en parte explica que el tránsito de la Edad Media al estado liberal moderno, pasara por un período de agudo absolutismo cuyas manifestaciones recién se expresan en hechos durante el siglo XVII. Todos estos elementos, a veces contradictorios, se proyectan en la vida americana de tal manera y con tal perdurabilidad que sin su comprensión, muchos de los hechos esenciales de la vida política de estos pueblos no pueden ser explicados, como han fracasado todas las explicaciones basadas en los hechos mismos. 4.- LOS FUEROS EN LA LEGISLACION DE CASTILLA Y LEON. La Edad Media no fue, en muchos de los aspectos esenciales, semejante en

todas las regiones de Europa. Ni en Inglaterra ni en España, por ejemplo, arraigó mayormente el feudalismo, y en cuanto a España, la circunstancia de haber sido invadida por los árabes determinó la guerra civil de siglos, durante la cual, el sentido del estado nacional y el fortalecimiento de la monarquía frente a las tendencias absorbentes de la nobleza, determinaron un desarrollo tal de las libertades municipales que su vigencia alcanzó a constituir un fenómeno típico, sin parangón en el resto del continente. El dio lugar a otro, de singular importancia, consiste en que, mientras en el resto de Europa el sentido de la libertad política se relacionó con la organización estamental de las clases, en España lo fue alrededor de los centros urbanos. La ciudad fue la célula madre de cuyo seno surgió el estado argentino, punto de partida de la Revolución de Mayo que denuncia un claro origen hispano. Desde el siglo XIII los reinos de Castilla y León tienen en cuenta a las ciudades en la constitución de las Cortes. El hecho tiene un gran valor historiográfico para la comprensión de la realidad política americana, en cuanto diferencia de manera sensible el proceso de evolución de las instituciones hispánicas de las francesas, pues mientras Francia e Inglaterra organizan un sistema representativo en base a los estamentos, en España se lo hace en base a las autonomías comunales, es decir, sobre un régimen de fueros y privilegios locales. Si consideramos la significación que el derecho consuetudinario adquiere durante aquella época en la formación del derecho positivo, se advierte de como la organización política de Castilla y León se lleva a cabo sobre las bases del respeto a las idiosincrasias locales. Tanto en Inglaterra como en Francia las ciudades fueron, ante todo, un conjunto de corporaciones de oficios, mientras en España, las ciudades y villas fueron por sí mismas verdaderas corporaciones políticas, por lo cual fueron sus Cortes las únicas de Europa integradas con representantes de dichos centros urbanos. Y este sentido especial de la organización política llega hasta las Cortes de Cádiz con el nombre de Ciudades con voto en Cortes. Todos los jurisconsultos españoles han señalado la importancia que los fueros municipales alcanzaron en Castilla y León. Como dice Salvador Minguijón, “en el orden político el respeto al pasado era garantía de la libertad de los pueblos. Las normas reducidas a escritos en los fueros municipales eran, la mayoría de las veces, de esencia consuetudinaria”. ¿Qué eran estos fueros? Eran privilegios a cartas otorgadas por los reyes, por los señores, o por unos y otros, conteniendo normas para la vida jurídica de la comunidad favorecidas por ellos. Tomada en un sentido más amplio la denominación se refiere, además, a todos los documentos

dados para reglar la vida de las diversas ciudades o villas. Con el nombre de Cartas - Puebla, o cartas de población, se conocen las dadas a las poblaciones que se iban formando en las fronteras con los moros, a medida que la reconquista iba avanzando. Se trataba con ellas de traer pobladores. Los Fueros correspondían a poblaciones ya formadas. En esas Cartas y en esos Fueros se establecían determinadas ventajas, exenciones de tributos, tierras, casas, y aprovechamiento en montes y prados. Los primeros fueros provienen de los siglos VIII, IX y X y contienen reducido número de disposiciones, pues el sentido de la autonomía municipal no había alcanzado mayor desarrollo. ¿Qué es en síntesis, lo que encontramos en España como esencia de su legislación foral? El mexicano T. Esquivel Obregón contesta: “Las leyes propendían a dejar a los pueblos que se gobernaran por sus antiguas costumbres, con tal de que ellas no estuvieran abiertamente en pugna con las normas imperativas del derecho público. Merced a esa libertad los pueblos conservaron sus instituciones tradicionales o las modificaban en cada lugar, y adoptando nuevas reglas, según ellos entendían sus propios negocios”. Recuerda las leyes de Alfonso XI, Enrique II, Juan I, Juan II, Fernando e Isabel, que luego pasaron a la Nueva Recopilación y finalmente, a la Novísima, y ordenaron: “A las ciudades, villas y lugares de nuestros reinos le sean guardados los privilegios que han tenido de los reyes nuestros antepasados, los cuales confirmamos, y que les sean guardadas sus libertades y franquezas y bienes, usos y costumbres, según que les fueron otorgados y por nos fueron confirmados y jurados” Si la historia del municipio medieval es uno de los capítulos más interesantes y fecundos de la historia de la civilización europea, el del municipio castellano tiene singular importancia como precursor del estado moderno. Como dice Hinojosa: “El suprimió las trabas jurídicas que separan las varias clases sociales y daban carácter de privilegio a la libertad civil y la participación de la vida pública”, y agrega: “Los grandes principios que informan la vida política contemporánea, la libertad de la persona, la unidad de fuero, la igualdad de derechos civiles y políticos, en suma, tuvieron su primera realización práctica en la esfera limitada por los muros del Municipio”. Se vincula al municipio gran parte de la emancipación de los siervos, fenómeno que se produce en Castilla antes que en parte alguna de Europa, de manera que en el siglo XIII apenas quedaban vestigios de su existencia. Los fueros de las poblaciones de fronteras, a fin de atraer pobladores declaraban libres a los que se avecindaran en ellos, lo que determinó un éxodo que obligó a los señores a

conceder igual franquicia para evitar que los siervos los abandonaran. Durante los siglos XII y XIII se advierte que la vida municipal determina una extensión cada vez mayor de la libertad civil y aparecen las primeras manifestaciones orgánicas del gobernarse así mismas de parte de las poblaciones, lo cual alcanza en Castilla una importancia que no se advierte en otros pueblos del continente europeo, en los mismos momentos; lo que se explica porque el municipio leonés y castellano es esencialmente democrático, puesto que el gobierno de la ciudad radica en el consejo abierto o asamblea de vecinos, congregada el domingo, a son de campana, para tratar y resolver los asuntos de interés general. Posteriormente, esto es, hacia fines del siglo XIII, comienza a surgir el Concejo Municipal o Ayuntamiento, que absorbe por intermedio de representantes a la asamblea popular. Sin embargo, la permanencia de las viejas fórmulas es tanta que, en nuestros días, el sistema de la asamblea popular se registra en ciertas aldeas de España. Elías López Morán, en la colección de los trabajos de Joaquín Costa, incluye referencias sobre costumbres de los pueblos de las montañas de León y Asturias que así lo demuestran. A pesar de las nuevas leyes, habituados estos pueblos a la democracia directa, es costumbre que el regidor quiera reunir concejo, toque la campana de la Iglesia tres veces y dé vuelta alrededor de ésta en unión de los primeros tres vecinos que concurren, llamando a los demás bajo penas diversas para los reacios. Y dice López Morán: “Las leyes de Madrid disponiendo las cosas de distinta manera o no se cumplen del todo, o si se cumplen es sólo formalmente y los pueblos siguen celebrando sus consejos, tomando sus acuerdos y ejecutándolos como si tal cosa”.

5.- EL CONCEPTO DE LA LIBERTAD POLÍTICA EN LA ESPAÑA MEDIOEVAL.

Nada más ajeno a la mentalidad española que el absolutismo. Es doctrina importada de la península, cosa no extraña si se consideran sus raíces liberales y anticristianas, en las que tienen particular importancia la herejía protestante. Para el español, el Estado no es un ente superior al hombre, con lo que demuestra la esencia de su catolicidad. La importancia que en su historia tienen los Concilios y las Cortes son, además de una prueba de ello, valiosos antecedentes de su degeneración en el parlamentarismo moderno. Las cortes castellanas estaban integradas por el clero y la nobleza, pero no había verdaderas cortes sin el brazo popular, que debe considerarse, dice Minguijón, como el elemento constante y necesario. Hasta mitad del siglo XV puede colegirse que los representantes

del brazo popular se elegían en asamblea del pueblo. El sistema comienza a decaer cuando se substituye ese sistema por otros, tales como el sorteo. Pero no se trata de que surjan los conceptos absolutistas; lo que surge es el Estado unido, con fines nacionales, hecho que en toda Europa coincide con la decadencia del feudalismo, la debilidad del Papado y el crecimiento del poder civil. La decadencia de las Cortes españolas fue consecuencia, aunque no lo crean los que confunden las ideas con las instituciones, de que tendieron a defender el pasado que importaba la supervivencia de los elementos feudales, a pesar de que el pueblo se había unido a la monarquía para extirparlos. Las Cortes se habían convertido en parapeto de los poderosos, señores de vasallos, que habían declarado guerra sorda a los Reyes, por lo cual Fernando intentó unas veces un servicio particular, no del Reino en forma de Corte, sino particularmente, o que algunos Brazos le sirvieran. Para crear la Nación española había que abatir el poderío político de la nobleza, y por eso en las Cortes de Madrigal, en 1476, y de Toledo, en 1480, solo fue citado el Estado llano, con la exclusión de las otras clases privilegiadas, que ni reclamaron y protestaron. Las Cortes subsiguientes ya no tuvieron la importancia de aquellas. Como Regente, Fernando las reunió en Madrid, en 1510; en Burgos, los dos años siguientes, y en la misma ciudad, las últimas por él convocadas, el año 1515. Siete veces la reunió en Aragón, una en Valencia y seis en Cataluña, y tres las generales de los tres estados de la Corona. Pero mientras el proceso de formación de los estados nacionales coincide con un reblandecimiento de la fuerza represiva de las normas morales de la Iglesia, que han mantenido a la economía sujeta al interés social. En España no ocurre lo mismo, lo cual basta con explicar por qué tarda en imponerse en ella la monarquía absoluta. En tal sentido el hombre de la Edad Media en general, y el español durante más tiempo que el inglés o el francés, tiene un concepto de la libertad política más agudizado y exacto que el de un liberal del siglo pasado, puesto que sabe que su trabajo no es una mercancía, no se cotiza en ningún mercado, no está sujeto a leyes de la oferta y la demanda, o sea, sabe que la energía creadora del hombre no se mide con dinero. Los marxistas para esquivar esta verdad, siguieron a la falsa historiografía liberal en su pintura tétrica de la Edad Media, a fin de ofrecer una lucha de clases, con proletariado y capitalistas de adopción, que constituye una interpretación humorística del pasado europeo. La verdad es que el hecho de que el tipo de economía dominante durante la Edad Media sea natural y se desarrolle el proceso de producción y consumo dentro de un mismo círculo de personas, afirma su sentido social y humano con el que el hombre del medioevo ve

los problemas políticos, y afiance, por consiguiente, el contenido autonómico de la vida municipal. Este hecho determinó, además, una elevación del trabajo como categoría social honorable, de los que quedan rastros indelebles en la magnífica artesanía medioeval, desmintiendo que el lugar común de que el español desdeñó el trabajo manual. Sobre este tema circulan páginas que no tienen desperdicio, por hacer primar en ellas el prejuicio sobre el documento. El primer error es decir que en España la nobleza consideraba deshonroso el trabajo, al punto que le estaba prohibido. Lo mismo hoy ocurre con los militares en actividad, y los nobles entonces, no eran otra cosa que militares en actividad. El noble era el oficial del ejército y constituía una minoría, a pesar de lo cual es notorio que, ya en el siglo XVII, por una ley de 1626, podían actuar como mercaderes, y algunos establecieron fábricas de seda, lanas, etc. Cuando Colón organiza su primer viaje, trató con cargadores de navíos que pertenecían a la nobleza española. ¿Que no querían trabajar en América, donde todos presumían de nobles? Cruzar entonces el océano para no encontrar en el Nuevo Mundo otra vida de lo que se podía llevar en España con más holgura no se explica fácilmente, y, sin embargo, ahí están las obras de la artesanía americana de la época hispana para decirnos de lo absurdo de hacer afirmaciones rotundas en materia de usos y costumbres del pasado. Entre los constitucionalistas es común creer que la división de los tres poderes (ejecutivo, legislativo y judicial) es una conquista de los tiempos modernos y que el difundidor de la doctrina fue Montesquieu. Un análisis elemental les demostraría la antigüedad del concepto, y de cómo lo único que podría corresponderle, sino fuera que lo encontró funcionando, es haber señalado la conveniencia de separar los órganos encargados de dichas funciones; porque las funciones estuvieron siempre separadas, aunque pudieran ser ejercitadas por un solo órgano. Y es que, como hemos dicho, el liberalismo creó instituciones para realizar ideas viejas, y tan enamorado quedó de ellas que llegó a confundir las ideas con las instituciones, de manera de cuando se toca a una de éstas considera afectada la idea que le es consiguiente. Refiriéndose a los procedimientos en el orden criminal es interesante recordar lo que dice Martínez Marina: “La ley prohibía al que llamaba señor del pueblo (se refiere al representante del rey llamado SENIOR, PRIMUS TERRAE, VILLICUS, etc.) todo género de violencia o extorsión respecto de los vecinos y de cualesquiera personas que viniesen al pueblo, y le obligaba a que hallase que algunos eran culpables los presentase a los alcaldes, y dando ellos fiadores de estar a Derecho quedaban libres, y caso que no encontrase fiadores debían los jueces,

de oficio, hacer pesquisa sobre el delito de que se les acusaba, y averiguado darles la pena prescripta por el fuero. Esta excelente legislación, tomada de las leyes góticas, se hizo en general en casi todos los fueros municipales, así del reino de León como del de Castilla; y era el fundamento de la libertad civil de los pueblos. Siguieron igualmente esta política los señores particulares en los fueros que dieron a las villas y lugares de sus respectivos señoríos” ¿Que las leyes penales eran más bárbaras y los procedimientos lo mismo? Eran fruto de la mentalidad de la época y nada dicen respecto a la cuestión de fondo que nos ocupa. El procedimiento argentino vigente, con sumario secreto e incomunicación inmediata, no puede señalarse como muy respetuoso de la libertad del individuo. Aunque nos venimos refiriendo, por razones obvias, a Castilla y León, cabe señalar que en otros reinos de la península ocurrían sucesos similares. Respecto a los comienzos del derecho escrito por Aragón, las investigaciones señalan la existencia de fueros escritos por predecesores de Jaime I. Sabido es que durante mucho tiempo se creyó que la forma primitiva de la legislación aragonesa eran los llamados Fueros de Sobrarbe, en virtud de lo cual Argensola dijo que, en Aragón, antes hubo leyes que reyes. Verdad o leyenda, es lo cierto que los Fueros de Sobrarbe, obra de 300 caballeros reunidos con ánimos de iniciar la reconquista pirenaica, antes de proceder a la elección del rey establecieron -según la leyendauna especie de Constitución, expresando conceptos de libertad que forman parte del sentir corriente. En tales Fueros, el III dice: “No sea lícito al rey declarar el derecho sino con consejo de sus súbditos” y el VI: “si en lo futuro ocurriese que el Reino fuese oprimido por el rey contra los fueros y libertades, tenga el Reino libre camino para nombrar otro rey, sea fiel o infiel”. En el privilegio que Alfonso I dio a Tudela en 1122, se lee: “Yo Alfonso, doy y concedo a todos los pobladores de Tudela y habitantes en ella, en Cercera y Galipiezo, aquellos buenos fueros de Sobrarbe para que los tengan como los mejores infanzones de mi reino; para que sean libres de todo servicio, peaje, usaje, pedido u otra obligación para conmigo y todo mi linaje…” La cita real no deja dudas que, en esa época, por lo menos, se entendía por Fueros de Sobrarbe algo concreto respecto a libertades comunales. Digamos que los fueros particulares fueron extensos en Aragón y, según ellos, la costumbre, tanto local como general, tenía fuerza de ley, señalándose como rasgo distintivo del derecho aragonés su espíritu de libertad civil. Sin embargo, la emancipación de los vasallos fue mucho más lenta en Aragón que en Castilla. El estudio de las instituciones políticas en América durante el período español debe hacerse teniendo en cuenta los antecedentes que venimos exponiendo, que

nos muestran a un pueblo con un claro sentido de libertades políticas, con un profundo sentimiento autonómico y localista, lo cual es consecuencia del concepto que tiene sobre el valor de la persona humana. Cuando los tratadistas actuales de los problemas políticos enfocan el del Estado, se pierden en complicaciones ideológicas por prescindir de lo esencial, que es el hombre. Siguiendo a Aristóteles, que consideraba al Estado más importante que al individuo, “porque el todo precede a la parte”, aceptan que el Estado goza de una prioridad lógica, y que antecede al individuo, sin comprender que hasta la lógica, tan fuerte en el estagirita, falla en cuanto considera al efecto como anterior a la causa. Aristóteles era un hombre del mundo griego, es decir, de un mundo sin sentido de lo histórico y sin concepto sobre el libre albedrío, que el hombre de Occidente recién conoce por el cristianismo, que lo dota de un sentido de personalidad sin cuya vigencia es imposible todo concepto positivo sobre libertad política. No bastan las instituciones jurídicas para explicar el sentido del derecho de un pueblo, sino se le conoce a fondo en su espíritu. Estrabón y otros autores antiguos, refiriéndose a las notas distintivas del carácter de los españoles en general, dice: “eran… el amor a la libertad, la indisciplina y la fidelidad, llevadas hasta el sacrificio de la vida propia”. Indisciplina y fidelidad; amor a la libertad, sacrificio de la vida por fidelidad; anverso y reverso de una misma medalla, que es, en su contradicción, reflejo de la esencia misma del alma española; de esa alma que hace de grandes pecadores, magníficos ascetas, sin medias tintas de paso. Anverso y reverso de una realidad magistralmente expresada en aquellas palabras de justicia Mayor de Aragón, cuando, en el acto solemne de la coronación de los reyes, pedíales el juramento diciendo: “Nos, que valemos tanto como vos, os hacemos nuestro rey y señor, con tal que guardéis nuestros fueros y libertades; y si no, no”. Del espíritu de independencia del pueblo español está llena de pruebas su historia. Quien primero lo supo de él fue la orgullosa Roma. José maría Pemán ha dicho, confirmándolo, que España sólo se interesó por sus guerras de independencia; señalando que la canción popular expresó ese sentimiento, pues nunca se inspiró en las guerras exteriores. No hay un romancero de los tercios, como no lo hay de la conquista de América. España canta cuando lucha por su libertad contra los moros o contra Napoleón o contra Moscú. En ese sentimiento de la independencia el que, al librarla de toda Revolución, la hace eje, como con perspicacia lo advierte Legendre, de la contrarreforma frente a la revolución religiosa; de la reacción contra la revolución

política y, de lo social cristiano, en nuestros días, contra la revolución marxista. Pero el español es un ser contradictorio. No hay pueblo de Europa para el que la libertad haya sido más cara, que fuera menos sufrido ante la autoridad o más decidido en su resistencia a todas las limitaciones de su libre albedrío. Tal es el caso del motín de Esquilache. Mas, paralelo a ese amor a la libertad posee un sentido realístico de la necesidad del gobierno; pero no la quiere a medias. Como dice Cecil Jane, “se ha inclinado siempre a rendir culto a la eficiencia en todos los aspectos de la vida, a aplaudir de todo corazón a cualquier actor que en el escenario de la vida pública desempeñe un papel con eficacia”. Y es que se trata de un pueblo esencialmente idealista, que alienta en su seno un anhelo ferviente de que todo sea ideal. Dice Cecil Jane: “para lo mediocre o corriente no hay sitio en la mente del español. En todo trata de alcanzar la perfección, y todo lo que quede por debajo de ella lo deja profundamente descontento”. Por eso no tiene términos medios, y frente al charlatanismo de las Cortes de Cádiz sale a la calle gritando aquel “¡VIVA LAS CADENAS!”, que tan mal han entendido los historiadores medievales. Intentaron explicarlo con razones actuales, cuando la explicación debieron buscarla en Séneca. Sobre el carácter español, tal como la viera Estrabón, hubieron de operar dos factores esenciales: la ROMANIDAD y el CRISTIANISMO. Cuando Roma invade la península, en la lucha larga que la empresa demanda, España se romaniza, pero Roma se hispaniza. Con Séneca, España da a Roma su propio pensamiento; y el filósofo expresa, como un ideal estoico a seguir, aquello que mejor define a un español: “no te dejes vencer por algo extraño a tu espíritu”; característica esencial, sin cuya compresión no se pueden intentar válidos juicios históricos sobre el pasado de los pueblos hispánicos. Cuando aparece el cristianismo no hay pueblo mejor preparado que el español para recibirlo. La negación de la personalidad y la consiguiente omnipotencia del poder, que constituían las bases del Estado en el mundo antiguo, caían abatidas por la nueva buena que establecía conceptos, basados en una novísima concepción del hombre, en una concepción –y he aquí uno de los hilos misteriosos de la historia- típicamente senequista, es decir, española, del hombre. San Pablo dice que todos son hijos de Dios, tienen la misma naturaleza y el mismo destino, y que, por consiguiente, la libertad es condición esencial de la naturaleza humana. No hay razón para que un hombre gobierne más que otro –dice hablando a los Corintios- por propia naturaleza; idea que, luego desarrollará San Agustín en “LA CIUDAD DE DIOS”. San Mateo registra la distinción de la potestad espiritual de la temporal, cuando recoge las palabras del Hijo de Dios: “Dad al César lo que es del

César y a Dios lo que es de Dios”. ¿Qué significa todo esto? Simplemente que se proclamaba el valor del individuo como ser de fines absolutos y, por ello, la igualdad fundamental y la fraternidad auténtica de todos los hombres, bajo la paternidad universal de Dios; consagrando, por consiguiente, la inviolabilidad de la vida humana, el menosprecio de la riquezas y la estimación del trabajo. España estaba constituida para ser campeón del cristianismo. Su fuerte personalidad racial contribuía a ello. Ortega y Gasset reconoce que la personalidad autónoma que adopta ante la vida una actividad individual y consciente ha sido rarísima en España, y agrega: “Aquí lo ha hecho todo el pueblo y lo que el pueblo no ha podido hacer se ha quedado sin hacer”. Pero así como obtiene de ese hecho conclusiones que no hacen favor alguno ni a su agudeza ni a su sentido histórico, así, los historiadores liberales solo han percibido el orgullo y el autoritarismo de los españoles de América, no advirtiendo el desarrollo de la personalidad, para percibir, en cambio, la fidelidad española como un signo de falta de sentido de la libertad. Han confundido la fidelidad consciente con el sometimiento que caracteriza la fidelidad de otros pueblos de Europa. En España, por ejemplo, un cambio de religión porque el príncipe o señor lo resuelve, como ocurrió en Alemania en los días de la lucha religiosa, es incomprensible. De ahí la dificultad que registra su historia de encontrar una minoría dirigente, como es común en Francia o Inglaterra, y no por carencia de personalidades destacadas, sino por exceso de personalidad aún en el más humilde de los nativos. Y esta característica se advierte de manera especial en la Edad Media española, durante la cual el pueblo tiene importancia de que carece en otra regiones de Europa, por lo cual, es el primer país del viejo continente que adquiere un sentido de lo nacional y se organiza con las formas del estado moderno, sin claudicar de sus principios ideológicos fundamentales; lo que no ocurre en otros pueblos, que necesitan penetrar en los tortuosos caminos de la herejía para llegar al mismo resultado. La conquista de América es una empresa típicamente española, por lo mismo que es popular. El Estado no traza planes, las empresas descubridoras se gestan por particulares, las poblaciones se levantan en donde sus conquistadores las asientan. La corona fija directivas: la empresa ha de ser misionera y asimilista; y es misionera y asimilista puesto que el que así sea, está de acuerdo con el sentido de la vida que el español, del siglo XVI, alienta. Creyente sincero, sin dobleces, sabe que la verdad está en su religión y no tiene temor alguno en que todos participen de ella, pues el carácter asimilista de la raza contribuye, además, a que así proceda. Un escritor norteamericano, Enrique Anderson Imbert, refiriéndose a

Hernán Cortés dice que en sus cartas a Carlos V revela su admiración por la civilización azteca, la que no es un inconveniente para que la destruya. Admira los templos indígenas, pero –dice- “los más principales de estos ídolos, y en quién ellos más fe y creencia tenían, derroqué de sus sillas y los hice echar por las escaleras abajo”, y el citado escritor, demostrando su incomprensión, relata el hecho como una contradicción, que sólo existe en su carencia de sentido histórico. Aquella civilización indígena podía sorprenderlo y es inexplicable que lo sorprendiera, como hoy día nos sorprenden y admiran los templos hindúes, lo que no quiera decir que la admiración se trueque en convicción de su superioridad sobre nuestros propios modelos. ¿Qué podía valer todo aquel conjunto de cosas sorprendentes con que tropieza Cortés ante la convicción profunda de que él traía la verdad? Cortés buscaba oro, se dice. Bien, buscaba oro y procuraba colocar la imagen de la Virgen María en cada lugar accesible a los naturales, en los que no hay más contradicción que una muy humana lucha entre el terreno y lo eterno. Y Cortés era hombre de carne y hueso. Más, a pesar de ese oro, nadie niega hoy la realidad de que la característica esencial de la conquista de América por España es su carácter misional y asimilista, mientras que el de las conquistas coloniales de Gran Bretaña tiene un puro sentido comercial. España, que vive un ideario de independencia, o sea de valoración humana, busca adaptar los hombres a él. Inglaterra, que practica un ideario de agresión, individualista, pues ha subsistido la personalidad por la individualidad, trata sólo de explotar a los naturales de las tierras de conquista, al mismo tiempo que el misionero español les dice que son iguales a Dios. El liberalismo prohíbe a los ingleses mezclarse con la religión, las ideas y costumbres de los hindúes; pero es, en realidad, una posición egoísta. El español le dice al indio que es un hombre libre y al hacerlo le abre el camino a todos los progresos políticos. Es el sentido humanista que formula Don Quijote a Sancho: “Repara, hermano Sancho, que nadie es más que otro si no hace más que otro”. Por eso Don Quijote compara a los hombres con actores de comedia, en el que unos hacen de emperadores, y otros de pontífices y otros de sirvientes, pero al llegar al fin se igualan todos. Lo mismo le dice el conquistador al indio, que si tuvo defensores por los abusos que con ellos pudieron cometerse, no fueron indígenas, ni extranjeros, sino españoles. Al lado de esta faceta, la otra: la fidelidad. El español es fiel a su rey como es fiel a su fe, a su palabra y así mismo. Admira, además, a los eficientes: al gran artista, al gran torero, como al gran gobernante. Esto ha hecho creer a muchos que es un pueblo que se somete fácilmente al autoritarismo y que él mismo es autoritario.

Una de las circunstancias que deben considerarse para analizar el hecho de que la fusión romano-cristiana determinara un sentido de las libertades políticas, que no se advierte en otro pueblos, con influencias similares, se explica en gran parte fuera de los factores propios- por el hecho de haber sido España el único de entre los que recibieron lo esencial de la cultura greco-romana, que se libró de las influencias orientales. No comprenden a España los historiadores que hablan de sus gobiernos teocráticos. Hay palabras que perturban. En mi obra “EL SENTIDO MISIONAL DE LA CONQUISTA DE AMÉRICA” he demostrado de cómo, sólo mediante una estrecha colaboración y compenetración de lo estatal con lo religioso, de lo temporal con lo espiritual, fue posible que la acción civilizadora de España en América alcanzara los maravillosos frutos que registró. Como lo intuyera Ramiro de Maestu, esa “compenetración no tiene ejemplo en la Historia” y constituye “la originalidad característica de España ante el resto del mundo”. Sólo ese Estado teocrático pudo realizar el fenómeno de asimilación extraordinario que registra la conquista del Nuevo Mundo, hecho sin igual, pues ningún otro pueblo puede ofrecer algo semejante como saldo de sus andanzas exteriores. Cuando no se comprende hasta qué punto el catolicismo es una doctrina esencialmente liberadora de la persona humana, la teocracia aparece como supersticiosa, inhábil y torpe. Es claro que sito toda la España del siglo XVI en lugar de ser misionera hubiera sido mercader, la península hubiera alcanzado la potencial material extraordinaria que nunca se buscó. En cambio, procuró que los indios ganaran la vida eterna. Cuando no trabajó bien en ese sentido, aparecieron los Las Casas denunciándolo hasta con demasías del lenguaje y exageraciones propias de quienes no se paran en medios para llevar el ázcua a su sardina. Si se estudia la organización interna de la primitiva iglesia española, que llegó a constituir el único poder político y social después de la conversión de Recaredo, se advierte en su origen el desarrollo del principio democrático que, combinado con el religioso, como dice Rico y Amat, “aguardaba a la monarquía de los godos para imprimir en ella fisonomía teocrática popular, que es el carácter distintivo e histórico de la monarquía española en toda la prolongación de su agitada existencia” Teocrática y popular, es decir, otra de sus dualidades que España funde en sí misma, y que hace que quienes vean lo teocrático sin lo popular, no puedan entender la historia política española con los cánones usados para interpretar la francesa; como no la comprende quien en lo popular no advierta el señorío

teocrático que le da inconfundible personalidad. Recuérdese que los Obispos de la primitiva iglesia procedían del pueblo, pues su elección era, inclusive, menester popular; y gobernaban para el pueblo, por intermedio de los concilios, tratando de mantener viva su fe y puras sus costumbres. La Roma de los Pontífices aún no había proclamado su universalidad. En aquellos concilios, que alcanzaron gloria inmortal, nacieron no sólo las antiguas Cortes peninsulares, sino el parlamentarismo moderno, como hubo de reconocerlo el inglés Lord Acton, diciendo: “Los concilios de Toledo dieron a España el modelo de régimen parlamentario, por mucho el más antiguo del mundo”. Por todo esto admira leer que el Cabildo Abierto del 22 de Mayo de 1810, en Buenos Aires, tiene un sentido revolucionario, porque en él el pueblo deja oír su voz. Bobadilla, en su “POLITICA PARA CORREGIDORES Y SEÑORES DE VASALLOS”, enseña que “en la congregación y universidad de todo el pueblo (que se llama Consejo Abierto) residía la mayoría y prioridad” añadiendo: “pero ya por costumbre reside en los ayuntamientos, los cuales sólo pueden lo que todo el pueblo puede”. Por eso no deja de ser un agudo pensamiento histórico el de Cecil Jane, en su obra “LIBERTAD Y DESPOTISMO EN HISPANOAMERICA”, cuando dice que “Carlos III fue el verdadero autor de la Guerra de la Independencia”, porque, “al tratar de organizar sus dominios sobre base nueva destruyó en su sistema de gobierno los caracteres mismos que habían permitido que el régimen español durase tanto tiempo en el Nuevo Mundo”. Sino Carlos III, culpables fueron la serie de factores que extranjerizaron a España. 6.- LA INTOLERANCIA ESPAÑOLA. REFORMA Y CONTRAREFORMA.

Si con los conquistadores “afincó en América el espíritu autoritario”, pues vinieron con ellos los días del “duro y sombrío” Felipe II, que “acrisolaba los principios del más rígido absolutismo” porque “la Contrarreforma y la neoescolática nutrieron” el espíritu de España, “encerrada en sí misma”, con lo que “maduró su pensamiento y estilizó el sistema de ideas que regla hasta convertir a éste en una fuerza rígida y dogmática”; si de España salió la “Compañía de Jesús, el más eficaz instrumento de la catequesis contra reformista, y de la Compañía de Jesús salió el más alto ingenio que reelaboró la doctrina metafísica de la escolástica y LA DOCTRINA DEL PODER ABSOLUTO”, no debe sorprender que el español se destaque por su intolerancia. Las frases transcriptas, que condensan

todos los lugares comunes de la “leyenda negra”, aumentados con algún disparate propio, como el asignar al P. Francisco Suárez S.J haber reelaborado la doctrina del poder absoluto, pues hizo todo lo contrario, como que dio nueva vitalidad a la tradición tomista, han sido tomadas de un libro sobre las ideas políticas en Argentina, obra reciente de uno de los exponentes del pensamiento común en el tipo liberal argentino de la hora que escribimos. Sin embargo, sabido es que señalar que, durante la Edad Media, España no solo consiguió el más alto grado de civilización en Europa, sino que, en las mismas medidas que aumentan las investigaciones sobre su pasado, se entra a comprender que, en el siglo XVI, fue la nación más tolerante en el viejo mundo. Comencemos por señalar que la Inquisición -terror de historiadores progresistas- no es una invención española, sino un instrumento del Santo Oficio Romano, que fue España el último de los países en aceptar, pues durante la Edad Media la Inquisición actuó en todos los de Europa, menos en ella. Bastaría recordar la labor intelectual de la época de Alfonso X, cuando la escuela de traductores de Toledo difunde traducciones del TALMUD, de la CABALA, del CORAN y de la BIBLIA, para que el historiógrafo medianamente honesto actúe con prudencia al referirse a la intolerancia española, leyenda que surge como consecuencia de la Inquisición y de la expulsión de la península de judíos y musulmanes; principio, según muchos, de una decadencia curiosa, pues fue justamente después de tales expulsiones cuando alcanzó el Imperio Español sus días de mayor gloria y esplendor. No es necesario saber mucha historia para estar de acuerdo en que lo que ocurre en la España del siglo XIII, con la convivencia del judaísmo, mahometismo y catolicismo constituye algo inusitado en la historia de Occidente; fruto de lo cual se provoca en Europa el movimiento humanista que fue a desembocar en el denominado Renacimiento. Comprendemos que estas verdades no se acomodan al sistema de hacer historia de acuerdo a necesidades ideológicas presentes; pero tales son los hechos, que no podrán seguir siendo cubiertos con el harnero gastado de la “leyenda negra” vaciada en nuevos modales. Aquel equilibrio del siglo XIII se rompe, es cierto, pero como consecuencia de que al llegar al siglo XVI el catolicismo, con mayor impulso creador que el judaísmo y mahometismo, los ha superado, y es la hora de que los Reyes Católicos, Isabel y Fernando, se enfrentan al problema de crear el estado nacional o dejar a la península atomizada, sin gloria y sin grandeza. Aparece entonces la Inquisición, pero no para combatir a moros y judíos, sino para evitar el contagio de sus doctrinas en el pueblo católico y asegurar la pureza de su fe en su Iglesia. Porque el

principal campo de acción del Tribunal del Santo Oficio, en España, fue la propia Iglesia Católica, así como la institución de ese organismo en México se debió al deseo de evitar las luchas entre el clero regular y el secular y combatir el mal ejemplo de muchos clérigos, circunstancia peligrosa en países recién convertidos, por lo que, en definitiva, la Inquisición fue trasladada al Nuevo Mundo para conocer tan sólo de los delitos cometidos por europeos y sus descendientes. No vamos a defender el sistema de la Inquisición, pero no por razones de sentimentalismo, sino de eficacia. La Inquisición podría hacer desaparecer a un hereje, pero no a la herejía; de manera que no hizo sino ejercer un poder de hecho que, cuando fue advertido, determinó su desaparición. Por cierto, anterior a las decisiones de las Cortes de Cádiz, pues cuando éstas resuelven su extirpación apenas si existía como mero tribunal eclesiástico. En Argentina, los constituyentes de 1813, que no hicieron sino seguir al pie de la letra las resoluciones de las Cortes de Cádiz, se plegaron a dar fin a la Inquisición. ¡Tarea fácil porque no hubo en el Río de la Plata Tribunal del Santo Oficio! Pero lo interesante es que la historia de la Inquisición demuestra que el organismo español fue el más tolerante, hecho fácil de advertir, frente a la intolerancia de la Inquisición romana o de la “Inquisición” protestante, que no decimos que no existiera como organismo, pero que existió en sus efectos. El anabaptista Félix Maur, ahogado a instancia de Zwinglio; Miguel Servet, quemado vivo por Calvino; el canciller Crell, al que se le dio tormento y luego fue decapitado; Henning Brabant, horrorosamente mutilado y muerto por mantener negocios con el diablo; Klepero, el célebre astrónomo, perseguido; Tomas Moro y el Obispo Wolsey, mandados matar por Enrique VIII, son algunos ejemplos de la “Inquisición” protestante. España no cuenta con una Noche de San Bartolomé, que decora la historia de Francia; en cambio, puede mostrar aquel gran humanista, el cardenal Cisneros, ofreciendo, en 1514, en la “COMPLUTENSE”, el texto griego del Nuevo Testamento, dos años antes de que Erasmo hiciera lo mismo. Mientras la Sorbona de París manda a quemar vivo al traductor de Erasmo, en España pululan los erasmistas a tal punto que, entre ellos, se cuenta al propio Carlos V. En pleno siglo XVII, el P. Mariana escribe un libro para educación del heredero de Felipe IV, y el parlamento de París ordena quemarlo en la plaza pública, por ser contrario a los derechos absolutos del rey. Los índices de libros prohibidos por el Santo Oficio Romano traen multitud de títulos que no figuran en los de la Inquisición española, pese a lo cual, el tema de la intolerancia surge siempre como interpretación de lo que sólo fue

fidelidad española a su región. Nada más demostrativo de la falacia de la intolerancia que el hecho concreto de ser España el único país del mundo que ha resuelto en su seno el problema judío y que, como dice Maurice Legendre, tiene un elemento semítico perfectamente asimilado. España no persigue a los judíos, no crea ghetos, ni mantiene hoteles como Estados Unidos, que prohíbe la entrada a los judíos. Les ofrece la conversión y a los que la aceptan los dota de todas las condiciones de los españoles; casan con españolas y forman una sola familia, un solo hogar, una sola nación. Cuando bajo los Reyes Católicos se expulsa a los judíos, sólo sale de la península una minoría incorruptible, intransigente, ciertamente intolerante, a la que antes se la ha ofrecido la posibilidad de convertirse y no la ha aceptado. Los que emigran son muchos centenares de miles menos de los que dicen ciertos textos, pues apenas si pasaron los 30.000. Lo mismo ocurre con los musulmanes, cuya expulsión no causó daño alguno a la economía española, ni a la agricultura, como se lee en tantos libros que se apoyan en los presuntos conocimientos de los secretos del regadío de los árabes -que aprendieron a regar de los españoles- para señalar una decadencia que no existió en el período que indican, pues, como hemos dicho, después de esas expulsiones España alcanzó el cénit de su grandeza. 40

El sentimiento de tolerancia del español tuvo manifestaciones concretas en América y, sobre todo, en el Río de la Plata, con motivo de afluencia a sus costas de inmigrados portugueses, a los que, con sorprendente ligereza, se ha dado a suponer puros judaizantes. Cuando en ocasión de guerras con Portugal se ordenó la expulsión de portugueses, Buenos Aires los defendió, y si se acepta que los incriminados eran MARRANOS, menester es confesar que formaron hogares cuyos descendientes fueron profundamente católicos, produciéndose el mismo fenómeno que en la península, o sea, la asimilación. Hecho nada extraño por ser la raza española poderosamente asimiladora, por lo mismo que es una raza fuerte, de mentalidad definida, sin términos medios, lo que explica la inmensidad de su obra de conversión en el Nuevo Mundo. Como demostración de la intolerancia española y del carácter dogmático de su fe se señala la Contrareforma. Hay palabras que alcanzan singular vigencia y que, por eso mismo, con el correr del tiempo adquieren valores históricos falsos, y una de ellas es esta de “Contrareforma”. Nunca existió un movimiento que pueda definirse con tal denominación. Al final de la Edad Media es notorio que el organismo administrativo de la Iglesia ha degenerado, y que la relajación del clero,

en el orden intelectual y moral, ofrece ejemplos desalentadores. Europa siente en lo íntimo de su ser la necesidad de reformar la Iglesia. Es algo que se expresa en el movimiento humanista del siglo XIII, con el desarrollo que alcanza la literatura mística y con la aparición de obras que denuncian los males y procuran encontrarles remedio. Es una revolución religiosa que abarca a todo Occidente y que, como señala Olaguer, “determina en Alemania el luteranismo, en Inglaterra el anglicanismo, en Francia el calvinismo y el regalismo y en España el ILUMINISMO, que pronto evoluciona y, saliéndose de madre, invade las fronteras vecinas frente al evangelismo protestante en una masa de equilibrio europeo”. Es a esa invasión a la que se le ha dado en denominar Contrareforma, por aceptar el equívoco de que el protestantismo fue un movimiento de Reforma, cuando, es España quien enfrenta una verdadera Reforma contra lo que sólo fue una herejía. Corresponde al Cardenal Cisneros haber iniciado en España, antes que en país alguno de Europa, la Reforma, que llevó a cabo de manera enérgica, limpiando templos y conventos de malos elementos, obligando a los Ordenes a vivir dentro de sus constituciones, adecentando el clero y realizando una obra proficua, si se tiene en cuenta que fruto de ella fue en gran parte, la eficacia de la acción misionera que hubo que realizar en el Nuevo Mundo. Siguiendo esa acción de Reforma es España la gran animadora del Concilio de Trento, de donde salió la Iglesia definitivamente organizada, y es España, en el Concilio de Trento, por el verbo del P. Láinez, S.J. -descendiente de una familia judía- quien afirma la doctrina liberadora del catolicismo, fuera de la cual los conceptos sobre libertad, de los filósofos políticos, no son sino concepciones abstractas sin contenido humano efectivo. Es indudable que España no ofreció ambiente propicio para el desarrollo de una metafísica racionalista, pero no por presiones inquisitoriales ni otras tonterías por el estilo, sino porque en la mentalidad española tenía vivencia otra metafísica, aceptada con plena libertad, puesto que es notorio que la España del siglo XVII gozaba de una libertad política superior a la de cualquier otro país europeo. Dice Marañón: “Jamás un ministro, aún desde que existe la libertad de prensa, fue atacado de tal manera como el Conde Duque de Olivares. Las sátiras, en prosa, y en verso, en contra de su gobierno llenarían volúmenes enteros”. De esa libertad de pensamiento en España nada da mejor idea que la obra de Quevedo, suficiente para demostrar que eso del terror en que la población vivía al pensar en la Inquisición es una historieta inventada por los liberales para hacer creer a los hombres de hoy que gozan de extraordinaria felicidad por no tener que temer al

Santo Oficio. Leemos en la citada obra de Menéndez y Pelayo: “Cien veces lo he dicho por mis ojos y, sin embargo, no me acabo de convencer de que se acuse a la Inquisición de haber puesto trabas al movimiento filosófico y haberlos aislado de la cultura europea. Abro los INDICES y no encuentro en ellos ningún filósofo de la antigüedad, ninguno de la Edad Media, ni cristiano, ni árabe, ni judío; veo permitido en términos expresos la GUIA DE LOS QUE DUDAN, de Maimónides (regla XIV de los generales), y en vano busco a los nombres de Averroes, Avempace y de Tofail; llego al siglo XVI y hallo que los españoles podían leer todos los tratados de Pomponazzi incluso el que escribió contra la inmortalidad del alma, pues sólo se les prohíbe el DE INCANTATIONIBUS, y podían leer íntegros a casi todos los filósofos del Renacimiento italiano, a Marsilio Ficino, a Nizolio, a Campanella, a Telesio (estos dos con algunas argumentaciones). ¿Qué más? Aunque parezca increíble, el nombre de Giordano Bruno no está en ninguno de nuestros INDICES, como no está el de Galileo (aunque si en el INDICE ROMANO, que no tenía vigencia en España), ni el de Descartes, ni el de Benito Spinoza, y sólo para insignificantes enmiendas el de Bacon… En vano se buscará en el INDICE los nombres de los grandes filósofos españoles; brillan, como ahora se dice, por su ausencia. Raimundo Lulio se permite íntegro; de Sabunde sólo se ataca a una frase; de Vives, en sus obras originales, nada, y sí ciertos pedazos del COMENTARIO A LA CIUDAD DE DIOS, de San Agustín, en que dejó imprudentemente poner mano a Erasmo, el EXAMEN DE INGENIOS, de Huarte, y la nueva filosofía de la naturaleza del hombre, de doña Oliva, que no escasean en proposiciones empíricas y sensualistas, sufrieron muy benigna expurgación; y los DIALOGOS DE AMOR, de León Hebreo, mezcla de cábala y neoplatonismo, se vedaron en lengua vulgar, pero nunca en latín. No se prohibió jamás una sola línea de Copérnico, Galileo y Newton; ¿y qué mucho que así fuera, cuando en 1594, todo un consejero de la Inquisición (que luego llegó a inquisidor general), don Juan de Zúñiga, visitó por comisión regla y apostólica los estudios en Salamanca y planteó en ellos toda una facultad de ciencias matemáticas como no la poesía entonces ninguna otra Universidad de Europa), ordenó que, en Astronomía se leyere como texto el libro de Copérnico? Descartes para seguir sus trabajos tuvo que expatriarse de Francia, y cuando apareció su DISCURSO DEL METODO, en Holanda, fue denunciado por ateo y perseguido en la Universidad protestante de Utrecht, por Vostius, refugiándose en Suecia. La inquisición española no incluyo en sus INDICES obra alguna de Descartes. Es inútil cuanto esfuerzo se haga para separar a España del movimiento cultural

europeo de los siglos XVI y XVII, por la simple razón, y por cierto irracional, de que en ella no prendió la herejía. El movimiento “iluminista” español demuestra su similitud con los que, en procura de un renacimiento religioso, se producían en todo el continente con un origen común. Ignacio Olaguer ha aclarado el contenido del ILUMINISMO español logrando desvirtuar la afirmación de Menéndez y Pelayo, en su obra de juventud, “HISTORIA DE LOS HETERODOXOS ESPAÑOLES”, que considera heréticos de tipo protestante a los ILUMINISTAS. Un escritor francés, Marcel Bataillon, en su obra “ERASME ET L’ESPAGNE”, sorprende a sus contemporáneos al demostrarles que es España el país donde mayor difusión alcanzó la obra de Erasmo de Rotterdam, a quien se debe, sin duda alguna, el comienzo de la reforma que incubó Lutero y lo condujo a una posición herética. Pues bien, Erasmo, por su influencia en personalidades del volumen del cardenal Cisneros, del Inquisidor Manrique y del Emperador Carlos V, estuvo a punto de encauzar la reforma católica y sirvió a la política imperial de Carlos V. Dice Olaguer: “Impidió que la Europa ortodoxa cayera de nuevo en la barbarie, como les ocurría entonces a los países protestantes, que levantaban barreras y aduanas contra los hijos del Renacimiento. En España, encauzado este hondo movimiento espiritualista por hombres extraordinarios, se iba a realizar una alianza entre el formalismo escolástico superviviente y las nuevas modalidades, para idear una máquina de guerra que iba a recorrer los campos de Europa: la contrarreforma”. Nosotros decimos La Contraherejía. Erasmo llegó hasta Trento, y allí fue superado. En Trento fueron rechazadas la tesis de Lutero y también las del ILUMINISMO. El Concilio de Trento se desenvuelve durante más de medio siglo. Menester es no olvidarlo para penetrar en los hechos de la historia religiosa de Europa, pues durante ese período la lucha entre las tendencias aristotélicas y humanista hizo que fructificaran doctrinas y tendencias que no tardaban en prohibirse por peligrosas. Es así como el ILUMINISMO ofrece motivo de preocupación a la Inquisición española a través de figuras como las de Santa Teresa de Jesús, Fray Luis de León, Luis Vives, etc., a los que no se los puede considerar como heterodoxos. Es el propio Erasmo quien, en 1527, reconoce que es España la nación que le parece más tolerante. Dice Olaguer: “En el primer tercio de siglo XVI recibe España a Erasmo como, a nuestro modesto entender, jamás hemos recibido influencia personal alguna de un extranjero en el curso de los siglos. Leyendo el libro de Bataillon, los hechos se presentan con meridiana claridad. Después de todo, Erasmo no era ningún innovador en nuestro país. Era una

personalidad genial que se sumaba a un movimiento típicamente español en un tiempo en que el idioma culto era el mismo para todos los hombres de estudio. Su “PHILOSOPHIA CHRISTI”, tan cercana a nuestra tradición y de nuestra manera de ser, estuvo a punto de desembocar en la realidad. En un tiempo fue la base ideal de un futuro imperio europeo. Pero surgieron las intransigencias protestantes, sus guerras, sus rebeliones y los desórdenes consiguientes. Tuvo la política que intervenir a la fuerza en los asuntos filosófico- religiosos. Entonces ya no podían imponerse las teorías erasmistas. Ante la fuerza tenía que desaparecer la política del equilibrio que fatalmente llevaba en sí el humanismo cristiano. Y al fin y al cabo, para no morir, tuvo que aliarse con sus antiguos adversarios, los escolásticos aristotélicos, para luchar con el enemigo común: la barbarie”. No se ha prestado la debida atención al hecho de que los países que cayeron en la barbarie religiosa fueron los fronterizos del imperio romano o los puramente romanos, mientras quedaron dentro de la ortodoxia los que habían humanizado su romanidad bárbara con la cultura griega. Cuando en 1563 termina el Concilio de Trento y quedan definidas las líneas entre la herejía y la ortodoxia, la necesidad de mantener la unidad de la fe determina que muchas manifestaciones del humanismo sean rechazadas, porque el protestantismo se ha transformado en un movimiento nacionalista de los pueblos nórdicos -del tipo antilatino- contra los cuales es preciso oponer la unidad de la fe de los países católicos. Ya no es solo un peligro religioso el que amenaza a Europa, es también un peligro político, y es España la que se pone al frente para evitarlo y dominarlo. Mas, aún en esos momentos, es la Inquisición española mucho más benévola que la de Francia y la de Italia. La Inquisición española tiene un período de seis años, siendo gran Inquisidor Valdéz, de intransigencia. Luego entra por rutas de tolerancia que permitieron a los humanistas no verse perseguidos, pero, en esa acción, España salva lo mejor de la cultura de Occidente hasta donde le es posible hacerlo. La defección de Francia, conducida por un nacionalismo sin visión universalista, detiene la acción española y Europa entra por las vías del absolutismo en política y del racionalismo en filosofía, que habrán de hacerla desembocar en toda la triste secuela de errores de fondo que informan el ideario liberal- capitalístico, con sus derivados, el socialismo y el comunismo, que amenazan, en esta hora, destruir cuanto la persona humana ha forjado como demostrativo de su dignidad y de su fuerza creadora. Y es la hora también, después de tanto hablar de la decadencia española y de la incapacidad de los pueblos hispánicos para la economía, en que los hechos están diciendo que la verdad seguía estando en España, seguía estando

en la hispanidad, donde el hombre sigue creyéndose imagen y semejanza de Dios y no un número de los registros electorales o de las listas de purga de cualquier sindicato soviético. Porque lo que se salva en Trento, frente a Lutero que se burla del libre albedrío, es el hombre. El 26 de Octubre de 1546 el P. Diego Laínez pronuncia en el Concilio su discurso sobre la JUSTIFICACION. “ahora podemos ver -dice Ramiro de Maeztuque lo que realmente se debatía era nada menos que la unidad moral del género humano. De haber prevalecido cualquier teoría contraria, se habría producido en los países latinos una división de clases y pueblos, análoga a la que subsiste en los países nórdicos; donde las clases sociales que se consideran superiores estiman como una especie inferior a las que están debajo y cuyos pueblos consideran a los otros y también a los latinos con absoluto desprecio, llamándolos, como nos llaman, DAGOES, palabra que vendrá también de Diego, pero que actualmente es un insulto”. Lutero había sostenido que los hombres se justificaban por la fe, que es un acuerdo libre con Dios. La iglesia católica había sostenido siempre que los hombres no se justifican sino por la fe y las obras. Laínez salvó el resorte fundamental del hombre: la voluntad, la creencia en el libre albedrío. Allí se dijo que la redención de Cristo era admirable, y el arma más poderosa de la salvación eran los Sacramentos, pero que, por encima de la Redención y de los Sacramentos había que luchar con toda el alma para ganar la vida eterna. Nada del fatalismo protestante que ha hecho de esos pueblos, tiranos de los que oprimen o serviles de quienes mandan, sino la libertad cristiana, fuente de auténtico progreso espiritual, que hace lo grandioso de la cruzada misionera española en América. El inglés que llega al norte del continente y cree que su justificación se debe a los méritos de Nuestro Señor, no se va a sacrificar para decir a los indios que pueden salvarse, que son iguales ante Dios y que tienen derecho a la libertad para hacer obras que los salven; prefiere exterminar a los indios para explotar con menos riesgos sus tierras. Para él, LABORARE EST ORARE, y, por consiguiente, cuando rotos los frenos morales que durante la Edad Media contienen, en lo posible, las ansias de lucro, se inicia un período de predominio de las tendencias económicas, que culminan con el desarrollo del gran capitalismo como fuerza rectora de la vida social, las naciones protestantes lograrán ser más ricas que las católicas. Y como no faltarán -como no faltaron- hábiles intelectos demostrando que el sistema económico así desarrollado es poco menos que natural, y hasta regido por leyes poco menos que científicas, la incapacidad de los pueblos católicos se exhibirá con magníficas

comprobaciones estadísticas y hasta alguna doctrina vinculada a la falta de capacidad de los de origen hispánico para la práctica del liberalismo político, suponiéndose que a ello se debe su incapacidad para la gran economía moderna; cuando es, justamente, la apreciación de lo injusto del sistema económico capitalista lo que determina la falta de fe en la ideología liberal, que, aunque no todos lo vean, se apoya más en la actividad económica individualista que en doctrina alguna de puro valor político. Dice Tawney que con la expansión de las finanzas y el comercio internacional del siglo XVI se le presentó a la Iglesia este problema: “Concediendo que sea mi deber amar al prójimo como a mí mismo, queda en pie la cuestión, bajo las condiciones modernas de la organización en gran escala. ¿Quién es precisamente el prójimo?, y, ¿de qué modo o con cuánta exactitud he de hacer efectivo en la práctica mi amor hacia él?”. La enseñanza religiosa tradicional no se había ni siquiera planteado la posibilidad de esas cuestiones, de manera que no tenía inmediatas respuestas. En las transacciones económicas, a las que procuro moralizar, considero la posición de los que intervenían en las mismas, cuya conducta era un problema personal. La acción de la iglesia tendió a la protección del campesino y del artesano de los prestamistas y monopolistas, pero ya no pudo hacer lo mismo cuando la economía empezó a adquirir formas impersonales. Pero la iglesia protestante no aceptó que se le negara jurisdicción en las cuestiones económicas, y creó la doctrina que necesitaba para congeniar con la nueva economía. En Inglaterra es el Deán Tucker quien soluciona la cuestión diciendo: “El comercio nacional, la buena moral y el buen gobierno no son más que partes de un plan general esbozado por la Providencia”. Surge así la nueva era, dispuesta a recibir directivas de la física, de las estadísticas, de las matemáticas, en vez de recibirlas de la religión y la moral. La sociedad deja de ser una comunidad de almas, pues Locke se encarga de que se la vea como una empresa comercial en las que todos somos socios, pero en cuyo contrato social están especificados los riesgos de cada uno con claridad. “Entran en ella los individuos para asegurar los derechos ya conferidos por las leyes inmutables de la naturaleza. El Estado, cuestión de conveniencia, no de sanciones sobrenaturales, existe para la protección de esos derechos y llena su misión mientras, manteniendo la libertad de contrato, asegura pleno desarrollo a su ilimitado ejercicio” (Tawney). Pero el más importante de los derechos es el de propiedad, que da a sus poseedores privilegios especiales, dejando al resto de los hombres el derecho moral a la caridad de sus superiores; esquema social que adquiere carácter religioso pues la Iglesia Protestante dice que la voluntad divina no quiere el alejamiento de la vida mundana, sino el desempeño consciente de los

deberes de cada uno en el mundo, y uno de ellos, el del mundo de los negocios, pasó así a figurar entre los que ofrecían posibilidades de desarrollar las más altas virtudes religiosas y morales, hasta darse el caso, citado por R. H. Tawney, del pastor que declara que es un hábito contrario a los negocios “abandonar los asuntos necesarios al hombre con el pretexto de la adoración religiosa”. Esta fusión de lo religioso con lo económico, que adquiere su completa fisonomía en Inglaterra, constituye una verdadera teocracia -en el mal sentido de la denominación con que la aplican los escritores liberales- pues limita la auténtica libertad del hombre por la presión de la economía, aunque proclama libertades políticas a diestro y siniestro. Por eso el colono inglés elimina pieles rojas en el norte de América, mientras al sur, el español procura convertirlos a su fe, y lo hace porque no cree que su salvación sea simple cuestión de fe o plan trazado por la Providencia, sino porque sabe que necesita esforzarse para salvarse. Por creerlo así es que Fray Bartolomé de las Casas grita y exagera el mal trato dado a los indios, en los que ve a hombres iguales a sí mismos, y aspira idealmente a actuar con ellos aún fuera de las enseñanzas de la realidad. Sin comprender al dominico, los escritores protestantes crearon la “leyenda negra” antiespañola en base a sus apasionadas denuncias, pero la subsistencia de las razas originales en América, el extraordinario mestizaje que predomina en su población, dice la verdad de que el indio fue respetado y, como tal, se procuró su asimilación a la cultura de Occidente. A pesar de lo cual aún se leen páginas sobre antecedentes de libertad que importan consigo los colonos ingleses, cuando mal podían tener un sentido auténtico de libertad quienes habían perdido el sentido de la personalidad humana. Mientras el escritor político protestante coloca al Estado sobre la sociedad, y a la sociedad sobre el hombre, el católico coloca en primer término al hombre como causa de la sociedad y el Estado. Por lo cual se explica que los pueblos hispanoamericanos no hayan sido nunca sinceramente liberales. No lo pueden ser porque tiene plena conciencia de la libertad. Y aquí sí que no hay ninguna paradoja. En todas partes, en la hora actual, asistimos a la inclinación del sistema hacia fórmulas totalitarias más o menos disfrazadas o más o menos bautizadas con otros títulos, o a tendencias intelectualistas, como la de Ortega y Gasset, defendiendo “un liberalismo de un estilo radicalmente nuevo, menos ingenuo y de más diestra beligerancia”, o sea, un liberalismo que no sea… liberalismo. 7.- EL SENTIDO ESPIRITUAL DEL IMPERIO ESPAÑOL.

A desvirtuar las esencias de la historia de España ha contribuido la propia historiografía liberal española. Lugar común de la misma -en pleno y fecundo revisionismo en la península- es referirse al absolutismo de los Reyes Católicos y de los Austrias, así como no comprender el sentido de la obra imperial por ellos realizados. Nada tiene que ver el Imperialismo con Fernando, Carlos V y Felipe II. Cuando tratan de Imperio se refieren a la reconstrucción de algo que asegure la unidad moral de la humanidad, es decir, a una acción espiritual, extraña a los actos de tipo imperialista posteriores, de las potencias protestantes. Nada más extraño al absolutismo que los Reyes Católicos y sus sucesores inmediatos. La acción que caracteriza a estos soberanos es centralizadora, lo cual es cosa distinta. Tócales en suerte un momento en que es preciso forjar la unidad nacional española, como base para la empresa ecuménica de defender la cohesión espiritual de Europa, y frente a la atomización medioeval que, en España, por el régimen foral, había llegado al máximo, deben afirmar principios de unidad, que no son principios de absolutismo. El levantamiento de los Comuneros, tantas veces falsamente presentado, es una reacción de los restos del feudalismo contra un imperativo histórico ineludible. Si entonces hubiera podido triunfar Padilla sobre Carlos V, España sería una pequeña balkanes en la punta de Europa o habría sido absorbida por Francia, y eso sí, bajo el absolutismo más rotundo y eficaz. Si hubieran triunfado los ideales disgregadores de los Comuneros es probable que América española no fuera española, y los mestizos indigenistas que hoy pululan en ella, no tendrían vocación de revindicar el derecho a ser regidos por algún Montezuma de habla inglesa, con la misma dulzura que trataba Montezuma de los suyos o los ingleses terminaron con los pieles rojas. ¡El absolutismo de Felipe II! ¡El absolutismo de aquel monarca que castigó a un funcionario de América por haber cumplido una Real Orden, sabiendo que era perjudicial para la comunidad! Felipe II tuvo a su cargo la labor iniciada por Fernando e Isabel, seguida por su padre, de constituir la nación española y, es claro, sus actos de gobierno tenían que resultar, por centralizadores, contrarios a la libertad dispersa de los pueblos y villas con legislaciones propias. Como tenía que ser duro dictador aquel Juan Manuel de Rosas que se propuso, y logró, unificar el sentimiento de argentinidad, y sin cuya actuación aún andaríamos a vuelta de cada esquina trenzados en luchas intestinas, por creer los liberales que bastan algunas instituciones para organizar un país, darle personalidad y nacionalidad. Mucho se ha escrito fuera de España deformando a Carlos V y entre otros, el propio consejero del emperador, el famoso Gattinara, ha contribuido a esa

deformación. Karl Brandi, en una disertación sobre Carlos V, rica en observaciones, ha contribuido en buena parte a difundir la idea de que fuera Gattinara quien fijara los términos del imperialismo de su soberano. Peter Rassow es otro de los autores que han llevado agua a ese molino. Pero la investigaciones demuestran que Gattinara se asignó en sus MEMORIAS más importancia de la que tuvo, y que fueron consejeros españoles quienes más influyeron sobre Carlos V. Menéndez Pidal ha reunido pruebas concluyentes, a las que, posteriormente, otros investigadores han agregado nuevas demostraciones. Al salir de España para coronarse en Alemania, formula Carlos su primera declaración imperial, y no es el Canciller Gattinara, sino un español, el doctor Mota, quien lo hace, diciendo que Carlos no acepta el imperio para ganar nuevos reinos, pues le sobran los heredados, que son más y mejores que los de ningún rey; lo acepta para cumplir las muy trabajosas obligaciones que implica, para desviar grandes males de la religión cristiana y para acometer “la empresa contra los infieles enemigos de nuestra santa fe católica, en el cual entiende, con la ayuda de Dios, emplear su real persona”. Para esta tarea imperial (y Menéndez Pidal comenta: “Y aquí viene una manifestación de la mayor importancia”) España es el corazón del imperio; “este reino es el fundamento, el amparo y la fuerza de todos los otros”; por eso según anuncia solemnemente, Carlos ha determinado “vivir y morir en este reino, en la cual determinación está y estará mientras viviere. El huerto de sus placeres, la fortaleza para defensa, la fuerza para ofender, su tesoro, su espada, ha de ser España” Adviértase que en la declaración, el doctor Mota sitúa en el centro del imperio cristianizado la hegemonía de España y que, en la misma, Carlos afirma que dedicará su vida a la defensa de la fe. Pocas semanas después en Worms, Carlos enfrenta a Lutero. Atormentado, pasa una noche de zozobra escribiendo una declaración político-religiosa, en la que, enérgicamente, afirma estar determinado a defender la cristiandad milenaria, empleando para ello “mis reinos, mis amigos, mi cuerpo, mi sangre, mi vida y mi alma”. Gattinara trató de influir sobre Carlos para que amplíe su monarquía, es decir, le recomendó realizar una política imperialista, pero lo que Carlos desea y el Dr. Mota proclama es simplemente el IMPERIO CRISTIANO, en cumplimiento de un alto deber moral de armonía entre los príncipes católicos. La idea imperial de Carlos es expresada de nuevo en 1526, con motivo del saco de Roma y prisión del Papa por el condestable Borbón. Carlos coloca entonces los deberes católicos o

universalistas del imperio por encima de los intereses del Papa mismo. Menéndez Pidal señala un cuarto momento, en 1528, al anunciar a la Corte de su decisión de emprender el viaje a Italia. La redacción de ese discurso pertenece, dice Menéndez Pidal, al predicador de Carlos V, al famoso fray Antonio de Guevara, recién creado Obispo de Guadix. En este discurso Carlos se empeña en decir que no aspira a tomar lo ajeno, sino a conservar lo heredado, y llama tirano al príncipe que conquista lo que no es suyo. Gattinara piensa en la monarquía universal como un privilegio. Después de la victoria de Pavia sobre Francisco I de Francia, el canciller piamontés había tratado de convencer a Carlos de dividir a Francia y sumar a su corona alguna de sus porciones, pero esa opinión fue combatida por los españoles Hugo de Moncada y el marqués de Pescara, que aconsejaron un tratado de clemencia, de reconciliación con Francia, es decir, nada de tendencia a la monarquía universal sino el IMPERIO DE PAZ CRISTIANA. En 1941, la “Revista de Estudios Políticos”, de Madrid, publicó un escrito de Juan de Garnica, dirigido a Felipe III, en el que asigna al pueblo español el carácter de pueblo elegido, perdido por los judíos, para realizar el imperio en defensa de la unidad católica del continente europeo, única finalidad que asigna al mismo. Mas, si algo demuestra que no existen en los reyes de España afanes imperialistas ni absolutos en los siglos XV, XVI y XVII, aunque sí la “Vocación del Imperio”, es el proceso al que da lugar el problema de los “Justos Títulos” que España podía invocar para proseguir la conquista del Nuevo Mundo, pues Carlos V no acepta que baste la conquista para justificar su actuación en América. De manera concluyente he demostrado en mi obra “EL SENTIDO MISIONAL DE LA CONQUISTA DE AMERICA” ese sentido espiritual que adquiere el Imperio Español, vinculado a la defensa de la fe católica, como fruto de un proceso del que surgen, como presente magnífico, las primeras expresiones del “Derecho internacional”, estructuradas por fray Francisco de Vitoria y desarrolladas, posteriormente, entre otros por el P. Francisco Suarez S.J., fundadores o creadores, ambos, de ese derecho. Nada que se parezca a absolutismo; nada que pueda confundirse con la tesis que admite la monarquía francesa e inglesa en el siglo XVII. No es extraño, por consiguiente, que Felipe II hiciera declarar públicamente, y ante él mismo, a un adulón que expresó que el rey tenía poder absoluto: “No tiene más potestad sobre la vida y hacienda de sus súbditos sino la que permite la ley divina y natural”.

8.- LA FILOSOFIA POLITICA DEL SIGLO XVII EN ESPAÑA Y EN EL RESTO DE EUROPA.

Rasgo común el de los tratadistas de filosofía política es, en llegando el siglo XVII, prenderse a las doctrinas racionalistas y olvidar a España, siendo justamente el siglo en que más abundante fue la bibliografía española de la materia. La razón es la siguiente: “España es el único país de Europa que resiste, en ese siglo, al absolutismo. Para ocultar esta realidad se ha inventado el mito del absolutismo de los reyes de la Casa de Austria, dejando al lector la impresión de que la península, ¡tan reaccionaria la pobre!, hacÍa dos siglos que vivía aplastada por el absolutismo real. Una de las cuestiones históricas no dilucidas es la índole del proceso que determina que en los siglos XVII y XVIII, los principios de libertad política de la Edad Media desaparezcan para ser reemplazados por la teoría de la soberanía absoluta del príncipe. Los elementos que entran en juego son múltiples y distintos. Contribuye a formalizar este proceso la tendencia general de los estados hacia las formas nacionales, rompiendo la unidad medioeval por el predominio del poder civil sobre el religioso; la herejía luterana es acicate para esas tendencias, en cuanto, al resquebrajar los lazos morales que habían tenido maniatada la economía al interés social, la liberta y le permite dar los primeros pasos hacia las formas del capitalismo individualista. La nueva economía necesita para su desarrollo reforzar los poderes del estado a los fines de poder realizar, bajo su amparo, las primeras etapas de acumulación de capitales. La destrucción de las libertades políticas comenzó en Italia y siguió en Francia. En Inglaterra el proceso tuvo características propias. Lo que es evidente es que no cabe señalar a nadie como culpable de que, de pronto, aparezca la monarquía absoluta, porque se trata de una innovación que no tiene relación efectiva con el pasado; novedad que duró dos siglos y fracasó, dice A. J. Carlyle. La monarquía absoluta surgió por determinadas necesidades y las sirvió. Desapareció cuando las hubo servido. Las tendencias racionalistas y utilitarias surgidas del falso Renacimiento quedaron asentadas con el racionalismo y el pragmatismo filosófico, el liberalismo en política y el capitalismo en economía. La primera forma que adaptó el absolutismo fue teológica. La teoría de que la autoridad política deriva de Dios y que, por consiguiente, resistir al príncipe es resistir a Dios, constituyó la base de la doctrina del “derecho divino de los Reyes”, creación netamente protestante, que fue combatida por los teólogos católicos. Era una doctrina antigua, pero durante la Edad Media se entendió que el príncipe estaba sometido a las leyes y que, si bien su potestad derivaba de Dios, era divina

sólo en cuanto actuaba como expresión de justicia. Wycliffe, en el siglo XIV, había proclamado la doctrina de la “no resistencia” al príncipe, en mérito a que su autoridad era divina, pero su voz no encontró eco hasta que Lutero la hizo suya, aunque rectificándose más tarde. Pero su primera posición encontró eco en Inglaterra en la obra de Tyndale, “THE OBEDIENCE OF THE CHRISTIAN MAN”, publicada en 1525, de donde, según presumen los historiadores británicos, el Obispo de Winchester, Bilson, tomó la doctrina del “derecho divino”, achacada por muchos a los católicos por desconocimiento de la literatura formal sobre el tema. Con todo, se debe al escritor francés Bodino, por su obra “LES SIX LIVRES DE LA REPUBLIQUE”, de 1586, la exposición sistematizada de la doctrina del absolutismo. Bodino parte de la indivisibilidad de la soberanía, adelantándose a Hobbes, formulando una doctrina de bases amplias de las múltiples ramificaciones de la vida política. Bodino era representante del TIERS ETAT y únicamente la monarquía absoluta podía librar a la clase industrial de las interferencias del feudalismo y dar la paz a Francia, alterada por las guerras religiosas. Expone dos concepciones. La primera es que toda sociedad política tiene que ser regida por una autoridad suprema, que esté fuera del derecho positivo, y por encima de él, porque es su fuente. A esta autoridad da el nombre de MAIESTAS. La segunda consiste en que la mejor forma de gobierno es un monarca absoluto en el cual encarna esa MAIESTAS. Las influencias de las concepciones romanas del imperio son evidentes en Bodino, quien no logra, con todo, desprenderse de la ideología medioeval , y es así como afirma que la autoridad suprema está sometida a la leyes naturales y divinas y a las leyes comunes de toda la gente; pero esta afirmación, que hace cuando se refiere a la soberanía del estado, queda anulada, de hecho, al formular su segunda proposición, en favor que la soberanía, entidad indivisible, se coloque en la cabeza de un príncipe que no comparta su autoridad ni con los nobles ni con el pueblo. Solo se apoya en argumentos, reconociendo que es difícil encontrar ejemplos, pues en España, dice, las leyes se hacían ROGATIONE POPULI, y no podían ser anuladas sino en las asambleas del pueblo, encontrando, sólo en Francia, un gobierno que se acercaba a su ideal de monarquía absoluta. Llegamos así al final del siglo XVI con la enunciación en Inglaterra de una doctrina absolutista en base al “derecho divino” y en Francia otra, sobre bases seculares. Ambas triunfarán en el siglo XVII durante el cual la doctrina alcanza su máximo desarrollo en la literatura y en los hechos políticos de toda Europa… menos España. El siglo XVII se inicia con la obra “DE REGNO ET REGALI POTESTATE”, publicada en 1600 por el escocés William Barclay, contra Buchanan, Brutus y Boucher, el escocés,

el hugonote y el papista respectivamente, que habían escrito negándole derechos a la Corona. Sostiene que el rey no está obligado por la ley, y defiende la autoridad absoluta del monarca en base a los romanistas de los siglos XIV y XV. Barclay afirma que los reyes fueron creados por designio divino; toda resistencia a su mandato es, pues, un pecado. Niega al Papa poder para deponer a los príncipes, puesto que los derechos del rey derivan directamente de Dios, ante el que es sólo responsable de sus actos. Con todo, admite una igualdad entre los poderes pontificios y reales y dice que deben respetarse mutuamente. Alcanzó este libro alguna significación, siendo seguido de otro: “DE VINCULORELIGIONIS ET IMPERII” y la “APOLOGIA PRO REGIBUS”, de Blackwood, católico que, combatiendo al Calvinismo, lo ataca por falso debido a la enseñanzas que contiene favorables al derecho de resistencia, lo que revela que su autor vivía una verdadera confusión mental. En su segunda obra, Blackwood establece la invisibilidad de la monarquía, preocupándose en demostrar la superioridad del rey sobre la ley, desde que ésta tiene vigencia por el consentimiento del soberano. Pero la nota sensacional dentro de esta bibliografía corresponde a la grotesca figura de Jacobo I de Inglaterra quien, en un pequeño tratado titulado “THE TRUE LAW OD FREEMONARCHIES”, sostiene que el rey es la fuente de toda ley y está por encima de todo derecho, porque “es señor sobre toda persona que habite en los mismos –países- y tiene poder de vida y muerte sobre cada una de ella”. Jacobo I sostuvo, además, la teoría del derecho divino de los reyes, la que alcanzó su máxima expresión teórica en 1681, con la obra “PATRIARCHA”, de Filmer, que es la más hábil justificación de la doctrina absolutista. Filmer rechaza la doctrina de que los hombres sean naturalmente libres y que están en libertad de implantar la forma de gobierno que más les agrade. Atribuye tal concepción a los “teólogos escolásticos”, aunque admite que, en principio fue aceptada por los reformadores. Grandes opositores tuvo el libro de Jacobo I; sobre todo dos jesuitas: el francés Bellarmino y el español Francisco Suarez, cuyas obras fueron quemadas por orden del Parlamento de Paris, junto con las similares del P. Martín Bacán y las de Gaspar Scioppius, teólogo luterano convertido al catolicismo. Al mismo tiempo que Felipe III, de España, aprobaba la de Suárez en nota de 4 de septiembre de 1613, en que dice al ilustre jesuita: “Se me ha remitido de vuestra parte del libro que acabáis de publicar respondiendo al del rey de Inglaterra. Defendéis con tanta ciencia a la pureza y la libertad de nuestra fe católica, así como la autoridad de la Iglesia romana, que lo tengo en muy grande estima. Deseo por ello agradeceros y deciros que podéis considerar como bien empleado el tiempo y el trabajo que había

dedicado a una obra, de la que hay que esperar grandes beneficios para la causa de Dios”. Por cierto que el embajador de España en Inglaterra Don Diego Sarmiento comunicaba a su soberano, en noviembre: “El rey ha cambiado: ha hablado en público duramente contra los padres de la Compañía y contra los católicos; se ha quejado además de V. M. que ha dejado a semejante obra, se imprimiese en sus estados”. En Francia el absolutismo procuraba, en cambio, siguiendo a Inglaterra, formular sus bases doctrinarias y, apoyándose en Bodino, vemos, en el siglo XVII, que escriben, entre otros, Le Bret y Boussuet. La soberanía completa, según Le Bret, corresponde a quien está únicamente sometido a Dios y a su ley. Apoyándose en los romanistas afirma con Ulpiano que las únicas leyes aceptadas por los hombres eran los mandatos y edictos del príncipe, por lo que el rey tiene una autoridad legislativa completa que se extiende, inclusive, hasta poder alterar las normas del derecho consuetudinario. Bossuet no hizo sino defender, con argumentos teológicos, estos mismos puntos de vista en su obra “POLITIQUE TIREE DES PROPRES PARLES DE L’ESCRITURE SAINTE”, escrita, como preceptor del delfín, para la educación de su alumno. Dice A. J. Carlyle: “Es ciertamente curioso ver a un gran teólogo católico, pero galicano, restringiéndose de este modo, y es difícil evitar la sospecha de que se da cuenta de que los principios políticos no sólo de Santo Tomás de Aquino, sino de la gran masa de los teólogos medioevales y de los escritores seculares eran muy distintos de los sostenidos por él” Todas estas tendencias van a desembocar en Hobbes, quien más audaz que sus antecesores, defiende el principio del estado absoluto y no sólo el del monarca absoluto. Para Hobbes no hay cosa semejante al derecho natural o a la justicia. Dice: “Las nociones de derecho e ilegalidad, justicia e injusticia, están fuera de lugar. Donde no hay poder común (es decir en la condición natural del hombre) no hay ley, no hay injusticia”. Para Hobbes el soberano no está sujeto a ninguna ley, ni divina ni humana. No es nuestro propósito hacer una historia sobre las ideas políticas de Europa. Hemos señalado solamente las líneas generales del cambio de orientación que se inicia a fines del siglo XVI y determina la implantación del absolutismo monárquico en Europa, por estimarlo esencial a los fines de comprender la formación de las ideas políticas de los conquistadores de América, pues mientras ocurre en Europa lo que acabamos de señalar, en España encontramos una permanencia de los conceptos medievales sobre libertad política que separa lo hispano de lo europeo. Hemos dicho que es absurdo hablar del absolutismo de las Austrias, confundiendo

su política centralizadora a los fines de lograr la integración del estado español y poder cumplir los fines espirituales de su orientación imperial. Incluso en la última parte del siglo XVI, las Cortes se reunieron cada tres años e insistieron muchas veces en presentar su agravios a Felipe II. La importancia del tema político se expresa, durante el siglo XVI, en innumerables obras de escritores dominicos y jesuitas, como Soto, Vitoria, Suárez, Molina, Mariana y otros. En un primer principio, según Suárez en su obra “DE LEGIBUS”, la autoridad política deriva de un modo remoto naturalmente de Dios, pero su origen próximo está en la comunidad misma, y sujeto a las condiciones que la comunidad le haya impuesto. Nos hemos referido al libro de Bossuet para educación del delfín en Francia. Para educación del heredero español, hijo de Felipe III, escribió el P. Mariana su obrita “DE REGE ET REGIS INSTITUTIONIS”, en la que se lee que el príncipe está sujeto a leyes y que, si usara injusta y tiránicamente de su autoridad, podía ser resistido y depuesto. Escritor político del siglo XVI es Diego Covarrubias, Obispo de Segovia, quien en una obra titulada “PRACTICARUM QUAESTIONUM LIBER”, expone que todo poder temporal y toda jurisdicción civil corresponde a la comunidad y que no se puede crear ningún gobierno sin tiranía, salvo por la comunidad. Covarrubias niega que el gobernante sea nombrado por Dios y establece que la sucesión hereditaria de la monarquía es el resultado de la costumbre, nacida del consentimiento tácito del pueblo. Tanto Suárez, Covarrubias, como Mariana, repudian la doctrina del “derecho divino de los reyes” que entonces se imponía en Inglaterra, Francia y otras partes de Europa. Otro tratadista destacado de fines del XVI es Pedro de Rivadeneyra, de la Companía de Jesús, quien en su obra “TRATADO DE LA RELIGION Y VIRTUDES QUE DEBE TENER EL PRINCIPE CHRISTIANO”, señala que mantener la justicia es la más importante de las virtudes después de la piedad. Califica de malvados a los que sostienen que el monarca puede disponer a su árbitro de la propiedad de sus súbditos, añadiendo que el verdadero rey está sujeto a las leyes de Dios y de la Naturaleza, salvo que se transforme en tirano, caso en el cual es legítimo el derecho de resistencia. “El príncipe -dice- debe comprender, ante todo, que no es dueño absoluto de la hacienda de sus súbditos”. Un siglo más tarde, cuando Felipe V llega de Francia a gobernar España, Luis XIV en sus consejos le dice: “Los reyes son señores absolutos y tienen naturalmente dominio pleno y libre de todos los bienes propios, es decir, según las necesidades del estado”. Aquella corriente ideológica se prolonga en España durante el siglo XVII, registrándose una bibliografía sobre el tema tan amplia que no tiene parangón con nada similar en la

Europa de entonces, pues registra más de sesenta títulos. Entre los escritos del siglo XVII se destaca Nieremberg, con su “MANUAL DE SEÑORES Y DE PRINCIPES”; Juan Pablo Mártir Rizo, con su “NORTE DE PRINCIPES”; Saavedra Fajardo, con su “IDEA DE UN PRINCIPE POLITICO CRISTIANO”; Quevedo, con “LA POLITICA DE DIOS”; Antonio de Guevara, etc. Refiriéndose a Mártir Rizo, dice José Antonio Maravall que “cobra el valor de uno de los autores más representativos de la mentalidad española en los años que corresponden al comienzo del reinado de Felipe IV”. Ha comenzado entonces a prender en la monarquía española una tendencia hacia el absolutismo, como consecuencia de la influencia de los hechos exteriores y de las continuas guerras en que se encuentra empeñada, y en Martín Rizo se expresa la disconformidad con lo que ocurre, el temor a que el absolutismo se desarrolle y procura encontrar, por la vía del mal menor, una solución favorable. El mal menor es aceptar el comienzo del absolutismo de los últimos Austrias antes de que se transforme en un auténtico absolutismo. Por eso, el interés de Mártir Rizo es su afán de evitar que el príncipe sea tirano. Considera que los príncipes, poco a poco, “han ocupado la libertad de los pueblos” y que nada puede hacerse “ya” contra el desarrollo de la máquina estatal, por lo que aspira a que el príncipe se adapte a actuar dentro de ciertas normas que le impidan caer en abusos de poder. Lo interesante de Mártir Rizo, sobre todo si se lo compara con Hobbes, es que rechaza el absolutismo del estado y si acepta, en parte, cierto abuso de poder, de parte de los reyes, es porque “ya” no es posible volver al pasado, y se conforma con el mal menor, o sea, detener el crecimiento del estado en el punto que se ha alcanzado, “PORQUE LO QUE LE INTERESA ES LA LIBERTAD PERSONAL”. Es el espíritu de Quevedo, que procura que el monarca recuerde que sus súbditos son sujetos de derecho y no simples “COSAS” con las cuales se puede proceder según fuere su arbitrio. Los tiempos determinan no el absolutismo, que es cosas de extracristianos, como ha dicho el P. Lira, sino un reforzamiento de los poderes del estado, lo que aterra al español medio, que busca afanosamente, y ese es el carácter esencial de su literatura política del siglo XVII, la manera de quebrantar, por lo menos, su demasiado vuelo. Es así como Quevedo, en el primer capítulo de la segunda parte de su obra “POLITICA DE DIOS Y GOBIERNO DE CRISTO”, comenta la respuesta del Señor al profeta Samuel cuando éste le manifiesta el deseo de los israelitas de concluir con el gobierno de los Jueces y ser mandados por el rey, al igual que las demás naciones. “OYE LA VOZ DEL PUEBLO EN CUANTO TE PIDE - le dice Yaweh-, PUES NO ES A TI A QUIEN RECHAZAN, SINO A MI, PARA QUE NO REINE SOBRE ELLOS” (I Sam., VIII 10). La respuesta del Señor es evidentemente sibilina, pero Quevedo la interpreta

afirmando que la monarquía, por su origen, es mala. Lo que querían los israelitas era emanciparse de la tutela legislativa de ese Señor al que invocaban, por lo que piden un rey COMO EL DE LAS DEMAS NACIONES, es decir, un monarca absoluto. Y para negar el absolutismo establece que una monarquía cristiana debe tener como modelo el gobierno de Jesucristo; y no puede ser absoluto un príncipe cristiano desde el momento que se encuentra ligado con una relación real con Aquel a quien todo poder le ha sido dado en los cielos y en la tierra. La primera consecuencia de estas ideas es la sumisión del monarca a la ley positiva y, por ende, a la sociedad por él fundada para custodiarla incólume y dispensarla a los hombres. Maravall ha destacado el pensamiento de Quevedo respecto a las Cortes, señalando de cómo, para el famoso humanista barroco, las Cortes eran el Reino. Las Cortes -dice- son el reino junto, reunido, y en Cortes es el reino el que acuerda, el que toma una resolución que, por medio de la mayoría, compromete a todo él. ¿Qué quiere decir el reino? Todo lo que no es el Rey. Dice Maravall: “Esta distinción es de raíz tradicional y se halla en el dualismo contractualista del pensamiento político medioeval. Pero en las Cortes del tiempo de Quevedo, ni la nobleza, ni el clero tomaban parte en ellas. Hay que pensar que estos altos jerarcas, cuya autoridad emanaba del Rey, quedaban de la parte del soberano. Desde los años de Carlos I sólo participaban en aquéllas las ciudades. Reino es, por tanto, el estado llano, que se hace presente a través de los representantes de las ciudades. Vemos, pues, empezar a manifestarse el estado llano, el tercer estado, como aquel que en su unidad política integra lo que luego se llamará nación; lo que Quevedo todavía llama Reino”. Pero lo interesante de la posición de Quevedo es que para él ni el Reino solo, ni sólo el Rey, ni siquiera el Rey con el Reino, lo puede todo. La sociedad, ni siquiera unánimemente, podría acordar prescindir del poder, pero no menos cierto es que tampoco puede hacer llegar el poder hasta donde quiera. Los argumentos morales y religiosos, tan caros a la conciencia española, actúan como freno contra todo abuso. No nos detendremos en la obra de Saavedra Fajardo, tan leída por cierto en América, donde no hay biblioteca de la época hispana que no registre un ejemplar de sus “EMPRESAS”, en la que hace dura crítica de la monarquía absoluta, no sólo en detalles particulares, sino en el examen de los principios fundamentales de la autoridad política. No es extraño, por consiguiente , que, en 1808, en su “ENSAYO HISTORICO CRITICO SOBRE LA ANTIGUA LEGISLACION DE LEON Y CASTILLA”, y en 1813, en la obra titulada “TEORIA DE LAS CORTES”, Francisco Martínez Marina

pudiera presentar las demandas de establecimiento de un gobierno limitado y constitucional, no como cosa nueva y revolucionaria, sino como fundadas tanto en lo que parecían a su autor los principios sólidos de un orden político como en una adecuada apreciación y interpretación del carácter histórico del gobierno de Castilla y León en la Edad Media y hasta el siglo XVII, como señala con acierto A. J. Carlyle. 9.- EL SENTIDO ESPAÑOL DE LA DEMOCRACIA. La cultura moderna ha ido perdiendo en claridad y hondura lo que ha ganado en extensión. Convencida de la racionalidad de la especie se ha terminado dando un barniz de razón a todas las cosas, inclusive al sentimiento y al instinto, en los cuales vive el hombre mucho más tiempo de su vida que dentro de la racionalidad. Este predominio de la razón ha separado al ser de las fuentes mismas de la vida que, después de un andar sin rumbo, en fuerza de haberle creado innumerables, termina en el “existencialismo”, como una metafísica de la angustia, del tedio y de la nada. Una de las consecuencias de este proceso de regresión, al que se llama de progreso, es que el hombre ha perdido el sentido de los principios universales, substituyéndolos por fórmulas que tienen vigencia mediante una falsificación deliberada de la historia y una disminución vertical de toda cultura desarrollada en profundidad. Es así que para un hombre de mentalidad liberal resulta poco menos que inconcebible que pueda haber existido idea alguna de democracia sin una Constitución, y sin un determinado número de instituciones que valora consubstanciales con ella. Entre la institución del voto y el sentido del derecho natural del hombre del medioevo, considera mejor guardián de los derechos del pueblo al voto, en virtud de lo cual se llega a algo que, sin embargo, ese liberal no acepta, y es que la verdad esté en relación con el número de los que creen en ella. En materia política se ha llegado en nuestros días a perder a tal punto el sentido de la razón de ser del Estado que, lógicamente, si los derechos de éste no se escriben en leyes, constituciones y decretos, no hay nada que lo fuerce a respetar el derecho de los demás, a los que viola, por otra parte, a pesar de esas leyes constitucionales y decretos. Para el hombre del medioevo, en el que tiene vigencia el derecho natural; para ese hombre que no ha roto -ni él ni el príncipe- con Dios, el derecho natural tenía una vivencia tal que reglaba el respeto de los derechos de todos, porque el racionalismo no había logrado la desintegración de los espíritus que caracteriza el resultado de su obra. Y se produce, por consiguiente, la sentencia

escolástica: “cuando la ley natural se borra los hombres caen bajo el influjo de la pasión y pierden entereza para aplicar al caso particular los principios conocidos por modo universal” La naturaleza del fin de un Estado reviste una gran importancia para su constitución, y es revelador comprobar que las obras sobre derecho constitucional omiten, en general. tomar en cuenta este factor. Para el mediocre Montesquieu, el fin del Estado “es la libertad política, el sentido de la seguridad y de la paz de espíritu por modo universal”. Es decir que para justificar los mandatos del Estado se recurre a las razones de su origen como si fuera expresión de la voluntad del Estado. El hombre necesita saber por qué y para qué y con qué garantías se somete al Estado, y éstas no son solamente las que señala una Constitución, sino las que indica la justicia. La cuestión de la justificación del Estado no puede ser hecha con la explicación de sus funciones. No basta asegurar la paz si no sirve para la perfección de los súbditos. Mas, como dice un escritor español, José Corts Grau, los fines del Estado no son asequibles a los gobernantes que carezcan de ideas claras sobre la naturaleza y el destino del hombre y sus caminos de perfección, y agrega una cita de Vázquez de Mella que no tiene desperdicio, y dice así; “Si no afirmáis una unidad de principios jurídicos fundamentales, el Estado no puede garantizar el derecho… En una sociedad donde todo es discutible, en donde no hay ningún principio fundamental intangible, ¿puede afirmarse arriba un DERECHO COMUN? Se dice eso muy fácilmente porque se conserva el vocablo, pero después de haber destruido toda la sustancia que él encerraba. Hablamos de la unidad de derecho y nos engañamos unos a los otros en decirlo. ¿Qué derecho común puede haber entre un kantiano o un panteísta y un positivista? Para uno será derecho la coexistencia de las libertades, puramente mecánica y externa; para otro será la realización de la esencia común, de la cual la muestra no será más que una parte o una determinación; para otro será un producto orgánico, una forma de la fuerza cósmica; para el creyente será la realización libre de un plan preestablecido, correspondiente a una finalidad que se ha de alcanzar, y respecto de la cual la vida no es más que un medio… Si no estamos los hombres de acuerdo, dada la anarquía intelectual en que vivimos, acerca de nosotros mismos, ¿cómo lo vamos e estar acerca de la norma jurídica de nuestros actos?” Cuando en Italia dividida por disensiones y afligida por el terror aparece “EL PRINCIPE” de Maquiavelo, ya se percibe la disociación a que conduce el falso Renacimiento, porque en él, el Estado aparece como un organismo de poder, y el

gobierno como la técnica de adquirir el poder y utilizarlo. Lógicamente, para Maquiavelo el gobernante virtuoso resulta un ente extraño. Pero la expansión y el uso del poder no basta para justificar al Estado; debe existir otro fin. Surge entonces el concepto de que la formación y el mantenimiento de la ley sería ese el fin. Kant nos ofrece el ESTADO JURIDICO, en el que el factor general que determina la ley es el interés común, compartido por todos para gozar del estado civil. Así Kant, considera que el fin del Estado es el de hacer y mantener la ley y asegurar la libertad de sus ciudadanos. Por consiguiente, el individuo debe ser gobernante y gobernado, debe ser una parte independiente en relación con la decisión de la comunidad. El fracaso del liberalismo produjo nostalgia del orden y desengaño del individualismo, pero como toda reacción, fue más allá de lo que debía y cayó en el totalitarismo, desagüe de su desesperación. Fue posible porque el pueblo había sido, antes, reducido a masa. El Estado tiene “fines superiores a los individuos aislados que lo componen”, dice Mussolini, pero no aclara cuáles son esos fines en su relación con el hombre. En esta dispersión ideológica los hombres se encuentran enfrentando a múltiples teorías sobre el Estado, pero en las que todas fallan, lo mismo Kant que Marx, Wilson que Lenin, es en el problema del fin. Kant es unilateral. Marx olvida la esencia misma del hombre; en Wilson los árboles no dejan ver el bosque, o sea el capitalismo, y Lenin conduce a la esclavitud, porque no ve sino al ser biológico. Todos ellos, a la fuerza de desintegrar, han llegado hasta el átomo, pero antes habían desintegrado el espíritu. En fuerza de afirmar la razón negaron la fe, sin comprender que si creemos es, justamente, porque tenemos un alma racional. No se sabe de ningún animal que haya formulado una religión. La concepción del fin del Estado está ligada al concepto que se tenga del hombre. Si se lo concibe, aislada la persona humana de la persona divina, el Estado procurará utilizarlo como un medio sin preocuparse de sus fines. Si se valora el lazo de la obligación moral que une lo humano con lo divino, el Estado será un medio para que el hombre realice sus fines. Si hacemos del hombre un simple ejemplar de la escala zoológica, el concepto del Estado no será el mismo que si vemos en él a un ser iluminado por la luz de la razón y con un destino eterno. Lo esencial, en los pueblos hispánicos, es que, por tradición saben al hombre portador de valores eternos y de un fin propio y sobrenatural. Porque el hombre es, esencialmente, una realidad de orden espiritual. Por eso es PERSONA. Pero la autonomía de que dispone el hombre es relativa en cuanto tiene siempre que ser referida a algo que no puede dejar de tener en cuenta. Puede trazarse un programa de vida pero sabe que corre el riesgo de no poder eludir sus consecuencias, tanto

en el orden natural como en el sobrenatural. Por otra parte, manifiestas limitaciones demuestran que la persona humana tiene imperfecciones. La inteligencia nos expone a errores de raciocinio, la voluntad no siempre está de acuerdo en seguir las vías de la moral más pura y tiende al menor esfuerzo; el espíritu puede conducirnos por el camino de las pasiones; el cuerpo material limita las posibilidades del espíritu y, finalmente, el hombre sólo alcanza su plenitud cuando se somete a la dependencia de la sociedad. Por eso el derecho es anterior a sus fundamentos a toda realización estatal, y su universalidad prevalece sobre las singularidades estatales. Y si el hombre se somete al Estado no es porque le asegure el orden, ni la libertad política, ni la alimentación, sino porque le asegura el cumplimiento de sus fines terrenales y eternos. Por lo cual la crisis actual se explica en cuanto ha perdido la conciencia de sus fines y las formas estatales se desarrollan en el vacío de la pasión y los sentimientos, o en la frialdad intelectualista de las teorías. Lo primero que advertiremos en el español que emprende la conquista de América es un sentido absoluto de la personalidad humana, de cuyos derechos es un celoso defensor. Sabe que las libertades interesan en la medida que pueden ser ejercitadas y no en la medida en que puedan ser promulgadas y, guiado por su sentimiento religioso, se siente amparado por el Estado, en quien ve a un organismo destinado a lograr el bien común. Y el bien común no es sino el cumplimiento de los fines de la persona humana. Sabe que nada, por mayoría que alcance a ser, será capaz de alterar los principios del derecho natural y como tiene de la libertad y la igualdad una noción que ha surgido de un análisis profundo de la naturaleza humana, los fines de la sociedad y la razón de ser de la autoridad, vive un sentimiento democrático puro, natural, que no vincula a ninguna institución sino a principios esenciales que deben ser, y lo son, respetados desde el rey abajo, por todos. El español siente que participa de la Ley Eterna, de la que separó a otros hombres el protestantismo y de sus derivados racionalistas. El liberalismo, para escamotear sus despotismos crea fórmulas alrededor de la “voluntad general”; el español sabe que la voluntad general no basta para modificar la Ley Eterna, ni para crear un nuevo derecho. Cree en la mayoría para considerar el menester administrativo de su vida municipal, pero no para darle forma a su vida. Pío XII ha dicho: “Si el porvenir está reservado a la democracia, una parte esencial de su iglesia, mensajera de la palabra del Redentor y continuadora de su misión salvadora”. El español que llega a América con las primeras jornadas de la conquista sabe eso;

sabe, además, que toda subordinación ha de justificarse por una finalidad superior, por unos derechos naturales, recibidos de Dios, que han de ser definidos inclusive de la voluntad general que pretendiese negarlos; inclusive de la mayoría que pretendiera abolirlos, porque sabe que el número no puede prevalecer sobre la razón, que la masa no puede ser fuente suprema de la verdad política, aunque sea un factor político y aunque su bien deba ser el objetivo de la política. Que es lo que da al sentido democrático hispanista ese contenido jerárquico que la falsificación histórica denomina autoritarismo. Pero ese autoritarismo no condujo nunca al totalitarismo y el liberalismo fue a dar en él, bajo la denominación de “Fascismo” o de “Comunismo”. Porque el español integra su personalidad y la desarrolla en el Estado. De esa integración y desarrollo de su personalidad con aquel Estado que alienta fines espirituales de Imperio surgió la epopeya de la conquista de América y la formación espiritual de los pueblos del continente, de esos pueblos sometidos hoy a instituciones que no comprenden, obras del plagio que los tiene sometidos a imperialismos extraños y nada espirituales, a nombre de la razón, a nombre de ideas superadas por el entendimiento y por la historia y para cuya permanencia se continúa falsificando la historia e inyectando nueva vitalidad a ideas muertas. En ese panorama Argentina busca su propia ruta. La Revolución Nacional proclama en su seno la primacía del hombre, como unidad fundamental. Es el sentido de nuestra tradición hispánica. Fuera de ello, en la historia de las ideas políticas de Argentina sólo hubo falsificación, fraudes históricos para apoyarlos y plagio, plagio a todo evento, en sustitución de cualquier esfuerzo creador.

CAPITULO SEGUNDO

EL PROBLEMA DE LOS “JUSTOS TITULOS” Y EL DE LA SERVIDUMBRE NATURAL Y LA LIBERTAD CRISTIANA

1.- EL DERECHO NATURAL Y LA CONQUISTA DE AMERICA-

Considerar el desarrollo de las ideas políticas en América sin tener en cuenta el sentido íntimo de la empresa española de conquista equivale a renunciar a aquello mismo cuya comprensión interesa. Si España hubiera desarrollado una empresa tipo Imperialista es posible que los elementos autoritarios propios de su personalidad política se habrían visto aumentados en el Nuevo Mundo, más, si lo que se lleva a cabo es una empresa similar a las que conduce a las tropas españolas a luchar en Europa, o sea, la defensa y la expansión de la fe católica, de acuerdo al

sentido espiritual con que concibe al Imperio, el problema histórico se modifica sustancialmente. En lo que a las ideas políticas se refiere el Imperialismo habría significado una denuncia, en cuanto a América, de los conceptos básicos vinculados al Derecho Natural, que mientras si la empresa adquiere el carácter de cruzada, las vigencias de las normas de ese derecho eran una consecuencia ineludible y, por consiguiente, efectivo el transplante al Nuevo Mundo de los conceptos de libertad cristiana que poseía el español de la época. De ahí que la cuestión de los “Justos Títulos”, a la que se vincula el de la servidumbre y la libertad, o sea, el interrogatorio a que España somete su conciencia respecto a la calidad de sus títulos para proseguir la conquista de América, y a su posición frente a los naturales de la misma, adquiere singular importancia a los fines de formular juicios históricos válidos respecto a las ideas políticas traídas, a las tierras descubiertas por Colón, por sus conquistadores. Sabido es que en la época dominaba en Europa la doctrina del estagirita sobre la servidumbre natural, expuesta por Aristóteles en “POLITICA”, libro I, capítulo II, donde se lee que la familia, en su forma perfecta, se compone de esclavos y libres. La cualidad esencial del esclavo se define así: el ser humano que por naturaleza pertenece, no a sí mismo, sino a otro, es por naturaleza un esclavo; una persona es un ser humano perteneciente a otro si, siendo un hombre, es un artículo de propiedad; un artículo de propiedad es un instrumento de acción separable de su propietario. La autoridad y la obediencia son estados, no solo inevitables, sino también convenientes. En algunos casos desde el momento de su nacimiento hay quienes nacen para gobernar o ser gobernados. Son esclavos por naturaleza aquellos cuya función consiste en el empleo del cuerpo y de los cuáles esto es lo más elevado que puede obtenerse. Esta clase de autoridad les es provechosa como a las partes sometidas ya mencionadas. “porque es esclavo por naturaleza quien puede pertenecer a otro y quien goza de razón hasta el grado de percibirla, pero sin poseerla” No dejó Aristóteles de comprender las razones que tenían los contrarios a la esclavitud, y así aclara que los términos esclavitud y esclavo son ambiguos; porque hay hombres esclavos por efecto de la ley, pues ésta es una especie de acuerdo bajo el cual las cosas tomadas en guerra se dice que pertenecen a los vencedores. Señala que los que tal sostienen no dicen que pueda ser esclavizado un griego tomado en guerra justa, sino sólo los bárbaros. Con lo cual, dice el estagirita, sostienen que existen quienes han nacido para la servidumbre natural. Destaca el

filósofo que cuando la esclavitud legal no coincida con la natural se da el caso de esclavos que no lo son por naturaleza; pero en otras ocasiones la distinción natural existe, cuando la esclavitud de los unos y el dominio de los otros son justos y ventajosos y es propio de una parte ser gobernada y de la otra gobernar por la forma de regimiento a que las destina la naturaleza, o sea, por el ejercicio del señorío, en tanto que el gobierno malo se caracteriza por las desventajas que trae a ambas partes. En el libro I, capítulo V, dice que el arte militar es, en cierta manera, arte de poseer; pues lo es el arte de cazar, que es parte del primero, y del cual conviene usar contra las fieras, y también contra aquellos hombres que, siendo ya nacidos de suyo para ser sujetos, no lo quieren ser, como guerra que será naturalmente justa. Tanto Cicerón como Séneca negaron por convencional la distinción entre libre o esclavo, adhiriéndose a la teoría de la libertad natural, doctrina que los padres de la Iglesia expresaron afirmando que Dios hizo a los hombres libres e iguales y, sobre todo, mediante la traducción progresiva, como dice Silvio Zavala, de la idea abstracta a la realidad práctica. Los hombres, sean libres o esclavos, están llamados a una vida común en Cristo y en Dios, a reconocer en éste al padre común y a considerarse entre sí como hermanos, dice la doctrina católica, a pesar de lo cual no dejó de admitirse la esclavitud en el mundo caído en el pecado, al igual -dice Zavala- que otras instituciones sociales comparables con medicamentos amargos, pero convenientes para la vida de los hombres pecadores. Esta tradición fue expresada en las “PARTIDAS”, en los siguientes términos: “Servidumbre en postura et establecimiento qui ficieron antiguamente las gentes, por la qual los homes, que eran naturalmente libres, se facian siervos et se sometían a señorío de otri contra razón de natural”. Se ha sostenido que fueron las exageradas demandas de Bartolomé de las Casas las que llevaron a la conciencia de los reyes la duda sobre los legítimos derechos a la conquista del Nuevo Mundo. La Bula de Donación, solicitada al Papado por los reyes, demuestra que, desde el momento inicial el problema fue efectivo en los monarcas. Y con él se planteó la cuestión de los indios. A raíz del envío por Colón de buen número de indios para ser vendidos a su agente de negocios, Juanoto Berardi, surgió la Real Cédula de 20 de Junio de 1500, ordenando la libertad de los cautivos, a título de ser libres; y por otra, de 20 de Diciembre de 1503, se le dieron instrucciones a los conquistadores que decían:

“Sepades que el rey mi señor y yo, con celo que todas las personas que viven y están en la Islas, en Tierra firme del mar océano, fuesen cristianos y se redujesen a nuestra santa fe católica, hovimos mandados por una nuestra carta que persona, ni personas algunas, de las que por nuestro mandado fuesen a las dichas Islas a Tierra firme, no fuese osado de prender, ni a cautivar a ninguna ni alguna persona, ni persona de los indios de las dichas Islas e Tierra firme del dicho mar Océano, para los traer a estos mis reinos, ni para los llevar a otras partes algunas, ni les ficiesen otro ningún mal, ni daño en sus personas, ni en sus bienes, so ciertas penas, en la dicha nuestra carta contenidas, y aun por les hacer más merced, porque algunas personas hayan traído de las dichas Islas alguno de los dichos indios, se los mandamos tomar, e los mandamos a poner e fueron puestos en libertad, y después de todo esto fecho por los más convencer a animar que fuesen cristianos e como viviesen como hombres de nuestros capitanes fuesen a las dichas Islas e tierra firme del dicho mar Océano e invitamos con ellos algunos religiosos que predicasen e adoctrinasen en las cosas de nuestra santa fe católica”. Fueron entonces exceptuados los caníbales por su fiereza, quienes se dedicaban a coleccionar cabezas de cristianos. Reafirmó la reina Isabel su intención misional en su testamento, al decir que “nuestra principal intención, fue al tiempo que suplicamos al Papa Alejandro VI, de buena memoria, que nos hizo la dicha concesión, de procurar inducir y traer los pueblos de ellas y los convertir a nuestra Santa Fe Católica…”, orientación que no modificó Fernando, después de la muerte de su esposa, como lo demuestra en su carta a Diego Colón, el 3 de Mayo de 1509, en lo que le dice: “Mi principal deseo siempre ha sido y es en estas cosas de las Indias que los indios se conviertan… para que sus ánimas no se pierdan”. Los repartimientos de indios con las llamadas encomiendas habían nacido poco antes. Era natural que se tratara de explotar y aprovechar las riquezas de las nuevas tierras. Hacerlo no estaba en pugna con ningún principio, máxime cuando la conquista costaba cara y las finanzas de la corona no eran holgadas. Sin indios no había indias, es decir, no había posibilidad alguna de reproducción, ni de vida, de manera que las exigencias de orden práctico impusieron acciones no deseables, sobre todo porque no se podía pretender que cada español arrostrara los peligros por el sólo ideal cristiano. Por otra parte, la falta de preparación del indio para el trabajo disciplinado y colectivo, y su carencia de todo sentido de la libertad, conspiraban contra él. Las instrucciones dadas a Obando en 1501, y las complementarias de 1503, encargan se busque la forma de que el indio trabaje

pero que se les convenza para lograrlo “de su voluntad” libre, pagándole sus “jornales” y con buen tratamiento, pero la realidad dijo que, con tal filantropismo, no se lograría nada; lo que determinó que, en 1503, la reina Isabel consagrara legalmente los repartimientos, aceptando el trabajo forzoso, aunque pagándoles salario, “por ser hombres libres”. Este salario no quedaba sujeto a la voluntad de las partes libres, sino que debía ser establecido por el Estado. El propósito fue disciplinar a los indios, acostumbrándolos al trabajo, pues los informes de Obando habían demostrado que, declarada la “absoluta libertad de los indios”, huían de toda comunicación con los cristianos, “y no querían trabajar ni con paga, y que tampoco se le podía adoctrinar”. El rey Fernando confirmó el reparto de indios por uno, dos o tres años, “como por naborías y no como esclavos, porque parece que señalar los dichos indios por vida es un cargo de conciencia, y a esto no se ha de dar lugar” El problema de los indios condujo a otro: el de los “justos títulos” de España para proseguir la conquista. Cuando en 1511 Fernando se ocupa de organizar el Consejo de Indias en la primera ordenanza que les dicta, dice: “Según la obligación, y cargo, con que somos Señor de la Indias y estados del Mar Océano, ninguna cosa deseamos más, que la publicación y ampliación de la Ley Evangélica y la conversión de los indios a nuestra Santa Fe Católica. Y porque a esto, COMO EL PRINCIPAL INTENTO QUE TENEMOS, enderezamos nuestros pensamientos y cuidados: Mandamos, y cuanto podemos, encargamos a los de nuestro Consejo de las Indias, QUE POSPUESTO TODO OTRO RESPETO DE APROVECHAMIENTO E INTERESES, tengan por principal cuidado las cosas de la conversión y la doctrina, y sobre todo, se desvelen y ocupen con todas sus fuerzas y entendimiento en proveer ministros suficientes para ella, poniendo los otros medios necesarios y convenientes, para los indios y naturales de aquellas partes se conviertan y conserven el conocimiento de Dios Nuestro Señor, a honra y alabanza de su Santo Nombre. De manera que cumpliendo Nos en esta parte, que tanto nos obliga, y a que tanto deseamos satisfacer, los del dicho Consejo descargarán sus conciencias, pues con ello descargamos Nos la Nuestra”. Para el rey la Bula de Donación era título suficiente, que comprometía su conciencia. Pero en el cuarto domingo de Adviento, de 1511, vísperas de Navidad, en la catedral de Santo Domingo, un dominico, el P. Montesinos, sube al púlpito para lanzar duros apóstrofes con los que maltratan a los indios. Y dice: “¿Con qué derecho, con qué justicia tenéis en tal cruel y horrible servidumbre aquestos indios? ¿Con qué autoridad habéis hecho tan detestables guerras a estas gentes que

estaban en sus tierras mansos y pacíficos, donde tan infinito de ellos, con muertes y estragos nunca oídos, habéis consumido? ¿Cómo los tenéis tan opresos y fatigados, sin darles de comer y sin curar sus enfermedades?... ¿ESTOS NO SON HOMBRES? ¿NO TIENEN ANIMAS RACIONALES? … ¿ESTO NO ENTENDEIS? ¿ESTO NO SENTIS?… Tened en cuenta que en el estado que estáis no os podéis más salvar que los moros o turcos que carecen y no quieren la fe de Cristo”. Frente al indio, los postulados del derecho natural, que amparaban las teorías de la libertad cristiana, se oponen no sólo en la mentalidad de la Orden de los Predicadores, sino en la del propio soberano cuando las críticas de los dominios llegan a su conocimiento. 2.- PROBLEMAS DE CONCIENCIA ANTE LA CONQUISTA.

El escritor cubano Chacón y Calvo dice que España es el único caso de una nación que revisa su propia obra con un verdadero examen de conciencia. El P. Bartolomé de las Casas nos ha dejado el relato de las consecuencias del celebrado sermón del P. Montesinos. Cuando sus ecos llegaron a la corte, el espíritu soberano se pobló de dudas, que aumentaron con los informes contrarios de personajes encumbrados de América, como el tesorero Pasamonte, así como por las representaciones del enviado franciscano, fray Alonso de Espinar. Encargó el rey al doctor Juan López de Palacios Rubios que estudiara el problema, lo que éste hizo durante los años 1512-1514, componiendo un tratado sobre las Islas del Mar Océana, con el que trató de demostrar, apoyándose en amplia fundamentación teórica, que si los infieles no reconocían el dominio de la Iglesia o no admitían a los predicadores de la fe, se les podía hacer guerra justa y esclavizarlos, como consecuencia de ella; pero si los infieles no oponían resistencia a los cristianos y admitían a los predicadores, no obstante, como mucho de ellos eran incapaces, pues no sabían siquiera gobernarse, podían ser considerados, en sentido lato, esclavos, o sea, nacidos para servir y no para mandar. Se apoyó en estas tesis en la “POLITICA”, del Estagirita, y en “DE REGIMINE PRINCIPUM”, atribuida al Aquinense, sosteniendo el concepto de la servidumbre legal, pues afirma que Dios creó a los hombres iguales y libres, pero las guerras originaron la esclavitud. Mas, admite, a pesar de todo, la servidumbre natural, cuando dice que algunos de los indios son tan ineptos e incapaces que no saben en absoluto gobernarse, por lo que, en sentido lato, pueden ser llamados esclavos, como nacidos para servir y no para mandar;

insistiendo en caracterizar la servidumbre natural como un estado menos gravoso y hasta compatible con la realidad jurídica. Sólo es servidumbre en sentido amplio: los infieles pacíficos, pero incapaces racionalmente, son libres y, como tales; no están obligados a desempeñar oficios serviles y contrarios a la libertad misma, lo que hace preguntar a Silvio Zavala: “¿Cuál era en la práctica ese estado de servidumbre de los infieles que, sin privarlos legalmente de su libertad, los sometían al gobierno de los hombres más sabios y experimentados?”, y se contesta: “Creo que Palacios Rubio piensa concretamente en la institución de las encomiendas”, y agrega: “si nuestra suposición es correcta, Palacios Rubios fue de los primeros, aunque no el último, en aplicar la doctrina de la servidumbre por naturaleza al tema particular de la encomienda, interpretada como una institución para el gobierno de los indios”. Simultáneamente con lo ordenado a Palacios Rubios el rey reunía en Burgos 1512- una junta de teólogos, canonistas y jurisconsultos para examinar los problemas jurídicos americanos. Las palabras del P. Montesinos habían afectado a tal punto al rey, que éste, en carta a Diego Colón, de 12 de Marzo de 1512, dábale cuenta que los repartimientos habían sido concedidos después de consultar a juristas y teólogos, de manera que la actitud de Montesinos le parecía “sin ningún buen fundamento de teología, ni cánones, ni leyes”, y agrega: “En cuanto a la servidumbre que los indios hacen a los cristianos, mucho más me he maravillado de los que no quisieron absolver a los que se fueron a confesar, sin que primero pusiesen los indios en su libertad, habiéndoselos dado por mi mandado, que si algún cargo de conciencia para ello podía haber, lo que no hay, era para mí y para los que nos aconsejaron que se ordenase lo que está ordenado y no de los que tienen indios”. En la misma daba cuenta de que los miembros del Consejo habían estado de acuerdo en que los dominicos fueran metidos “en un navío… y los enviáredes acá a su Superior para dar razón que les movió a hacer cosa de tan grande novedad y tan sin fundamento, y el los castigase muy bien, como era razón. Yo mandé hablar de ello con el su Provincial, y para más justificar la causa, el cual, y otros de estos reinos por él, me suplicaron que yo mandase a traerlos, puesto que su yerro no había sido de sobrada calidad, y por no estar bien informados de ninguna de las causas que nos movieron a mí y a La Reina a mandar dar a los indios por repartimiento, y aun creyendo que no teníamos donación en esa Isla y de las otras tierras de esas partes de nuestro muy Santo Padre, como la tenemos, y aún por no alcanzar tanto en la Sagrada Escritura, como sería razón; que luego fuesen avisados por él, conocerían su falta y se enmendarían

eternamente y remediarían lo que han dañado, y así les escribe él para que no prediquen más esa materia ni hablen de ella. Y yo, porque siempre tuve mucha devoción a esta Orden, no quería que en mi tiempo recibiesen alguna afrenta, hobe por bien que quedasen allá, con tanto que no hablen en púlpito ni fuera de él, direte ni indirete, más en esta materia ni en otras semejantes”. Los encomenderos aprovecharon las circunstancias para defenderse, sobre todo después de un segundo sermón de Montesinos, quien partió a España y logró, no sin trabajo, llegar al rey y decirle lo que ocurría en la Isla. La consecuencia de tal informe fue la convocatoria a la Junta de Burgos. En ella, el dominico Bernardo de Mesa, que fue obispo electo en Cuba, formuló su parecer por escrito, afirmando que los indios no eran siervos por derecho, “porque no fueron conquistados al principio por la introducción de la fe, ni por razón de su infidelidad, porque la infidelidad0 en ellos no era pecado; ni menos son siervos por compra, ni menos son siervos por natividad, porque naturalmente todos los hombres son libres; ni menos eran siervos por estimación de Su Alteza, ni de la reina Isabel de gloriosa memoria, que siempre los llamaron libres, y era manifiesta señal de libertad”. Sin embargo, reconocía que la falta de entendimiento y la ausencia de firmeza para perseverar en la fe y en las buenas costumbres, hacía de los indígenas seres que debían ser regidos, vigilados, por lo cual se manifestaba partidario de los repartimientos que se venían usando en las islas ocupadas por los españoles. Fray Matías de la Paz fue encargado de recapitular, por dato regio, las razones aducidas en la Junta de Burgos. Las resoluciones fueron sintetizadas en los siguientes puntos: “1º A nuestros reyes, con la autorización del Papa es lícito gobernar las Indias con régimen político y anexionarlas a Europa; 2º - Los que esclavizaron a los indios están obligados a restituir en la medida del lucro obtenido y los daños causados; 3º - Como nadie MILITAT SUIS STIPENDIIS, será lícito imponer allí tributos y pedir servicios, aún mayores que los exigidos por los españoles, puesto que los gastos resulten allá más elevados. Procédase en esto con moderación, para que no maldigan el nombre de Dios; 4º - Se ha notado que, teniéndoles por esclavos, dejan la fe, blasfeman el nombre de Dios y las embarazadas abortan NE FOETUS SUOS IN TALEM SERVITUTEM REDIGANTUR, dice Paz, que la caridad fuerza al darles libertad, SUPPOSITO, UT DIXI, QUOD FIDES NON AUGMENTATUR, SED POTIUS, DEIMITTITUR PROPTER TALEM SERVITUTEM; ET SI DEIMITTERENTUR LIBERI, MAGIS AUGEAUTUR”.

En una crónica de esta Junta, redactada en 1516, se lee que el rey encargó a fray Alonso de Espinar, a don Pedro García de Carrión y al bachiller Enciso, que habían estado en las Indias, que se reuniesen en San Francisco y, por capítulos, hicieran una orden de como los indios viviesen y pudiesen ser cristianos. La crónica dice: “Estas ordenanzas fueron dadas al rey y mostradas a los maestros teólogos y obispos que ellas entendían, los cuales las aprobaron y hubieron por buenas, y se imprimieron y se enviaron a la Indias…” Estas ordenanzas se expresaron en 32 leyes, por las que se fijaron principios de libertad de trabajo de los indios, establecimiento de límites a las jornadas de labor, remuneraciones justas, etc., etc. Pero el problema de los “Justos Títulos” de la soberanía española para proseguir la conquista no fue resuelto, pues, a pesar de las resoluciones de Paz, que fueron un modelo de equilibrio entre las distintas doctrinas en boga sobre el tema, así como entre las teorías y la realidad americana, quedaron pendientes algunos conceptos que habrían de ser desarrollados por Juntas posteriores; y uno de ellos referente a no ser potestad de la Iglesia privar a los infieles del mando otorgado por la naturaleza, v.g., el del padre sobre el hijo, que no ha llegado a la mayoría de edad, pero aceptando que pueda serle quitado el dominio político, MERITO SUOE INFIDELITATIS, pues, en este caso, lo tendrían por tolerancia de la Iglesia. Las Leyes de Burgos fueron una transacción, que dejó subsistente el régimen de encomiendas, aunque rodeándolos de ciertas garantías. En ellas se salvan los derechos fundamentales de los indios, y se afirma la libertad de los encomendados, afianzando el concepto de su racionalidad. Con todo, se supone la existencia de indios tomados en guerra justa y esclavizados por dicha causa, aunque no se olvidan de mandar sean bien tratados. En esos días llegó a España el P. Pedro de Córdoba, quien, al recibir en La Española la carta del Provincial, Alonso de Loaisa, a que se refiere la citada carta del rey a Diego Colón, creyó conveniente deshacer equívocos personalmente, y ayudar a P. Montesinos. El P. Pedro de Córdoba se manifestó contrario a las Leyes de Burgos, y así lo hizo notar en sus entrevistas con el P. Loaisa y con el rey, determinando que éste supiera citar a nueva junta a fin de considerar las leyes complementarias que no modificaron sustancialmente la situación. 3.- ORIGEN DEL REQUERIMIENTO.

Estrechamente ligado al problema de la servidumbre o la libertad respecto a los

indios, se encontraba el de los “justos títulos”, que había sido planteado por primera vez por el dominico escocés John Maior, profesor de nominales en París. Cuando se realiza la expedición de Pedrarias Dávila, al Darién, poca segura la corona sobre la solidez del sólo título pontíficio, encargó al Dr. Palacios Rubios la redacción de un “requerimiento” que los capitales españoles deberían leer a los indios antes de hacerles guerra. Se dirigía a los “moradores de las Islas y tierra firme del mar Océano QUE AUN NO ESTAN SUJETOS A NUESTRO SEÑOR”, es decir, era un documento para el ingreso en regiones nuevas. El capitán, “en nombre de don Hernando el quinto de las Españas”, debía notificar y hacer saber a los indios que Dios existe, que creó al mundo, que existe un Papa al que el Señor encargó, “que de todos los hombres del mundo fuese señor e superior, a quién todos obedeciesen, y fuese cabeza de todo linaje humano donde quieran que los hombres viviesen y estuviesen en el cualquier ley, secta o creencia, y dióle a todo el mundo por su reino, señorío y jurisdicción”. A renglón seguido se informaba de cómo el Papa había hecho donación a los reyes de Castilla de las tierras de América, que por eso Sus Altezas eran reyes de las Indias y que, como a tales reyes los indios debían obedecer, que así lo deliberaran y “reconozcan a la Iglesia por Señora y superiora del universo mundo y al Sumo Pontífice en su nombre, y al Rey y a la reina nuestros señores, en su lugar, como a superiores e señores y reyes desas islas y tierra firme, por virtud de la dicha donación”. Se los invitaba a sujetarse, lo cual el rey le concedería privilegios y mercedes; de lo contrario:“certificoos que con la ayuda de Dios yo entraré poderosamente sobre vosotros y vos haré guerra por todas las partes y manera que yo pudiere, y vos sujetaré al yugo y obediencia de la Iglesia y Sus Altezas, y tomaré vuestras personas y de vuestras mujeres e hijos, y los haré esclavos, y como tales los venderé, y dispondré de ellos como Su Alteza mandaré y vos tomaré nuestros bienes y vos haré todos los males y daños que pudiere, como a vasallos que no obedecen ni quieren recibir a su señor y le resisten y contradicen…” Gonzalo Fernández de Oviedo, que formó parte en la expedición de Pedrarias Dávila, relata la suerte del “requerimiento”, diciendo: “Mandó el gobernador que yo llevase el requerimiento SCRIPTIS que se había de hacer a los indios, y me lo dio de su mano, como si yo entendiera a los indios para se lo leer, o tuviéramos allí quien se lo diese a entender queriéndolo ellos oír, pues mostrarles el papel donde estaba escrito poco hacía al caso. En presencia de todos yo les dije: “Señor, paréceme que estos indios no quieren escuchar la teología de este requerimiento, ni vos tenéis quien se la dé a entender. Mande vuestra merced guardarle hasta que

tengamos alguno de estos indios en la jaula para que despacio lo aprendan, y él le tomó con mucha risa de él e todos los que me oyeron”. Lo expresado por Oviedo no admitía réplica. El P. Las Casas lo hizo notar diciendo: “que es cosa de reír, o de llorar por mejor decir, que creyesen los del Consejo del Rey que estas gentes fueran más obligadas a recibir al rey por señor, que por Dios y creador de Cristo, pues para recibir la fe no pueden ser forzadas y con penas de ser requeridas, y para que diesen obediencia al rey, ordenaban los del Consejo fuesen constreñidos”. Las Casas señalaba, además, que Palacios Rubios se basaba “en los errores del Ostiense”, al aceptar la teoría del IMPERIUM del pontificado, agregando que no se podía requerir a los indios la aceptación de una religión en la que no habían sido instruidos y que la proposición de sometimiento destruía el derecho natural de los reyes indios, en antiquísima posesión de sus señoríos y cacicazgos, y agrega: “¿cómo pedirles obediencia para rey extraño sin hacer ni tratado ni contrato o concierto entre sí sobre la buena y justa manera de hacer de parte de ellos, el cual tratado, el principio, en la elección y recibimiento del nuevo rey, o del nuevo sucesor, si es antiguo aquel estado, se suele y debe hacer y jurar de razón y ley natural?” Y si era posible que aceptasen una religión que no les había sido explicada, lo esencial es que ni siquiera se podían enterar de que era eso sobre lo que los requería, por el desconocimiento mutuo de los respectivos idiomas. Pero en episodios como el del “requerimiento”, a pesar de la ingenuidad leguleya que revela, hay que destacar su espíritu. Manzano y Manzano señala la íntima correlación de los fines políticos en ese primer planteamiento del problema indiano, el cual cabe destacarlo, estuvo lejos de contar la aprobación de la mayoría de los religiosos. 4.- LA JUNTA DE BARCELONA, DE 1519, Y LA DE LA CORUÑA, DE 1520.

Vueltos el P. Montesinos y el P. Pedro de Córdoba a La Española, con nuevos misioneros, trataron de poner en práctica el envío de misioneros aislados donde no hubiesen llegado soldados españoles. Se trataba de realizar la evangelización sin armas, empresa a la que se unieron los franciscanos, y que por distintas causas, fracasó. Las encomiendas seguían creciendo, y es entonces que Bartolomé de las Casas se embarca en septiembre de 1515 para la metrópoli, en campaña de P. Montesinos, a quien llevaba asuntos de la orden. En Madrid logran entrevistarse con el regente, Cardenal Cisneros, y el embajador Adriano, que más tarde fue Papa,

de cuyas entrevistas surge el envió, por Cisneros, a La Española, de un gobierno encargado de los frailes Jerónimos, en nobilísimo intento que fracasó. Cisneros volvió a proclamar la condición libre de los indios y recomendó reunirlos en pueblos de indios libres, lo que los encomenderos consideraban imposible y los Jerónimos no pudieron dejar de convencerse de que así era en realidad. En busca de remedios proponen que las encomiendas se hagan a perpetuidad, entendiendo con ello que los indios serán mejor tratados por los encomenderos, con la oposición de dos dominicos, que enviaron un largo alegato, redactado por el P. Bernardo de Santo Domingo, demostrando que el trato dado a los naturales era ilícito. En 1518 se habían dictado las llamadas “Ordenanzas de Zaragoza” entregadas a Figueroa, que coincidían con las de Burgos, en las que se decía que “entre los indios naturales de las Indias hay muchos que tienen tanta capacidad e habilidad que podrán vivir por si en pueblos, políticamente como viven los cristianos españoles, e servirnos como nuestros vasallos, sin estar encomendados a cristianos españoles”. A los tales había que dejarlos en libertad, imponiendo penas a los que estorbaran el cumplimiento de estas disposiciones. Los reyes querían vasallos libres, no querían las encomiendas, pero la realidad era en América cosa distinta que las teorizaciones de la metrópoli. En 1517, en una reunión de teólogos de la Orden de los Predicadores, se había resuelto considerar herética la opinión que negaba a los naturales de las Indias capacidad para recibir la religión católica. Desde tal punto de vista la presencia del P. Las Casas determina que, estando la corte en Barcelona, tenga lugar, en 1518, una Junta informativa sobre los asuntos americanos. En ellas intervinieron figuras tan destacadas como la del fray Juan Quevedo, obispo del Darién, y un franciscano, recién arribado de las Indias, que relató algunos abusos que había comprobado de parte de los españoles hacia los naturales, y el famoso Las Casas, quien fundó razones en defensa de los indios. Fray Quevedo sostuvo que los indios eran siervos a natura, en base a los principios de Aristóteles, según la crónica que de la Junta hizo el P. Las Casas, pero, por el resumen que ofrece, en su “HISTORIA DE LAS INDIAS”, de un parecer escrito del referido Quevedo, resulta que éste consideraba injusta la guerra contra los indios, por falta de autoridad y causa justa, por cuya razón, los cautivos tomados en esa guerra no eran ni podían ser esclavos; asimismo sostenían que los indios no eran siervos a natura, porque la servidumbre natural requiere tres elementos: “1º Que el señor exceda al siervo en prudencia y razón y que el siervo carezca del todo de éstas; 2º Que sea de tanta utilidad al señor el siervo como al

siervo el señor; 3º Que el siervo natural no sea compelido por cualquier persona a servir al señor natural, sino por el príncipe o persona con autoridad pública”. Quevedo sostenía que estas conclusiones no concurrían en el caso a consideración, por necesitarse la autoridad del rey y sólo haber utilidad del señor y no del siervo. De paso aclaró que el siervo natural, en el Nuevo Mundo, correspondía en la práctica al indio que vulgarmente era llamado NABORIA. Como señala Silvio Zabala, no se sabe si entre el discurso de Quevedo en la Junta de Barcelona y este escrito medió el tiempo necesario para que el obispo del Darién cambiara su opinión, o si la versión de aquel discurso, hecha por Las Casas es insegura y debe corregirse a la vista del resumen del parecer escrito, pues lo cierto es que, en este último desautoriza la esclavitud legal del indio y por lo que se refiere a la servidumbre natural la disminuye al añadirle, al gusto escolástico, el requisito de la autoridad. Poco antes de la Junta de Barcelona, una resolución puesta a un escrito presentado al Consejo de Indias por el P. Las Casas, y firmado por fray Martín de Paz, Palacios Rubios, fray Tomás Durán y fray Pedro de Cola Rubia, dice: “Lo primero, que pueblos indios son libres, y sus Altezas, que hayan santa gloria, los mandaron a tratar como libres, como así se sabía. La segunda, que han de ser instruidos en la fe, como el Papa lo manda en sus Bulas y SS.AA. lo mandaron por su carta. Lo tercero, que se les puede mandar que trabajen pero que el trabajo sea de tal manera, que no sea impedimento a la instrucción de la fe y sea provechoso a ellos y a la república, y S.A sea aprovechado y servido por razón de señorío y servicios que le es debido, y por esta manera tenerlos en las cosas de nuestra Santa Fe e institución…, etc. Casi en la misma época, y también en Barcelona, los predicadores del rey, entre ellos el P. Miguel de Salamanca, O.P., que fue más tarde obispo de Cuba; el P. Alonso de León, teólogo franciscano; los hermanos Coronel y el P. Medina, con otros dominicos y un agustino, después de analizar las leyes dadas, en reuniones celebradas en el convento dominico de Santa Catalina, dieron un informe protestando contra la unificación de los indios. En toda república bien organizada dicen- necesariamente hay diferencias, y no todos han de ser cavadores. Los indios son libres y la encomienda los convierte en esclavos, contra el derecho divino y humano. “¡Cuál Rey, ni príncipe del mundo -agregan- ni justo, ni tirano, hizo ni pudo hacer, de recto, que todo su pueblo trabajase más de los nueve meses del año para él y para los que el señalase!”. Afirman que la encomienda es contraria a la prudencia y buen gobierno, pues no hay forma de evitar sus abusos. Después de

señalar las tres vías que conducen a un rey al señorío de un pueblo, advierten que el Papa no les privó de su señorío a los príncipes de aquellas tierras, pues no eran infectadores de la fe ni cismáticos. Eran sólo infieles y la “infidelidad no basta para privarles del dominio en tierras que no conocieron nuestra fe”, ni estuvieron sujetas a la Iglesia. “Restan, pues, manifiestamente, que el dominio y el señorío del Rey nuestro Señor depende, o del bien y el acrecentamiento que procura a aquella República, como suena la donación apostólica, o de lo voluntad de aquellos pueblos, pues este medio de las encomiendas destruye y deshace aquella República en lo espiritual y temporal, y hace aquellos vasallos involuntarios, como por muchos ejemplos ha contado, ERGO QUITALE TODO DERECHO QUE A AQUELLOS TIENE, y donde se piensa por aquel medio hacerle señor, LE HACEN TIRANO”. Puede decirse que lo sustancial de la tesis que, posteriormente, formulará el P. Francisco de Vitoria, se encuentra condensado en este notable despacho. Las polémicas alrededor de los problemas vinculados a la servidumbre natural y a la libertad cristiana se prolongaron mucho tiempo. En 1520, encontrándose la corte en La Coruña, a punto de embarcarse para Flandes, se volvió a reunir la Junta para considerar el caso de América, y refiere el P. Las Casas: “En cierta sesión que se tuvo en aquellos siete días, el cardenal Adriano, que después fue Papa, hizo a todos una solemnísima y doctísima oración, probando con razones naturales, autoridades de la ley divina y de los santos doctores, de los derechos y leyes humanas y eclesiásticas, como aquellas gentes infieles habían de ser traídas al conocimiento de Dios y al gremio de su Santa Iglesia, por paz y amor y vida evangélica, según la forma por Cristo establecida, y no por guerra y servidumbre, tácitamente condenando la vía mahometana que, en entrar en estas tierras, nuestra gente española había tenido… por manera que allí se determinó, generalmente, que los indios deberían ser libres y traídos a la fe por la vía que Cristo dejó establecida”. Resuelta en la Junta de La Coruña la libertad de los indios se expidieron las cédulas correspondientes. Poco antes, el 18 de Mayo de 1528, Carlos V había ordenado al juez Figueroa para que, por vía de experimento, reuniera algunos indios en pueblos libres, a fin de saber con seguridad si eran capaces de vivir libremente. Figueroa debió decir que era necesario disimular las encomiendas, porque de otra manera no podrían sostenerse los vecinos, dando cuenta de que había formado dos pueblos de indios libres con resultado desastroso, pues “hacen perezosamente

lo que han menester para comer, y no más”. A pesar de ello, dado lo resuelto en La Coruña, Figueroa escribía al emperador, el 13 de Noviembre de 1520: “Recibí la carta de V.M de La Coruña en que declara ser los indios libres, y que no se deben encomendar, y manda que los que yo tenía puestos en población de pueblos para ver para cuánto eran, se estén, y se multipliquen los pueblos y se pongan en ellos los de aquí en adelante se sacaren (de las encomiendas que vacaren), poniendo en ello clérigos que los administren, y que se pregonen ciertos capítulos de la dicha carta. Todo se cumplirá, aunque cierto, si no se encomiendan, por más visitadores y ordenanzas ellos se acabarán”. Sin encomiendas las islas no podían continuar, de manera que hubo que adoptar un sistema intermedio, encomendándolos como “lugares de behetría de Castilla”, es decir, entregándolos por voluntad de los indios, mediante salario, como a personas libres.

5.- NUEVOS PLANTEOS DEL PROBLEMA AMERICANO.

La conquista de México por Hernán Cortés amplió de pronto el panorama de la realidad americana. En 1523 había tenido lugar en Valladolid una nueva Junta que ratificó lo resulto en La Coruña contra los repartimientos, y las Cortes celebradas en esa ciudad formularon una petición que pasó a formar parte de la “RECOPILACION DE CASTILLA”, prohibiendo hacer merced de indios a persona alguna. Ante semejante opinión, puede calcularse el efecto que hizo la noticia de que Cortés había efectuado repartimientos en México. Desde Valladolid, el 26 de Junio de 1523, Carlos V se dirigió al conquistador diciéndole de como “Dios nuestro señor crió los dichos indios libres e no sujetos”, por lo cual, “no podemos mandarlos a encomendar ni hacer repartimiento de ellos a los cristianos que en esa dicha tierra no hagáis ni consistáis hacer repartimiento, ni depósito de los indios de ellas, sino que los dejéis vivir libremente, como nuestros vasallos viven en nuestros reinos de Castilla…” Cortés mantuvo en secreto esta carta. Escribió al emperador demostrándole que, sin ayuda de los naturales, los españoles no podían vivir ni mantenerse; decían que las encomiendas libraban a los indios del cautiverio en que los tenían sus antiguos señores, quienes le tomaban toda su hacienda y sus hijos, hijas y parientes, y a los indios mayores los sacrificaban a los ídolos. Además, suprimidos los encomenderos, “era menester con cada fraile que fuese a predicar a un pueblo, ir una guarnición, y ésta, con tres

días que estuviese en el pueblo, le dejaría asolado”. La cuestión indios era vista desde una faz, en España, pero en América, según de qué indios se trataba, bajo otra, pues la ampliación de la conquista demostró que entre los naturales existían diferencias verticales. La idea de substituir el trabajo forzado de los indios por tributos, era una ilusión, de manera que comenzó a surgir la idea, ya propuesta por los frailes Jerónimos, de dar las encomiendas a perpetuidad, entendiendo que de esa manera los favorecidos tratarían mejor a los indios, pues la extirpación de los mismos importaría dilapidar el propio capital. Es así como, saltando pequeños episodios, llegamos a 1526, cuando franciscanos y dominicos de Nueva España se manifestaron en favor de las encomiendas perpetuas, lo que se reflejó en la provisión de Granada, de 27 de Noviembre de 1526, que ya no prohíbe las encomiendas de modo absoluto. Sin embargo, la verdad es que la Corona resistió cuanto pudo esta tendencia que venía impuesta por la crudeza de los hechos americanos, tratando de limitar algunas veces el número de indios, otras dictando ordenanzas sobre su tratamiento – como la de 4 de Diciembre de 1528- eligiendo figuras destacadas en carácter de “protectores de indios” y, en cuanto fue posible, la tendencia favorable a la institución se detuvo en 1528, cuando el Consejo Real, reunido en Barcelona, volvió a declarar: “parece que los indios, por todo derecho y razón son y deben ser libres eternamente y que no son obligados a otro servicio personal más que las otras personas libres de estos reinos, y que solamente deben pagar diezmos a Dios, si no se les hiciese remisión del por algunos tiempos, y a S.M. el tributo que pareciere que justamente le deben imponer conforme a su posibilidad y a la calidad de las tierras…” Se prohibía de nuevo las encomiendas, enviándose a México la Segunda Audiencia con la misión de encontrar un régimen que permitiera asegurar la libertad de los naturales sin perjudicar el desarrollo del país. Por Real Cédula de 17 de Noviembre de 1526 el “Requerimiento” tenía que estar, obligatoriamente, en manos de los conquistadores, a fin de legitimar cualquier guerra contra los indios, lo que explica la existencia, en la época, de cédulas que se refieren a esclavitud de caribes capturados en guerra justa. Pero como bajo el engaño de transformar en caribes todas las tribus se encubrían tropelías, pues bastaba leer el “Requerimiento” a los indios, que no podían entenderlo, para declarar justa la guerra, el 9 de Noviembre Carlos V declaraba que los indios no podían sujetarse a servidumbre, salvo el caso de guerra declarada por los Caribes contra las islas.

Se había formado en la península conciencia pública de la gravedad de estas cuestiones, que se encaraban en estrecha vinculación de lo político con lo religioso, circunstancia que muestra de cómo la legislación de Indias fue surgiendo de aquellas reuniones o juntas que se las debatía ampliamente, por lo que su consecuencia no fue la obra fría y razonada de los juristas -la mayoría de los cuales sostuvo en estos debates la tesis aristotélica de la servidumbre natural-, sino la viva y humana de los teólogos -que casi unánimemente sostuvieron los principios de la libertad cristiana- cuyas doctrinas influyeron de manera cierta en los actos de la Corona; porque los reyes no habían aún separado de sus obligaciones la higiene del alma, la salud de la propia conciencia, lo que determina el sentido exacto de la colonización americana y el de las instituciones jurídicas de la conquista que, desde el fondo de la historia, revelan la profunda raíz religiosa de la hispanidad trasplantada a nuestro continente. Y es justamente esa religiosidad lo que determina que el sentido de la libertad de la persona humana se encuentre como principio básico en los cimientos mismos de las nacionalidades americanas. Es en aquella España teocrática y por consiguiente, con sentido de la libertad política, donde el problema americano habrá de determinar los fundamentos del Derecho Internacional moderno cuando, desde la cátedra de Salamanca, P. Francisco de Vitoria, enfoca la cuestión y la centra, definiendo la realidad de los títulos de la corona para realizar la conquista y los de los indios para ser considerados y estimados como seres libres.

6.- FRANCISCO DE VITORIA.

Cuando se recuerda a aquellos liberales peninsulares de los siglos XVIII y XIX, que hablaban de que había llegado la hora de conquistar “UNA LIBERTAD DE PENSAR QUE HASTA ENTONCES ESPAÑA NO HA CONOCIDO”; cuando se recuerda que, en 1801, los ministros volterianos de Carlos III, imponían, por medio de CENSORES REGIOS, la censura previa a las conclusiones universitarias que afectaran los derechos absolutos de la corona y discutieran sus regalías, persiguiendo la teoría “de resistencia” de los jesuitas; cuando se recuerda todo eso y se compara al charlatanismo enciclopedista con la libertad de cátedra con que el P. Vitoria se opuso a las doctrinas pontificias y regalistas, se comprende cuán profunda fue la decadencia española a fines del siglo XVIII para caer, de los Vitoria, Bañez, Suárez,

de Soto y otros, en el conde de Aranda, Campomanes, Roda y demás corifeos de la extranjerización antireligiosa de España. Se comprende la realidad que comprende la frase: “En España la libertad es antigua y el despotismo nuevo, la libertad es española y el despotismo extranjero”. Sorprende, en verdad, la alteza de miras y la independencia con la que expone Vitoria en su Cátedra de Prima de Teología, su doctrina. Y lo admirable, en aquella España de Carlos V, triunfadora en todo el mundo, es que lejos de sentir halagado su orgullo por teorías que contribuían a su grandeza, como las que exaltaban el poder del Emperador y del Papa, escucha a Vitoria y lo sigue, a pesar que al hablar de la potestad imperial lo hace para restringirla; y cuando se refiere a la Pontificia, para limitarla. Vitoria no sienta tesis nuevas para la mentalidad española, lo que hace es centrar el problema de América y, de acuerdo con viejas ideas de la teología española, buscar soluciones. Lo admirable en él no es su facultad creadora sino su método de exposición, la lógica de sus razonamientos. Alguien ha dicho que Vitoria es un profesor ante todo, un verdadero maestro, que con principios viejos abre horizontes nuevos. Con sus doctrinas, los derechos de la PERSONALIDAD HUMANA fueron motivo de una nueva revalorización, en momentos que comenzaban a ser negados en los grandes centros de Europa, lo que le condujo a destacar los derechos y títulos que, teniendo por base, LA SOCIABILIDAD DEL HOMBRE, desconocidos, antiguos, pero olvidados en parte por otros teólogos, adquirieron ese relieve que hizo de Vitoria el fecundador del Derecho de Gentes y el Creador del Derecho Internacional. ¿Qué dice el padre Vitoria en su cátedra salmantina? “EL PAPA NO ES SEÑOR TEMPORAL DEL MUNDO, NO PUEDE HACER SEMEJANTE DONACIÓN TERRITORIAL A LOS REYES ESPAÑOLES, TENIENDO EN CUENTA QUE LOS INDIOS SON VERDADEROS DUEÑOS, PUBLICA Y PRIVADAMENTE”. Su doctrina se encuentra reunida en “REELECCIONES TEOLOGICAS”, y las extractamos para dar una idea de su posición ante el problema americano: “Lo que el señor le dijo a San Pedro: Apacienta mis ovejas, muy claramente muestra -dice Vitoria- de que el Papa no es señor universal de todo el mundo: el señor dijo que al fin de los tiempos se hará un solo rebaño bajo un solo pastor; de donde sobradamente se ve que ahora no somos todas ovejas de un solo rebaño”. Establece que los indios eran dueños del Nuevo Mundo, y que podían serlo porque: 1º La infidelidad no es impedimento para ser verdaderos propietarios; 2º Según el derecho divino, el hereje no pierde el dominio de sus bienes; 3º Que si

bien el derecho natural admite la confiscación de los bienes del hereje, no es lícito apoderarse de ellos antes de su condenación. Establece que el primer título que se alega para la conquista es que “EL EMPERADOR ES SEÑOR DEL MUNDO”, lo que niega en absoluto, pues el dominio no puede existir sino en virtud del derecho natural, del divino o del humano. Pero por ninguno de tales derechos hay señor del orbe, agrega, y al entrar a probar esta afirmación dice: “Por derecho natural los hombres son libres… Por lo tanto, no hay nadie que por derecho natural tenga el dominio del orbe”. Declara que “es dudoso si Cristo como hombre, fue señor temporal del orbe. Lo más probable es que no, y hasta parece que el mismo Señor lo asegura en este pasaje: MI REINO NO ES DE ESTE MUNDO (San Juan 18/36)… El emperador, aunque fuese amo del mundo, no podría por ello ocupar las provincias de los bárbaros, instituir nuevos señores, deponer a los antiguos e imponer tributos… Porque ni aun los que atribuyen el dominio del orbe al emperador, dice que sea el dueño con dominio de propiedad, sino tan sólo con el de jurisdicción…” Hemos visto que el P. Vitoria niega el segundo título, o sea, el de la donación papal, pues, como dice, “EL SUMO PONTIFICE, AUNQUE TUVIESE POTESTAD SECULAR SOBRE EL MUNDO, NO PODRÍA TRANSMITIRLA A LOS PRINCIPES SECULARES” y agrega: “EL PAPA TIENE POTESTAD TEMPORAL EN ORDEN A LAS COSAS ESPIRITUALES”, y, por consiguiente, “AUNQUE LOS BÁRBAROS NO QUIERAN RECONOCER DOMINIO ALGUNO AL PAPA, NO POR ESO SE LES PUEDE HACER LA GUERRA Y OCUPAR SUS BIENES”. “Los bárbaros –“dice el ilustre dominico- no están obligados a creer en la fe de Cristo, al primer anuncio que se les haga de ella, de modo que pequen mortalmente por no creer lo que simplemente se les anuncie y proponga diciéndoles que la verdadera fe es la cristiana y que Cristo es Salvador y redentor del mundo, sin que acompañasen milagros o cualquiera otra prueba o medio de convencimiento”, pero “la fe cristiana es propuesta a los bárbaros, demostrándosela, esto es, con argumentos probables y racionales; con el ejemplo en los exhortantes de una vida digna y cuidadosamente conforme con la ley natural (lo cual es grande argumento para confirmar la verdad), y esto, no sólo una vez y apresuradamente, sino con diligencias y esmeros, los bárbaros están obligados a recibir la fe de Cristo, bajo pena de pecado mortal”. “No me consta -comenta- en que la fe cristiana haya sido hasta el presente propuesta y anunciada a los bárbaros en la forma antedicha, de modo que estén obligados a creerla bajo pena de pecado”, pero “aunque la fe haya sido anunciada

a los bárbaros de un modo racional y suficiente, y estos no la hayan querido recibir, no es lícito, sin embargo, por esta razón, HACERLES LA GUERRA Y DESPOJARLOS DE SUS BIENES”, porque, entre otras razones, dice Vitoria, “la fuerza en si no contribuye argumento en favor de la verdad de la fe cristiana, luego, por la guerra lo bárbaros no pueden ser inclinados a creer, sino a fingir que creen y que abrazan la fe cristiana, lo cual es cruel y sacrílego”. Negó el P. Vitoria que el “REQUERIMIENTO”, aún comprendido por los indios, fuera un “Justo Título”, porque en primer término, “DEBERIAN HALLARSE AUSENTES EL MIEDO Y LA IGNORANCIA, DEFECTOS QUE VICIAN TODA ELECCION” No han faltado autores que intentaron ver en las palabras de Vitoria una crítica a la justicia de la dominación española en América, aunque ello está lejos del ilustre dominico. Vitoria combatió los títulos que figuran ilegítimos, pero también se ocupó de los que valoró legítimos. James Brown Scott señala que el mayor mérito de Vitoria fue, justamente, en no difundir nociones teóricas de derecho, sino establecer principios por razones concretas, y como consecuencia, de naturaleza práctica más que puramente filosófica. Vitoria sabía que se encontraba ante un problema de la realidad, y no era hombre de quedarse en el terreno de las simples divagaciones doctrinarias, para emprender, en cambio, el camino de no detener la obra de colonización -como pretendían algunos religiosos- sino de orientarla dentro de las vías jurídicas correspondientes. Es así como enumera los títulos legítimos, diciendo: “El derecho de gentes -dice- establece la inmigración pacífica, el buen recibimiento y trato de los inmigrantes y peregrinos; declara libre la navegación, acceso y entrada a ríos, mares y puertos, y patrocina la importación y exportación de mercaderías. ¿Qué noción civilizada o bárbara hay que no guarde esto? He aquí -agrega- un título legítimo de ida y estada en las Indias. Además, los españoles eran legado de los cristianos y merecían el buen tratamiento estatuido por el derecho de gentes”. “La amistad es de derecho natural, corroborado por el precepto de la caridad evangélica fraterna; a los semejantes y prójimos hay que amarlos y el amor sin las obras es palabra vacía de significado. La ida, pues, y permanencia de los españoles en la Indias le permiten el derecho natural y positivo divino; inhumana e irracional, y por lo mismo sin esencia de ley, sería la que arbitrariamente vedase o permitido por las leyes natural y divina”. “Niegan los indios los derechos susodichos (catar minas, labrarlas, granjear tierras, pesquerías fluviales y marítimas) a los españoles con razones y persuasiones demuestran éstos que la justicia les favorece; echan los indios manos a las armas, ya es lícito a los

españoles poner en batería la fuerza armada con todos sus privilegios, contando, claro está, con licencia de su príncipe reciben injurias, se les hace fuerza y VIMVI REPELLERE LICET…” Adviértase que Vitoria no confunde el derecho de penetrar en América y negociar en ella, con el desconocer personalidad política a los indígenas. La soberanía les pertenece y, para quitársela, se necesita el libre consentimiento o guerra por causa justa. “VIENDO EL PAPA -agrega- A QUIEN ESPECIALISIMAMENTE COMPETE LA DIVULGACIÓN DEL EVANGELIO, LAS VENTAJAS QUE OFRECE ESPAÑA, HACE MUY BIEN EN ENCOMENDARLE” su predicación con cuya tarea se cumple un precepto divino y justamente los de la caridad y corrección fraterna, prohibiendo a otras naciones el hacerlo y hasta comerciar con los indios. “SI ITA EXPEDIRET AD RELIGIONIS CHRISTIANAE PROPAGATIONEM”, pero no basta, si los naturales no se oponen a ese adoctrinamiento, “PARA DESPOJARLOS DE SU PROPIEDAD Y DE SUS DERECHOS INDIVIDUALES Y POLITICOS”. Comparar esas concepciones con la conducta de las grandes potencias -que no son católicas por cierto-, respecto de Alemania, y se verá de cómo hemos retrogradado y no progresado en materia de derecho. “No aceptó Vitoria los títulos imperiales a la soberanía del mundo, ni los Pontificios sobre infieles, dice García Santillán, pero acepta ahora el derecho de libre comunicación y comercio entre los estados y la facultad de propagar y proteger el cristianismo y la jurisdicción del Papa sobre los convertidos. No aceptó las sumisiones forzadas, pero admite los convenios que no vicien el temor o la ignorancia y en los que exista capacidad en los que pacten. No aceptó la consideración de NULLIUS para territorios habitados, pero reconoce la posibilidad de un derecho tutelar sobre pueblos notoriamente incapaces para gobernarse a sí mismos. Si estos derechos se contrarían, está justificada la guerra y la conquista, sujetándose a las guerras desarrolladas en la segunda RELECTIO, “De Jure belli Hispanorum in Barbaros”. “SI ALGUNOS BARBAROS SE CONVIERTEN AL CRISTIANISMO Y SUS PRINCIPALES QUIEREN POR LA FUERZA Y EL MIEDO VOLVERLOS A LA IDOLATRIA, LOS ESPAÑOLES PUEDEN EN TAL CASO, SI NO EXISTE OTRO MEDIO, DECLARAR LA GUERRA Y OBLIGAR A LOS BARBAROS QUE DESISTAN DE SEMEJANTE INJURIA, Y UTILIZAR TODOS LOS DERECHOS DE LA GUERRA CONTRA LOS PERTINACES Y, SI LO EXIGEN LAS CIRCUSTANCIAS, DESTRUIR A LOS SEÑORES, COMO EN LAS DEMAS GUERRAS JUSTAS”. En este caso, agrega, aún sin la necesidad de la autorización del Pontífice, pueden los españoles “PROHIBIR A LOS BARBAROS TODAS ESTAS NEFANDAS

COSTUMBRES Y RITOS, PUES LES ESTA PERMITIDO DEFENDER A LOS INOCENTES DE UNA MUERTE INJUSTA”. Trató Vitoria el problema mismo de la guerra, planteándose la cuestión de si era absoluto lícito a los cristianos hacer la guerra, encarándolo desde un punto de vista realístico, pues, como expresó, si bien “PUDIERAN PARECER QUE LAS GUERRAS ESTAN COMPLETAMENTE PROHIBIDAS A LOS CRISTIANOS, TAMBIEN LO ERA QUE NO SE PODIA OLVIDAR LAS GUERRAS HECHAS, LA OPINION DE TODOS LOS DOCTORES Y EL USO CONSTANTE DE LA IGLESIA”. En sus análisis llega a la conclusión, ya establecida por San Agustín, de que es “LICITO A LOS CRISTIANOS MILITAR Y HACER LA GUERRA”. Al establecer cuáles pueden ser las razones y causas de una guerra justa, Vitoria dice: “1º La diversidad de religión no es causa justa para una guerra; 2º Tampoco lo es el deseo de ensanchar el imperio; 3º Tampoco la gloria y cualquier otra ventaja del príncipe; 4º La única y sola causa justa de hacer la guerra es la injuria recibida. Pero no basta una injuria cualquiera”. A continuación expresó el ilustre dominico las leyes de guerra que constituyen las bases del derecho internacional moderno. Frente a las nuevas conquistas no quedaba, después de las opiniones de Vitoria, otro camino que el de obtener el libre consentimiento de los indios para emprenderlas, ya que si éstos no se oponían al cumplimiento de las normas predichas del derecho de gentes y no prohibían el adoctrinamiento, España no tenía título alguno - válido para su conciencia- como atentar contra la soberanía política e individual de los americanos. Después de Vitoria, e influenciados por él, dos dominicos, maestro Domingo de las Cuevas y presentando Juan de Salinas, se ocuparon en un tratado titulado “DE INSULANIS” del tema, compendiando sus lecciones en la Universidad de Alcalá de Henares. Más tarde es un gran teólogo, Domingo de Soto, quien expone la tesis de Vitoria, debidamente ampliada, labor en las que descuellan de manera especial fray Domingo Báñez, en sus “DECISIONES DE IURE ET IUSTITIA” y, finalmente, el jesuita P. Francisco Suárez, considerado, junto con Vitoria, fundador del derecho internacional. Suárez sostiene, en contra de Vitoria, que los indios no pueden, en realidad, ser obligados a cambiar de ritos, porque la Iglesia no tiene jurisdicción sobre ellos; pero que si hubiese algunos hombres tan rudos que no viviesen en sociedad ni pudiesen ser gobernados, entonces, no por motivos de religión, sino de defensa de la naturaleza humana, podrían ser obligados a cierta policía; pero hasta

entonces, según Suárez, no se habían hallado pueblos tan bárbaros. Refiriéndose a la forma de encarar el problema indiano por parte de Francisco Vitoria, M. Barcia Trelles ha dicho que, en su cátedra de Salamanca, avanzó una verdadera doctrina de Monroe, basada en la libertad del continente americano y en la igualdad de los pueblos. En una de las muchas ocasiones que M. Barcia Trelles se ha ocupado de este substancioso tema, reafirmó el concepto diciendo que dicha doctrina internacional tiene los siguientes antecedentes: 1.- Afirmación doctrinal de la peculiaridad americana (Francisco de Vitoria). 2.- Proclamación unilateral de que América no puede ser enajenada, hecha por Carlos V. 3.- Reconocimiento contractual de la neutralidad perpetua de América (Tratado Hispano-portugués de 1750). 4.- Proclamación norteamericana de la intangibilidad del continente (Artículo 8º del proyecto del Tratado o Alianza con Francia, redactado por el representante de los Estados Unidos, Mr. John Adams). Pero tan importante como la misma prédica de Vitoria, es la comprobación de cómo influyó en las orientaciones de la colonización de las Indias. Lo que da relieve a sus palabras es la resonancia de las mismas. Barcia Trelles lo comenta diciendo: “España tiene la fortuna de contar entre sus hijos a un núcleo de moralistas; no exaltan la grandeza sino la verdad; depuran, critican, realzan la disección de los poderes insaciables y desprovisto de escrúpulos morales. Esta reacción purificadora tiene lugar en 1532; entonces se dice que las cuestiones internacionales son cuestiones morales; la afirmación es española; en Europa, también en 1532, aparece un libro: “El príncipe”, de Maquiavelo, que es la apología de los fines, sin reparar en los medios. Maquiavelo escribía en Italia, pensando en Europa; Vitoria escribe en España, pensando en América”. Para aquellos que tienen de la Edad Media un concepto difundido por los escritores progresistas, y que carecen, en consecuencia, de toda idea cabal sobre la efectiva libertad política de esta época, podrá parecer, en fuerza de extraño, que todo lo expuesto no fue sino mera especulación de personalidades aisladas o de círculos estrechos, sin ningún eco fuera de los recintos universitarios. Pero es lo cierto que la palabra de Vitoria sale de ellos, se discute en los cenáculos, se transforma en motivo de apasionados debates públicos, golpea la puerta de los poderosos y penetra en las humildes residencias de los menestrales, y llega así al

Palacio Real, a plantear al monarca, entonces el gran Carlos I de España, y Carlos V de Alemania, problemas de conciencia que agitan y conturban sus noches y días, en un proceso espiritual que, por cierto, no pretendemos que comprenda quien no sea un creyente. Sería inútil esperar que un obrero marxista o un patrono devoto del capitalismo pudieran entenderlo. Mas la verdad que llega a tanto, en aquel momento, el prestigio de la palabra del padre Vitoria que, desde Toledo, a 21 de Enero de 1539, Carlos, quien se dice que concurrió a las lecciones del famoso dominico, le escribe para someterle ciertos capítulos y dudas, “PARA DESCARGO DE NUESTRA REAL CONCIENCIA”, sobre la forma de evangelizar a los naturales del Nuevo Mundo. No fue ésta la única vez que el emperador buscó en el teólogo salmantino un concejo preciso, sino que, además, sus palabras en la cátedra habrían de hacer tal impresión en el ánimo real, que imprimieron a la colonización española en América el sentido preciso que, para legitimarla, había enseñado como necesaria el ilustre dominico. En efecto, existe un documento que tiene vital importancia en el asunto, fechado en Barcelona, a 1 de Mayo de 1543, por la cual Carlos I se dirige a los “REYES, PRINCIPES Y SEÑORES. REPUBLICAS Y COMUNIDADES DE TODAS LAS PROVINCIAS, TIERRAS E ISLAS QUE ESTAN AL MEDIODIA Y AL PONIENTE DE LA NUEVA ESPAÑA”, comunicándoles el envío ante ellas de fray Juan de Zumárraga, en carácter de obispo de México, en cuanto documenta la distinta posición moral y jurídica adoptada por la corona ante el problema americano. Mientras el “REQUERIMIENTO” iba dirigido a los indios en general, sin reconocerles personalidad política, en virtud de la donación pontificia, la carta de 1543 se dirige “a los reyes, príncipes y señores, repúblicas y comunidades”. En el primer documento los expedicionarios se presentan como conquistadores de un bien cuyo dominio poseían títulos justos; en la de 1543 la misión se concreta a anunciar la evangelización de los indígenas. El cambio es fundamentalísimo, por cuanto la labor confiada a España por el pontificado pierde carácter político que no había dejado de tener hasta entonces, para reforzar, para hacerlo esencial, el de orden religioso; o mejor dicho, el misional que en ese período, alcanza, por otra parte, su más glorioso desarrollo.

7.- LA CARTA DE CARLOS V Y LA PERSONALIDAD JURIDICA AMERICANA.

En poco más de un cuarto de siglo se ha producido un viraje fundamental provocado por los teólogos y, en especial, por Vitoria. España reconoce la

soberanía de los reyes o señores de las Indias; llama a los indígenas súbditos de sus propios soberanos; no invoca, por consiguiente, títulos de dominio, reconociendo la personalidad política de los nativos, sino títulos de orden misional; envía embajadores para concluir tratados, para actuar, dice la carta, en “BUENA CONFEDERACION”, afirmando de tal manera la personalidad jurídica americana, desde puntos de vistas ajenos en absoluto a cuanto pudiera considerarse sometimiento. Deja de ser tendencia a la expansión la que mueve a España. No es una injerencia económica quien la determina a conquistar mercados. No es ya ni siquiera lo que bajo Fernando el Católico tiene sentido imperial, procurando la ampliación de su matrimonio. Es, esencialmente, un deber misional irrenunciable para cualquier creyente sincero, expuesto con cristiana humildad. La carta de 1543 dice, en lo substancial: “Las fuerzas y poder que Él (Dios) nos ha dado, en trabajar que sea conocido… y deseando nuestra gloria de nuestro Dios, como somos tan obligados, y habiendo gran compasión de los que con tanto daño y peligro suyo no lo conocen, no podemos dejar de dolernos mucho de saber, como sabemos, que en muchas partes de la tierra que Él ha criado… vivan sin tener noticias de él… deseamos cumplir con vosotros y vuestras gentes y pueblos la obligación que con esto tenemos… Y acordamos de enviaros al reverendo IN CHRISTO padre D. Juan de Zumárraga… y otros religiosos, que estas nuestras letras vos mostrarán… y que… se ocupan en merecer para sí y para sus prójimos la vida eterna… Mucho os rogamos cuán afectuosamente podemos que, pues nuestro fin es enviar a vos principalmente por vuestro bien, como esperamos la conoceréis presto y ellos por sólo vuestro provecho sin otro interés alguno se disponen a sufrir los grande peligros y trabajos que habían pasado, cuando ante vosotros llegaren los recibáis y tratéis benignamente, y los oigas y déis crédito a lo que de nuestra parte os dijeren… Y porque nos deseamos tener con vosotros toda amistad y buena confederación para que, habiendo conformidad, todos sirvamos a Dios como debemos, le hemos dado todo nuestro poder cumplido, para que puedan con vos haber cualquier concordias y asientos, para que halla entre nos y vosotros toda amistad y mucha benevolencia, y entre nuestros súbditos y los vuestros toda hermandad y compañía, vuestras tierras gocen de lo que en éstos nuestros Reinos Dios ha criado, que halla no tengáis, y que los ingenios y la industria de vuestros súbditos en todos los signos pasados ha hallado e inventado: de lo cual creemos que, cuando tengáis entera noticia, tendréis mucho contentamiento; y también esperamos… habrá

alguna cosa en esa vuestra tierra que de nuestros Reinos sean aprovechados y reciban beneficio: por lo cual huelgan de os ir a ver; y llevar las cosas con que sienten que tenéis más contentamiento”. ¡Tal la carta del soberano más poderoso de la tierra en el siglo XVI, dirigida a los caciques de América! En poco más de un cuarto de siglo las ideas españolas sobre las Indias han encontrado la fórmula que se adapta a los imperativos morales que, como problemas de conciencia, acucian la mentalidad del soberano. El texto de la “instrucción que da su majestad para nuevos descubrimientos, cerca de lo que es su voluntad se haga en ellos”, fechada en Barcelona el mismo día que la carta que acabamos de ver, y que fue escrita para guía del obispo Zumárraga. Dice: “… vosotros lleváis poder nuestro para poder ir, oír nuestros embajadores a las tierras e islas de que vosotros tenéis noticia… y entendido que ellos (los reyes, señores, República y Comunidades indígenas) hayan lo susodicho, predicarles héis nuestra Santa Ley Evangélica… procuraréis amistad con nos… y asentaréis con ellos paces perpetuas, y darle una seguridad de nuestro nombre, y conforme héis, si fuese menester, un juramento, de que en ningún tiempo recibirán mal ni daño por nuestro mandato ni por otra persona alguna de nuestros súbditos y naturales, y si algún daño o escandalo hiciera algún español o súbdito nuestro sin licencia ni voluntad nuestra le causare, que mandaremos poner gran diligencia para lo prender y lo enviaremos a las tierras donde dicho daño o escándalo hiciese, para que ellos les den el castigo que mereciere”. Es inútil buscar en la historia de la colonización en el mundo un documento que tenga parangón con éste; y es igualmente inútil, por otra parte, tratar de comprender el espíritu de la Corona, desprendiéndolo de las razones de orden religioso que constituyeron la fuerza motriz esencial de la conquista. A pesar de lo cual un profesor argentino, en libro reciente, dice: “Puede decirse que, durante los dos primeros siglos de la Corona, no hubo otra forma de pensamiento que la que inspiraba la Iglesia de acuerdo con la más severa de las ortodoxias”. Aparte de que en estos dos siglos el único pensamiento dominante en Europa es católico o protestante, salvo las formas que personalmente ese profesor crea posible introducir en el siglo XVI, es lo cierto que el pensamiento católico es altamente liberador, aunque el profesor de marras crea lo contrario. La carta y las instrucciones de Carlos V, que concedía a los señores de indios hasta el derecho de extradición de un delincuente español, constituye el más preciado exponente de la soberanía que un estado puede reconocer a otro.

8.- EL PROBLEMA DE LOS “JUSTOS TITULOS”.

Conforme al “REQUERIMIENTO” del Dr. Palacios Rubio se redactan las reales cédulas para la guerra contra los CARIBES, mediante las cuales, “hallando que los dichos caníbales no se quieren convertir y estuvieron pertinaces y inobedientes, los cautiven y traigan a estos reinos, pagando la parte que pertenece a Sus Altezas”. Respondía esta resolución a las ideas corrientes en Europa de la época. Poco después en sus INSTRUCCIONES a Hernán Cortés, Carlos V, el 26 de Junio de 1523, después de recomendarle que use con preferencia las vías pacíficas y de señalarle que no se les haga guerra a los indios, “NO SIENDO ELLOS LOS AGRESORES”, y que, aun mediando agresión, antes de luchar “LE HAGAIS DE NUESTRA PARTE LOS REQUERIMENTOS NECESARIOS PARA QUE VENGAN A NUESTRA OBEDIENCIA, UNA, DOS Y TRES Y MAS VECES, CUANTAS VIEREDES QUE SEAN NECESARIAS, CONFORME A LO QUE SE OS ENVIA, ORDENADO Y FIRMADO DE FRANCISCO DE LOS COBOS, MI SECRETARIO Y EL DE MI C ONSEJO, Y PUES ALLA HABRA CON VOS ALGUNOS CRISTIANOS QUE SABRAN LA LENGUA, CON ELLOS LES DAREIS PRIMERO A ENTENDER EL BIEN QUE LES VENDRA QUE PONERSE DEBAJO DE NUESTRA OBEDIENCIA Y EL MAL. DAÑOS Y MUERTES DE HOMBRES QUE LES VENDRA DE LA GUERRA, ESPECIALMENTE QUE LOS QUE SE TOMAREN EN ELLA VIVOS HAN DE SER ESCLAVOS…” Silvio A. Zavala supone que el texto del REQUERIMIENTO enviado a Cortés fue el redactado por Palacios Rubios, ya que en ese momento no se había avanzado en la corte en la cuestión teórica de la guerra a los indios, pero es lo cierto que en la carta del monarca se advierte que algo se había modificado en su manera de ver el problema, pues media entre ella y el REQUERIMIENTO distancia apreciable. El propio Zavala señala que las instrucciones a Hernán Cortés fueron dictadas después de la Junta de la Coruña, en la que se estableció la libertad del indio. Con todo, es notorio que, de esas INTRUCCIONES, de 1523, a las dadas al obispo Zumárraga, en 1543, media una enorme diferencia, en el medio de las cuales aparecieron las llamadas LEYES NUEVAS, de 1542, que constituyen la expresión jurídica de la prédica de Vitoria en defensa del indígena. Dice Diego Luis Molinari: “LAS LEYES Y ORDENANZAS NUEVAMENTE HECHAS POR SU MAJESTAD, PARA LA GOBERNACIÓN DE LAS INDIAS Y BUEN TRATAMIENTO Y CONSERVACION DE LOS INDIOS, constituyen uno de esos monumentos legislativos de la historia de

América, sea que se tomen en cuenta los capítulos que se refieren a la organización y funcionamiento del Concejo de las Indias, como a los que, directamente, se relaciona con el estado y condición de los aborígenes”. En ellas el problema de la esclavitud quedó definitivamente resuelto. Dice así el ítem correspondiente: “ordenamos y mandamos, que de aquí en adelante, POR NINGUNA CAUSA DE GUERRA, ni otra alguna más que sea a título de rebelión, ni por rescate, ni de otra manera, no se pueda hacer esclavo indio alguno, y queremos que sean tratados como vasallos nuestros de la corona de Castilla, pues lo son”. Consecuencia de lo cual se ordena, que los indios que estuvieran esclavizados “contra razón y derecho y contra las provisiones en instrucciones dadas, ordenamos y mandamos que las audiencias, llamadas las partes, sin tela de juicio, sumaría y brevemente, sola la verdad sabida, los pongan en libertad”. Las “LEYES NUEVAS DE 1542” detallan la atención que debe tenerse con los indios, en una magnífica demostración de filantropismo que, desgraciadamente, hacía olvido de la realidad americana, ya que “SIN INDIOS NO HABIA INDIAS”, como se dijera entonces en el Perú, y sólo miseria y hambre. Tal el caso de la ordenanza que ordenaba quitar todos los indios encomendados a quienes hubieran tenido vinculación en las cosas “SUCEDIDAS ENTRE LOS GOBERNADORES PIZZARRO Y ALMAGRO”, y la que prohibía encomendar indios en lo sucesivo a ninguna persona, “ni por renunciación, ni por donación, venta ni otra cualquier forma, modo, ni por vacancia, ni herencia, sino que muriendo la persona que tuviere dichos indios, sean puestos en nuestra Real Corona”. No pudieron las LEYES NUEVAS ser impuestas de inmediato, pues alteraban demasiado la vida de la provincias americanas, y hasta provocaron en el Perú, hechos tan graves como el alzamiento de Gonzalo Pizarro; pero su letra y su espíritu no se perdieron por eso; al contrario, informó toda la legislación posterior. Es así como todas esas ordenanzas, cédulas e instrucciones, laS vemos, más tarde, concretadas en las “ORDENANZAS DE NUEVOS DESCUBRIMIENTOS Y POBLACIONES”, otorgadas por Felipe II, en el año 1573, en las cuales se llegó hasta a la substitución de la palabra CONQUISTA, por pacificación, por entenderse que la primera ofendía a los naturales. En el capítulo XXIX de ellas se lee: “los descubrimientos no se den con títulos y nombres de conquistas, pues habiéndose de hacer con tanta paz y caridad como deseamos, no queremos que el hombre dé ocasión ni color para que se pueda hacer fuerza y agravio a los indios”. A pesar de estos antecedentes, a los que se podía agregar otros concordantes, se difunde aún que no existían reglas para las expediciones conquistadoras, ya que

sólo la sed de oro habría constituido suficiente acicate para mantenerse en la empresa. Como todo lo que se refiere al período hispano en América, basta su exposición en forma honesta para desvirtuar cuanta patraña se acumuló con el propósito de desprestigiar la estupenda y admirable obra de civilización cumplida en el continente, no por odio a España, sino para disminuir la acción de la Iglesia en la misma. Ningún país puede ofrecer muestras de preocupación moral por aber conquistados otros, y menos tratándose de tierra de bárbaros, pero España las tuvo, y tan profundas, que apenas hay obra importante en la teología o de derecho, entre las publicadas en la península durante el siglo XVI y en muchas del siglo XVII, que no plantee el problema de los “Justos Títulos”, y el del carácter de las conquista de las Indias. A tal punto llegaron los debates, que Hinojosa recuerda una Real Cédula de 10 de Noviembre de 1539, dirigida por el emperador al prior de los religiosos de San Esteban de Salamanca, manifestándose el real desagrado por haber puesto en plática el derecho del rey de España a las Indias y la fuerza y vigor de las disposiciones tomadas, de acuerdo con la Santa Sede. “Cosa -expresa la cédula- escandalosa y perjudicial y muy inconveniente y ofensiva a la autoridad del Pontífice y del Rey”. Si recordamos la libertad con el que el tema fue tratado por Vitoria, Córdoba, Las Casas, y tantos otros, hay que aceptar que los dominicos de San Esteban debieron haber llegado a la licencia, para ganarse aquella real reprimenda. La tradición de San Esteban de Salamanca era, en la materia, harto revolucionaria. Ya en 1517 había tenido lugar en él, ha pedido de fray Reginaldo de Montesinos, y por orden del prior, fray Juan Hurtado, una reunión de trece maestros de teología, resolviéndose que “SE DEBIA PROCEDER CON MUERTE DE FUEGO, COMO CONTRA HEREJES”, contra aquellos que “ERROR TUVIESEN CONTRA HEREJES”, contra aquellos que “ERROR TUVIESEN Y CON PERTINACIA LO DEFENDIESEN”, de “SER EL INDIO INCAPAZ DE RECIBIR LA FE CRISTIANA”. En realidad el problema se complicaba por el hecho de que cada cual hablaba de los indios que había conocido, por lo cual Pedro de Ledesma señaló la conveniencia de distinguir entre ellos. “NO HAY PUEBLOS DONDE TODOS SEAN RUDOS”, dijo, “COMO ALGUNOS FALSAMENTE DECIAN DE LOS INDIOS”. Habían entre ellos hombres-fieras, como los caribes, “Otros hay que tienen APTITUD Y SUFICIENTE DISCRECION para ser gobernados de otros, pero ellos por sí mismos, no pueden gobernarse… y como libres deben ser gobernados”. Desembocan estos debates en la obra del jesuita P. Francisco Suárez, quien,

yendo más lejos que sus antecesores enseña que, “NO SE PUEDE APORTAR TITULO ALGUNO VALEDERO QUE DÉ PODER DIRECTO DE SOBERANIA TEMPORAL AL SOBERANO PONTIFICE”. Al referirse a la tutela en el derecho de gentes, consideró equivocado el concepto de que, siendo los bárbaros incapaces de dirigirse de la manera más conveniente, se justifica la colonización de sus dominios. Refiriéndose a la enseñanza de Aristóteles de que hay guerra justa contra los hombres nacidos para la esclavitud y que no quieren obedecer, Suárez responde: “esta razón no puede ser universal puesto que es evidente que mucho paganos son más inteligentes que los cristianos, y mejor dotados para la política… “No es suficiente por otra parte, para que esta razón sea valedera, estimar que una nación es de inteligencia inferior; es necesario que sea tan desprovista que su conducta ordinaria parezca más a las bestias que a la de los hombres, así diremos, que carezcan de toda organización política, no usen vestidos algunos, se alimenten de carne humana, etc.” Niega Suárez, toda validez a los títulos de colonización basados en que los paganos “no son verdaderamente propietarios de los bienes que detentan, tiene dominio personal directo sobre el universo entero”. Todo eso agrega- carece de valor. Admite que “una cierta presión es legítima cuando el rey o los grandes del reino infiel se oponen a la entrada de los predicadores del evangelio”. “Si la nación infiel – dice- desea a los misioneros y el príncipe infiel se opone, la nación puede resistir y los príncipes cristianos ayudarla, de suerte que el príncipe infiel acepte a pesar suyo la predicación del Evangelio”. Este concepto se acerca al de soberanía popular que fuera difundido por los teólogos de la Compañía de Jesús, y que les valiera la persecución que, posteriormente, fueron objeto por parte de los ministros masones, del siglo XVIII (Pombal, de Portugal, Aranda, de España y Choiseul, de Francia), todos por los cuáles se destacaron por su crudo regalismo, su espíritu antirreligioso y su devota sumisión a los principios del absolutismo monárquico que dio por tierra a los derechos populares, a pesar que cualquiera de esas figuras aún se ofrece a la consideración popular como propulsores de una libertad que murieron en sus manos, simplemente porque la monarquía absoluta surgió como una necesidad de reforzar el poder civil en desmedro del poder eclesiástico. Suárez acepta como causa legitima de una guerra el hecho que un estado desee conocer al Dios único y sus señores se lo prohibieran, que es lo que llamó “INTERVENCIÓN PARA PROTEGER LA LIBERTAD DE CONCIENCIA DE LOS CRISTIANOS EN LOS PAISES BARBAROS”, pero negó los títulos puramente religiosos para la conquista, diciendo que no existía ningún privilegio para los estados cristianos y,

reafirmando el concepto de Vitoria, o sea, que el único fundamento legítimo de la dominación debe ser buscado en los principios generales del derecho natural y de gentes, tales como la libre voluntad de las poblaciones indígenas, o un motivo de justa guerra, pero nunca como consecuencia de prerrogativas particulares de los estados cristianos con fines de conversión. “No existe ningún título justo de guerra especial a los príncipes cristianos -dice- que no se funde en el derecho natural, o que no tenga relación con él, y que, por consiguiente, no convenga de alguna manera a los jefes paganos…” y para precaver todo posible abuso, aún en la utilización de los considerados títulos legítimos de intervención, niega que los soberanos tengan poder para “PERSEGUIR LAS INJUSTICIAS SOBRE TODA LA TIERRA”, alegando que afirmar lo contrario “confunde toda jerarquía y toda jurisdicción. Semejante poder -agrega- no ha sido dado por Dios, y no se puede demostrar racionalmente”. Pero el problema de los “Justos Títulos” tuvo manifestaciones de otro orden, sobre todo en América, donde no faltaron religiosos que creyeron que España, una vez convertidos los indios, debían abandonar el territorio. Fray Matías de San Martín, obispo de Charcas, escribió: “Parecer sobre si son bien ganados los bienes adquiridos por los conquistadores y pobladores y encomendadores de Indias”, a título de “el gran escrúpulo de conciencia que con razón se tiene, de los bienes ganados en Indias… para quietud de la conciencia de los confesores”. Llegaba a la conclusión de que los reyes poseían estas tierras “BONA FIDE”, y no hay “probanzas bastante en contrario ni suficiente”, pero que los conquistadores, descubridores, etc., que “según verdadera cristiandad y católica teología, se debe tener por averiguado que cuanto poseen y han llevado por tributos de los dichos indios, que así descubrieron y conquistaron”, son bienes “mal llevados, y que no lo pueden llevar, porque no guardando las condiciones de buena guerra, ni conquistaron guardando la ley natural, ni divina, ni humana, canóniga, ni civil por seguir su propio interés”. Cuando se realizó, en 1567, el segundo Concilio de Lima, el problema de los “justos títulos” fue planteado de manera excepcional. En un informe, el licenciado Francisco Falcón, sostuvo la tesis de que una vez difundida la fe, ya no había razón alguna para no devolver a los indios su plena soberanía y, en tal sentido, afirmó atrevidamente, que “SI LOS SEÑORES INCAS DE ESTOS REINOS O SUS SUCESORES Y LOS MISMOS REINOS VINIEREN A ESTADO, COMO PODRIAN VENIR Y VENDRAN CON AYUDA DE DIOS, QUE SE CREYESE DE ELLOS QUE LOS QUERIAN Y SABRIAN Y PODRIAN GOBERNAR JUSTA Y CRISTIANAMENTE SE LES HAN DE RESTITUIR”.

Otro caso interesante es el que ofrece el P. Leturia, referido al padre Juan de Plaza, primer visitador de la Compañía de Jesús, en Perú, quién, en sus cartas, inéditas aún, al General de la Orden, en 1574, muestra varias veces sus escrúpulos; y es para entablar con base sólida su acción misionera quería saber si eran claros los títulos con el que el rey se había sustituido a los Incas en su inmenso Imperio de Los Andes, y envía informes y pidió parecer al P. General, y a sus principales consultores. “BRILLA UNA VEZ MAS EN EL -dice Leturia- AQUEL NOBLE SENTIDO DE LA JUSTICIA A FAVOR DEL DEBIL, AUNQUE FUERA EN MERMA DE LA PROPIA NACION, DE QUE DIERON TAN MAGNIFICA PRUEBA LOS TEOLOGOS DE SALAMANCA A LOS QUE PERTENECIA EL DOCTOR PADRE JUAN DE PLAZA”. Cuando escribía el P. Plaza hacía ya varios años que el gran Papa dominico Pio V había señalado la línea de conducta práctica que se había de seguir en las evangelizaciones del Nuevo Mundo: mirar cómo especial regalo de Dios que aquellos pueblos estuviesen bajo la jurisdicción de la corona católica de España, no turca ni protestante, y cargar toda la fuerza de la conciencia de los deberes misionales que para el rey y la nación se derivan de ese hecho. De acuerdo a esa misma línea de conducta, el Padre general de la Compañía de Jesús, el belga Everardo Mercuriano, respondía a Plaza, con fecha 7 de setiembre de 1574: “Acerca el punto principal que V.E. deje las dudas que se les ofrecen, pues no hay que dudar en ello, habiéndose ya determinado, y como reconociendo el mundo como legítimo señor al rey”. 9.- Y DESPUES…

Toda la historia de la labor de España en América no es sino la lucha por levantar las razas autóctonas al nivel alcanzado por los conquistadores. He ahí un hecho político trascendental que “se olvida” por muchos historiadores de las ideas políticas, que se ahorran de confesar, por consiguiente, que sólo un gran respeto por la persona humana, basado en una doctrina de tipo religioso, podía determinar semejante labor. Los gobiernos liberales, sin respeto por la persona, y laicos, optaron, frente al indio, por robarles sus tierras y destruirlos de la mejor manera posible: una veces por las armas, otras por el envilecimiento alcohólico o por la explotación económica. Lo cierto es que, con relación al indio, ningún gobierno de América ha encontrado una fórmula, en el Arsenal de 1789, que se adapte a ellos. El mexicano T. Esquivel

Obregón dice: “Esa lucha comenzó con el descubrimiento de América, y no acaba aún; la época de la colonización española es sólo el primer episodio, en que hay la ventaja de que los elementos que contienen se presentan con toda franqueza; el elemento europeo, consciente de su cultura y tratando de imponerla; el elemento indio, reconociendo la acción que sobre él se ejerce y, en sus capas más elevadas, tratando de asimilarse la cultura europea. La ventaja de esta claridad de elementos y su acción, se pierde a partir de la independencia; el elemento europeo tratando siempre de disimular el antagonismo cultural bajo una falsa y verbal igualdad, y acabando, al fin, por renegar de su cultura y por fingir adaptarse a la cultura indígena. La insinceridad oscurece la lucha, pero no la atenúa, sólo la hace malsana”. El natural de América al arribo de los españoles no tenía la menor noción de la libertad política y social, sino la de un poder omnímodo sobre las cosas y sobre el trabajo y la vida de los hombres; es decir, absorbente de la personalidad humana. Cuando Hernán Cortés desembarca en México encuentra apoyo -cosa que ocurrió a otros conquistadores- en pueblos de indios sometidos a otros más poderosos, pues el predominio del más fuerte era la única ley de soberanía; no existía la idea del derecho; sólo la del poder. Como dice Esquivel Obregón: “La idea de reclamar un derecho contra el poder público fue una de las primeras importaciones que los hombres blancos hicieron en América, dimanada de la idea cristiana de los fines trascendentales del hombre, como dotado con un alma que ha de sobrevivir al Estado. Seguramente a los indios no debió jamás ocurrir la idea de reclamar contra actos de Moctezuma, como lo hicieron después contra actos de las autoridades españolas”. Lo expuesto en este capítulo nos dice de cómo, desde los días iniciales de la acción de España en América, aún en lucha contra la realidad, en defensa del indio se proclama un ideario político de libertad cuya significación no puede escapar a nadie, sobre todo en sus consecuencias sobre la propia mentalidad de los españoles y sus descendientes. América surge, así, al amparo de ideales de libertad concretos y efectivos, porque no se trata de una libertad proclamada sino comprendida; que no se apoya en la falacia de algunas instituciones, sino en la sólida roca de una fe que transforma en problemas de conciencia todo ataque a la misma, estrechamente vinculada al hombre. Dice el P. Ismael Quiles: “La persona, pues, incluye en su esencia (y por lo tanto

en todo su ser y su obrar, como en todo lo que le pertenece) una doble función: individual y social. Es necesario no perder nunca de vista esta conclusión capitalísima porque es el fundamento de la verdadera síntesis entre los derechos del individuo y de la sociedad”. Surge, por consiguiente, que la esencia de la sociedad es una unión moral de personas humanas que encuentran en ella el medio de desarrollar sus propias personalidades, por lo cual, necesitan libertad de acción, orden y tranquilidad y medios materiales. En la sociedad americana del período hispano este cuadro se advierte en plenitud a través de la carta de los Cabildos, que denuncian la vigencia de un sentido social basado, esencialmente, en el deseo de facilitar al individuo abundancia de medios para la vida y hasta para la cultura, sobre todo en el hombre moral y religioso, “en los que se funda -como dice el P. Quiles- la suprema perfección humana de la naturaleza humana”.

CAPITULO TERCERO

EL PERIODO HISPANO HASTA LOS PRIMEROS ACTOS DEL “ABSOLUTISMO ILUSTRADO”

1.- BASES JURÍDICAS DE LA ACTUACIÓN ESPAÑOLA EN AMERICA.

El que las tierras descubiertas por Colón fueran puestas bajo la soberanía de Castilla y la circunstancia, a pesar del matrimonio contraído por Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, de que siguieran dos viejos reinos manteniendo cada uno su propia personalidad política y administrativa, se determinó que fuera el derecho castellano, y no los otros vigentes en la península, el que proyectase a España sobre el Nuevo Mundo. En la ley II, Tib. I, Lib. II de la recopilación de Leyes de las Indias” (1680), se dispone: “Ordenamos y mandamos, que en todos los casos, negociados y pleitos en que no estuviere decidido ni declarado por el Ordenamiento de Alcalá, o sea, en primer término, las cédulas provisiones u ordenanzas dadas y no revocadas para la India, y las que por nuestra orden se despacharen, se guarden las leyes de nuestro Reino de Castilla conforme a la de Toro” El orden de relación de las fuentes del derecho castellano aceptado por la Ley de Toro citada, era el establecido por el Ordenamiento de Alcalá, o sea, en primer término, las leyes del propio Ordenamiento, el Fuero Municipal vigente en la ciudad interesada y, a falta de él, Fuero Real de Alonso X, y a falta de disposiciones de éste, el código de Las Siete Partidas”. Cabe señalar, sin embargo, no todas las leyes que se promulgaron en Castilla alcanzaron a tener vigencia en América en carácter de derecho supletorio. La ley XL, tit. I, lib. II de la citada Recopilación de 1680 dice al respecto: “Que no permitan se ejecute ninguna pragmática de las que se promulgaren en estos Reinos, si por especial Cédula nuestra, despachada por el Consejo de Indias no se mandare a guardar en aquellas provincias”. Una de las características de la actuación española en América es que los monarcas no trataron de imponer normas jurídicas sin tener en cuenta la

idiosincrasia del medio. Por el contrario, insistieron en que fueran respetadas las costumbres jurídicas de los indios, política que en algunas partes conservó instituciones importantes, como en Quito, las referidas al régimen comunal de la tierra explotada por los naturales. Es así como sobre la vida de derecho de las Indias debieron influir, necesariamente, algunas normas del derecho indígena, o de sus usos y costumbres. Ejemplo, al efecto interesante, son las ordenanzas del virrey Francisco de Toledo, pues se advierten en ellas la fusión de las normas castellano-indígena, en un conjunto forjado con buen sentido de la unidad jurídica. No bastaban esos elementos para integrar el derecho indiano. La enorme diversidad del continente, y el hecho que en inmensas regiones la influencia indígena no existiera, como en el caso de Argentina, hizo que, no alcanzado el derecho castellano a atender a todas las necesidades, fuera preciso que los reyes dictarán medidas ajustadas a los diversos casos que se iban presentando; las que fueron forjando bases jurídicas especiales para regular la existencia de estas porciones del gran Imperio; todo lo cual creó lo que llamamos Derecho Indiano. Este derecho, según Ots y Capdequi, presentó, como rasgos característicos: 1-

Un CASUISMO acentuado. Se legisló, no en general, sino en particular, en relación a cada caso, tratándose de generalizar la nueva norma jurídica.

Una tendencia ASIMILADORA Y UNIFORMISTA. Dice Ots y Capdequí: “Se pretendía desde la metrópoli, primero, por los monarcas de las casas de Austria, y más todavía por los de la casa de Borbón, estructurar la vida jurídica de estos territorios con visión uniformadora y tratando de asimilarlos a la viejas concepciones peninsulares”. Era lógica la tendencia uniformista, pero no tan intensa como dice el citado autor, pues lo cierto es que se tuvo un respeto efectivo por las particularidades locales. Solorzano, en su “POLITICA INDIANA”, dice “El buen legislador a de acomodar sus preceptos conforme a las regiones y gentes a quienes enderece, y su disposición y capacidad”.

Una gran MINUCIOSIDAD REGLAMENTARIA. Dada la distancia del centro del gobierno a algunas partes del imperio, cada disposición creando una norma de derecho tendió a ser detallista al extremo. Era, además, una forma de combatir la acción de los malos funcionarios.

Un hondo sentido RELIGIOSO Y ESPIRITUAL. Se ha exagerado el derecho a no ejecutar las disposiciones del monarca. Quien haya leído con atención las actas del extinguido Cabildo de Buenos Aires, durante el período hispano, se habrá encontrado con muchos actos de

acatamiento a Reales Cédulas, cuya aplicación se postergaba, previa apelación al soberano; y podido comprobar de cómo, en gran número de casos, la apelación fue atendida por el rey. Es éste un hecho esencial de la vida política de dicho período, que explica, en gran parte, la fidelidad que caracterizó a las poblaciones americanas, y que no se debió sólo, como supone cierto profesor, al “sólido respaldo teológico” con el que el clero apoyaba a la corona, sino al hecho concreto de que el rey representaba la justicia. Cuenta el colombiano Arciniegas, que en las ciudades y pueblos de América del Sur se produjeron revueltas, a veces violentísimas, ante los funcionarios administradores y cobradores de impuestos. En Santa Fe de Bogotá, El Socorro, Zipaquita, Simocata, y otros pueblos, el levantamiento se produjo al grito de “Viva el Rey, muera el mal gobierno” o “Que viva el Rey y mueran sus órdenes nuevas”. Las explicaciones liberales de este hecho entran en el campo de lo absurdo, por no querer ver la verdad de que el Rey era la justicia. Todo habitante del continente, bajo los Austrias, podía dirigirse directamente al rey, y en la máquina judicial, siempre había una apelación posible hasta llegar a la máxima: el soberano. Y lo cierto es que la Corona supo escuchar sin prejuicios doctrinarios ni leguleyos, con lo que ganó prestigio tal que, en Venezuela y Perú aún hay pueblos indígenas que mantienen su respeto por el rey de España, personaje mítico que encarna; como hemos dicho, la justicia, la protección del débil, las leyes sociales. Carecemos de una historia de las instituciones del imperio hispano que las muestren tal como las veían sus contemporáneos, la que los convencería de que el sistema administrativo implantado respondía a las ideas propias de la mentalidad española respecto a la vida y al manejo de los asuntos. Con sensible acierto lo ha advertido un escritor inglés, Cecil Jane, quien dice: “Perduró mientras satisfizo el amor innato a la libertad individual, como el amor innato a la eficacia en el gobierno: cuando cesó de satisfacerlos fue derribado”. Que contestase el amor a la libertad personal y local no debe sorprender de modo alguno, no obstante las restricciones legales impuestas sobre muchas actividades. La preocupación constante de la corona giró alrededor del trato de los indios y la conciencia de que las disposiciones dictadas de buena fe en la metrópoli no se cumplían, unas veces por imposibilidad de hacerlo y otros por deficiencia del grupo burocrático, determinó un sistema administrativo de frenos y contrapesos, mediante el cual ningún funcionario poseyó el imperio suficiente para perturbar la vida corriente de una persona o de una comarca. Dice Cecil Jane: “Los gobernadores y las audiencias estaban normalmente fuera del alcance de la jurisdicción de los virreyes; los

cabildos no estaban dominados por ninguna otra autoridad, y aunque eran en sí mismos organismos populares, modelos de SELF-GOVERNEMENT local, tenían acaso poder para dominar a los ciudadanos por los cuales habían sido elegidos. Las sediciones de Potosí, que hicieron necesaria la intervención del virrey, no fueron más que un ejemplo de la relativa impotencia de los magistrados locales. Cualquier persona en pugna con una autoridad estaba casi segura de antemano del apoyo de otra autoridad; y en todos los casos importantes le quedaban, además, el recurso de apelar al Consejo de las Indias, a la Casa de Contratación o a la Corona. La propia falta de jurisdicción coercitiva era una garantía de que la ley podía ser constantemente eludida con impunidad. Esa libertad, de la que se había gozado en España antes de la supresión de los fueros, se disfrutaba en las dispersas comunidades de América; y el propio Gobierno, que en la metrópoli suprimía las manifestaciones de la independencia local, en el Nuevo mundo, las alentaba. Puede notarse un curioso contraste entre las colonias españolas y las iglesias del norte. En estas últimas, fundadas por gente que habían abandonado su país de instituciones libres en busca de una libertad aún mayor, se promulgaron los BLUE LEWS, y se dice que un hombre fue condenado a muerte por haber besado a su mujer públicamente un día domingo. En las primeras, establecidas por los súbditos de un gobierno despótico y organizadas por ese mismo gobierno, se permitía mucha más libertad a los habitantes que la que se gozaba a la sazón en ningún otro país del mundo”. Estaban los funcionarios, además, sujetos al juicio de residencia y de visita, que no fue una fórmula, pues siempre podía encontrarse algún despechado que pusiese al gobernador o virrey enjuiciado en la situación que tener que explicar sus actos, no siempre injustos. Hernando de Lerma, gobernador de Tucumán, muriendo en la cárcel a donde le llevó el juicio de residencia, confirma la importancia de esa medida. El jurisconsulto Solorzano Pereyra, haciendo una enunciación de sus ventajas dice: “No sólo se contentó el cuidado de nuestros reyes y leyes en tener a la raya a los oidores y otros ministros de las Indias, con el temor de estas residencias que se les toman cuando salen de sus oficios o son promovidos a otros, sino también durante el tiempo, uso y ejercicio de los mismos que tienen. Si hay siniestra relación con su proceder, o quejas considerables de las ciudades y provincias donde sirven y residen, se suelen frecuentemente enviar jueces que los visiten, en general o en particular, para tener así contentos a los provinciales y darles entera satisfacción en sus agravios y estorbar que el daño no pase adelante”.

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De la rectitud, a veces excesiva de estos jueces, está llena la historia de América desde el primero, aquel Bobadilla que devolvió a Colón preso a la metrópoli. El historiador mexicano Carlos Pereyra dice: “Aun normalmente el virrey podía poco. De seguro era más amplia, con ser limitada también, la acción de los oidores, y esta libertad en los movimientos iba creciendo a medida que la representación de la corona se manifestaba en grados inferiores. Finalmente, el poblador y vecino, ya en junta del concejo de municipio, ya como simple particular, casi no se veía sujeto de restricción alguna”. La metrópoli no usó nunca la fuerza. Cuando se producen las guerras civiles del Perú no organiza ejércitos ni busca un gran capitán: envía a un clérigo: La Gazca, para que actué más con razonamientos que con fuerza. Todo eso nutrió el sentimiento de fidelidad del monarca, como encarnación de la justicia, fortificando las tesis teológicas sobre los orígenes mismos de la soberanía del monarca. La empresa de Indias fue obra popular. México y Perú fueron conquistados por los colonos de las islas; Santa Fe y Buenos Aires fueron fundadas con nativos, hijos de españoles y españolas o indias; las provincias del norte argentino así las de Cuyo, se organizan con los sobrantes de las guerras civiles del Perú. El sistema de mayorazgos volcó sobre América a los segundones de la nobleza española, magnífica calidad de hombres de la que salieron grandes capitanes y destacadas figuras de la iglesia. Es un tipo que procura satisfacer, en las Indias, su hambre material o moral, pero que posee una nobleza innata y que, a título de ella, significó la importación del elemento más auténticamente democrático que surgía de la Edad Media española, para ir a dar en un medio donde la libertad individual de acción era factor indiscutible de triunfo. Es así como los primeros actos jurídicos vinculados a la conquista son las CAPITULACIONES, que permitían crear un DERECHO PARTICULARISTA en cada región, lo que da a aquellos documentos un carácter similar al de las CARTAS PUEBLAS o FUEROS del medioevo. Vemos, por consiguiente, cómo a los que llegan al Río de la Plata con don Pedro de Mendoza se les autoriza a practicar el sufragio para la elección de gobernador, en caso de acefalía; siendo notorio que el sistema fue utilizado repetidas veces y hasta que llegó a provocar, en Asunción, algo así como un preanuncio de los partidos políticos modernos, al dividir la opinión en facciones enconadas que resolvieron sus diferencias en el comicio. Ots y Capdequi considera que por las CAPITULACIONES la vieja Edad Media española, superada en la metrópoli, se proyectó y se continuó en estos territorios.

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Observación sagaz, que se confirma en las actas del Cabildo de Buenos Aires olvidada por los historiadores de las ideas políticas en argentina,- cuando defiende sus derechos a fijar precios y distribuir la venta de cueros, o cuando pleitea con la corona, y gana el litigio, sobre propiedad de los caballos CIMARRONES o alzados, que pululaban en los alrededores de la ciudad. Alegó el Cabildo que no pertenecían a la corona sino a los descendientes de los pobladores que habían traído los primeros sementales. El resto, para que las normas del medioevo, que formaban parte de la conciencia política del español, se impusieran, fue dado por la geografía y la economía, determinando un continente formado por ciudades aisladas entre sí por el desierto, con economías cerradas, de tipo urbano, cuya vida política se desarrolló alrededor de los Cabildos, institución que, como sabemos, ofreció en cada región de América características propias, como resultado de influencias locales. 2.- LOS CABILDOS.

Hablar, refiriéndose al período de los Austrias, de una máquina del estado pesando sobre la mentalidad política de los habitantes del Nuevo Mundo con todos los poderes de un autoritarismo violento es absurdo. La “Academia Nacional de la Historia”, de Argentina, ha publicado actas de los Cabildos de Mendoza, Corrientes, Santiago del Estero y son conocidas las actas de los Cabildos de Buenos Aires, Santa Fe, Tucumán y otros. Se conocen actas de otros Cabildos de América. De su lectura surge la realidad de un régimen de gran libertad. Se comprueba, además, un profundo desinterés popular por la cosa política. De vez en cuando, el problema de la lucha contra el indio, que constituyó la preocupación fundamental del interior argentino hasta casi el siglo XVIII, obliga a la reunión de CABILDOS ABIERTOS, para estudiar la guerra a seguir y el aporte de cada uno. Cada ciudad actúa por su cuenta, procurando la colaboración de las otras, en plena mentalidad y procedimientos medioevales, o sea, dentro de normas de libertad de acción sorprendentes; libertad colectiva e individual evidente que se expresa en hechos como los levantamientos de Catamarca y La Rioja, negándose a seguir contribuyendo a la lucha común contra el indio, mientras éstos no llegaran a atacarlas directamente. Sobre los Cabildos americanos se ha escrito mucho, no siempre con comprensión. En Argentina ha influido sobre el tema la incomprensión francesa,

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movida en parte por Paul Groussac, que no entendió nunca los CABILDOS ABIERTOS, porque convencido que las libertades habían nacido en Francia, desdeñaba cuánto se refería a la España medieval o lo interpretaba en galo, ¡como que llegó a decir que el CONSEJO abierto “nunca fue tenido por un procedimiento regular entre los pueblos modernos”! … Y agregó: “Este ejercicio directo de la soberanía significaba un regreso hacia el estado natural, no pudiendo por lo tanto, aceptarse, sino como recurso extremo -ULTIMA RATIO POPULI- del número y de la fuerza contra un gobierno despótico”. Y bien, si algo forma parte del derecho consuetudinario castellano es el consejo abierto, trasladado a América no por legislación positiva, sino por el derecho del uso, Groussac creía que los CONSEJOS ABIERTOS eran sólo contra el gobierno, y la razón es la siguiente. Para Groussac no hubo en Buenos Aires más Cabildos abiertos que los del 1806 y 1810, a los cuales, equivocadamente, asignó finalidades contrarias a la autoridad, porque en ambas se obtuvo la caída de los virreyes. Sin embargo, ninguno de esos CABILDOS ABIERTOS fue subversivo del punto de vista del derecho. Lo subversivo surgió en relatos posteriores. Otros escritores, entre ellos Carlos Sánchez Viamonte, a pesar de ser un escritor socialista, elogia el ideario burgués-capitalista conservador de esa oligarquía, lo que nos demuestra que si está inseguro de sus propias ideas mal puede juzgar la de los hombres del pasado. Trata de comprender el CABILDO ABIERTO de 1810 con los Estados Generales de Francia, de 1789. La comparación no se hace para demostrar su parecido -lo que sería enorme- sino para mostrar en lo que no se parecieron -lo cual es también otro error- porque se trata de cosas que no tienen nada que ver la una con la otra. Pero semejantes equívocos tienen un objetivo. En la materia se peca menos por ignorancia, que por malicia, y en este caso se trata de arreglar el relato de los hechos de la independencia llevando agua al molino extranjerizante de la oligarquía, denominación que en la historia de Argentina corresponde al grupo liberal, desde 1810 hasta nuestros días. La conquista del Nuevo Mundo se inicia con una expresión de soberanía popular de singular trascendencia. Sabido es que Hernán Cortés emprendió la conquista de México sin autorización legal alguna, pues su convenio con Velásquez, gobernador de Cuba no pasaba de una empresa para hacer trueque con los naturales de la costa del Golfo. Cuándo el gran capitán inicia su empresa comprende que su situación legal es débil, y es entonces que funda Villa Rica de la Vera Cruz, designa Cabildo de la nueva fundación y éste le nombra Capitán General y Justicia Mayor, encargándole la conquista. Bajo el amparo de aquel orden y composición legal, Cortés se sintió

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autorizado para proseguir, y Carlos V no le dijo que sus poderes eran ilegales. Pero lo interesante es que de haber seguido Cortés al mando de lo conquistado, el régimen municipal habría evolucionado hacia un gobierno de tipo parlamentario. En las Actas del Cabildo de México, del 3 de Junio de 1524, del 22 de febrero y 20 de Julio de 1526, se lee que todas las villas de españoles de Nueva España habían nombrado procuradores para representarlos en los casos de interés general. Y que hubo la intención de reunirlos en Cortes o Congreso lo demuestra la Real Cédula de 25 de Junio de 1530 que dice: “En atención a la grandeza y nobleza de la ciudad de México, ya que en ella reside el Virrey, gobierno y audiencia de la Nueva España y fue la primera ciudad poblada de cristianos. Es nuestra merced y voluntad, y mandamos que tenga el primer voto de las ciudades y villas de la Nueva España, como lo tiene en estos nuestros reinos la ciudad de Burgos, y en primer lugar después de la justicia, EN LOS CONGRESOS QUE SE HICIEREN POR NUESTRO MANDATO, PORQUE SIN EL NO ES NUESTRA INTENCION, NI VOLUNTAD, QUE SE PUEDAN JUNTAR LAS CIUDADES Y VILLAS DE LAS INDIAS”. Carlos V no ataca el principio, sino que señala, inclusive, que puede llegar el momento de realizar congreso de los pueblos americanos, aunque no es su intención que ocurra sin su mandato. Sin embargo, existe un antecedente argentino y es la realización de un Cabildo Provincial, en Salta, en 1776, o sea en pleno apogeo en Europa del absolutismo ilustrado, circunstancia que debe tenerse en cuenta, en cuanto revela que la marcha de los hechos políticos americanos no seguían un ritmo paralelo a los europeos, ni en instituciones ni en ideas. En la citada ocasión se reunieron, en Salta, procuradores de todos los Cabildos de la provincia para considerar “lo que pareciere más útil y ventajoso al aumento, régimen y distribución de los fondos del ramo de sisa impuesta a ellas sobre mulas y vacas para defensa de sus fronteras”. Se celebra un Concilio en Chuquisaca, y en las “Cortes” salteñas se consideraron algunos concejos a favor de la provincia para que fueran adoptados por los componentes del Concilio. El Cabildo de Santiago del Estero, al designar sus procuradores, le dio amplios poderes, aceptando, desde ya, cuanto se resolviera en el “Cabildo Provincial”, para lo cual declaró renunciar “los fueros y privilegios” que poseía. No fue ésta, por cierto, la única vez que los Cabildos de la provincia de Tucumán reunieron a sus representantes o procuradores en verdaderas Cortes provinciales, para considerar el problema vital de la misma, que era la lucha contra los indios del Chaco. Singular relieve adquiere la lectura de las actas del Cabildo, de San Francisco de Quito, por su amplio espíritu democrático, que, dice Alfonso María Mora,

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“sobrevive en importantes normas regionales e institucionales jurídicas nacionalistas, las que se cristalizaban frecuentemente en Cédulas de la monarquía para las Indias Occidentales, con la que se procuró una mínima parte remediar los abusos que se cometían con los cacicazgos, encomiendas, mitas y obrajes”. Los cabildantes de Quito, durante el siglo XVI, aparecen defendiendo tenazmente al indio, con un admirable sentido de la libertad de la persona humana. Otro ejemplo singular lo ofrece el Cabildo de Santo Domingo, al que el rey autorizó substituir al gobernador en caso de muerte, autorización que fue ejercida en más de una ocasión a pesar de las protestas de la Real Audiencia, que era, en otras partes del continente, la institución encargada de cubrir los casos de acefalía semejantes; hecho que señala el carácter particularista de la institución municipal de América, al punto que, el Cabildo de Buenos Aires, llegó a poseer “estatutos y ordenanzas” recién en 1695. Hasta entonces, o sea, durante más de un siglo, se gobernó de acuerdo al concepto político usual y, es lo cierto, haciéndose respetar de los gobernadores atrabiliarios con verdadera jerarquía. Se puede decir que los abusos de poder de los gobernadores encontraron en los Cabildos enérgica oposición, lo que es comprensible por cuanto, los reyes, así como utilizaron los fueros y libertades municipales como arma para poblar las tierras que iban ganando a los moros en la lucha secular por la Reconquista, también lo hicieron para combatir la prepotencia de los nobles en la labor de afianzar la monarquía nacional. Política trasladada a América con los mismos fines: poblar y defender a los pobladores, ya que no de la nobleza feudal, de los malos funcionarios; lo que explica en parte que, al trasladarse a Indias, el viejo régimen municipal castellano cobrara tanta vitalidad y rigor tan sorprendente. Como dice Ots y Capdequi, “en los consejos de las nuevas ciudades coloniales hubo de encontrar el que pudiéramos llamar el ESTADO LLANO de la colonización, órgano adecuado para hacer frente a los privilegios exorbitantes de la nueva nobleza integrada por los descendientes de los primeros descubridores y a los abusos de poder de la incipiente y pronto excesivamente frondosa burocracia colonial”. Hemos dicho que todo habitante de América podía dirigirse directamente al rey; también podían hacerlo los Cabildos. En 24 de Enero de 1642, Felipe IV expresa en una Real Cédula a los miembros de su concejo: Mandaos con toda precisión, que siempre me tratéis verdad lizamente, aunque os parezca que sea contra mi gusto. Y aún que estoy cierto, que si Dios no me deja de su mano, yo no lo tendré en nada, que sea contra lo que os digo, como hombre puede ser que yerre; y para en este caso es cuando más he menester, que

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mis Ministros me hablen claro, y no me deben errar; y mirar que os pediré estrecha cuenta a todos, si habiendo yo declarado en esta forma mi voluntad, vosotros no cumplís con ella”. El Cabildo de Buenos Aires recordaba esta Real Cédula al gobernador interino don Diego Salas, a quién había planteado un conflicto de jurisdicción por haber autorizado corridas de toros en la Plaza Mayor, sin comunicárselo ni pedir aprobación, y agregaba otra, dada en Buen Retiro, a 10 de febrero de 1715, de tono similar. En la vida política americana del período hispano la autonomía local fue la regla: la subordinación al gobierno central, la excepción; orden que quiso ser invertido recién en el siglo XVIII. El hecho no debe sorprender, pues en la historia de las instituciones políticas españolas se advierte, como rasgo saliente, que las locales fueron siempre de más vital interés para el pueblo que las centrales. Nadie estudia la vida política de Castilla en las Cortes sino en sus ayuntamientos, característica que encuentra en América, las condiciones ambientales para fortificarse, a punto tal que, el período durante el cual las libertades municipales de Castilla tendían a disminuir, coincide con el que, en América, se forma y se organiza el gobierno municipal, que en los cabildos americanos no señaló estancamiento, pues en ellos la vida política fue siempre robusta y activa. Dice Cecil Jane: “Hasta en los lugares mismos donde tenían sus sedes los gobiernos centrales, los Cabildos defendían constantemente su independencia, rechazando todo intento de imposición por parte de los virreyes, los gobernadores o las audiencias. Nada más lejos de la verdad que la afirmación que ha sido hecha de que la vida municipal en la América española era LA SOMBRA DE UNA SOMBRA. Por el contrario, esa vida era real: en las colonias, como antes ocurría en la madre patria, era en las ciudades donde la actividad política de la raza se exteriorizaba”, y agrega: “La administración central pudo hallarse estancada; la local no lo estaba; y es, después de todo, en la vitalidad de las instituciones locales, mucho más que en las centrales, donde se encuentra la verdadera vida política de un pueblo”. En muchos casos el juicio del historiador suele fallar por la tendencia a considerar la institución en sí misma, como organismo legal, tal como si se tratara de estudiar la anatomía humana prescindiendo de las funciones de los órganos y de las circunstancias que determinan valores funcionales distintos. En el caso del período hispano no puede olvidarse la personalidad del español, su mundo de ideas, su sentido del honor, la profundidad de su fe, sus supersticiones y su espíritu individualista, sin el riesgo de no comprender lo esencial, que, es en el caso de los

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Cabildos, el sentimiento de la responsabilidad de los miembros ante Dios y los hombres. Es lo único que explica ciertas conductas. El regidor no necesita un estatuto para saber cuáles son sus deberes con la comunidad. El fiel ejecutor no precisa más que su conciencia para cumplir sus funciones. El alcalde no necesita un código minucioso para administrar justicia; esa justicia de los Cabildos que fue a dar en la justicia de paz de la era liberal, que fracasó, no porque la institución fuera mala, sino porque la ley no pudo dar a sus titulares aquellos dotes de orden moral y religioso que poseía el hispano del siglo XVI y XVII en cuya virtud poseía un concepto de la justicia, lo que falta en muchos jurisconsultos de nuestros días, a pesar de conocer leyes. El virrey de Perú, don Francisco de Toledo, justificándose ante el Rey de no haber hecho nada para sacar del gobierno de Tucumán al gobernador Gonzalo de Abreu, respondiendo al pedido de los pobladores, dice: “paréceme que en esta tierra no conviene dar libertad y dejar la mano para que los particulares entiendan que pueden quitar y poner las justicias, corregidores y gobernadores cuando quisieran…” ¡A tal punto habían llegado las cosas! Y con un profundo sentido autómico y en base a derechos no legislados, pero que sus habitantes sabían cuáles eran porque habían surgido de las costumbres. Entre los hechos característicos de la vida municipal en las tierras de la actual Argentina se registra el Cabildo Abierto a que llama el de Santiago del Estero, en 1780, debido a que el promotor fiscal había presentado un escrito pidiéndolo, a los fines de decidir si la causa criminal que se seguía contra un indio, llamado Cruz Páez, se podía sentenciar dada la gravedad de sus delitos, “y los que de sus fugas se han experimentado y esperan en adelante por la poca seguridad de la cárcel en esta ciudad”. Una Real provisión de años atrás cortaba la real jurisdicción de los Alcaldes del Cabildo y de la Hermandad de juicios de esa naturaleza, que debían enviarse a la Real Audiencia, a pesar de lo cual, el Cabildo Abierto resolvió que, dado el peligro de los muchos crímenes sin castigo, entre ellos los varios cometidos por Cruz Páez, que el alcalde continuara con la causa y puesta en estado de sentencia la remitiera por más pronto remedio y recurso inmediato al Señor Gobernador y Capitán General de la Provincia, “atendiendo a que sin embargo de la Real Provisión hace años que los Señores Gobernadores han tenido y tienen por conveniente la aprobación de semejantes causas y ejecutación pronta de hacer cumplir la pena capital a que por los méritos de los procesos se han hecho reos los delincuentes de esta naturaleza”. Si alguno de los historiadores medievales hubiera descubierto este CABILDO

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ABIERTO le habría dado, seguramente, tinte revolucionario, como al de 1806, pues no se puede negar ser importante, y hasta grave, la resolución adoptada, modificando nada menos que la jurisdicción judicial. Si advertimos que todos los problemas de las poblaciones giran alrededor del Cabildo, que se preocupaba de los abastos, de los precios de las cosas, de la exactitud de los pesos y medidas, de las cuestiones edilicias, de las fiestas, de la justicia ordinaria, del cuidado de la cárcel, del mantenimiento de las acequias donde las había, de la enseñanza pública, de los hospitales, de los asilos, de la producción, de los salarios, etc., no es extraño que alcanzara mayor influencia en la vida de cada localidad el Cabildo que los demás organismos del Estado. La dispersión de los centros urbanos fortificó, además, la concentración de cada uno en sí mismo, e hizo que la ideología de la Edad Media, traída al continente por los primeros conquistadores, encontrara las condiciones geográficas y económicas, así como espirituales, propicias para su conservación y mantenimiento; dando origen, en cada caso, a ese agudo sentido localista que alcanzó especial significación en el curso de la vida política de Argentina. El hombre de la época hispana, así como el de medioevo, no tiene la noción del Estado tal como un hombre de hoy. Ni lo comprende ni lo siente. Se desinteresa de él a tal punto que un hecho de la importancia de la guerra por la Sucesión de España no tuvo la menor resonancia en América, donde todos eran monarquistas, sin preocupaciones guerreras de legitimismo. 3.- EL AISLAMIENTO DE AMERICA.

Factor de trascendental importancia para la consideración de las ideas políticas en el Nuevo Mundo es el aislamiento que vivió respecto de Europa, y que fue absoluto respecto a las luchas políticas del Viejo Mundo, pues la propia metrópoli no la mezcló en las alternativas de sus cuestiones europeas. Tal aislamiento determinó que la transformación que sufren las instituciones políticas en Europa no encontrara paralelo en América, que continúo desenvolviéndose durante más de dos siglos en base a los organismos estatales creados desde la primera hora del descubrimiento, de forma que, la literatura política que aparece en las etapas iniciales del liberalismo, y que en defensa del poder civil dio en partidaria del absolutismo, no fue conocida en el Nuevo Mundo, y la posterior, contraria al absolutismo, no pudo encontrar mayor eco por la simple razón de que

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el absolutismo apenas alcanzó a ser conocido en América. Con el advenimiento de los Borbones se desfiguró la genialidad histórica de España. Como dice Bofarull y Romañá: “se imponía una reforma profunda que, orientándose en lo substancial y bueno de nuestra tradición y de nuestro propio modo de ser, lo fuere moral, política y económica de España, descompuesta al morir el último rey de la dinastía de Austria. Mas esta reforma la llevó a cabo Felipe V, no obstante la buena intención que a veces mostró y que no le regateo, pues conducido por su mentalidad francesa, y por la soberbia y veleidad de sus cortesanos y cediendo los caprichos del intrigante Alberoni… impuso una política extranjera y absoluta, con lo que en lugar de esperanzar para bien de España un período de reformas y de pacificaciones vino por la violencia el exterminio de las libertades que eran preciado fruto de nuestra historia y savia que sustentaba sagradas realidades nacionales”. En efecto, en manos del primer Borbón murieron las libertades locales, el régimen foral, el Municipio y los gremios, quedando anuladas de su influencia política las clases sociales, especialmente la eclesiástica, por el atropello a la Iglesia en sus inmunidades y fueros, que cometió el naciente regalismo. A esto, lo historiadores liberales juzgan diciendo que “ilustrados y progresistas, los borbones habían procurado asimilar alguno de los buenos principios económicos, administrativos y políticos que por entonces comenzaban a elaborarse”. De lo que resulta la desconcertante conclusión de que para producir en el mundo “una nueva actitud política: el espíritu liberal”, fue necesario terminar con las libertades… Y es que, en el fondo del régimen liberal, como su base y sustento, se encuentra la economía individualista, que necesitaba, en sus primeras etapas, del régimen absoluto, para destruir, con los gremios, la vieja concepción corporativista, cuya vigencia no le permitía la proletarización del artesano, para su más fácil explotación; que necesitaba las unidades nacionales para destruir el sistema de aduanas interiores; que demandaba una política fuertemente proteccionista a fin de permitir las acumulaciones primitivas de capitales con que iniciar la etapa del capitalismo industrial; que procuraba un régimen en el que el dinero predominara, siendo así como logrado todo eso, bajo el absolutismo, desembocó en la revolución inglesa de 1688 y en la francesa de 1789, que no fueron otra cosa que episodios destinados a elevar a la burguesía a la posesión de la función pública. Los que suponen que el liberalismo es una doctrina de origen popular ignoran de qué hablan, pues se trata de una concepción netamente clasicista, contra la cual surgió, no en defensa de lo popular, sino de otra clase, el socialismo, con las mismas bases teóricas que su oponente, por lo que resulta igualmente equivocada y peligrosa desde que ambas se asientan en una

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concepción falsa del hombre, de la sociedad y del Estado. Ocurre, eso sí, que el liberalismo, por su concepción neutral en materia religiosa y sus exigencias en materia de poder civil, al sacar a la Iglesia de todo lo que se relaciona con la vida política, determina que las normas morales que han construido la base del mundo medioeval dejen de actuar. El capitalista puede acumular beneficios sin temor y el político puede levantar tribunas de engaño para exponer cualquier disparate. Fuera de la honradez personal no hay límites morales para nada. Los enemigos de la religión se prenden al liberalismo, aun no creyendo en él, porque les permite luchar contra la Iglesia, de manera que la pérdida de libertades bajo Felipe V resulta un avance para los progresistas, porque las libertades perdidas estaban ligadas a gobiernos creyentes. Confundiendo las ideas con las instituciones, consideran que la democracia es el Parlamento y que la tolerancia es el laicismo. Son víctimas de haber encerrado al hombre en la estéril soledad de su propia conciencia, “sin más puertas para pasar del orden ideal al real -dice Menéndez y Pelayo- que un sofisma de tránsito”, asiento de las bases de toda doctrina racionalista, dejando en el aire los fundamentos de toda certeza y haciendo imposible toda ontología. En ese descenso, el hombre olvidó que en cuanto a él se refiere pertenece a la moral, y se creó una ciencia política, como una económica, sin relaciones con la ética; verdadero disparate cuyas consecuencias paga la humanidad con el drama de dos guerras brutales que no han servido sino para establecer un descanso, hasta que venga la tercera a terminar con la cultura del Occidente Europeo. De Francia le llega a España el absolutismo en 1700; de Francia le viene la pérdida de sus libertades tradicionales. Rafael de Macanáz, uno de los patriarcas y progenitores del liberalismo español, refiriéndose a los fueros de Aragón, decía que eran “injustas concesiones arrancadas a los Reyes a fuerza de levantamientos sediciosos”. ¡Declaraba que era “concedida por autoridad de los Reyes” la elección de los obispos por el clero y el pueblo, tradicional disciplina de la Iglesia desde los primeros siglos! Pero ocurre un hecho singular. Mientras en base a los conceptos galos sobre REGALISMO se cercena en España la ingerencia de la Iglesia en múltiples aspectos de la vida religiosa, esos acontecimientos, como la pérdida de fueros y libertades, no repercute en América, donde la Iglesia actuaba -en virtud de los amplios derechos de Patronato que la Santa Sede acordara a la Corona de Castilla, a los fines de realizar los propósitos misionales en el Nuevo Mundo- más ligada a la Corona que a la Santa Sede. Fuera de las órdenes religiosas, que tuvieron

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permanente relaciones con el Pontificado, la Iglesia americana se desarrolló sin vinculaciones con el Vaticano, de manera que muchas de las posiciones REGALISTAS, que en España causaban horror entre los ortodoxos, no producían efecto en América. Y no porque la ortodoxia fuera menor, sino porque América supo siempre que el rey actuaba con poderes delegados MOTU PROPRIO por el Papado; no advirtiendo la puja por el valor de sus investiduras ni que el poder civil quisiera disminuir al eclesiástico. Además, en lo que a la vida administrativa se refiere, el absolutismo no innovó de entrada nada de América. La experiencia había demostrado la bondad por el régimen creado por los Austrias, confirmada por la circunstancia de que las provincias americanas se mantenían fieles a la corona sin necesidad de apelar a fuerza de ocupación ni a medidas de carácter coercitivo, Es así como los cabildos continuaron con sus libertades hasta la aparición de la “Ordenanza de Intendentes”, acto de cercenamiento de las mismas, que fue el Virreinato de Río de la Plata el primero en sufrir. Antes de él, la expulsión de la Compañía de Jesús constituyó una demostración de que algo había cambiado en la península y, por cierto, el comprobarlo, lejos de contribuir a la unidad del imperio, produjo en él una primera fisura, pues los americanos tenían muy fundadas razones para respetar la obra realizada por los jesuitas en la tarea de elevar el nivel de civilización y cultura del Nuevo Mundo. Sabido es, por ejemplo, que las universidades americanas gozaron siempre de absoluta independencia. Pues bien, a raíz de la expulsión de los jesuitas, creáronse, para las de América, CENSORES REGIOS, destinados a evitar que se estudiaran las teorías jesuíticas sobre los derechos del pueblo a la resistencia –comúnmente denominada doctrina del regicidio o tiranicidio- contra los reyes que fuera a dar en afanes de tiranía. Los ministros volterianos, como el Conde de Aranda, con consejeros como Campomanes, temían que los derechos absolutos del monarca se vieran en peligro por las doctrinas jesuíticas, las cuales fueron una de las causas verdaderas de la expulsión de esa orden de Portugal, España y Francia, resuelta por tres ministros masones, liberales y enciclopedistas. Toda metodología historiográfica basada en las ilusorias leyes del progresismo no puede ser acomodada a estas verdades, pero la culpa es que aún se haga historia sobre la base de que todo tiempo pasado fue… peor. La historia de los hombres no puede ser representada por un trazo ascendente, como hace con sus ganancias un capitalista afortunado, sino por una línea quebrada, con muchos altibajos, cuya media no siempre es ascendente en aspectos esenciales. No lo es la de los últimos siglos en cuanto a la concepción sobre la libertad de

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la Persona, porque la idea sobre la soberanía política que tiene el hombre de hoy es tan absurda que no hay posibilidad de defenderla sino es con meras afirmaciones, salvo que se acepte que la verdad depende del número de votos. ¡Como aquella reunión, en el Ateneo del Madrid republicano, en que se puso en votación si Dios existía, y que, según creemos, se aceptó que existe por un voto de mayoría! El aislamiento de América, mantenido por España de acuerdo con sus intenciones de forjar un continente profundamente católico, determinó que, en él se prolongara, en cuanto a sus ideologías, la Edad Media; hasta llegar al siglo pasado, cuando las masas argentinas, hartas de una lucha estéril, deben rendirse definitivamente con el último caudillo -López Jordán-; que quizás hubiera podido contra las ideas de Sarmiento, pero que, con sólo sus TACUARAS gauchas, nada pudo contra las ametralladoras importadas con que se apoyó quien escribiera, en plena cordillera, “ON NE POINT PAS LES IDEES”. Es esa permanencia de la mentalidad medioeval la que determina que, al llegar el año 1810, las provincias españolas de América encuentren en sus instituciones municipales el organismo vital representativo, con la suficiente pujanza para constituirse en la base del modelo independizador; y si las minorías mercantiles e ilustradas que entraron a apoderarse de la cosa pública por la fuerza del predominio económico del puerto de Buenos Aires encontraron resistencia popular, es que existía una conciencia política popular que nadie sospechaba. Medio siglo de esa lucha terminó con la derrota de la ideología medioeval y el triunfo, por cierto precario en el tiempo, pues ya asistimos a su crisis, de las ideas importadas del liberalismo evolucionado desde las fórmulas del “Absolutismo Ilustrado” a las del electoralismo burgués que se evade del “peligro” de un gobierno de las mayorías, mediante constituciones y leyes que dividen los poderes, establecen representaciones proporcionales y disocian a la opinión con el mecanismo de los partidos políticos. Una concepción individualista desalojó a la concepción social que venía de la era hispana, porque la idea de la sanción utilitaria comenzó a reemplazar la de la sanción divina para las reglas de conducta. El aislamiento en que vivió América respecto al resto del mundo durante el período de los Austrias, continuando durante casi medio siglo por los Borbones, se rompe con la expulsión de la Campaña de Jesús, que significó la renuncia de España a los fines espirituales de su imperio. Tal es la realidad desde el punto de vista americano.

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Es verdad que bajo el gobierno de Carlos III surgen una serie de medidas que parecen dar nueva vida a las provincias españolas de ultramar, pero lo es también que rompían con las viejas tradiciones, destruyendo características gracias a las cuales el dominio español había podido prolongarse en el Nuevo Mundo por largo tiempo. La concepción francesa se advierte en un hecho singular. Bajo los ministros de “Absolutismo Ilustrado” las provincias americanas comienzan recién a ser consideradas colonias; denominación que, a fines del siglo XVIII, adquiere jerarquía en documentos oficiales. La centralización se expresa en la exclusión de los habitantes americanos de los altos puestos públicos, así como en la burocratización de la administración. La “Ordenanza de Intendentes”, institución netamente francesa, entra a disminuir las autonomías municipales y determina la supeditación de los Cabildos a Gobernadores-intendentes, con enojo de las entidades subordinadas, como lo demuestra el hecho que, producidos en Buenos Aires los sucesos de Mayo de 1810, los cabildos de Mendoza y San Juan pidieron ser sacados de la jurisdicción de Córdoba; Santiago del estero se separó de la de Tucumán; La Rioja de Córdoba, etc. Es que, a pesar de todo, las consecuencias del Absolutismo fueron tan débiles en América que no lograron modificar la ideología política de sus pobladores, que mantenían los conceptos iniciales: aquellos que habían heredado de la Edad Media y se habían mantenido frescos y vivos en el Nuevo Mundo. 4.- LAS CLASES SOCIALES RIOPLATENSES DURANTE EL PERIODO HISPANO.

En materia de historia del pasado americano el investigador puede encontrar en la bibliografía correspondiente cuanto se le ocurra. Entre las más disparatadas cabe un lugar de honor a la que afirma que “las dificultades -y puede decirse que el fracaso- de esta política colonizadora [la de las encomiendas] originó en segunda instancia (sic), una política de catequesis, propugnada por los religiosos”. “Fue así como representantes eminentes de una concepción política que desdeñaba la riqueza como fin en sí misma [que rechazaba hasta Adam Smith] fundaron reducciones en las que los indígenas trabajaban en provecho de la comunidad, sin duda dentro de un régimen menos inhumano… pero suponía también una educación política basada en el más férreo autoritarismo”. Advertimos que los párrafos entrecomillados pertenecen a una obra reciente.

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Se procura, con tales afirmaciones, caprichosas y hasta tortuosas, como cuando se dice que en las reducciones el indio trabaja en “provecho de la comunidad”, confundir al lector. ¿De qué comunidad se habla? El caso es dejar la idea de que el indio no trabaja para sí mismo, o sea, para la comunidad indígena, sino para la comunidad total, dado el fracaso de la encomienda; lo que tiende a afirmar una de las tantas tonterías comunes de la historiografía liberal, consistente en forjar regímenes feudales como etapa previa al liberalismo. Resulta de esta manera de ver que la obra de trasladar la civilización occidental a América, que debía ser loada y cantada por los progresistas, no lo es sino con reservas que se basan en el carácter católico de ese trasplante; y un buen progresista, al llegar a determinado siglo está en el deber de abandonar la religión, siempre que no se trate de un progresista protestante, para la cual lo único que hay que eliminar es el catolicismo, no la religión. El indio quedó rezagado, sobre todo en el Río de la Plata, no porque tuviera “reservas mentales” (sic), como expresa el autor de referencia, sino por su incapacidad de adquirir la cultura occidental en dos o tres siglos. En este sentido hay que decir que la obra de España quedó interrumpida. Muchos historiadores se han planteado la cuestión del fracaso de las misiones jesuíticas entre los guaraníes, sin encontrar respuesta al hecho de que, desaparecidos los padres de la Compañía, los indígenas volvieran en su mayoría a la selva. El hecho es, sin embargo, de una extraordinaria claridad. Sólo un progresista es capaz de creer que si se toma a un salvaje del Congo en los primeros días de su vida y se lo educa en Londres o en Oxford, se puede hacer de él un universitario, miembro de la “Royal Society”. Lo cierto es que, si se toma a un inglés, criado desde niño en la selva por negros del Congo, bastarán pocos años de educación civilizada para que alcance a ser un inglés igual a cualquier otro inglés. La diferencia se explica, porque todo ser humano es un microcosmos de su propia historia, la de su pueblo. Todo hombre es producto del pasado, vive sumergido en el pasado que por todas partes le oprime. La labor del misionero en Indias -cuya dificultad ellos mismos no podían apreciar por su concepción de hombre- obligaba al indio a romper con su pasado y reducir a problema mental, resolviéndose en una proposición de verdad que fuera premisa de un nuevo ideal de vida, las normas de una civilización con las que había tenido contacto. Labor ímproba, difícil, que necesita varios siglos más, como lo demuestran pueblos como el japonés, de mentalidad más avanzada que nuestros naturales precolombinos, que ha adoptado las formas exteriores de la civilización occidental pero que mantiene su

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propia base cultural. En el campo de la economía, España realizó supremos esfuerzos para que el nativo se independizara y viviera y actuara como el blanco. No fracasó porque los nativos tuvieron “incapacidad para lo económico”, sino porque retenían espiritualmente para las formas de la economía que se trataba de inculcarles, siendo notoria su incapacidad para toda labor ordenada y, en las tribus que poblaban la tierra actualmente argentina, para toda vida social, pues vivían un nomadismo, resultado probable de muchos siglos de retrogradación. Estas circunstancias determinaron un fenómeno especialísimo en Argentina. Como no existían riquezas mineras, la economía se relacionó con la agricultura y la ganadería, o formas especiales del artesano; y como la mano de obra indígena era mala, debió el blanco vincularse con el proceso de producción más estrechamente que en otras partes de América, conviviendo con sus trabajadores, lo que fortificó el espíritu democrático del argentino. Se ha pretendido que tal sistema económico, que dio importancia a la vida rural, creó núcleos que escapaban a la estructura estatal, esencialmente urbana, y hasta se ha llegado a decir que ello constituía una contradicción que ocultaba “el secreto de la conformación del espíritu político argentino”. Es indudable que si uno se propone encontrarle cinco pies llega un momento en que los ve. 115

Es así como, dado que se había dicho que el caudillo era un señor feudal, tipo de propietario despótico y prepotente, se procuró encontrar la razón del juicio mediante manipuleos caprichosos de la historia y del esquema expuesto, se procuró sacar la explicación del “autoritarismo individual” de las poblaciones rurales. Las leyes habían imperado en el mejor de los casos, en los centros urbanos, o sea, que se llega a la lucha de la civilización y la barbarie por caminos impensados. Lo que no se ve, lo que no se comprende, o lo que no se quiere ver y comprender, es que no son las leyes, ni la estructura política las que determinan el estilo de vida del hombre, sino al revés, éste determina aquellas. En el hombre hispano del período español en América, hasta muy avanzado el siglo XVIII, la propia conciencia de deberes y derechos, como consecuencia de su posición religiosa y de su concepto del orden y las jerarquías sociales, es factor más ponderable que los cuerpos jurídicos. Es verdad que los grandes caudillos estuvieron estrechamente vinculados a la vida rural, pero TODOS PERTENECIERON A LA CIUDAD, INTIMAMENTE VINCULADOS A ELLA Y HASTA INTERESADOS EN SU VIDA ECONÓMICA. Eso del “gaucho-caudillo” es un novelón. La mayor parte de tales idealidades de su pueblo fueron de origen aristocrático, en cuanto

descendiente de la mejor estirpe española. Ocurre, eso sí, que la vida rural fortalece, en zonas de peligro, la convivencia de los hombres, fortificando el sentimiento democrático; y es siempre más puro es sus relaciones que el urbano, más dócil para admitir influencias extrañas. En el siglo XVIII Azara, refiriéndose a los españoles peninsulares de estas tierras, dice: “Todos convienen en considerar iguales, sin conocer aquello de nobles y plebeyos, vínculos y mayorazgos, ni otra distinción que la personal de los empleos, y la que lleva consigo el tener más o menos caudales o reputación de probidad o talento”. El auge del materialismo histórico en ciertos sectores de la historiografía americana ha servido para ofrecernos los más curiosos esquemas sobre la formación de las clases sociales en el período hispano. Considerándolas como agregado de personas que juegan el mismo papel en la producción económica, se forjó una sociedad que sólo ha tenido existencia en la mentalidad de sus creadores, pues no se necesitaba haber hurgado mucho en ese período para saber que en la división de sus clases no entró para nada, por lo menos hasta avanzado el siglo XIX, la actividad económica. Para demostrar su hidalguía nadie exhibía su fortuna, sino sus antecedentes. Hay división de clases en la Edad Media, pero determinadas por consideraciones que sirven para jerarquizar a la sociedad. La afirmación de que las clases son siempre producto de la economía es una tesis que Marx necesitó para dar vida a una teoría aplicable a la sociedad liberal europea, pero sin sentido ni contenido en la sociedad medioeval europea o americana. También se ha pretendido identificar el nacimiento de las clases americanas con las divisiones entre blancos y negros, criollos y españoles. La esgrimen quienes procuran hacer de la Revolución de Mayo una lucha entre criollos y españoles, con la característica económica de que todos los españoles son monopolistas -¡cuando ya no existía monopolio!- y todos los criollos librecambistas. Recordemos que en los primeros años de la conquista, en el seno de órdenes religiosas como la de los mercedarios y dominicos, se planteó el problema de los frailes nativos y peninsulares, y hasta el propio Carlos Marx dudaría de ver en esas diferencias un problema económico. Sobre la división entre el blanco y el negro puede decirse que no fue factor político de ninguna especie en la vida argentina. Que el blanco se sentía superior al indio, al mestizo y al negro es evidente, pero no sólo el nacido en la península, sino también, el americano. Lo que ocurre es que el periodo hispano se desarrolla en el espacio de tres siglos, durante los cuales algo pasa en América, a pesar de los historiógrafos que consideran que nunca pasó nada, y lo que ocurre que las formas de la nueva

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economía capitalista que comienzan a triunfar en Inglaterra en el siglo XVI golpean en las puertas del Nuevo Mundo y, poco a poco, sobre todo en las ciudades portuarias, comienza a surgir una clase burguesa cuyo único título es la riqueza, la que, día a día, procura substituir a la aristocracia originaria, en general pobre, porque por espíritu de orgullo renuncia a cierto tipo de negocios. Buenos Aires constituye, en tal sentido, una expresión particularísima, porque no llegó nunca a ser integrada por una corriente hispánica de muy alta jerarquía, al revés de Tucumán; y vivió del resto del continente, aprovechando en beneficio propio las ventajas de su posición marítima. Por ello logra desarrollar en su seno una burguesía enriquecida de extranjeros como no hubo igual en otras ciudades del continente. Lo que es sólo efectivo a comienzos del siglo XIX. Mas, entender, como es común en la historiografía argentina, lo que ocurre en Buenos Aires al resto de lo que forma al actual país argentino, no revela ni mucho rigor científico ni mucho amor a la verdad. Es un juego que tiende a dar, de los hechos posteriores a los sucesos de Mayo de 1810, explicaciones de acuerdo a los intereses de la oligarquía porteña, que dominó el país hasta 1946, porque en el interior siguió primando el viejo concepto de que las jerarquías sociales eran más cuestión de méritos que de dinero, sin contar que su burguesía no fue de comerciantes sino de hombres de campo, los cuales, por la necesidad de sostenerse en tierras inhóspitas o amenazadas por el indio, forjaron normas de convivencia con sus “peones”, de verdadera democracia práctica. El mismo fenómeno se comprueba en la campaña de Buenos Aires, porque el criollo es más afecto al campo que al comercio, de manera que la vida de la estancia le atrae más que la del mostrador. ¿Qué papel tiene, en esta sociedad el artesano? Se ha dicho que en una sociedad en que los oficios “baxos y viles” eran despreciados no podía desarrollarse una industria avanzada. Es ésta una de las tantas afirmaciones que surgen del sistema de hacer historia con ideas preconcebidas. América creó industrias avanzadas, avanzadísimas, con su artesanado, como la de la platería. ¿Cuáles podía crear en siglos en que la industria no existía? Si nadie trabajaba, como dejan poner ciertas opiniones, cabe preguntar cómo se las arreglaban los españoles del Buenos Aires del 1600 para comer, vestir y habitar. Menos mal que, de pronto, nos enteramos que Hernandarias de Saavedra, con sus hijas, ayudó a hacer ladrillos para levantar un templo en Santa Fe, Aunque se trata de un templo, se ve que no le tenían miedo al trabajo. Pero salen los sociólogos al paso y dicen: los que trabajan eran los indios y los negros. Si se piensa lo que un indio o un negro podían servir para ser carpinteros, sastres, herreros, plateros, etc., habrá que convenir, por lo menos, que algún blanco les enseñó esos oficios; pero es que lo cierto, lo real, es que la base

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del artesanado en la actual Argentina no fue el indio, por incapaz de todo aprendizaje, ni el negro, como la revela aquella protesta de la ciudad cuando se intentó expulsar a los portugueses, alegando el cabildo que la ciudad se quedaría sin artesanos. La mayoría del artesanado fue blanco, y todo el sistema de artesanía trabajó bajo la protección de las normas de economía social propias de la mentalidad medioeval, es decir, a base de gremios y actuación efectiva del Estado, estableciendo aranceles. Posteriormente, en la misma medida que el comercio se fue desarrollando, tendieron los blancos a otras actividades, substituidos por negros, explotados por sus propietarios, que, al modo de Grecia, vivían de ellos. El proletariado llegó así a ser casi exclusivamente negro, lo cual careció de toda importancia política porque nadie consideró nunca al negro -hasta el siglo XIX, por lo menos- como un ser con posibles derechos a inmiscuirse en tal cosa, ni el negro pretendió esa conquista. Después de 1810 el negro pasó a integrar los ejércitos patriotas como soldado de infantería, pues el blanco despreciaba a los que iban de a pie y era sólo soldado de caballería. Fue la guerra de la independencia la gran liberadora de los negros y, junto con algunas enfermedades, la gran devoradora de los mismos en Argentina. Después de la batalla de Chacabuco, San Martín, atravesando el campo de la acción, donde perecieron 7000, al pasar frente a un montón de tierra recientemente removida exclamó: “¡Pobres negros!” Y Mitre comenta: “Allí estaban enterrados los muertos de Chacabuco, pertenecientes en su mayor parte al batallón número 8, compuesto de libertos de Cuyo”. Aun colocándonos en la posición de reconocer que las clases sociales del período hispano fueran consecuencias de relaciones económicas, no es posible aceptar que entraran en lucha por ellas. Existen choques de intereses, no de clases, pero esas luchas no afectan la vida de la ciudad, de mentalidad medioeval, mientras sus normas de vida predominan, pues el sentido del BIEN COMUN se impone sobre cualquier interés individual o de clase. El que los Borbones llenaran el continente de funcionarios traídos de la metrópoli, inclusive las jerarquías de la Iglesia, no teniendo en cuenta a los nativos, no es una cuestión de clases, sino de normas. La realidad es que no eran tenidos en cuenta, ni los nativos ni los peninsulares residentes en el Nuevo Mundo que carecían de influencias en la Corte, pues los que podían darse el lujo de ir a España y ganarlas, volvían con cargos, y es así como Manuel Belgrano, a pesar de ser su padre italiano, logró en Madrid que se le designara Secretario del Consulado. Que semejante situación contribuyó a crear un sentimiento autonómico

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que podía conducir a la independencia política, no se puede negar, pero si cabe negar que para ello se necesitaba la importación de ideas políticas nuevas, pues en ningún caso esa posición tendió a destruir la integridad del imperio español, sino a terminar con las directivas políticas de contenido antihispano, que lo regían. Los americanos -tanto nativos como peninsulares residentes- comienzan a aspirar al gobierno de su región o provincia liberándose del absolutismo o del centralismo, pero no del Imperio. Los hombres que defienden a Buenos Aires de los ataques ingleses, en 1806 y 1807, en nombre de su patrimonio de españoles, no podían, tres o cuatro años después, haber creado nuevas normas nacionalistas. Los que en 1809 procuran el apoyo de la Princesa Carlota para evitar que el imperio caiga en manos de Napoleón, no pueden, un año después, ser los artífices de su destrucción, y menos cuando semejante proceso intenta explicarse como residuo de una lucha entre clases que o, no existen con conciencia de tales, o no realizaron pronunciamiento alguno determinado por semejante circunstancia. La coexistencia de los distintos grupos sociales fue, durante el período hispano, tan íntima, aunque se lo considere, como algún autor, que se desenvolvió en un orden completamente artificial, “dado las diferencias y oposiciones notables de los intereses de unos y otros”, porque el Estado, considerando como tal al gobierno de la metrópoli, no giró alrededor de los intereses de ninguna clase. Así se explica que España mantuviera sin fuerzas militares el dominio del Nuevo Mundo, hasta cuando había decaído a potencia de segundo orden. ¡Nunca se oyó hablar en América, dice un autor, de cabildante indio o gaucho! ¡Qué le vamos a hacer si el hombre es sordo! Cualquiera sabe que en las reducciones se organizan cabildos totalmente integrados por indígenas y si no los hubo de gauchos es porque no podía haberlos. Para sorpresa del autor de esa opinión reproduciremos parte del acta del Cabildo de Corrientes, del 7 de Febrero de 1656, en la que se lee: “Como es costumbre es este Reino y para ello me presentaron dos indios latinos, naturales de la provincia de Tucumán, nombrados Julio y Diego, a quienes en el Real nombre le entregué las insignias de vara alta de la Real Justicia, para que por dicha insignia sean conocidos por tales alcaldes y ministros y les guarden el respeto que se les debe por tales ministros a quienes entregué la vara de la Justicia y mandado se les haga por todos los vecinos y moradores y por cualquier otra persona, el cumplimiento que se les debe a los privilegios de los tales alcaldes, bajo las penas… contra los que contravinieron a este acuerdo, para del conste se pondrá en el Libro del Cabildo y a los dichos dos alcaldes recibí juramento…”

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Los documentos son una constante caja de sorpresa para historiadores como el que nos ocupa, quien demuestra falta de honestidad intelectual al plantear el problema como lo ha hecho, la misma que si nosotros dijéramos, para atacar el liberalismo, que no hay un sólo Parlamento integrado en su totalidad por vagabundos. No hubo cabildos de gauchos, que eran hombres de la campaña y los cabildos instituciones urbanas, pero, en cambio, hubo cabildantes muy “gauchos”, como Alzaga. Leemos que para ser considerados “VECINO CONOCIDO Y DE DISTINCIÓN” se necesitaban condiciones legales y de fortuna. Condiciones legales se necesitan hoy para ser ciudadano, pero ni hoy ni durante el período hispano se consideró que solo la fortuna bastaba para dar distinción. En cambio, los Constituyentes de 1853 creyeron que para ser Senador Nacional se necesitaba poseer determinada renta, y así lo establecieron, y así se mantuvo en nuestra Constitución Nacional hasta la reforma de 1948. Por cierto que, de acuerdo a tal determinación, San Martín no hubiera podido ser Senador, porque no alcanzó a poseer la renta de 2000 pesos fuertes que, el artículo 47, señala como requisito para tal cargo. Si analizamos la lista de vecinos invitados al Cabildo Abierto de 22 de Mayo de 1810 es fácil comprobar que muchísimos comerciantes ricos no fueron ni siquiera invitados. Se dice que la burocracia hispánica tuvo la función de defender “los privilegios instituidos en favor de la Corona”. Sin contar que quien así se expresa no demuestra cuáles fueron esos privilegios, es notorio que la burocracia de todos los regímenes tiene como función defender los intereses de quien lo designa. Se agrega que esa burocracia buscaba el enriquecimiento rápido y el retorno a Europa, fenómeno que se señala como común entre los peninsulares residentes en el Nuevo Mundo, aunque se trata de una afirmación baladí, inconsciente, hecha porque sí, pues la realidad se encarga de decirnos todo lo contrario, desde los grandes conquistadores hasta los modestos funcionarios que, después de jubilados, solían vivir en Buenos Aires, que ya entonces se distinguía por su virtud de hacer retornar a quienes llegaban a conocer. El error surge de las generalizaciones. En la última mitad del siglo XVIII bajó el burocratismo de los Borbones, los funcionarios van y vienen por todo el Imperio, pero no es muestra de agudeza confundir ese nomadismo con la gloriosa realidad de quienes conquistaron América, se instalaron en ella y nunca la abandonaron, creando, por eso mismo, ciudades e instituciones que constituyen el orgullo de nuestro pasado y magnificas realidades de nuestro presente. Para que se advierta hasta qué punto las ideas A PRIORI contribuyen a

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deformar la visión de la realidad, cabe citar el caso de quien escribe que “sin la existencia de un aparato del estado, asegurado por la violencia social que podía ejercer permanentemente, ¿quién hubiera podido garantizar la seguridad de la marcha de la sociedad?... ¿Se hubiera podido obligar al estanciero a no vender sus cueros a cualquier buque que se presentase en las playas fuera español o extranjero?... ¿Se hubiera podido impedir el desarrollo prodigioso de las pulperías volantes, compradores de cuero a los gauchos libres y pequeños estancieros diseminados por la campaña?”. Pues bien, los hechos respecto a los cueros fueron, en Buenos Aires, todo lo contrario de lo que supone este autor, pero lo curioso es saber hasta que punto él mismo supone que sin el aparato del estado, el hombre de hoy procedería siempre bajo normas honestas. Que la tierra no fue un factor en la formación social de las clases de Argentina hasta mediados del siglo XVIII, porque carecía de valor, es un hecho evidente. Trelles tituló: “mucha tierra por poca ropa”, a un comentario sobre venta de un campo. Tampoco tenía mayor valor el ganado. De acuerdo al sentido social de la economía de la época, hasta comienzos del siglo XVIII, cuando arribaba un barco a Buenos Aires y solicitaba cueros, se reunía el Cabildo, organizaba la expedición necesaria para obtenerlos y convenía con los armadores el precio de los mismos, el cual se distribuía luego entre los ACCIONEROS. Como tal se entendía a los descendientes de los primeros conquistadores, considerados propietarios de los animales diseminados, especialmente en la campaña oriental, donde se llevan a cabo las más importantes VAQUERIAS. Las actas del Cabildo de Buenos Aires registran ventas en que tocaba a algún accionero el valor de venta de uno o dos cueros, lo que no les permitía salir de la más angustiosa pobreza. Pero un día llega un navío con autorización real para adquirir los cueros a quien los ofrezca y por el precio que los vendedores se convengan. Es un acto de comercio nuevo; el Cabildo protesta; los ACCIONEROS lo mismo. ¿Por qué? Porque librada la contratación de cueros a las normas de la economía individualista se abría campo de acción a las matanzas clandestinas, hechas por gentes al margen de la ley, sin contar que se producía una disminución en el valor de los cueros que perjudicaba a la economía general de la ciudad. Es el ACCIONERO quien no quiere la libertad de vender al primero que llegue, al revés de lo que dice el autor citado, que habla de pulperías de campaña, que no existían en los siglos XVI y XVII, pues fueron consecuencia, desde fines del siglo XVIII, de las normas de

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comercio libre que comenzaron a imponerse. Durante muchos años defendió el Cabildo sus derechos a contratar la exportación de cueros y lo hizo con valentía, pero su actitud era luchar contra la historia y, poco a poco, la libre contratación sirvió para arruinar más de lo que estaban a muchos ACCIONEROS, enriqueciendo a especuladores aislados que organizaban expediciones para obtener cueros entre las haciendas de todos los que poblaban la costa oriental. Es evidente que el Cabildo defiende en este caso el interés de los ACCIONEROS, que constituyen una clase social con ciertos privilegios por razones morales y no materiales; pero lo es también, que esa política responde a un sentido social tan evidente que no resulta fácil meter por el medio lucha alguna de clases. Sólo cuando las normas del liberalismo económico comienzan a actuar es cuando esa lucha se inicia, porque deriva de una nueva concepción de la vida social, en la que lo económico pasa a primer plano, hasta tornarse en factor decisivo en la formación de las jerarquías sociales. En el litoral argentino se formó una población rural, el “gauderio”, con cierto espíritu nómade que tendrá todo lo que el idealismo haya creído encontrar en los indios, pero que se parece más que al natural indígena, al árabe, a pesar de los factores telúricos que, como hemos dicho, muchos citan pero ninguna demuestra en qué consisten. Esa población rural, engendradora del “gaucho”, se parece en sus ideas políticas al hombre de la Edad Media de manera asombrosa, al punto que sus virtudes en tal sentido bien pueden señalarse como heredadas. En base a esta población se organizan las estancias, pero recién a fines del siglo XVII, como verdaderos castillos feudales, con un señor al frente, el cual, por la vecindad con el peligro no tiene de feudal más que la apariencia, pues práctica, de hecho, la democracia de convivencia con sus peones. Es una virtud nacional que llega hasta nuestros días, y que no han comprendido los políticos de la ciudad, que hablan de desdén de los caudillos y de su amor al pueblo, pero serían incapaces de convivir con los peones en la forma y el ambiente que lo hacían estancieros como Juan Manuel de Rosas, durante el siglo pasado. El estanciero es el paño de lágrimas, él lo resuelve todo, lo mismo la estrategia contra el malón que los casos de conciencia, y como, por lo común, es un caballero cristiano, no abusa de su situación como no sea para aumentar la población, en generosa expansión de su personalidad exuberante. Ni siquiera pudo plantearse en América un problema de la lucha del poder civil y la Iglesia, que fue la base de la revolución en las ideas políticas que sirvió

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para fortalecer a las monarquías y, crear, posteriormente, el ideario constitucionalista, porque, como hemos dicho, la Iglesia se desenvuelve en el continente dentro de las determinaciones del Patronato Real, al punto que la famosa teocracia de ciertos textos sólo puede ser invocada con olvido de la actitud de ciertos gobernantes, como el virrey Francisco de Toledo, que no demostró nunca disposición a gobernar a medias con nadie, y menos con la Iglesia. Ahora, si se denomina teocracia a que el gobierno de un país católico haga fe en los principios de su Iglesia, preciso es denominar teocracia a Inglaterra, donde el rey es jefe de la Iglesia, el parlamento aprueba el “libro de oraciones” y la fusión de la Iglesia y gobierno es estrecha en grado sumo. En las luchas constantes entre gobernadores y obispos, que dan color a la vida del período hispano, no hay síntomas de disociación entre los principios y la realidad, porque el catolicismo español supo separar a la Iglesia como institución divina de la Iglesia como creación administrativa del hombre. Mas lo curioso es destacar que en estos conflictos, la población supo estar las más veces con los obispos, porque eran defensores de las libertades populares contra los abusos de los malos funcionarios. 5.- LA ACTIVIDAD POLITICA DURANTE EL PERIODO HISPANO.

A la metodología histórica progresista es necesaria la afirmación de que el período hispano fue una interminable siesta, sin alteraciones, por razones políticas, debido a que la organización teocrática del estado no permitía, por una parte, ningún movimiento y, por otra, había logrado una estabilidad mental que no facilitaba sublevarse contra el sistema reinante. Leemos párrafos tan sabrosos como éste: “Ni la voluntad real ni las leyes y ordenanzas en que se concretaba -la autoridad con respaldo teológico- recibían otro testimonio que el de la más rendida sumisión; pero ni la autoridad real ni las leyes podían contra la miseria y el hambre, contra el apetito de riquezas, contra la irritación que causaba la medianía en quién había acudido a América para triunfar y salir de pobre. Autoritario en su concepción política y autoritario en su concepción familiar, el español violaba las leyes que coaccionaban sus apetitos, con audacia aunque con la máscara de la sumisión”. Resulta difícil después de esta lectura, saber si América se mantuvo fiel a España durante tres siglos por sumisión o por simulación, equívoco al que conduce el afán de acomodar la vida de ayer a las ideas de hoy. El mismo autor agrega que para el hombre de entonces “todo intento de innovación es contrario al

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orden establecido y constituye un hecho revolucionario”, por lo que “la colonia se torna violentamente reaccionaria frente a toda idea que suponga renovación en las circunstancias económicas, sociales y políticas”. Por una parte se dice que todo fue un constante violar las leyes y, por otra, que todo fue sumisión y conservatismo. La verdad no es ni lo uno ni lo otro, aunque puedan señalarse casos, hechos de tal índole, porque la vida de un pueblo responde siempre a cosas más complejas que los esquemas que pretenden encerrarlas en definiciones concretas. Las relaciones entre gobernantes y gobernados fue, durante el período hispano, como lo ha sido en todos los tiempos, expresión de distintos intereses, afectos y opiniones. Ni todas las Reales Ordenes fueron violadas, ni todas las innovaciones resistidas. El español, como el inglés, es conservador por temperamento –característica heredada por el hispano americano- porque son razas fuertes y serias, si cabe el concepto. Entre la ligereza del espíritu galo y la profundidad del español, las innovaciones ganarán más fácil al primero. El error es considerar ese conservatismo, que es, en esencia, tradicionalismo, como expresión reaccionaria, cuando es posible que la innovación constituya realmente lo reaccionario. Se considera un progresista a quien abandona la fe y reaccionario a quien la conquista, pero nadie ha podido demostrar que lo que constituye el artículo de la fe en la religión sea falso, por consiguiente denominar progreso al ateísmo es una convención, no una verdad. Los indios pampas, o sea, una de las razas más hostiles a toda vida civilizada, carecían casi en absoluto de preocupaciones religiosas respecto de los aztecas, llenos de ellas. Salvando esta digresión, siempre útil por su tema, cabe decir que la vida americana durante el período hispano se encuentra bastante bien reflejada, en su faz política, en los informes de los virreyes, en cuyas entrelíneas se percibe que el manejo de la cosa pública tuvo en América sus dificultades, pues el pueblo poseía tal conciencia de sus derechos que son corrientes los desórdenes, y hasta los movimientos subversivos de cierta importancia, cuando los consideraban afectados; hecho que da por tierra con todas las tesis estáticas respecto a la política. Es lógico que el español no luchara para que en algún papel se escribieran los derechos del hombre, porque como católico tenía plena conciencia de ellos, lo que no ocurre con mucho historiador que cree que los mismos surgieron recién en 1789, y en París. Lo que pasa es que se comete el gravísimo error de ir a buscar entre nuestros antepasados los temas esenciales de la política de hoy. Y como no se encuentran, en lugar de investigar la razón se concreta una explicación. No se advierte la

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realidad de que hasta mediados del siglo XVIII el español de América vive un tipo de organización social tan equilibrado y tiene un concepto tal de la vida, en relación con su persona, que, para él, lo esencial llega a ser ganar la vida eterna, por lo cual se desinteresa de los cambios en la vida terrenal, porque no comprende por otra parte, que haya necesidad de efectuar alguno. Alejado de las cuestiones de la política europea, sin servicio militar obligatorio, mucho más libre en relación a los problemas de estado que un hombre de hoy, las cuestiones que le preocupan son más de orden administrativo que político, pero en todos esos casos demuestra que actúa con un concepto tal de la libertad de la persona humana que los malos funcionarios -que podían ofenderlo- tuvieron que enfrentarse a sucesos desagradables, que señalan la existencia de una mentalidad siempre dispuesta a la defensa de sus derechos. En 1924, el Congreso Científico Panamericano, realizado en Lima, el historiador peruano Carlos Wiesse, leyó un trabajo titulado “Ruidos Coloniales”, en el que había reunido numerosos informes sobre inquietudes, motines y desavenencias limeñas, que dejaban mal parada la tesis de la “siesta colonial”. El mismo tema interesó a otro peruano, Luis Alberto Sánchez, quien llegó a la conclusión de que el período hispano, lejos de ser un mar en calma, fue agitado oleaje. La lectura de las actas de los Cabildos es una prueba de lo mismo. A cada rato conflictos con gobernadores atrabiliarios y funcionarios displicentes; a cada instante defensa de los fueros y privilegios con envíos de procuradores a la península. José Torre Revello, José Antonio Pillado y el chileno José Toribio Medina han dado demostraciones de que los ánimos y los pasquines fueron terror de funcionarios. Entre los más famosos se recuerda al que apareció con motivo de querer el intendente de Real Hacienda de Buenos Aires, Manuel Ignacio Fernández aumentar los derechos de alcabalas, del tipo del 4% al 6%. Pero saliendo de estos hechos para dedicarnos a otros más graves, fácil es presentar alzamientos contra los gobernantes en todo el continente antes de 1800. Años atrás la Academia de Historia de Venezuela organizó un concurso para premiar una obra que tratara el tema de los movimientos revolucionarios del período hispano, correspondiendo el más alto galardón al uruguayo Lincoln Machado Rivas. Dividió éste los movimientos en: a) separatistas, b) autonómicos, c) forales (encaminados a sustentar un fuero o privilegio, colectivo o personal), d) de resistencia a la arbitrariedad y e) meramente de desobediencia esporádica; a los que a su vez dividió en: 1° movimientos revolucionarios de los conquistadores, 2°

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movimiento de las razas sometidas (indios, negros o mestizos), y 3° de la población criolla propiamente dicha, entendiendo como tal la blanca hispano-americana. La primera característica de todos estos elementos fue la espontaneidad, o sea, nula toda injerencia extranjera. En ningún caso se encuentra una concepción revolucionaria previa. Se trata siempre de rebeldías locales y por problemas locales. Puede verse en este carácter de los movimientos revolucionarios una manifestación del individualismo español, pero lo es también del sentido político comercial, localista determinado, en parte por los desiertos que separaban a unas poblaciones de otras. Pero lo más importante, como lo destaca Machado Rivas, es que estos movimientos revisten siempre el carácter de encaminados a la defensa (conservación, adquisición o recuperación), de un derecho positivo o de un interés notorio y estimable. Siempre se trata de defender libertades que se tienen, no que se quieran adquirir, característica semejante a la de la “gloriosa revolución” de Gran Bretaña. Los rebeldes demostraron una noción clara y precisa de lo que se proponían, y tendían a satisfacer necesidades o intereses bien definidos, los que logrados, determinaban la extinción de los movimientos; aun cuando el “principio abstracto que hubiese invocado para legitimar la actitud revolucionaria no fuese reconocido expresamente por las autoridades”. Movimientos hay, como el de los encomenderos, similar como el de los comuneros españoles, que tienen un sentido de defensa de derechos de tipo señorial, mientras que otros, como el de los “criollos” de Santa Fe, en los días de Garay, obedecen a un simple orgullo local, afectado por la fundación de Buenos Aires, que se pone a las órdenes de las aspiraciones portuarias de Tucumán, movidas por Gonzalo de Abreu. Pero lo curioso es, como señala Machado Rivas, que los movimientos de criollos tienen siempre un carácter municipal, no procuran destruir un poder despótico ni personal, sino comunal y amplio. “El poder político dice el citado autor- (que para los conquistadores era deseable, a fin de modificar las cosas en el sentido de acentuar la explotación en su provecho), fue deseado por los criollos como elemento conservador de las posibilidades económicas de que disfrutaban y como defensa contra los abusos”. La sumisión durante el período hispano y aquellos de la “siesta colonial” no son sino paparruchadas, puesto que es notorio que el espíritu de resistencia a las medidas de gobierno consideradas inconvenientes se manifestó en aquel “obedecer y no cumplir” las Reales Cédulas, que abundan en las actas de los Cabildos americanos. Espíritu de resistencia que, desde el caso de Alvar Núñez Cabeza de Vaca, depuesto y enviado preso a España,

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hasta el Cabildo del 22 de Mayo de 1810, se manifiesta en multitud de hechos que dicen que la existencia de una conciencia política agudizada, que poseía conceptos de libertad, apoyados en principios fundamentales de la Iglesia, que formaban parte de la personalidad misma del poblador blanco. Veamos algunos de tales hechos, que extractamos de la obra citada. En el virreinato de México las autoridades eclesiásticas se encontraban, en 1624, en conflicto con lo civiles, estando el pueblo descontento con el virrey, marqués de Gelves. Fracasada la cosecha, se producía un alza en los precios del trigo y del maíz, atribuida, en gran parte, a maniobras de acaparamiento de Pedro de Mejía, amigo del virrey, a quien se acusó por el clero de complicidad en el negocio. El 5 de febrero se produjo un alzamiento que culminó en el incendio del palacio virreinal, el virrey debió huir disfrazado a refugiarse a un convento para evitar ser ultimado por la multitud. En 1640 se recibió del gobierno del virreinato a don Domingo Pacheco y Bobadilla, duque de Escalona, que había nacido en territorio portugués. En 1642 España se hallaba en guerra con Portugal, y los criollos mexicanos, desconfiando de la lealtad de Escalona, lo depusieron mediante una sublevación popular, el 10 de Junio de 1642. En Nueva Granada, la Audiencia, calurosamente apoyada por la población, depuso al capitán general Bravo de Saravia, lo apresó y envió a España, acusado de mal gobierno. En 1655 el pueblo de la ciudad chilena de Concepción depone al gobernador Antonio de Acuña y designa, para substituirlo, al maestre de campo Francisco de la Fuente. Prescindiendo del recuerdo de los notorios cambios de gobierno que registran los primeros años de Asunción del Paraguay por la acción de verdaderas puebladas, vamos a exponer otros hechos. El gobernador Henestrosa, en 1644, expulsa al obispo fray Bernardino de Cárdenas, quién lleva sus quejas a la Audiencia de Charcas, la cual ordena a Henestrosa la reposición del prelado. Retorna éste a Asunción, pero el gobernador, apoyado por el pueblo desacata la orden de la Real Audiencia y expulsa nuevamente al obispo. En 1691 los vecinos de Asunción, considerando que el gobernador Féliz de Mendiola realiza un gobierno tiránico, lo apresan, lo encadenan y lo envían a Buenos Aires. En 1702 ocurre algo semejante con el gobernador Antonio de Escobar. En 1597 a la muerte del gobernador Juan Ramírez de Velazco, los vecinos de Asunción, atendiéndose a la Real Cédula de 1537, eligen a gobernador a

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Hernando Arias de Saavedra y el Virrey de Lima ataca la resolución, nombrándolo para dicho cargo. En 1577 llegó a la ciudad de Santa Fe don Diego Ortiz de Zárate y Mendieta, sobrino del Adelantado, mozo sin escrúpulos, que se dedicó a gobernar con procedimientos caprichosos. Un motín lo depuso, lo envió preso a España y entregó el gobierno de la ciudad al Cabildo. En 1583 quedó vacante el gobierno de Buenos Aires y de acuerdo a la Real Cédula de 1537 el pueblo se dispuso a elegir gobernador, dividiéndose la opinión en dos bandos, que no lograron entenderse, hasta aparecer un candidato de transición que fue elegido. Los movimientos subversivos durante el período hispano adquieren, como hemos señalado antes, diversas características, según sus motivos. Así en Perú, en 1591, una Real Cédula de 1 de Noviembre imponía el derecho de alcabala, del que se encontraba libre desde 1543. El cambio de política fiscal obedecía al estado de penuria del tesoro español y a la necesidad de organizar la defensa del Pacífico contra el ataque de corsarios y piratas. Pero los municipios no entendieron de razones, produciéndose alzamientos de Arequipa, Cuzco y, sobre todo, en Quito, cuyo Cabildo se negó a la ejecución de la Real Cédula. El rey hubo de enviar un comisionado especial para solucionar el conflicto. Dos siglos más tarde los quiteños vuelven a alzarse, en 1765, por la elevación de los impuestos y el establecimiento del estanco de alcohol. Muchos vecinos de arraigo y adinerados viéndose lesionados por tales medidas, azuzaron al pueblo a un motín popular, en el que se exigió la destitución y salida de Quito de todos los funcionarios reales. Machado Rivas recuerda que, de 1565 a 1629, la ciudad de Potosí vivió dividida en dos bandos: castellanos y vascos, por una parte, y criollos y andaluces, por otra. Fue llamada la guerra de los cien años, con alternativas de lucha y de paz durante las cuales cada bando se regía por su cuenta, procurando sus soluciones con evidente prescindencia de las autoridades regulares. En 1630 un movimiento popular obligó a huir al capitán general de Nueva Granada, debido a que por estar en conflicto con el clero, había detenido a dos sacerdotes. Con motivo de la concesión otorgada por la Corona a la Compañía Guipuzcoana para el comercio entre España y la provincia de Caracas, los

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elementos comerciantes de ésta, afectados, organizaron, por iniciativa de uno de ellos, que desempeñaba el cargo de teniente de justicia en Panaquire, una revuelta que se extendió por varios años. En 1717 los plantadores de tabaco de Cuba se sintieron perjudicados por la implantación del monopolio. Promovieron una insurrección que depuso al gobernador, enviándolo detenido a España. Poco después, esos mismos cubanos, en 1762, expulsaron a los ingleses de La Habana, dando así una muestra de fidelidad a España. Si agregamos a esta lista los actos por los cuales los Cabidos americanos realizaron actos ostensibles en defensa de sus autonomías, no se podrá negar que la decantada “modorra” del período hispano es una de las tantas leyendas que se utilizan para dar a la historia un ritmo progresista de acuerdo a determinadas teorías. Entre esos conflictos, que se originaban, muchas veces por la pretensión de los gobernadores de señalar a los que debían ser electos cabildantes, se destaca la actitud del Cabildo de Corrientes, formulando una enérgica protesta contra los manejos electorales que realizaba el teniente gobernador, en la que se lee: “Al tiempo que se hace la elección se envían fuera de la ciudad a algunos capitulares de quienes tiene sospecha que no condescenderán en dar sus votos para las personas que los dichos gobernantes quieren, y así hacen las elecciones a su modo y gusto, de cuya causa han perecido las repúblicas y el buen gobierno”. Un acontecimiento de singular significado tiene por escenario la ciudad de asunción en 1721, siendo gobernador Diego Reyes, a quién hizo oposición Avalos, decano de los regidores. La Real Audiencia admitió las quejas contra Reyes y ordenó que fuera capitulado, enviado como juez, al efecto, a José Antequera, magistrado criollo que fue propulsor del movimiento comunal. Juzgó a Reyes, lo arrestó y fue designado en su reemplazo por el pueblo de Asunción. Reyes consiguió huir de la prisión y pasar a Buenos Aires, donde encontró un nuevo despacho del virrey del Perú, encargándole que siguiera en el gobierno paraguayo. Antequera, no queriendo desobedecer individualmente la orden, decidió dejar el gobierno, pero como tampoco estaba dispuesto a ejecutarla, convocó a los individuos del Cabildo a fin que cada uno expresara su opinión libremente. El Cabildo exhortó a Antequera que no entregase el gobierno sino que lo retuviese hasta que el Virrey designase un gobernador que no fuera Reyes, a lo que accedió Antequera; volvió a aprender a su contrincante y lo retuvo en prisión a pesar de los requerimientos que formulara el Gobernador de Buenos Aires por su libertad. Para terminar con el conflicto, el virrey del Perú designó un nuevo gobernador para el

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Paraguay. Entonces convoca Antequera a un Cabildo Abierto y exhorta a los vecinos a que deliberen “conforme a las conveniencias de Su Majestad y de la causa pública”. El alcalde de primer voto invita a Antequera a abandonar la reunión, “dejándolos solos para que cada uno votase con mayor libertad, sin recelo de su respeto”. Así se hizo, declarándose, por la mayoría, inconveniente la llegada del nuevo gobernador, haciéndole saber por oficio que la sola noticia de su ida había conmovido a la ciudad. Entraron a actuar las tropas de Buenos Aires, que derrotaron a las comuneras, siendo Antequera detenido y condenado a muerte. Años antes, Fernando Mompó o Mompox, que había estado en Lima, llegó a Asunción, trabando amistad con Antequera. Cuando éste fue ejecutado comenzó Mompó a actuar hablando “del poder común -dice el padre Lozano- de cualquier república o ciudad, villa o aldea, enseñando que era más poderoso que el mismo rey, y que en manos del común estaba admitir la ley o el gobernador que gustasen, porque aunque se le diese el Príncipe, si el común no quería, podía justamente resistirse y dejar de obedecer” El caso es que esta prédica se hizo carne en la población y en 1730, se consideró llegado el momento de ponerla en práctica en la ocasión de la llegada de un nuevo gobernador designado por el Virrey. Se mandó decir al nuevo funcionario que su llegada no era bien vista ni conveniente y al Virrey se elevó un memorial destacando la inconveniencia de haber designado un amigo de Diego Reyes. Y firmes en sus propósitos los asunceños detienen al nuevo gobernador y lo fuerzan a regresar a Lima. Como el Cabildo, temiendo por los progresos que entre la gente humilde tomaba la idea del “común”, hiciera resistencia a las ideas nuevas, la milicia de los comuneros se dirigió a la ciudad con la intensión de sitiarla y proceder a una depuración de todos los funcionarios. Y así lo hizo, entrando en Asunción al grito de “muera el mal gobierno”. El Justicia Mayor salió al balcón a hablarles y exhortarlos a que se retiraran en orden a sus casas. Una voz lo interrumpió: Señor Provisor ¿qué quiere decir VOZ POPULI VOZ DEI? Usted responderá lo que quisiere, pero sepa que ese es el “común”. Poco después la rebelión fue sofocada por las fuerzas virreinales, pero quedó latente entre los paraguayos un sentido comunal digno, responsable y agresivo. Los correntinos que vivían en constante lucha con los indios, debían prestar servicio miliciar para contener las invasiones. Por orden del virrey Ceballos se dispuso que las milicias de Corrientes y Tucumán hiciesen una expedición para

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abrir un camino entre ambas ciudades. Los correntinos consideraban abusivo aquel servicio. Organizada la expedición, su jefe, Bernardo López, dispuso que se dirigiera a la desembocadura del Bermejo, en el Paraguay, durante el invierno. Ceballos se disponía entonces a citar la Colonia del Sacramento, y ordenó que 200 correntinos, al mando de López, pasaran al río Pardo y se pusieran a disposición de los jesuitas. Se produjeron muchas deserciones, por lo cual Ceballos ordenó una nueva leva de 200 hombres para reemplazar a los desertores, los que debían ser mandados por Barrenechea. El Cabildo de Corrientes había presentado reiteradas quejas en defensa de su vecindario, sin ser oído, por lo cual convocó al vecindario a Cabildo Abierto, resolviéndose “por inconveniente para el común sosiego”, suspender a Barrenechea y dirigir al gobernador una presentación con las informaciones que se habían levantado a propósito de todos aquellos agravios inferidos al común. Ceballos se propuso hacer prevalecer su autoridad; ordenó algunas prisiones y envió como teniente gobernador a Manuel Rivera y Miranda. Al saberlo, la noche del 29 de Octubre de 1764, la población se amotinó, asaltó la casa de Rivera y Miranda y se proclamó al Cabildo como autoridad reemplazante. Nuevas fuerzas debieron ser enviadas para conjurar la sublevación. El sumariante, Rocha y Rodríguez, dice en sus papeles: “no es fácil explicar la común idea o conceptos de aquellas gentes al ver que por sus propias confesiones quieren muchos de ellos dar a entender que “no sólo no es delito un levantamiento de esta especie, sino que merece el renombre de señoría el común de aquella gente levantada”, empeñándose “algunos de los reos aprisionados en dar razones aparentes para haber tenido por lícito aquel tumulto”. Casi simultáneamente tiene lugar el movimiento de los comuneros del Socorro, en Nueva Granada, iniciado en 1781. Motivo fue la política fiscal que había aumentado la tasa de las contribuciones. El 16 de Marzo, en la villa del Socorro se realizó, ante el alcalde, una manifestación de descontento, a redoble de tambor, para manifestarle que no pagarían los nuevos impuestos. Al grito de “¡Viva el Rey!” “¡Muera el mal gobierno!” estalló el levantamiento de la población, que se extendió a otras localidades. Las autoridades huyeron. El 16 de Abril, unos seis mil insurrectos nombraban cuatro capitanes generales, quienes formaron un Consejo Superior de Guerra. Dice Machado Rivas: “La rebelión del Socorro, por su cuantía y expresión, por su espíritu foral y su intrépida decisión bélica, revela el arraigo que en la masa de criollos había adquirido el sentimiento de sus derechos y la confianza en su capacidad para defenderlos”. Acerca de sus propósitos, nos ilustra el pliego que presentaron en Zipaquirá. Allí sostuvieron el principio de la

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igualdad política y del derecho al gobierno propio, puesto que insertaron, entre sus condiciones de arreglo, la siguiente cláusula: “Que los empleos de primera, segunda y tercera planta hayan de ser antepuestos y privilegiados las naciones de esta América a los europeos, por cuanto diariamente manifiestan la antipatía que contra la gente de acá conservan… y al que intentare señorearse y adelantarse a más de lo que le corresponde a la igualdad, por el mismo hecho sea separado de la sociedad”. Estas síntesis de algunos de los sucesos políticos más destacados de la vida americana durante el período hispano, podría ser aumentada enormemente si entráramos al detalle de pequeños incidentes con las autoridades, reveladores de un espíritu con sentido de la libertad, siempre despierto para su defensa, pero hemos preferido detenernos por entender que lo expuesto basta para demostrar que eso de la quietud, de la “modorra” o de la “siesta” del período hispano carece de toda verdad, como carece ese sentido estático que se ha querido mostrar como signo distintivo de la vida política americana durante la dominación española en América. A fines del siglo XVIII, cuando los actos del absolutismo ilustrado comienzan a sentirse en el Nuevo Mundo, no necesitan sus representantes leer libros franceses ni esperar que se produzca la Revolución Francesa para saber que todos los hombres son iguales ante la ley; que los reyes no pueden actuar fuera de las leyes y crear, por si ni ante sí, un nuevo derecho; que los usos y costumbres forman parte del derecho natural de cada pueblo y no pueden ser modificados por el derecho positivo; que esos usos aseguran la libertad y la fraternidad entre los hombres, como ley de Dios, colocada por encima de toda razón humana. Francia la había olvidado bajo la férrea muñeca de Richelieu o el esplendor de Luis XIV, pero los pobladores del Nuevo Mundo no; ellos mantenían intacto, como un fondo insobornable, la concepción medieval de la concepción política, con la cual habrían de oponerse sus masas populares a las doctrinas liberales que, con abuso de la palabra libertad, sirvieron para crear un absolutismo estatal notorio, aún bajo la inocente apariencia de un estado-gendarme, incapacitado para intervenir en nada. Justamente ese no intervencionismo estatal es el que hizo que bajo el régimen liberal aparecieran las masas proletarizadas sucumbiendo en la esclavitud de un sistema de explotación del hombre por el hombre, para cuya permanencia se fueron reforzando los poderes del estado, que pasó a ser cómplice del sistema capitalista, sostén de sus instituciones. Como dice Harold Laski: “Una doctrina que empezó como método de emancipación de la clase media, se transformó después de 1789 en un método de disciplina para la clase trabajadora. La libertad

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contractual que buscaba emancipó a los propietarios de sus cadenas; pero en el logro de esta libertad estaba envuelta la esclavitud de quienes sólo podían vender su fuerza de trabajo”. Cierta historiografía se preocupa sobre la posición de los proletarios en la Edad Media, cuando no existe tal clase social, pero esa misma historiografía admite como un progreso el advenimiento del liberalismo, o sea, el sistema que crea el proletariado y protege su mejor explotación. ¡Delicias del progresismo y de la historiografía que presume de científica por la simple razón de ser anticatólica!

6.- LA SOBERANIA POPULAR EN LA TEORIA DEL ESTADO DEL P. SUAREZ.

Preocupación del antihispanismo americano es señalar tal o cual libro heterodoxo en bibliotecas privadas del período hispano. Por nuestra parte, recordamos que, en casi todas ellas, existían ejemplares de obras del ilustre teólogo P. Francisco Suarez S. J., y lo que es más interesante, las mismas fueron leídas en las universidades americanas, y, entre otras, en la de Córdoba, hasta 1767. La influencia de sus ideas debió ser efectiva, por cuanto, posteriormente a esa fecha -la de expulsión de la Compañía de Jesús- se crearon los CENSORES REGIOS, a fin de evitar en los exámenes públicos de los estudiantes la exposición de sus doctrinas. No creemos que se estime exagerado afirmar que en la formación del pensamiento político de las clases ilustradas del período hispano tuvo más importancia el P. Suarez que Montesquieu (que ni siquiera estaba traducido al castellano), por lo cual su conocimiento es imprescindible en una historia de las ideas políticas argentinas. Expuso el P. Suárez su teoría del Estado en la obra que publicó en 1613, titulada “DEFENSA DE LA FE CATÓLICA Y APOSTOLICA CONTRA LOS ERRORES DE LA SECTA ANGLICANA”, escrito para rebatir las ideas de Jacobo I de Inglaterra, en favor del absolutismo como consecuencia de un presunto derecho divino de la realeza. Forma Suárez entre los grandes maestros de la teología española, hombres que ponen el misterio de la revelación sobre la luz de la razón y, por lo mismo, no buscan las fuentes del derecho en el empirismo ni en el contractualismo, sino que lo derivan, como su fe y su moral, del mismo Dios. Es en ellos básico saber que la Gracia no destruye, sino que perfecciona la naturaleza como si ésta fuera una revelación de Dios poco clara, que aquella perfecciona y consuma. Por lo cual van introduciendo en el derecho la verdad del cristianismo. Todos arrancan de Santo

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Tomás de Aquino, pero son hombres del Renacimiento, de manera que desenvuelven su tesis con un profundo sentido humanista, por lo que, si bien no conciben al hombre aislado de Dios, sino en El y tendiendo a El, no se quedan en el campo de la revelación, sino que descienden al de la naturaleza, de la que deducen la existencia de normas de derecho anteriores al escrito; lo que les permite establecer normas nuevas en el Derecho de Gentes, poner los fundamentos del Derecho Internacional Moderno y construir un Derecho Político, labor en la que descuellan, además de Suárez, los no menos sapientes Domingo de Soto, Domingo Báñez, Luis Molina, Santiago Simancas, Pedro Rivadeneyra, Juan de Mariana, Alfonso Orozco, Juan de Torres, y otros. Parten todos del concepto aristotélico de que el hombre es un animal social, advirtiendo que, en el fondo de toda sociedad pulula un conjunto de seres, masa caótica que se organiza y actúa con coherencia cuando se somete a una autoridad, la cual comienza actuando como principio de unidad del grupo. La autoridad no se impone por la fuerza, sino que es el resultado de las formas históricas en que de hecho se constituye un grupo, obedeciendo a impulsos que mueven a los hombres, tengan o no conciencia de ello, a unirse para hacer más llevadera la vida. Esta fuerza de catalización es la sociabilidad, cuya manifestación más palpable es el lenguaje, y su raíz más profunda, la inteligencia; determinando la unión en grupos donde el hombre puede desarrollar su mayor don, el más específico de su personalidad: la razón. En todo este proceso los teólogos señalan como motriz la voluntad de Dios, causa última de la sociedad y razón remota de la licitud de cuanto en ella se haga, dado que su objeto es permitir al ser humano que ponga en acción todos sus elementos creadores en colaboración con sus semejantes, de acuerdo a los fines que cada sociedad o grupo se haya propuesto realizar, aunque en definitiva, el fin de todas sea el mismo, o sea, contribuir a que el hombre se haga del Todo, llegando a ser lo que puede ser, lo que inicialmente ya es. Cuatro causas señalan los teólogos de la sociedad. El ser social, como el natural, tiene una materia de que surge: LA MULTITUD; una forma, LA AUTORIDAD, que le da cohesión; una fuerza, LA SOCIABILIDAD, que la impulsa y la sostiene; y un fin, EL BIEN COMUN, que la justifica. Como dice J. M. González Rocafull, a quien seguimos en su estudio sobre la tesis del P. Suárez, el Estado, como la ciudad o familia, son, por consiguiente, seres SUI GENERIS, distintos a los individuos que lo integran, pero que no pueden existir sin ellos. Y agrega: “Cuando los teólogos confirman y renuevan esta teoría, ya había aparecido la del estado como obra de arte, animada por la convicción de que

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estaba en el poder del hombre hacer y deshacer las características propias de los grupos sociales, como si éstos no tuvieran naturaleza propia, regida por leyes peculiares. No acaban de ver su identidad específica nuestros teólogos que, como ha venido aconteciendo hasta nuestros días, no siempre distinguen claramente en lo que hay en los grupos sociales de imposición ineludible de su propia realidad y la que queda a la libre determinación del hombre. Mientras más influidos están con el espíritu moderno, más vivo es su interés de llegar a la naturaleza, aunque continúen viéndola a través de su esquema intelectual”. Es así como las doctrinas políticas de Suárez y demás teólogos hispanos resulta una mezcla de principios apriorísticos, ineludibles en cualquier sistema, y de observaciones directas de la realidad, lo que da a sus concepciones enorme flexibilidad. El primero de los elementos constitutivos de la sociedad es la MULTITUD, que surge del hecho de que ninguno de sus componentes posee la totalidad de recursos de que dispone la especie, lo que hace que, sólo mediante la unión, el ser pueda alcanzar la posibilidad de un vivir HUMANO. No se unen los hombre en sociedad porque sean buenos, ni lo hacen sometiéndose a autoridad porque sean malos; se unen porque sin sociedad el hombre no es ni bueno ni malo, simplemente deja de ser. Si la sociedad es, por consiguiente, el medio esencial para que el hombre realice sus fines humanos, se puede deducir, y es lo que hacen los teólogos, normas de vida social y política de ella, y es así como establecen con carácter de finalidad de la unión, el BIEN COMUN. Si los hombres no pueden existir sino en sociedad, es evidente que no están en ella por estar, sino para vivir en ella, de ella y por ella; mas como ella es un organismo dinámico, su acción está proyectada hacia el futuro, hacia una finalidad de destino, hacia la realización de algo que debe hacer. Dice González Rocafull: “Estos teólogos que pasan por ser, y en algunos aspectos efectivamente lo son, profundamente tradicionalistas, no conciben una sociedad vuelta a su pasado, por glorioso que se les suponga, en la que toda convivencia sea la de recordar nostálgicamente los hechos de ayer sin planes ni perspectivas para el mañana. Mañana, como tuvo ayer y tiene hoy, tendrá ante sí la agobiadora tarea de realizar el BIEN COMÚN, EL QUE EN AQUEL MOMENTO SEA EL SUYO PROPIO”. El BIEN COMUN no se refiere, exclusivamente a fines terrenales. Dentro de la uniformidad a que la MULTITUD somete al individuo, cada ser posee el derecho a su propia intimidad, y como el hombre también tiene finalidades trascendentales, pues ha de responder en la vida eterna de su conducta en el mundo, la sociedad debe permitirle la realización de sus dobles fines: terrenales y eternos. Esta

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posición conduce a los teólogos a colocar al hombre en una postura de dignidad tal que determina la supremacía de la conciencia sobre la ley, circunstancia fundamental en la concepción política de los teólogos españoles. El orden jurídico debe estar, por consiguiente, sometido a la ley eterna y la ley natural, para no colocarse en pugna con la conciencia de los hombres a quienes rija. Si así no ocurre, si la ley deja de ser justa, los hombres han de oponerse a ella, negando obediencia al gobernante, porque no hacerlo así sería prestar más obediencia a ellos que a Dios. Estas ideas que, como hemos visto antes, forman la personalidad política del hombre hispánico, constituyen el basamento de su sentido democrático; cimiento de una formidable solidez, porque el hombre hispánico sabe que si cumple una ley injusta, porque el soberano la ha dictado, contrae una responsabilidad de la que tendrá que rendir cuentas en su hora. Es lo que expresa el alcalde de Zalamea al rey, cuando en la obra de Calderón le dice que, por el rey puede darse la vida, pero no el alma, porque el alma ¡Sólo es de Dios! En síntesis, las doctrinas políticas de los teólogos españoles, establecen que la misión del Estado en la sociedad es hacer que ésta realice sus fines, que son realizar el bien común, pues la sociabilidad del hombre, que es lo que lo obliga a vivir en sociedad, tiene su origen en Dios. Por consiguiente, la autoridad ejerce una representación divina, los gobernantes son vicarios de Dios obligados a realizar los fines de la sociedad, de forma que la multitud pueda exigirles el cumplimiento de sus deberes, porque, en ese caso, la voz del pueblo es eco de la voz de Dios. Este planteo determina que la sumisión del individuo al príncipe no sea de un hombre a otro hombre, sino la sumisión racional y voluntaria del hombre a un plan divino que se realiza en la historia. No es la sumisión determinada por la coacción sino por la conciencia. Los hombres, como tales, son todos iguales y libres y sobre ellos sólo se alza la majestad de Dios, que a través de la autoridad habla a la conciencia de los hombres. Dice González Rocafull: “Obedecerla es servir a Dios, y servir a Dios, decía ya Séneca, es la libertad”. Este esquema, común a todos los teólogos españoles, lo fue al sentir del pueblo español, lo que explica el desinterés que siempre tuvo por las instituciones, las que, en sí mismas, nada representan ni significan para él, pues lo que le interesa son las obras, es decir, si se gobierna de acuerdo a la ley natural y a la ley divina, a las que ve representadas, lógicamente, más en sus usos y costumbres que en las obras teóricas sobre derecho. El problema que el esquema plantea gira alrededor de la libertad del hombre, que parece en contradicción al principio de la autoridad. El P. Suárez que advierte la cuestión, dice:

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“…porque aunque el hombre haya sido creado libre, no carece de capacidad y de aptitud para que con justa y racional causa pueda someterse a otro hombre, más aún, cierta es su misión natural al hombre, o al modo natural de la generación, como en la sumisión del hijo al padre, o al modo de un pacto, como es la sumisión de la mujer al marido. Así pues, supuesta la existencia de la sociedad civil, la sumisión de los individuos al poder público o principado político es natural por ser conforme a la recta razón natural y necesaria a la conveniente conservación de la naturaleza humana”. “Porque el hombre es propenso por su naturaleza a la sociedad civil y necesita fundamentalmente de ella para la conveniente conservación de la vida, como rectamente enseñó Aristóteles en el primero de los POLITICOS, capítulos 1 y 2, que también ha sido ordenado así por Dios para que haya entre los hombres concordia y caridad lo expone en un largo discurso San Juan Crisóstomo en su homilía 34 a la primera de los Corintios. Porque no pueden subsistir la comunidad de los hombres sin justicia y sin paz, ni la paz puede conservarse con un gobernante, que tenga el poder de mandar y coaccionar; luego es necesario en la sociedad humana un principio político, que la mantenga en el deber. Por lo cual se dice en los Proverbios XI que DONDE NO HAY GOBERNANTES, SE PERDERA EL PUEBLO, y en el Eclesiástico X se añade HAY DE TI, ¡OH PAIS!, CUYO GOBERNANTE ES UN NIÑO. Porque no basta tener un príncipe, sino que sea apto para gobernar. Y así Dios conmina como una pena en Isaías III: “LES DARE POR PRINCIPES A NIÑOS Y LOS AFEMINADOS LOS DOMINARAN”. Ahora bien, si el gobernante según el esquema que hemos visto, tiene una autoridad reflejo de la divina, quienes la ejercen la tienen como de precario; son depositarios y no dueños de ella. El príncipe, por consiguiente, no crea el derecho; lo descubre en las normas universales de justicia. La razón de ser la autoridad, lo que justifica sus deberes y debe inspirar sus resoluciones, dándoles validez de conciencia, es el bien común. La autoridad, por encumbrada que esté, debe actuar en servicio de la comunidad. Cuando no obra por el bien común, el príncipe degenera en tirano, y someterse a él es injusto, irracional y antinatural. Esto sucede -dice Suárez- cuando el principado político no ha sido “establecido del modo debido”, o sea, que el señorío del príncipe necesita títulos legítimos. ¿Cuáles son éstos? En última instancia, uno tan solo. LA DECLARACIÓN DE PODERES QUE EN ÉL HAYA HECHO EL PUEBLO. Suárez toma las siguientes palabras de San Ambrosio: “Ni es propio del emperador negar la libertad de hablar, ni es propio del sacerdote no decir lo que siente. Nada tan grato en los reyes como amar la libertad aún en

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aquellos que obsequiosamente les están sometidos, ni nada es en los sacerdotes tan peligrosos ante Dios y tan vergonzoso ante los hombres, como no decir libremente lo que sienten”. Sobre tal base ataca a Jacobo I de Inglaterra que ha proclamado EL DERECHO DIVINO DE LOS REYES, diciéndole que es niebla y humo la pretensión de haber recibido la autoridad directamente de Dios. Suárez dice que la autoridad, o el “poder supremo civil”, no existe sino cuando hay “una ciudad o comunidad política perfecta”; es a esa comunidad a la que le viene la autoridad de Dios pero no por intermedio de “una institución peculiar tan como positiva” -como fue, por ejemplo, la que Cristo confirió a San Pedro sobre la Iglesia-, sino porque es “UNA CONSECUENCIA NATURAL DE SU MISMA CREACION”. Desde el momento que no puede haber sociedad sin autoridad, al crear a Dios la primera le confiere de hecho la autoridad, y como esa concesión está entrañada en la misma naturaleza de la sociedad, Dios la hace a toda ella. “y, por consiguiente, en virtud de tal donación, no está el poder en una persona, ni en una especial asamblea de muchas, SINO EN TODO EL PUEBLO PERFECTO, ESTO ES, EN EL CUERPO DE LA COMUNIDAD”. Suárez establece que esta tesis no es suya propia, sino “común no sólo a los teólogos, sino también a los jurisperitos”, y se apoya en que: “…por la misma naturaleza sólo está este poder en la comunidad, en cuanto que es necesario para su conservación y en cuanto pueda ser conocido por el dictamen de la razón natural; pero la razón natural sólo indica que es necesario en toda la comunidad y no en una persona ni en un senado; luego en cuanto que proviene inmediatamente de Dios, el poder civil ha de entenderse que está en toda la comunidad y no en una parte de ella”. Niega en base a este argumento, que la monarquía sea de derecho divino o natural, pues la comunidad puede darse la forma de gobierno que quiera. La voz del pueblo es, en este caso, dice Suárez, la voz de Dios, pues toda autoridad para que sea legítima ha de tener un origen popular. Jacobo de Inglaterra como Felipe de España son reyes legítimos, pero su legitimidad es de institución humana y no divina. Podrán ser reyes, por consiguiente, por “gracia” de Dios y no por institución de Dios. Tampoco es de imposición divina que gobierne uno sólo, agrega Suárez, pues, por ley natural, no puede determinarse el régimen de gobierno, dado que no hay forma de demostrar que exista un modo de gobierno que sea necesario. Cada grupo adopta el que más le conviene, le agrade o le subyuga. Si la monarquía fuera de derecho divino, sería un régimen conforme a la naturaleza y, por consiguiente, serían antinaturales la oligarquía o la democracia, lo cual es un absurdo. Dice González Rocafull: “se objeta a sí mismo Suárez la conclusión que lógicamente de

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aquí se infiere, a saber: QUE LA DEMOCRACIA SERIA DE INMEDIATA INSTITUCION DIVINA. A lo cual contesta que si con esto se quiere dar a entender que Dios la ha instituido de una manera positiva, como reveló e instituyó, por ejemplo, el orden sobrenatural, es falso; pero si se entiende que la democracia fue instituida por Dios de un modo como natural, ENTONCES PUEDE Y DEBE ADMITIRSE SIN NINGUN INCONVENIENTE. Si el poder político supremo corresponde a toda comunidad perfecta y radica en toda ella, lo lógico es que toda ella se gobierne a sí misma, a no ser que por una nueva institución transfiera su poder a otra persona o a un grupo de personas. Como esta transferencia ni la ha hecho Dios de un modo positivo, ni la impone la naturaleza, la institución de la monarquía o de la oligarquía tiene que hacerla el pueblo, usando el derecho que tiene que hacerla el pueblo, usando del derecho que tiene a organizar la autoridad que en él reside”. Y comenta Suárez: “Porque aunque el derecho natural por si dé inmediatamente este poder a la comunidad, no le manda, sin embargo, de una manera absoluta, que permanezca siempre en ella, ni que por ella se ejerza de un modo inmediato, sino tan sólo mientras que la comunidad no decrete otra cosa o se hiciera legítimamente un cambio por quien tenga potestad para hacerlo…” “Por consiguiente, por derecho natural la comunidad civil perfecta es libre y no está sometida a ningún hombre fuera de ella misma, sino que ella misma tiene en sí todo el poder. Su régimen, si no lo cambia, es el democrático, pero puede, si ella lo quiere o interviene alguien con poder o título justo, privarse de su potestad y transferirla a una persona o a un senado”. Históricamente, Suárez considera que las formas de gobierno son consecuencia de pactos hechos por la comunidad, lo cual explica, agrega, de que ni en los diversos países ni en los diversos tiempos los reyes tengan los mismos derechos, pues mientras unas veces gobiernan solos, otras tiene que contar con el concurso de las Cortes, y mientras en ciertos casos la monarquía es hereditaria en otros es por elección, de lo cual proviene que el poder civil se haya instituido de distintas maneras, desde la guerra injusta -que no confiere verdadera autoridad hasta que el pueblo no preste su consentimiento- hasta la elección voluntaria de la comunidad perfecta -especie de SUFRAGIO UNIVERSAL- que es, según Suárez, “EL MODO SUYO MAS CONVENIENTE Y MAS CONFORME A RAZÓN” Estas conclusiones conducen al ilustre jesuita a decir que el pacto obliga a la comunidad tanto como al gobernante, pues si ha cedido los poderes no puede quitarlos mientras el gobierno se atenga a las condiciones pactadas y a las normas de justicia, o sea, a los fines de la sociedad, que es el BIEN COMUN. Pero si la justa y

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legítima potestad del gobierno se trueca en tiranía, por abusos del poder, en daño de la comunidad, como ello importa violar el pacto por parte del soberano, la comunidad puede utilizar, para defenderse, su primitivo poder. Suárez sostiene que los reyes no están sometidos al Papa, pues ni Cristo le confirió tales poderes, ni la cristiandad es una república temporal, sino una sociedad espiritual. En base a este razonamiento no admite la existencia de un emperador único, aunque sí de un poder espiritual supremo. La potestad papal no sale, por consiguiente, de las materias propias de la sociedad religiosa, por su obligación de que los hombres logren realizar sus fines eternos, lo que le autoriza a corregir, dirigir y ayudar a los reyes. Los hombres de América del período hispano, para quienes estos conceptos fueron de conocimiento común, para quienes estas doctrinas formaban parte de su cultura y de su conciencia, para quienes estas ideas eran cosa normal, no tenían mucho que aprender con lecturas foráneas en materia de soberanía y derechos populares. Aquellos hombres poseían una conciencia de libertad política mucho más sólida que los de hoy, porque se apoyaban no en abstracciones intelectualistas, ni divagaciones sobre esquemas ideológicos, sino en la observación de los hechos, apoyados en una concepción de Dios y del hombre, de mucha más fortaleza que el programa de cualquier partido político actual. Entre el demócrata de hoy, que lo es en base a una información abstracta de derechos, cuyo origen desconoce, y cuya finalidad no entiende, y el hombre de ayer que afirma su sentido democrático en Dios, y que sabe que actuar contra la justicia, la libertad del hombre y contra el fin social del BIEN COMUN, compromete su conciencia, tanto si manda contra la ley divina y humana como si obedece, es notoria la fortaleza espiritual del hombre de ayer. Como lo es que el hombre de América, cuando enfrenta el drama atomización del Imperio, no tiene mucho que aprender. Los que creen lo contrario son los ilustrados que, por haber perdido la fe, han perdido todo contacto con la verdadera libertad. Los ideales políticos de un pueblo que no surgen por generación espontánea, ni son el fruto de circunstancias transitorias, sino una forma vital que viene de las entrañas mismas de su cultura. Hablar de un pueblo argentino que aparece en Mayo de 1810 a la conciencia de la libertad política y de las democracias, es un absurdo lindero en el disparate, porque la política no es obra del acaso, y toda orientación es un producto de la multitud de circunstancias que se entroncan siempre con el pasado. Si el régimen español hubiese sido despótico e ineficaz no habría durado trescientos años en un pueblo que, antes de los diez años de

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ineficiencia y despotismo de parte de las minorías de Buenos Aires, luchó denodadamente para librar al país del peligro de que cayera en manos de una seudo aristocracia mercantil, que ni sentía ni comprendía la democracia. Si durante el período español hubo tres siglos de paz y durante el período independiente no hubo paz hasta el período de Rosas -interregno que se oculta-, no fue porque antes reinaba la opresión y después la libertad. La razón señala que lo que ocurrió fue lo contrario, y a la razón la apoyaba la historia. No lo ven así quienes caen en la tontería de confundir democracia con republicanismo, o democracia con parlamentarismo, o democracia con la merienda de negros de los profesionales de la política distribuyéndose, con fondo de gran oratoria, la pitanza de los presupuestos nacionales. Advertimos, en este punto, que no puede faltar quien crea que interpretamos el sentido teológico de la potestad política con un criterio individualista, similar al de Rousseau. Pero no hay tal, sino en las apariencias, aunque ellas sirvan para que muchos que lean a Suárez lleguen a creer que es poco lo que los separa del autor de “EL CONTRATO SOCIAL”; posibilidad de error interpretativo que también hay que contar como factor histórico. Pero ni nosotros, ni las masas argentinas sublevadas contra la extranjerización unitaria, caen en la confusión, pues ellas actúan con un sentido social que nada tiene que ver con los movimientos de masas actuales. La voluntad de la comunidad se expresa, hemos dicho, por una especie de “sufragio universal”, pero no en sentido de sumas individualidades -como en la democracia liberal- sino por suma de todos los elementos que se encuentren en el ser mismo del hombre constitutivamente social, sin merma de la trascendencia de su vida interior y de sus últimos fines. No debe olvidarse nunca que en el razonamiento escolástico las cosas se definen por sus fines, de manera que aun cuando fray Francisco de Vitoria, en su “RELECTIO DE POTESTATE CIVILI”, aparezca, respecto de la monarquía, con una tesis distinta a la de Suárez, también está lejos la de Jacobo I, pues en Vitoria el derecho divino de los reyes es consecuencia de no haber encontrado la forma como la comunidad pueda transmitir su potestad, lo que lo conduce a la idea de que ella reside tanto en la comunidad como en el soberano. Lo importante para Vitoria es que la autoridad realice el fin de la sociedad, o sea, el bien común, lo cual basta, en él como en todos los teólogos, para colocarlo fuera de toda posición individualista; como se coloca el pueblo argentino, que no sigue a los caudillos en defensa del voto personal, sino en defensa de los fines sociales, pues el bien común supone labor esencial del Estado. Y por bien común no entiende, tampoco, lo que hoy

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denominamos bienestar, que huele a materialismo, sino el respeto de aquellos elementos que son esenciales para que la comunidad realice sus fines terrenales y eternos, dentro de su propio estilo. Tampoco debe confundirse lo que ocurre en Argentina con lo que en otros países del continente, de composición étnica mestiza. El indígena no alcanzó a forjarse un sentido de la libertad cristiana de manera integral. De ahí la anarquía en que se debaten políticamente muchas naciones americanas que implantaron las libertades democráticas individualistas sobre la base de un electorado cuya situación no le ha permitido un concepto de la propia personalidad, pero cuya elevación política es fruto de los errores filantrópicos del naturalismo rousseauniano. No es raro, por lo mismo que los países menos anarquizados hayan sido Chile, Uruguay y Argentina, los de más bajo mestizaje y predominio mayor de blancos. De todas maneras, han logrado un mestizaje homogéneo, lo que no ocurre en otros países americanos donde predominan divisiones que hacen que la sociedad sea un conjunto heterogéneo y, por consiguiente, anarquizado en el que sectores importantes no tienen históricamente ningún pasado político fuera del absolutismo, y dos siglos y medio de misioneros tratando de demostrar la verdad de la libertad del hombre; poco tiempo para que hubieran querido adentrarse, en profundidad, en el concepto. Y sin esa base se explica que, pues, en algunas partes, hasta se añore el absolutismo precolombino, pues, al final de cuentas, tenía siempre un sentido social mucho más profundo que el liberalismo, que carece en absoluto de él.

7.- EL SIGLO XVIII.

Cuando el mundo europeo entra en el siglo XVIII se advierte el predominio de dos motivos centrales: primero, un choque ideológico que determina la crisis del mundo antiguo y que pugna por crear nuevas formas políticas, religiosas, económicas y sociales, de las que aparece, como máximo exponente, el naciente imperio inglés; segundo, un debilitamiento del sentido imperial español que va cediendo posiciones en lo material y en lo ideológico, para terminar entregándose al enemigo. La circunstancia de que a comienzos de siglo entrara a gobernar a España un príncipe francés, tenía que producir aquellas consecuencias, por la incapacidad gala por comprender la hondura de la espiritualidad española. Es esa ligereza de juicio la que hace que, a su vez, Francia caiga en manos de su

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tradicional enemigo, Inglaterra; para servirla espléndidamente en su empeño por destruir el Imperio español y, con ello, terminar con lo más profundo del pasado europeo, forjado al amparo de la catolicidad. Así como el régimen ministerial inglés fue el resultado de la necesidad de mantener a un rey protestante que por no conocer el idioma del país, obligó a sus ministros a trabajar sin su presencia, toda reforma política en la historia británica es siempre la consecuencia de una imposición de orden práctico, no de teorías. La antítesis de Francia, donde primero se crea la necesidad ideológica, aunque choque contra la realidad. Esta característica sirvió a los intereses de Inglaterra, que encontró en ella las armas intelectuales que necesitaba para la expansión. Por lo menos, armas útiles para resquebrajar las unidades nacionales extrañas, mediante la difusión de ideas ajenas al espíritu de los países católicos, expuestas con habilidad y concebidas con desinterés sobre el destino de las mismas. El progreso de las Islas británicas atrae a los franceses; inmigración bien recibida por Gran Bretaña, y que, sin espíritu de discriminación y escasa de profundidad, se explica el progreso inglés, que la asombra, como consecuencia de las instituciones políticas británicas, por su religión antipapista y por los conceptos de su filosofía utilitaria. El ILUMINISMO inglés nutre el pensamiento francés del siglo XVIII, el que, a través del genio literario galo, adquiere fluidez, ligereza, encanto, atractivos intelectuales que sirven para completar la obra de la herejía protestante en su acción destructora de los sostenes tradicionales de la europeidad. Fue así como el materialismo, que había permitido a Inglaterra crear una Iglesia Nacional -como una manufactura para las cosas del espíritu- fortificar la monarquía y el parlamento aristocrático, sirviendo al desarrollo de la preponderancia inglesa, por el camino de Francia, sirve para destruir iglesias, derribar monarquías y fomentar los parlamentarismos plebeyos en el resto del mundo. Es éste uno de los aspectos más interesantes del siglo XVIII, pero es lo cierto que las corrientes materialistas que fortificaron e hicieron el admirable poderío británico, fueron las creadoras del escepticismo que terminó por debilitar a Europa y, en el caso particular que estudiamos, a España, que, al perder su propio estilo, tuvo que resignarse a la disgregación de las provincias de América que, en aquel momento, se sintieron más hispanistas que ella. Es un escritor inglés quien ha puesto de relieve la hondura de este problema histórico -nos referimos a Hilaire Belloc- diciendo, al referirse al protestantismo que dejó las bases espirituales en que se apoyó el desarrollo de la preponderancia inglesa en alas del liberalismo capitalístico y anticatólico- que: “por su causa nació

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primero en Inglaterra, y más tarde en las naciones, más el resto de la cristiandad, un sistema bajo el cual, unos pocos poseyeron la tierra y el mecanismo de la producción y los muchos fueron gradualmente desposeídos. Los muchos de ese modo desposeídos, sólo pudieron subsistir con las raciones prorrateadas por los poseedores y a éstos no les preocupa la vida humana. Los poseedores se enseñorearon también del Estado y de todos sus órganos; de ahí las grandes deudas públicas, séquito del sistema; de ahí el dominio ejercido por desconocidos extranjeros sobre los campos de la actividad económica a ellos sometidos, de ahí la succión de riqueza, no sólo de los súbditos insatisfechos de allende el mar, sino también de los productores individuales de los estados independientes”. EL ILUMINISMO era una etapa fatal del pensamiento inglés, desde que había resuelto seguir las rutas de Calvino. Se adaptaba a su romanidad bárbara y a su concepción de la economía, por una transformación de la política y la economía en religión, absurdo posible en un pueblo sin capacidad metafísica. Desde el punto de vista de la historia argentina, lo que más interesa de estas corrientes es la que se forma en Francia, bajo la influencia inglesa, conocida con el nombre de FILOSOFISMO. Ya Bayle, a principios de siglo, multiplicó cautelosamente los puntos de interrogación frente a las verdades de la vida espiritual. Fontenelle planteó luego la duda sobre si los fundamentos del cristianismo no serían fábulas como las paganas. Montesquieu predicará más tarde la indiferencia ante las religiones positivas y sólo admitirá la superioridad del cristianismo por sus beneficios sociales. Todo ello habrá de desembocar en Voltaire, formidable ariete contra cuanto había constituido la razón de ser de la cultura de Occidente. Fue la suya, y la de los redactores de la ENCICLOPEDIA -exponente no de lo que sabían, sino de lo que ignoraban sus autores- una acción demoledora de las creencias antiguas; terrible máquina de guerra contra el cristianismo, a cambio no dejaron nada con que substituirlo. Como ha dicho el P. Franca: “Con la frecuencia de un estribillo, se repiten los lugares comunes sobre la bondad natural del hombre, el progreso indefinido, la soberanía absoluta de la razón, que carece del misterio. En el gobierno de la vida individual predomina una ética inspirada en un utilitarismo sin fronteras; en el régimen de las sociedades, la moral se sacude ante el conflicto de las pasiones egoístas. En materia religiosa, la posición media es la del deísmo de Alam-Mancha: socavar las bases del cristianismo, substituyéndolo por una religión natural de modestas exigencias en lo concerniente a la doctrina y a las costumbres”. Tamaña transformación tenía

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que ejercer influencia en los conceptos políticos, porque el estado no podía ser un instrumento extraño a las nuevas normas que dicha filosofía iba a determinar en el mundo de lo económico. El hombre nace en medio de la SOCIEDAD y del ESTADO, y con las nuevas ideas ya no cree que deba aceptar esta situación sin someter a la sociedad y al estado que exhiban sus títulos, sus fundamentos de verdad y validez. El propio ser social debe someterse en este proceso a ser tratado al igual que una realidad FISICA que, en pensamiento, intenta conocer. Tiene esta materia su propia historia. Como uno de los primeros propósitos de la herejía luterana fue destruir la autoridad del Pontificado en lo religioso, el hecho fue aprovechado por los príncipes para destruir, en lo político, aquella autoridad que los regulaba hasta donde lo permitía la barbarie de los tiempos. Es entonces que surge la doctrina del DERECHO DIVINO DE LOS REYES, utilizada como arma valiosa para triunfar contra las pretensiones políticas del Papado, sin advertir como, por este camino, poco habría de tardarse en llegar a la negación de la naturaleza libre de los hombres, que Filmer atribuye a los “teólogos escolastas”. El liberalismo surge, así, negando el libre albedrío humano. Belloc señala, especialmente, las amplias proyecciones que adquiriera -sobre todo en Inglaterrael curioso fenómeno de un apego supersticioso de los ciudadanos al poder civil, el temor reverente y la devoción al monarca que había libertado al pueblo de la dictadura feudal. Simultáneamente, las fuerzas creadoras del hombre, puestas en libertad por el Renacimiento, ofrecían posibilidades individuales en el terreno del mundo material; conquistas inesperadas que sólo necesitaban, para ser alcanzadas, cortar los lazos morales con que su obtención aparecía contenida por la Iglesia. Reaparecen de pronto todos los elementos antireligiosos que permanecían ocultos, los cuales aprovechan de las circunstancias para provocar una nueva visión de los factores materiales de la vida, determinando que el protestantismo, más que una crisis de la Iglesia, pues lo que de tal tuvo fue en gran parte contrarrestado, se transformará en una crisis moral de toda Europa con profundos alcances. Sería demostrar falta de sentido histórico ver en el vivir de los hombres, desde el siglo XVII al XX, un simple extravío religioso, estimando tal período como una decadencia, cuya desgracia debe superarse, sin advertir lo mucho que la humanidad le debe, sobre todo en el campo de los conocimientos; pero también sería falta de sentido histórico no advertir que no basta la vida lujuriante y la lucha incesante por el progreso, que es la característica de dicho período, para darle validez, olvidando la profunda crisis espiritual que es su signo más efectivo. Y en tal sentido adquieren profunda vivencia aquellas palabras con que Maquiavelo

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señalaba la necesidad de que las instituciones fundamentales volvieran a sus orígenes, si no querían correr el riesgo de perecer. Es justamente Maquiavelo el que hace los primeros estudios sobre el Estado, y no es un accidente que escriba en Florencia, porque es la ciudad de los MERCATORS, donde el capitalismo naciente reduce a los gremios a una dependencia que destruye, poco a poco, la democracia política del Estado, elevando a los Médicis con poderes suficientes para contener las inquietudes del artesanado. Muchos son los factores, sin embargo, que determinan que no sea Italia ni en la primera en ver desarrolladas en su seno las condiciones de una descentralización absolutista, ni las de una evolución potente de sus posibilidades capitalistas. Las de orden material son conocidas, pues se detallan en muchas obras, pero se olvidan las de orden espiritual, determinadas por la posición que Italia adopta en las luchas religiosas. Alemania, que se encontraba en condiciones similares, purgó el haber lanzado por nuevas vías el torrente de la historia, viendo su suelo transformado en campo de lucha de Europa. Por otra parte, la política francesa, contraria a los Habsburgos, permitió al cardenal Richelieu construir la unidad de Francia a costa de sacrificar la de Europa, debilitando a Alemania de tal forma que, al final de las guerras de religión, todos los elementos destructivos puestos en libertad por el protestantismo y el falso Renacimiento se vieron centrados en Inglaterra, quizá debido, en gran parte, a su carácter insular. Era una semilla que caía en buen surco, dado el carácter práctico, positivista, experimental, de la raza. La conciencia política moderna es de origen italiano, como lo es la contabilidad por partida doble y hasta las bases éticas del capitalismo, expuestas por León Battista Alberti en su obra “DEL GOVERNO DELLA FAMIGLIA”; pero en Italia es la consecuencia de factores extraños, que no adquieren ningún tinte antipapista por razones dogmáticas, sino políticas, y así, Italia no es conquistada por la herejía, mientras que Inglaterra, con una fuerte tradición antipapista, tenía desde muy atrás antecedentes nacionalistas que la conducían a romper la cohesión espiritual de Europa. El movimiento humanista cristiano que predomina en el siglo XIII tendía a la organización de una nueva sociedad económica, más justa, pero, por la acción del protestantismo, aquel movimiento se trocó en la aparición del Estado contractual, haciendo que el objeto principal de las acciones humanas fuera la búsqueda de la riqueza. En la primera mitad del siglo XVIII no abundan los elementos en materia de ideas políticas. En Inglaterra comienzan los primeros ataques contra la teoría

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escolástica del PACTO SOCIAL, tarea en la que se destaca Hume (1711-1776), y también los primeros ataques contra el sistema de los partidos políticos, labor en la que se señala Bolingbroke (1678-1715), que defiende el sistema de un rey patriota, como cabeza de un partido nacional. Pero a la muerte de Luis XIV (1755) asoman en Francia, por imitación inglesa, los fundamentos de las doctrinas que habrán de caracterizar la segunda mitad de siglo. Dice Gettell: “Al conocimiento de la revolución inglesa y del sistema constitucional como resultado de aquella, se debió, en su mayor parte, el interés político que renace en Francia, en el campo de la teoría, y el establecimiento de la base filosófica de la revolución en los escritos de Rousseau. En la primera parte del siglo XVIII, los escritores franceses atacan a la Iglesia; en la segunda mitad de esa época, los ataques se vuelven contra el Estado”. La razón que encuentra Fenelón en la última etapa del reinado de Luis XIV en favor de un gobierno más liberal, tiene después de la muerte de ese monarca, una mejor acogida. Es el Abate Saint Pierre el primero en querer curar los males del centralismo mediante una especie de federalismo. Voltaire se transforma en el crítico más implacable de su época, pero tiene fe en la capacidad política de las clases bajas de la sociedad y habla de una monarquía ilustrada y tolerante. Montesquieu, que escribe el primer tratado ordenado y sistemático de política, desea, también, la conservación de la monarquía y la preexistencia del espíritu nacional de Francia, buscando por el camino de la división de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, una garantía de la libertad. Según Montesquieu, Francia es un país demasiado extenso para formar un estado republicano. Rousseau renueva el concepto del PACTO SOCIAL -sin entenderlo-, para llegar a la conclusión de que la soberanía absoluta se expresa por la voluntad general, pero supeditada al concepto grosero de la simple mayoría, base del liberalismo. Dice Gettell: “El hecho de que la teoría del pacto social, falta de fundamento histórico y contextura lógica, haya servido como de justificación a la Revolución de 1688 (en Inglaterra) a la Revolución francesa, a la Revolución americana y de base filosófica a la democracia moderna y a la libertad civil, constituye una de las paradojas más grandes en la historia del pensamiento público. En todo este proceso encontramos que, en efecto, hay un fondo que pertenece a la economía, y domina el cuadro. La economía mercantilista aparece exaltando dos aspectos: el nacionalismo y el estatismo, o “totalitarismo”, como se dice hoy. Toda esa exaltación del poder civil, todo ese afán de estructurar el Estado, obedece, en esencia, a necesidades de la nueva economía. Mientras, ha sido

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necesario un estado para forjar la fortaleza del poder civil, como amparo de las formaciones primarias de capitales, no se ha dudado ni siquiera en proclamar hasta el DERECHO DIVINO DE LOS REYES; pero cuando la economía se siente fuerte como para andar sola, que es cuando Inglaterra deja de ser proteccionista, para lanzar al mundo las tesis librecambistas, que son las que convierten al desarrollo ulterior de su comercio, aparecerán las críticas al Estado, como anticipación de las doctrinas del LAISSER FAIRE. Al fin del siglo, el tipo de gobernador inglés, que no gobierna o gobierna a medias, será el modelo ideal para todo el mundo, que tratará de imitarlo, forjando gobiernos que no gobiernan Consecuencias de una imitación de la apariencia de lo externo. Es entonces cuando Adam Smith demostrará que el interés individual es el fundamento primario de la sociedad. El liberalismo moderno habrá hecho así su aparición en la historia, sin que sus sacerdotes adviertan las bases económicas en que se apoya. 8.- LA POSICION DE ESPAÑA EN EL SIGLO XVIII. La decadencia española es un fenómeno que recién se inicia con Carlos III, pues aunque las guerras habían deshecho su imperio continental, mantenía a América y sobretodo, conservaba su sentido humano de la vida. A nadie se le ha ocurrido hablar de la decadencia de Francia por haber perdido el Imperio napoleónico, de manera que no cabe hacerlo de España en la forma interesada como se ha hecho. Aún después de Utrech los territorios hispanos seguían representando mucho más de lo que se supone, y era más fuerte que Francia. Wilheim Mommsen dice: “La potencia española era muy superior a la de los demás estados europeos. El poder de Inglaterra, a pesar de sus victorias sobre la armada, no podía compararse con el de España, como tampoco el poder francés. El núcleo del poderío español estaba, sin duda, ya entonces minado por dolencias interiores; pero éstas todavía no se manifiestan al exterior, y los contemporáneos propendían a exagerar más bien el poder de España y su salud interna, sobre todo por cuanto, bajo Felipe IV, halló en Olivares un jefe político de considerable importancia”. Pero ocurre en Europa una revolución en las ideas y la moral en la que España empieza a ceder, y cuando llegan los Macanaz, los Campomanes y los Floridablanca, tratarán de reconquistar el viejo poderío imperial sobre las bases de olvidar cuanto había permitido crearlo y mantenerlo. El Imperio español no había

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sido una creación militar, ni comercial, ni expansionista. España no procuró tierras por necesidades de ESPACIOS VITALES, sino para expandir su estilo de vida y la fortaleza de su fe. Todo lo cual se quiso substistuir con normas económicas de imitación, sin comprender que, para esta tarea, América no necesitaba maestros de tercera mano, sobre todo cuando los ingleses estaban dispuestos a enviárselos de primera. No comprendieron que, para forjar un imperio basado en la economía, se necesitaba algo más que producir, comprar y vender; se necesitaba remodelar de nuevo, y en este sentido contrario al alma española. Y ésta no estaba dispuesta a tanto sacrificio para ganar la riqueza y perder el cielo. Fue así como, lo único que de todo el movimiento ideológico europeo del siglo XVIII se filtró en las clases dirigentes españolas fueron los elementos negativos. Voltaire había hecho servir a la historia a los fines de demostrar que todo el pasado no valía la pena de haber sido vivido, y que sólo su época era digna de los hombres. Los apóstoles del ILUMINISMO buscan las leyes de la vida y del progreso social deduciéndolas de un número reducido de principios racionales, para lo cual entraban a saco en las ideas tradicionales. Todo aquello comienza a penetrar en España, y tiene éxito; porque se trata de una aparente filosofía, al alcance de cualquier tipo de mentalidad, tras la que surgen los progresistas, los AFRANCESADOS, que terminan por considerar el glorioso pasado español como una vergüenza; sin que nadie vea que, cuando Voltaire elogia las instituciones inglesas, está haciendo el elogio de algo cuyos principios se remontan a la Edad Media y terminan admirando en el sistema representativo británico todo lo que tiene -y ya han olvidado en España- de las viejas Cortes castellanas. El propio Montesquieu, en su “ESPIRITU DE LAS LEYES”, no hizo sino reafirmar alguno de los principios de los pensadores políticos medievales, estableciendo que, “LA LEY CONSISTE PRINCIPALMENTE EN QUE UN HOMBRE NO PUEDA SER OBLIGADO A HACER NADA QUE LA LEY NO ORDENE”, lo que los españoles conocían perfectamente, aunque no ya la conclusión que obtenía el pensador francés, o sea, que somos libres cuando vivimos sujetos a las leyes civiles. Esa conclusión de Montesquieu conducía a otras, por cierto peligrosas, tendientes a reforzar los poderes del Estado sobre el individuo, lo que en América no podía surtir efecto y explica la poca influencia que ese escritor ejerció sobre el continente. Los enciclopedistas alcanzaron gran difusión en España. La moda llegó a hacer pensar a la francesa en toda Europa; y hasta en Rusia, Catalina II quiso civilizar a los tártaros con Voltaire. Sin embargo, no hay producciones francamente

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volterianas que no fuesen clandestinas. ESE PENSAR A LA FRANCESA, por lo menos hasta fin de siglo, no se les descubre, como dice Méndez y Pelayo, pero “harto se le conoce por sus efectos en las regiones oficiales, por lo que informa y tuerce el espíritu económico, por el colorido general que imprime a las letras y por el clamor incesante de sus impugnadores”. De todo el filosofismo, lo único positivo en España en las clases dirigentes, fue la lucha feroz, ordenada, regular e implacable, que los consejeros de Carlos III y Carlos IV, los Aranda, Los Roda, Moñinos, Campomanes, Urquijos, emprendieron contra la Iglesia en su cabeza y en sus miembros. El auge de las doctrinas y las ideas de Francia encontraron a la burguesía española en un momento de evidente crisis del pensamiento nacional. La influencia de una corte afrancesada hace que fuera verdad lo que dijera Quintana: “Comíamos, vestíamos, bailábamos y pensábamos a la francesa”. Es claro que, para los pensadores liberales, es aquel un momento glorioso para España. Américo Castro ha dicho que entonces domina en España “un intento de reincorporarse a las formas universales de la cultura”, olvidando que, si algún carácter tuvo y tiene la auténtica cultura española, es una universalidad que hace que sea la de mayor sentido ecuménico de Europa; pero con esa afirmación se tiende a desprestigiar, deliberadamente, la propia cultura, que en aquellos momentos aparece como incapaz de nuevas creaciones, elogiando a quienes buscaron en el plagio lo que no podían crear y que, por cierto, no han dado al historial de la intelectualidad española ningún valor que haya resistido al rasero implacable del tiempo. España no cerró sus puertas a la nueva literatura. Por el contrario, la difusión que alcanzó en ella fue extraordinaria. La “ENCICLOPEDIA” tuvo celosos traductores, prolijos editores y atentos lectores; y así pudo decir el P. Feijoo, a mediados de siglo, que España había olvidado sus mejores tradiciones, para adoptar un ideario meteco, en el cual, si algo existía de fundamental, podía encontrárselo en toda su pureza en esas mismas tradiciones. 9.- LA “NUEVAS IDEAS” EN AMERICA. Es raro el país americano que no cuente con uno o varios buscadores del pasado dedicado a perder el tiempo buscando libros franceses en catálogo de las bibliotecas particulares del período hispano, para fundar, sobre tales descubrimientos, peregrinos antecedentes al proceso revolucionario posterior que produjo la atomización del imperio español. Esta es la hora, sin embargo, en que

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no hay un sólo historiógrafo serio que apoye el proceso independizador en la influencia de las ideas contenidas en tales obras. En ninguna de la cuales, por cierto, existen elementos para crear una conciencia natural independizadora en regiones que no poseían un sentido de lo nacional que no fuera español, y las que no podían conducir a idearios de gobierno propio porque lo practicaban en lo que les interesaba, que eran las cuestiones locales. Otro de los hechos que se registran es el de los descubridores de papeles dedicados a decir que España perdería las Indias si no modificaba la estructura política. Lo cierto es que al día siguiente de desembarcar Colón ya había algún español dispuesto a demostrar que si las cosas seguían así todo se iba a perder. Por lo menos desde el tiempo de P. Las Casas en adelante se lanzan ataques al sistema de gobierno. En 1565 el P. Fray Jerónimo de Mendieta escribía a Felipe II, desde México, y decía: “V.M. no descarga nuestra real conciencia remitiendo todos los negocios de acá a vuestro Real Consejo de las Indias, si no se informa personalmente y se satisface, a los menos de lo esencial de la gobernación de estos reinos”, y lo hacía en una carta, aprobada por el Provincial y definidores de la Orden, que comenzaba diciendo que escribía interesado en salvar el “ánima de V.M., la cual, sin poderme engañar, me parece que la veo tan cargada en el gobierno de las Indias, que por cuanto Dios tiene en el cielo, ni por todos millones del mundo que de nuevo criase, yo no querría que esta pobre que me trae a cuestas tuviese la milésima parte de esta carga; y para mí juzgo tan pesada una partecilla, razón es que como fiel vasallo la sienta toda ella por muy grave para la conciencia de mi Rey, y como tal dé aviso a V.M. de lo que no estará por ventura advertido, por descuidarse en vuestro Real Concejo y Audiencias que tiene puestas, en las cuales puede haber quiebras, como no sean congregaciones del Espíritu Santo…” Con un texto semejante, dirigido a un gobernante de hoy y no al “absolutista” Felipe II, habría seguro proceso de desacato. Al final del siglo XVIII encontramos la curiosa personalidad de Gabriel Fernández de Villalobos, marqués de Varinas, que dedicó a Carlos II su largo escrito titulado: “Mano de relox que muestra y pronostica la ruina de América”, en el que pinta la condición americana en tonos tan deplorables que los remedios sólo podían ser puestos en acción por su denunciante. Casi a fines del siglo XVIII, Victoriano de Villava escribía sus apuntes “Apuntes para una reforma de España”, en la que también se refiere a los peligros de la pérdida de América. Se puede decir que, desde el día siguiente del descubrimiento, no faltó algún español dispuesto a demostrar que, si no se gobernaba mejor

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aquello se iba a perder. A pesar de lo cual el período hispano duró casi tres siglos, sin fuerzas militares de ocupación y sin que, en tan largo período, se registre un solo movimiento tendiente a romper la unidad del Imperio. Todos los ataques al gobierno fueron obra de españoles concebidos, por consiguiente, con espíritu español. No ocurre lo mismo cuando Fernando VI encarga a Jorge Juan y Antonio de Ulloa un informe sobre el Nuevo Mundo. Se trata de dos españoles de nacimiento, pero no de espíritu, pues pesaban sobre ellos influencias inglesas y eran producto directo del espíritu francés. Algo semejante ocurre con Azara, en su visita al Río de la Plata. Las “NOTICIAS SECRETAS” de Juan y Ulloa han sido esgrimidas para fomento de la “leyenda negra”. No se trata, como en el caso de los alegatos del P. Las Casas, de hombres con fervor religioso, sino de expresiones del sentimentalismo humanista del siglo XVIII; no se trata, además, de la opinión personal de cualquier habitante del continente, sino de un documento oficial, en el que se denuncia que el gobierno de América está podrido, la Iglesia corrompida, que todo debe ser modificado, inclusive los criollos, en su mayor parte, inhumanos con los indios. Todo había que reverlo en el Nuevo Mundo y ya no por la autoridades constituidas, sino por el gobierno central, que debía dar por tierra con toda tradición. Aquel informe se acomodaba perfectamente a la ideología de los Borbones y, sobre todo, de sus consejeros progresistas, quienes declararon la caducidad del pasado y se dispusieron a renovar y remozar los elementos directivos de las provincias de ultramar. Dice Cecil Jane: “En el Nuevo Mundo, no menos que en España, los Borbones ultrajaron de ese modo los sentimientos de sus súbditos. Los cambios que hicieron eran descaradamente cambios; la caducidad del viejo régimen se proclamó francamente. No mostraron ni en la realidad ni en las apariencias, respeto por el pasado; eran tan insensibles al valor de la tradición y a los méritos de la continuidad de desarrollo como lo fueron los más radicales de los revolucionarios franceses. En todo lo que hicieron, en todo lo que intentaron hacer, condenaron, implícitamente, a sus predecesores. Implícitamente sacaron a la reprobación pública a los mismos gobernantes a quienes sus súbditos tanto reverenciaban, Fernando e Isabel, Carlos y Felipe, los creadores del sistema económico y administrativo que ellos estaban destruyendo. Al sancionar aquella condenación del pasado contenida en las “NOTICIAS SECRETAS”, se pusieron en desacuerdo con las ideas de aquellos cuyo bienestar deseaban sinceramente promover; casi hacían una exhibición de su mentalidad antiespañola: demostraban su propia ineptitud

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para comprender a sus súbditos”. A pesar de la legislación comercial existente bajo las Austrias, la realidad americana había creado todo un sistema que fue alterado por los Borbones, con el pretexto de ampliar las posibilidades comerciales, produciendo, en cambio, una alteración de las condiciones de equilibrio que se habían logrado, que comenzó a traducirse en miseria de ciertos sectores y enriquecimiento de otros menos interesantes, como el caso de muchos aventureros extranjeros que vivían en Buenos Aires. La política fiscal fue más severa y el hecho fue registrado por múltiples levantamientos populares, de alguno de los cuales hemos informado, y que hacen que sea el siglo XVIII el que muestra menos disciplina en las masas del continente. Por otra parte, el afán de dar al régimen fiscal una mayor rigidez, determinó un crecimiento de la burocracia y de sus poderes. No es que en el pasado no existan cargas ni restricciones; pero las comerciales se compensaban con el contrabando y las fiscales con no pagar. Es así como, poco a poco, el hombre de América advierte que la libertad individual va siendo cercenada, pues las autonomías locales empiezan a ser restringidas, y que todo tiende a fortificar el poder central en la misma proporción que se disminuye el poder local. La eficacia de todas estas medidas fue relativa, porque el americano se las arregló para violarlas, pero lo puso en pugna con el gobierno central, que no pudo demostrar en su actuación una mayor eficiencia que los Austrias. Sin olvidar que ciertos actos que ofendían caros sentimientos locales contribuían aún más a producir una ruptura que fue evidente cuando se produjo la expulsión de la compañía de Jesús. A este proceso de “destradicionalización” del Nuevo Mundo se agregó, como causa disolvente, un fortalecimiento de la tendencia a llenar los cargos de gobierno con gente española, de manera que aquellos que carecían de fortuna para estudiar en España y adquirir allí amistades, difícilmente lograban un puesto de jerarquía en sus lugares natales, de forma que las posibilidades de los americanos se vieron disminuidas de manera alarmante. .Constituyen esta serie de hechos los que van creando las circunstancias que conducen a América a la lucha por la independencia, sin necesidad de lecturas de Francia, alentada, por lo contrario, por su apego a lo tradicional y no a lo moderno; porque la literatura extranjera contra el absolutismo es mucho menos convincente que el sentido de lo tradicional que predomina en el hijo de América. El “Absolutismo Ilustrado” no vio la vitalidad extraordinaria de las instituciones locales, no comprendió la fortaleza de la fe de los americanos, porque estaba integrado por hombres extraños al auténtico pensamiento español, quienes no

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comprendieron que practicaban una ideología contraria al sentido profundo de la libertad política que los Habsburgos habían dejado florecer en el continente. Por eso el movimiento emancipador fue español en su espíritu y en su razón de ser. Como dice Cecil Jane: “Para los franceses, las dos palabras, LIBERTAD e IGUALDAD, representaban ideales abstractos, hacia cuya consecución escasos esfuerzos se hicieron, aún en los días de mayor arrebato del ardor revolucionario: sólo en una de las varias Constituciones que se dictaron desde el comienzo de la Revolución se abandonó la distinción entre ciudadanos “activos” y “pasivos”, y esa Constitución no llegó a ponerse en vigor siquiera temporalmente. Para los españoles esas dos palabras eran ordinarias y corrientes, y el hecho de que lo fueran sólo estaba velado por el otro hecho coincidente de que la libertad no era mirada como incompatible con la idea de gobierno, o la igualdad, con el hábito de rendir a los demás una pleitesía libremente consentida”. Por otra parte, lo sensato es ver, en un episodio tan trascendental como es la atomización del Imperio español, un movimiento interno no de plagio, sino de afirmación de la personalidad de la raza. Si así no fuera habría sido un hecho falso, un engaño artificial. Lo que los americanos procuran con su independencia no es separarse de lo hispano, sino de lo que en España era equivocado y nada tenía que ver con los ideales más caros de su pueblo, y eso no era sino la imitación francesa, desde el absolutismo al regalismo, desde el iluminismo al laicismo, desde el librepensamiento a la libertad de comercio. Lo que veremos, con mayor extensión, más adelante.

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CAPITULO CUARTO

TRAYECTORIA DEL PENSAMIENTO POLITICO EUROPEO Y SU REPERCUSIÓN EN LOS PUEBLOS HISPANOS

1.- FUNDAMENTOS ESPIRITUALES, ECONOMICOS Y SOCIALES DEL SIGLO XVIII.

El sometimiento del pasado a una caprichosa división por períodos determina que, mientras en España en el siglo XVII los escritores políticos mantienen las teorías liberales vigentes durante la Edad Media, sin dejar, por ello de considerar beneficiosa la centralización que afirma la realidad de la nación

española, se considere que se trata de un país en retardo ante el progreso de las ideas en otras naciones, se ha implantado el absolutismo como expresión de la teoría de la soberanía. El equívoco surge de un sólo hecho. El absolutismo fue consecuencia de un debilitamiento de la influencia de los factores teológicos en la formación del concepto del Estado, un afianzamiento del poder civil sobre el eclesiástico y la afirmación de un predominio de la razón sobre la fe. Su propagación se hizo sobre la base de asignar a la teocracia un carácter tiránico y disociador, imputándole la culpa de la dispersión feudal. Todo el odio de los absolutistas británicos, desde Filmer a Hobbes, se concentró contra los jesuitas, porque debilitaban los vínculos de fidelidad al príncipe al sostener la opinión de que, en determinadas condiciones, es lícito que una nación se oponga a su gobierno, y llegue hasta la deposición del soberano. Se dio a entender que esa posición respondía a debilitar a los reyes para fortalecer al Pontificado, dando a éste una jerarquía política superior -lo que era falso- y es así como se forjó la mentira de que el absolutismo aparecía como una tesis de libertad, basada en principios religiosos más puros que los de la Compañía de Jesús, apoyados en la razón. Y aunque las expresiones más destacadas que el racionalismo logró, posteriormente sólo pudieron desenvolver teorías políticas en base a supuestos no experimentados, pues todas lo hicieron con falsas metafísicas tendientes a forjar una absurda teología sin Dios, es lo cierto que controlan virajes violentos en la trayectoria del pensamiento político europeo, sin cuyo conocimiento no es factible hacer una historia de las ideas políticas argentinas. Participamos ampliamente del concepto de Carlos Octavio Bunge, en su “HISTORIA DEL DERECHO ARGENTINO”, al decir “que el pueblo argentino no ha producido instituciones políticas y jurídicas originales, ni antes ni después de la independencia”, pues, a pesar de sus meritorios esfuerzos, Ricardo Levene no ha podido pasar de la comprobación “de que las fuentes ideológicas de la Revolución de 1810 son predominantemente hispanas e indianas”, debiendo admitir “las influencias exteriores de las ideas eternas”. Subscribimos al respecto, la opinión de Alejandro Korn, en “INFLUENCIAS FILOSOFICAS DE LA EVOLUCION ARGENTINA”, cuando dice: “El pensamiento de nuestro pueblo ha debido seguir, desde luego, una evolución paralela a las ideas directoras de la cultura occidental y a investigar cómo se reflejan en nuestro ambiente se encamina este ensayo”. El fortalecimiento del poder civil y el amanecer de nuevas normas económicas, determina que la sanción utilitaria comienza a reemplazar gradualmente la idea de la sanción divina para las reglas de conducta, lo cual sólo

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fue posible mediante una crisis de la fe. Como dice Harold Laski, “la idea del capitalismo no cabía dentro de los muros de la cultura medioeval. Y el capitalismo, en consecuencia, emprendió la tarea de transformar la cultura de acuerdo con sus nuevos propósitos”. En ese paso de la política medioeval a la moderna hay un movimiento de transición. Si hoy en día la política está dirigida por consideraciones prácticas, orientada hacia lo utilitario, antes hubo que justificar esa posición. Ese período de transición tiene dos factores: una, transformando la sociedad, otra, apoderándose del estado. Para lo primero se procura convencer de que la búsqueda de la riqueza tiene por objetivo el bien social, es decir, se toma el objetivo fundamental de la vida política de la Edad Media y se lo asigna a la nueva economía. Para apoderarse del Estado no se renuncia a los elementos teológicos, sino que se los tortura para dar origen al derecho divino de los reyes, hasta lograr hacer de él la expresión popular de la soberanía. Neville Figgs, que ha estudiado especialmente el problema, demuestra que, el mayor valor y la misión más importante de la teoría fue como arma de independencia anticlerical. En oposición a las pretensiones pontificias a la soberanía, fundadas en derecho divino, se levantaron las pretensiones del rey, también a la soberanía, apoyadas en un derecho en nada inferior a aquel. En este sentido puede decirse que la doctrina era anticlerical; pero como atacaba un sistema clerical, fue inevitable que quienes principalmente la elaboran y defendieran fueran eclesiásticos” protestantes. Surge así el estado moderno, basado en dos principios de origen religioso: el bien común social y el origen divino de la soberanía, aunque interpretados dolosamente, para que no fuera rechazado por la mentalidad popular. Durante el período que culmina con el arribo al trono de Inglaterra de Guillermo de Orange, el naciente capitalismo de la isla había logrado derrotar a su rival en Holanda, crear una marina mercante y efectuar sus primeras acumulaciones de capitales, que fueran base y fortalecimiento de una fuerte clase burguesa integrada por comerciantes y pequeños industriales. La política económica inglesa de este período encontró su expresión más potente en la Leyes de navegación, de Cronwell, (1651), mediantes las cuales las importaciones inglesas de otros continentes, así como su comercio de cabotaje y sus pesquerías, quedaron legalmente limitadas a los barcos de bandera inglesa. Otra medida de tipo proteccionista fue la ley de trigo de 1689, destinada a estimular, con primas, la producción de ese cereal. En la misma época Francia, bajo las directivas del Colbert, alcanza un grado de industrialización extraordinario, del que obtuvo Luis XIV los recursos

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financieros para su política de engrandecimiento. El sistema de Colbert correspondió a la omnipotencia del Estado absoluto modelado por el cardenal Richelieu, creador de la Francia moderna y de la centralización de la monarquía francesa. Para lograrlo traicionó la causa de la unidad espiritual de Europa y no titubeó en aliarse con los enemigos de su fe. El “provincialismo” de Francia fue uno de los peores enemigos de los propósitos europeos de la política española, a pesar de que, como dice el francés Maurice Legendre, todo lo que hay de más grande en el siglo de Luis XIV está estrechamente emparentado con la espiritualidad española. Y fue gracias a España que Francia, parcialmente seducida en el siglo XVI, y dividida, por la revolución religiosa, pudo rehacer su unidad, y, más tarde, conservar cierta medida en la revolución política, más revoltosa que profunda, sobre la que los reformadores, impotentes en el orden espiritual, debieron rendirse. Semejante evolución para una Europa políticamente atomizada pero espiritualmente unida a otra con grandes grupos nacionales pero espiritualmente desunida, se hizo en base a una elaboración de la filosofía y de la ciencia que se vincularon para forjar una concepción “natural” del mundo, herencia del período del Renacimiento que va desde Leonardo, Keplero y Galileo a Descartes, Spinoza y Hobbes, para seguir, en descanso vertiginoso hasta Condillac, Darwin, Marx y Freud, y, en nuestros días, en la desorientación existencialista, última mueca de una cultura desorientada. Con Descartes, la voluntad inquebrantable de la clase gobernante de la primera época del capitalismo encuentra su expresión. COGITO, ERGO SUM. Es la personalidad orgullosa, que niega todo, dispuesta a encontrar todo en sí mismo. El individualismo había triunfado. Pero con él había terminado la persona humana, había surgido el Estado absolutista y cuando éste, cumplida su misión circunstancial y la transición, desaparece, la presión de los factores económicos que se han reforzado hasta alcanzar un lugar predominante, demostrará al hombre que todos los conceptos de libertad política ha quedado limitados al voto, con el que ni siquiera influye en las directivas de gobierno, aunque por virtud de la prensa y la oratoria, crea lo contrario. Y en nuestros días, sumido el individuo en la grosera individualidad de masas, amenaza con su rebelión tirar por tierra hasta la más insignificante conquista de la cultura de Occidente. En aquellos momentos, cuando la trayectoria del pensamiento europeo, dirigiéndose hacia los principios renacentistas daba paso al racionalismo, España, que acaba de equilibrar a Europa, luchando un siglo entero contra el impulso

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feudal y retrógrado de la herejía protestante, no podía ser campo propicio para tales orientaciones. La guerra por la sucesión de España es una guerra dinástica para la mayoría, pero para los ingleses es una guerra comercial. En el cuadro de la historia europea, es la lucha entre la Contrarreforma, que había terminado su misión, representada por la casa de Austria, contra las nuevas ideas consecuencias de la Reforma, que Francia había recibido de Inglaterra, aunque se encontraban en crisis en ella y habían sido superadas por la revolución de 1688; de manera que, en 1700, con Felipe V, se asienta en España con retraso con respecto a Inglaterra y Francia, la doctrina del absolutismo y las tendencias del racionalismo, las cuales, para peor, lo hacen en una España donde no se han dado las condiciones espirituales y económicas necesarias para comprender aquel nuevo avatar de ideas. Dejó entonces España de preocuparse por las cuestiones centro-europeas, Francia alcanzó en parte la frontera del Rhin, pero al debilitar a la casa de Austria perdió fuerzas para contener el nacionalismo bárbaro de Prusia. Hoy, después de las dos grandes guerras que han ensangrentado el viejo mundo, y en las que no intervino España, advertimos que su fortaleza es más efectiva que la que asienta a las naciones francesas y austríaca. 159

Al colocarse España, en el siglo XVI, al frente del “contrareformismo”, no renunció al pensamiento renacentista, ni la llamada contrarreforma fue una postura de grosero antirracionalismo, que se opuso a cuanta tendencia tuviera origen racional. Historiadores interesados han querido presentar a la gran síntesis intelectual del siglo XIII como un triunfo del dogmatismo teológico, cuando fue, en realidad, afirmación de los derechos de la razón humana y el fundamento de la ciencia europea. Dice Harnack: “el escolasticismo no es otra cosa que el pensamiento científico, y su debilidad en la esfera de la ciencia natural se debe simplemente a que aún no había un caudal de hechos comprobados sobre el que pudiera ejercerse”, y agrega: “la ciencia de la Edad Media da una prueba práctica de avidez mental, y demuestra una energía para someter todo lo real y válido a la razón que no tiene, tal vez, paralelo en época alguna”. En tal sentido, gloria de la teología española es haber reintegrado el hombre a la naturaleza, siguiendo a Santo Tomás, que rompió con la tradición del espiritualismo oriental y del idealismo napoleónico. A través de sus grandes escritores, la filosofía hispánica tendió a demostrar los derechos y carácter autónomo de la actividad natural, como dominio de la razón, distinto del dominio de la fe; la ley moral natural, como distinta de la ley de la Gracia; los derechos del Estado, como distintos de la

Iglesia. Lo que ocurre en Europa, como consecuencia del Renacimiento, ha sido visto con clarividencia por Christopher Dawson, quien señala que la Europa del norte, cuando siente las palpitaciones del despertar nacional, como detrás del período medioeval no tiene otra tradición de cultura que la que entronca la barbarie pagana, asegura su independencia cultural remodelando y transformando la tradición cristiana de acuerdo a su genio nacional, y es así como, el Renacimiento de la Europa del norte se expresa en la herejía protestante. Los pueblos de la Europa meridional, que poseían una tradición anterior gloriosa -la de Grecia- no pudieron caer en aquella forma bárbara de reacción, y menos que ningún otro pueblo España, que había eliminado de su cultura los elementos orientales, sino que afirmaron sus tradiciones cristianas en la razón. El protestantismo, por su hostilidad al monacato, al ascetismo, a todo lo que contrariaba la libre expresión de los instintos, fue un movimiento anteintelectualista, anticontemplativo, forjando una religión eminentemente activa que, al romper con las sanciones divinas, abrió campo a las sanciones utilitarias, hasta hacer una especie de religión laica de la actividad comercial. No negamos que el Renacimiento en sus expresiones culturales, tendió también en la Europa meridional a la secularización de la vida, y nada lo revela mejor que el arte renacentista, hecho de observación y experimentación, que abre rumbos al estudio de la anatomía y la perspectiva; mas, es preciso advertir que en todo ese movimiento predominan orientaciones metafísicas notorias. Lo que diferencia ese renacentismo, de tipo italiano, al de España, es que el intelectualismo no conduce al español hasta hacer que el hombre pierda su lugar central en el universo, como eslabón de la realidad superior del espíritu y la realidad inferior de la materia, lo que hace que nunca pueda caer en una concepción mecánica del universo. Los factores estéticos influyen para perturbar el renacentismo italiano, pero en España, la realidad del orden moral es más fuerte, y está tan arraigada en el ser hispano que no se desprende de él, en virtud de lo cual, es el único pueblo que logra combinar la cultura secular del Renacimiento con su tradición religiosa, asimilando el nuevo giro del pensamiento científico, en lo que tiene de puro, no de utilitario, sin abandonar la fe. En Inglaterra, después de la reforma, el fervor religioso no quiso entendimiento alguno con el pensamiento científico. Las luchas de la religión en su seno, como en el de Francia, cuyo catolicismo pecó siempre de galicanismo, fueron sangrientas, de manera que para lograr una unidad, ambos países necesitaron de gobiernos fuertes que expulsaran a los hugonotes de Francia, y lograran normas de

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tolerancia en Inglaterra, a cuyo fin se secularizó al Estado, que dejó de tener preocupaciones religiosas. Nada semejante en España, en cuyo seno no hay luchas religiosas ni en su historia noches de San Bartolomé. Tampoco necesita España para su unidad nacional, llegar a aquel “entendimiento revolucionario” con que Inglaterra resolvió, con Locke, que no era misión del gobierno defender la fe cristiana, sino asegurar los derechos de la propiedad privada, “por lo cual los hombres se asocian”. Ningún problema nacional le obliga a disminuir su fidelidad religiosa; ningún encuentro entre la razón y la fe la separaba de ésta. La crisis actual del mundo moderno comienza a darle razón, porque dice que presintió lo que expresa Dawson: “las doctrinas liberales del progreso y la perfectibilidad de la sociedad por medios puramente racionales, ya no se aceptan como dogmas indiscutibles por los pensadores y escritores hoy. El escepticismo y descreimiento que en el apogeo del iluminismo liberal, eran dirigidos contra la religión tradicional, han sido ahora contra las bases del liberalismo. Y este vuelco era inevitable desde que, como hemos visto, la creencia liberal debía su fuerza a los elementos recibidos de la tradición religiosa que pretendía reemplazar. En esta forma, en tanto que tenía éxito en secularizar la cultura europea, minaba los cimientos de su propia existencia. En lugar de unir a Europa en una nueva unidad espiritual a la cual la cultura europea debía su unidad y su existencia misma”. La contextura nacional española ha librado a España de los asaltos de las Revoluciones. Frente a ella, Europa se nos muestra en actitud revolucionaria permanente, como expresión del divorcio entre religión y la vida social. Durante el siglo pasado se expresó, bajo el impulso destructor de que la sociedad es una simple personificación de la fuerza material y del fraude, que no corresponde a ningún fin espiritual, y se buscaron los medios en el republicanismo, en el sufragio universal, en la autodeterminación de los pueblos, medidas todas que han terminado en el desencanto del fracaso, por lo cual, en esta hora, la actitud revolucionaria se condensa en el comunismo, que se vuelve contra la civilización de los últimos siglos. La secularización del Estado termina devorándose así mismo. Podemos decir con Charles Peguy: “Cuando el grupo de los metafísicos y de las religiones, de las filosofías disimuladas, desciende tras los cerros que sin duda la humanidad no ha de volver a ver, no nos regocijemos; pues simétrica y solidariamente también descendemos nosotros mismos”. 2.- DEL “LEVIATAN” DE HOBBES AL “TRATADO DEL GOBIERNO CIVIL” DE LOCKE.

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Dentro del llamado movimiento “liberal” se abarcan regímenes y conceptos políticos tan dispares que, para la comprensión del proceso político de Argentina es necesario prescindir de ciertas comunes generalizaciones, mediante las cuales se ha llegado hasta el magnífico absurdo de considerar que el ideario de la Revolución de Mayo se concreta en la tradición de Echeverría, López, Mitre, Gutiérrez, Alberdi, etc., que nada tuvieron que ver con aquel acontecimiento y escribieron muchísimos años después de producido, en base a la imitación de teorías de origen francés, en parte posteriores a 1810. Semejante metodología es consecuencia, además, de hacer del liberalismo una cosa surgida, como Minerva de la cabeza de Júpiter, con todos sus atributos, de manera que se desdeña a cada uno las ideas que el historiador considera más útil a sus demostraciones. No es de extrañar, por consiguiente, que hasta se hayan escrito libros para demostrar que Mariano Moreno era republicano, y se disfraza el monarquismo de los dirigentes de la revolución de la independencia afirmando que eran demócratas -como si una cosa estuviera reñida con la otra-, hasta dejar a entender que lo eran al punto de aceptar el sufragio universal, antes de que lo practicara pueblo alguno en el mundo. A tal punto esta manera de hacer historia ha llenado de errores la mentalidad del argentino, que la necesidad de vincular la historia de las ideas políticas del país al proceso universal del cual forma parte, es imprescindible a los fines de disolver equívocos y clarificar los conceptos apriorísticos con que tal historiografía ha sido escrita. Como manifestación concreta, el liberalismo aparece con la “Gloriosa Revolución” de 1688, que arroja de Inglaterra a los Estuardo y establece los derechos del Parlamento en contra del Monarca, así como la repulsa del catolicismo político. Esta transformación de la sociedad inglesa, que elevó a la clase de la burguesía a participar en el gobierno, se desarrolla entre dos obras de destacada significación: EL “LEVIATAN” de Thomas Hobbes, publicado en 1651, y el “TRATADO DE GOBIERNO CIVIL”, de John Locke, de 1690. A pesar de ser contemporáneas expresan puntos de vista distintos, aunque ambas explican la referida revolución. En realidad, la expresión del pensamiento político del siglo XVII, en Inglaterra, encuentra su interpretación clásica en el “LEVIATAN”: obra típicamente renacentista en cuanto al criterio anatómico que utiliza para considerar la sociedad. En su introducción se lee: “La naturaleza (el arte que Dios ha hecho y gobierna en el mundo) está limitada de tal modo, como en otras muchas cosas,

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por el arte del hombre, que éste puede crear un animal artificial. Y siendo la vida un movimiento de miembros cuya iniciación se halla en alguna parte principal de los mismos, ¿por qué no podríamos decir que todos los autómatas (artefactos que se mueven así mismos por medio de resortes y ruedas como lo hace un reloj) tienen una vida artificial? ¿Qué es en realidad el corazón sino un resorte; y los nervios que son, sino diversas fibras; y las articulaciones sino varias ruedas que dan movimiento al cuerpo entero tal como el artífice se lo propuso? El arte va aún más lejos, imitando esta obra racional, que es la más excelsa de la Naturaleza: el hombre. En efecto: gracias al arte se crea ese gran LEVIATAN que llamamos REPUBLICA o ESTADO (en latín CIVITAS) que no es sino un hombre artificial”. El objetivo de Hobbes fue justificar la monarquía absoluta sin apelar a la teoría del derecho divino de los reyes, su única posible justificación. Resuelto a conseguir la seguridad individual, priva al individuo del derecho a la resistencia, única garantía para lograr aquella seguridad. Forja así una doctrina tan ingeniosa como absurda, en base a considerar a la sociedad como una creación racional, producto de la actividad del hombre. Para que funcione sólo se necesita conocer su mecanismo. El arte de gobernar debe basarse, por consiguiente, en la psicología, ciencia que para Hobbes consiste en la famosa teoría de asociación, que no se basa en ninguna experiencia. En el afán de romper con la teología forja una doctrina hipotética en la que el “deseo del hombre” aparece ocupando el lugar de Dios. Y no deseos superiores, sino bajunos, tales como la envidia, el miedo, el egoísmo, a los cuáles la razón, para encauzarlos, idea medios que aseguren a todos el disfrute de los bienes generales. “La razón sugiere adecuadas normas de paz, a las cuales pueden llegar los hombres por mutuo consenso. Estas normas son las que, por otra parte, se llaman Leyes de la Naturaleza”; las cuales corresponden en bloque, a la moral cristiana: “No hagas a otro lo que no quieres que hagan contigo”. Si todos respetáramos la ley la sociedad viviría en paz, pero cada cual trata de satisfacer sus instintos, lo cual hace que, mediante un CONTRATO SOCIAL, surja el Estado para evitar la anarquía. Para lograr la efectividad de este CONTRATO, o sea, para que el Estado que de él surge cumpla sus fines, se debe exigir el abandono de todos sus derechos y concederle omnipotencia. Dada la importancia de este punto de vista en la obra de Hobbes transcribimos sus propias palabras: “Esto equivale a decir: elegir un hombre o una asamblea de hombres que represente su personalidad: y que cada uno considere como propio y se considere a sí mismo como autor de cualquier cosa que haga o promueva quien representa su persona, en aquellas cosas que

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concierne a la paz y a la seguridad comunes; que, además, sometan sus voluntades cada uno a la voluntad de aquel, y sus juicios a su juicio, Esto es algo más que consentimiento o concordia; es una unidad real de todo ellos en una y la misma persona instituida por pacto de cada hombre con cada uno de los demás, en forma tal como si cada uno dijera a todos: AUTORIZO Y TRANSFIERO A ESTE HOMBRE O ASAMBLEA DE HOMBRES MI DERECHO DE GOBERNARME A MI MISMO, CON LA CONDICION QUE VOSOTROS TRANSFERIREIS A EL VUESTRO DERECHO, Y AUTORIZAREIS TODOS SUS ACTOS DE LA MISMA MANERA. Hecho esto, la multitud así unida en una persona se denomina ESTADO, en latín CIVITAS. Esta es la generación de aquel gran LEVIATAN, o más bien, de aquel DIOS MORTAL, al cual debemos, bajo el Dios INMORTAL, nuestra paz y nuestra defensa”. Una vez que los hombres en sociedad han realizado este hipotético y absurdo contrato, entregando su poder a un hombre o a una asamblea, el titular de ese poder es verdaderamente soberano. Pero este soberano se coloca encima de la ley para ser fuente de la misma, debe ejercer el mando de las fuerzas armadas, tener poder sobre la propiedad y controlar la opinión pública. Al perder todos sus derechos, el individuo que sabe que también los han perdido los demás, se convierte en ciudadano obediente y cumplidor de las leyes. Como se ve, Hobbes abre el camino al estado marxista del comunismo. ¿Cómo se explica que esta apoteosis de la tiranía del Estado haya podido ser considerada como un progreso hacia el estado moderno? Simplemente por tratarse de una reacción contra las normas del derecho natural que habían imperado durante la Edad Media. La filosofía moral de Hobbes importa una ruptura completa con la concepción de la naturaleza humana hasta entonces vigente, a pesar de lo cual, tomó de sus repudiados predecesores alguna de sus concepciones más importantes, como ser la de un hombre primitivo viviendo en una sociedad no ordenada, así como la de que en este mundo, los hombres son iguales. Como dice Gettell:“Para concebir la autoridad y los derechos inalienables de los hombres, sobre una base popular, fue necesario que se llegara, deductivamente, a la idea de una sociedad humana, en el origen, anterior a la misma autoridad y al derecho del Estado”. Los padres de la Iglesia habían concebido un mundo primitivo en el que los hombres eran inocentes e inocuos, el que destruido por la aparición del vicio y del pecado, había dado paso a un mundo de discordia y lucha que obligó a establecer algún sistema de autoridad para dirigirlo. El derecho que lo había regido en aquella edad de oro les era aún conocido en cierta medida, y la principal función de la autoridad debía consistir en hacer cumplir sus determinaciones. El

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fundamento del derecho positivo era la justicia. Hobbes rechaza la existencia del hombre de aquellos principios y obligaciones morales, de manera que lo bueno y lo malo, la justicia y la injusticia, carecen para él de sentido, aparte de una autoridad común y coactiva. “Así que la naturaleza de la justicia -dice- consiste en la observancia de los pactos válidos… Es también entonces cuando comienza la propiedad”. Así dice: el soberano es juez absoluto de las doctrinas y opiniones que debe permitirse; el soberano es el que hace las leyes que regulan la propiedad; el soberano tiene derecho a escoger a sus consejeros y magistrados y a recompensar o castigar con arreglo a la ley que ha hecho, o, si no la hay, con arreglo a su discreción, y agrega: “Puede objetarse aquí que la condición de los súbditos es muy miserable, pues que están sujetos a los caprichos y otras pasiones irregulares de aquél o de aquellos cuyas manos tienen tan limitado poder…; considérese que la condición del hombre nunca puede verse libre de una u otra incomodidad, y que lo más grande que puede suceder en cualquier forma de gobierno, posiblemente, al pueblo en general, apenas es sensible si se compara con las miserias y horribles calamidades que acompañan a una guerra civil, o a esa insólita condición de los hombres desenfrenados, sin sujeción a las leyes y a un poder coactivo que trabe sus manos, apartándolas de la rapiña y de la venganza”. En el siglo XVI se inician las grandes transformaciones políticas y económicas que constituyen el saldo de la herejía protestante y se tiende a desacreditar las viejas ideas, rechazando la de un estado natural primitivo, a los fines de afirmar las necesidades del estado fuerte. Los que si actúan son todos anticatólicos. Entre ellos, Hobbes aparece conciliando la doctrina del CONTRATO SOCIAL con el absolutismo, a fin de esquivar el derecho divino de los reyes, que, en su época, había perdido jerarquía, haciendo necesario fundamentar el absolutismo en los deseos de la sociedad burguesa, que comenzaba a reemplazar a la feudal. Dice Crossman: “La nueva sociedad individualista necesitaba por encima de todo un fuerte gobierno centralizado, y mientras más recalcara Hobbes la lucha de todos contra todos (HOMO, HOMINIS LUPUS), aparecía más urgente esta necesidad imperiosa. Donde no se le reconoce a nadie superioridad innata alguna, el poder superior debe ser construido e impuesto en pro del bienestar común. Donde las costumbres tradicionales y sagradas, y las instituciones reconocidas son puestas en duda, deben establecerse nuevas costumbres tradicionales y sagradas, y formarse nuevas instituciones. Los cambios económicos y sociales (a que nos hemos referido) son reconocidos como hechos reales, y el Estado y la religión y la moralidad son construidos nuevamente con poder suficiente para controlarlos”.

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Adversario de Hobbes fue Jacobo Harrington, autor de la “OCEANA”, publicada en 1656, quien sostiene: Primero: el mantenimiento de un Estado depende de la posesión por la clase gobernante de la tierra suficiente, Segundo: todo sistema sano de gobierno tiene que poseer cuatro elementos; elección secreta, elección indirecta, rotación de gobierno y, finalmente, un sistema bicameral en que las funciones del concejo y legislación tienen que estar separadas. Inicia Harrington la corriente constitucionalista y, en tal sentido, se destaca su influencia en la colonia de Carolina, en 1667, que hizo la primera constitución. L. P. Mayer sostiene que a través de su influencia sobre Sieyés, Harrington influyó no solo en el origen, sino en el desenlace de la Revolución Francesa. Pero su influencia en la teoría científica del estado no fue muy profunda. Cuando Hobbes y Harrington escriben, el absolutismo está a punto de terminar su etapa inglesa; era un período de transición, durante el cual no se podía formular una teoría política basada en la experiencia histórica, en la opinión de las autoridades o en los hechos de la vida política. Sin embargo con su “LEVIATAN”, Hobbes sirvió a la causa expansionista de Inglaterra, sosteniendo una teoría internacional que concedió a cada comunidad nacional absoluta libertad para hacer lo que juzgare más conveniente a su beneficio. Casi en los mismos días que España formulaba las normas primigenias del Derecho Internacional Moderno, por boca del P. Francisco de Vitoria; en las mismas horas que España se formulaba problemas de conciencia al considerar su “justos títulos” para proseguir la empresa conquistadora de Indias, el expansionismo agresivo de Inglaterra lanzaba al mundo, bajo la firma de Hobbes, la doctrina de la lucha de los pueblos sin limitaciones morales, sin otras vistas que la conveniencia de cada comunidad. No sorprenda que negreros y piratas se reclutaran entre protestantes. Quizá por ello, con gracia irónica, Crossman dice: “EL LEVITAN es el primer ataque democrático que sufre la democracia”. Destaca, a la par que su lectura no es desdeñable, pues entre el fárrago de sus necedades las sociedades democráticas., sin renunciar a sus aspiraciones, y contradicciones alientan algunas verdades que explica cómo pueden renunciar a sus principios y caer en formulaciones totalitarias, pues la libertad política es un lujo que no pueden permitirse los pueblos que han perdido el sentido verdadero de la persona humana. Que es lo que ocurre a Hobbes y a sus epígonos. Aunque Hobbes no tuvo influencia inmediata sobre el pensamiento político inglés, a pesar de representarlo en su época y de ser posible que Cronwell se hubiera inspirado en él para justificar su dictadura, es notorio que, en la segunda

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mitad del siglo XVIII reaparece en los escritos de Bentham, Austin y otros, quienes, a su vez, influyen sobre otros escritores del continente que crearon sistemas que, al decir de Menéndez y Pelayo, por no responder a ninguna metafísica estuvieron condenados a no tener ninguna moral. Al restaurarse la monarquía inglesa, en 1600, volvió a tener un momento nuevo de auge la doctrina del derecho divino de los reyes y el de la obediencia pasiva al monarca. El partido de los “tories”, como sostén del rey, y la Iglesia Anglicana, se oponen al partido de los “whigs”, que pretendía limitar los derechos del soberano, todo lo cual desemboca, después de años de agudas inquietudes, en la elevación al trono de Guillermo y María por acuerdo de una convención revolucionaria; o sea, el partido de los “whigs” -el de los comerciantes-, sobre el de los “tories”, que reunía a la aristocracia. Es una revolución a la inglesa, sin sangre y por convenio. Ambas clases llegan a un entendimiento mediante la unión de los intereses de los comerciantes con los privilegios y honores de la aristocracia, por la renuncia, tanto a un gobierno republicano como a una monarquía absoluta, mediante una monarquía limitada dentro de un sistema aristocrático de gobierno, pero dispuestos los aristócratas a gobernar el interés de los comerciantes. Es la posición que eleva a la categoría de doctrina John Locke, con su libro “ENSAYO DE GOBIERNO CIVIL”, considerado como de oposición al de Hobbes y base de la democracia representativa actual. El conocimiento de esta obra es esencial a nuestro tema en cuanto la influencia de sus ideas alcanzó la mayor vigencia durante la segunda mitad del siglo XIX en Argentina, como lo demuestra su Constitución Nacional de 1853, inspirada en la de los Estados Unidos que, como es notorio, fue fruto de la influencia de Locke sobre la mentalidad de los contribuyentes de Filadelfia. Locke es el teórico de la “Glorious revolution” de 1688 y su obra es una defensa filosófica del partido parlamentarista. Escribe para justificar un movimiento realizado, es decir, para satisfacer el carácter y las necesidades de la burguesía que había logrado apoderarse de las directivas del gobierno dejando al rey y a la aristocracia en el papel de “mascarones de proa” para deleite y consuelo de las masas. Hobbes había sostenido la igualdad de todos los hombres sin distinción de clases, a todos los consideraba simples máquinas -siguiéndole es como el comunismo los transformara en máquinas de producir y consumir-, mientras que Locke, con el convencimiento de que todo gobierno necesita, para subsistir, el apoyo que le

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preste el grupo más o menos grande de súbditos, forja una doctrina típicamente clasicista, destinada a resolver las necesidades de la clase que, en aquel momento, es lo suficientemente fuerte como para enfrentarse con el poder existente si no responde a sus exigencias. Locke no fue un pensador político profundo. La naturaleza del poder político se le escapa, y lo que le preocupa, para lo cual le basta con ser ingenioso, es la exposición de cómo el orden y el reinado de la ley pueden ser mantenidos sin necesidad de imponer la servidumbre. El “LEVIATAN” es, para él, la guerra del soberano contra sus súbditos. “La libertad ante el poder arbitrario -dice- es tan necesaria para la preservación del hombre, y ella tan estrechamente unida, que de aquella no podía separarse sino por circunstancias que conllevaren pérdida de su derecho a la preservación y vida a un tiempo”. Por frases como éstas abundan en quienes consideran a la obra de Locke como revolucionaria, mas, es lo cierto, como lo destaca con agudeza A. J. Carlyle, que el “TRATADO” es, “en primer lugar, una reafirmación de las tradiciones fundamentales de la cultura política de la Edad Media”. Lo que ocurre es que Locke hace girar las cosa a tal punto alrededor de la propiedad, que la suya se trueca en la doctrina política ideal del capitalismo, que afirma todas las libertades apetecibles, crea las instituciones encargadas de defenderlas, pero se queda con el dominio económico en virtud del cual libertades e instituciones no pasan de ser amables en sueños. De acuerdo a la tesis de los Padres de la Iglesia, admite que en el estado anterior al de organización política imperó entre los hombre el derecho natural, pero por derecho natural entiende algo extraordinariamente limitado a la vida, la libertad Y LA PROPIEDAD. Dios ha dado la tierra al hombre como propiedad común. El trabajo del hombre y sus resultados son su propiedad. El hombre tiene un derecho de autoconservación. Los productos de la tierra que se dan libremente no alcanzan para mantener la vida del hombre, que tiene que cultivarla. En sus actividades el hombre mezcla su fuerza de trabajo que constituye su propiedad privada. Nadie puede robar al hombre el fruto de su trabajo. El objeto principal del establecimiento de la sociedad política es el mantenimiento de la propiedad. Lo dice concretamente: “La grande y principal finalidad de los hombres que se unen en repúblicas y se someten a gobierno, es el mantenimiento de su propiedad”. Con razón decía Lord Acton: “El derecho divino de los reyes ha sido subsistido por el derecho inalienable de los terratenientes”. Tal la realidad que se encuentra al frente de la democracia representativa, aún vigente en casi todos los países.

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El PACTO SOCIAL a través de Locke está, por consiguiente, limitado a la defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. El estado aparece como un simple gendarme, conveniente a los fines de proteger nuestras actividades pacíficas. Durante la Edad Media, y de acuerdo a normas defendidas por la Iglesia, la riqueza era un fondo de sentido social, no una posición individual. El rico no la disfrutaba por si o para su propio gusto, sino como administrador y en nombre de la comunidad. Se encontraba, así, limitado a la vez en lo que podía adquirir y en los medios para adquirirlo. Dice Harold Laski: “Toda la moralidad social de la Edad Media estaba construida sobre esa doctrina. La sostienen por igual los ordenamientos de la Iglesia y del derecho civil”. La revolución religiosa que surge de la entraña del renacimiento provoca en la Europa del norte, en la zona fronteriza del imperio, la aparición de una concepción individualista mediante el fortalecimiento de los elementos semíticos y desprecio de los helénicos del cristianismo, lo que determina que la riqueza pierda su fondo social, y la idea de la sanción utilitaria reemplace gradualmente la idea de la sanción divina para las reglas de conducta. El principio de utilidad deja de ser determinado por su referencia con el bien social, sino con sus posibilidades a satisfacer las apetencias individuales. En la primera etapa, la clase de comerciantes necesita de gobiernos fuertes, que unifiquen los intereses nacionales, para hacer de cada nación campo de explotación no asequibles a hombres de otros pueblos; pero cuando la protección del gobierno fuerte ha cumplido su tarea y la burguesía es demasiado poderosa para actuar libremente, proclama ideales de libertad porque necesita de ella en su segunda etapa de acumulación. En 1688 Inglaterra ha realizado esa revolución con el triunfo del partido parlamentarista. Para Locke, su país es una nación de propietarios libres, dedicados a acumular y a disfrutar libremente de sus riquezas. Busca ideas de libertad política en la Edad Media y con ellas amasa lo que la burguesía triunfante necesita, o sea, alguien que diga que la naturaleza justifica sus exigencias sociales. Como dice Laski: “Les dio un orden específico, cuyos límites admitían exactamente las libertades que deseaban: una teoría de la tolerancia que le permitían excluir de sus beneficios exactamente a aquellos a quienes ellos deseaban excluir; facilitándoles una teoría de la propiedad que hacía a sus dueños dignos de la protección por razón del esfuerzo que su acumulación implicaba y del bien social que esto representaba; reconcilió la contradicción entre la autoridad y la libertad del modo de ofrecer a la pujante clase media exactamente las ideas que ésta buscaba. No es de maravillar que en una

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generación pudiese Addison saludar en él a La “GLORIA DE LA NACION INGLESA”. No es esta una interpretación materialista del pasado, y nos apresuramos a salir al paso de objeciones en tal sentido, por cuanto partimos de la base esencial y fundamental de que, sin la crisis religiosa, la mentalidad utilitaria no habría surgido avasalladora, pues el afán de enriquecimiento es anterior al capitalismo, y podía predominar en mucho ser del medioevo, pero lo contenían los factores morales mantenidos por la Iglesia. Y la crisis religiosa que el hecho comporta no tiene explicaciones materialistas, como no la tiene la expansión misma del Cristianismo, hecho histórico que aún espera ser explicado. Para Locke ningún hombre juicioso puede intentar destruir un gobierno contra la opinión de la mayoría de sus conciudadanos, pues no cree en el poder de las minorías, ni se explica su posible existencia; está convencido que la unanimidad debe ser la defensa de los derechos naturales. Considera a la monarquía como el régimen ideal siempre que se quite al rey el derecho de dictar leyes y se reconozca la voluntad del pueblo, entendiendo por tal, a los propietarios; con lo cual el parlamento pasa a ser el órgano supremo del gobierno, aunque también con poderes limitados, ya que la mayoría puede ejercer el derecho de resistencia frente a los abusos. La influencia de Locke fue decisiva. Su división de poderes fue el eje de la obra de Montesquieu, y sus ideas se concretaron en la “DECLARACION DE LA INDEPENDECIA DE LOS ESTADOS UNIDOS”, y las constituciones que adoptaron todos los pueblos americanos con retazos que oportunamente explicaremos: “Locke no fue el profeta del gobierno popular, sino el gobierno por consentimiento, ni de los derechos democráticos, sino de una oligarquía de propietarios, y por último, tampoco de la libertad, sino de la seclusión (PRIVACY). Cuando los ideólogos de 1789 adoptaron su teoría, aplicándola directamente a las reclamaciones de un pueblo sin tierra, aquella se convirtió, no en una defensa del constitucionalismo, sino en una justificación de la dictadura popular. Robespierre podía sostener que basaba su actuación en principios derivados de Locke, pero éste hubiera rechazado esa derivación de la misma manera que la rechazaron los “whigs”, cuyo principal vocero fue”. 3.- LAS IDEAS INGLESAS EN FRANCIA Y ESPAÑA.

El sistema representativo se desarrolló en España antes que en ningún país

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de Europa y las Cortes se reunieron desde el siglo XIV al XVI con más frecuencia que en cualquier otro territorio europeo, con excepción de Inglaterra. Incluso en la última parte del siglo XVI, las Cortes se reunieron cada tres años e insistieron mucho en presentar sus agravios a Felipe II, dice el inglés Carlyle. La doctrina de sus escritos políticos, tan ilustres como Soto, Menchaca, Molina, Mariana, Suárez y otros, sostuvo que la autoridad, en su primer principio, deriva de modo remoto naturalmente de Dios, pero su origen próximo estaba en la comunidad misma y, como dice Suárez, sujeto a las condiciones que la comunidad hubiere impuesto. Mariana afirma claramente que el príncipe está sujeto a las leyes y que si usa injusta y tiránicamente de su autoridad puede ser resistido y depuesto. Todos los escritores políticos ingleses que escribieron en defensa del gobierno civil, o sea, de la monarquía absoluta, se dedicaron específicamente a combatir a los jesuitas, -Orden religiosa española- por dichas tesis. J. Neville Figgs dice: “Los jesuitas son unos malhechores- así lo creen los realistas. Mas la causa no es que los consideren como maestros de dogmas teológicos falsos; ni tampoco por ser precursores de un escepticismo moral; ni porque en general incitan y autorizan la comisión de actos indebidos; sino simplemente, porque son alevosos, culpables del propósito de arrebatar la diadema de la imperial corona de Inglaterra, para adornar con ella una testa sacerdotal. La idea dominante de cuantos se levantaron en pro del Jus Divinum y de la no-resistencia, puede expresarse con el aforismo: LE CLERICALISME C’EST L’ENNEMI”. Lo que quiere decir que a los ingleses se les hizo creer en el disparate que las doctrinas políticas del catolicismo aspiraban a dar poderes terrenales al Papado, lo que sabemos, porque lo hemos visto en el capítulo correspondiente, que era falso, y que fueron españoles, teólogos jesuitas y dominicos, quienes con valentía negaron al Papa poderes de semejante especie. A lo que se oponían era a aquella naciente economía individualista que formó la clase pudiente británica sobre la base del robo de los bienes del estado y de la iglesia, lo que impuso la necesidad de extirpar a toda doctrina, lo mismo a los jesuitas que a los DISSENTERS, que pudieran denunciar semejante latrocinio, piedra fundamental del capitalismo inglés. Hobbes fue leído y estudiado en España y en América. Durante el período hispano, en la Universidad de Córdoba, sus doctrinas fueron pulverizadas por hombres como el P. Muriel. Locke fue también tenido en cuenta, pero en España no se había producido crisis religiosa alguna que diera origen a una economía individualista, y las manifestaciones de este carácter no habían fortificado a

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ninguna clase burguesa, de manera que la concepción restringida de los derechos naturales expuesta por el autor del “TRATADO” no podía ser vista en España sino como desviaciones propias de una mentalidad mediocre. Del carácter democrático español da pruebas las “PARTIDAS”, que distan de ser la mejor expresión del espíritu, cuando leemos cosas como éstas: “Pueblo tanto quiere decir como ayuntamiento de gente de todas maneras de aquella tierra do se allegan. E desto no sale home ni muger, ni clérico, ni lego. E tal pueblo, como este, o la mayor partida del, si usaren diez o veinte años a facer alguna cosa, como en manera de costumbre, sabiendo el señor de la tierra, e nin lo contradiciendo, e teniéndolo por bien, pueden la facer, e debe ser tenida, e guardaba por costumbre, si en este tiempo fueren dados concejeramente dos juicios por ella de homes sabidores, e entendidos de juzgar, e no habiendo quien gelas controle: eso mismo sería, quando contra tal costumbre, en el tiempo sobredicho, alguno pusiese su demanda o su querella, o dixese que non era costumbre que debiese valer, el juzgador antes quien acaesciese tal contienda, odias las razones de ambas las partes, juzgase, que era costumbre de todo en todo, no cabiendo razones de aquellos que la contradixesen”. Es decir que el pueblo, directamente por costumbre, hacía leyes, más para que fueran válidas debían ser “con derecha razón, e non contra la ley de Dios, ni contra Señorío, ni contra derecho natural, ni contra pro comunal de toda la tierra del logar do se fase, e débenla poner con gran consejo, e non por yerro, ni por antojo, ni por ninguna otra cosa que les mueva, sino derecho, e razón, en pro; ca si de otra guisa la pusieren non sería nueva costumbre, más dañamiento dellos e toda la justicia”. ¡Es evidente, por otra parte, que las “PARTIDAS” no fue escrita para defender el interés de los propietarios!... Si leemos “ELEMENTOS DE DERECHO NATURAL Y DE GENTES”, de P. Ciriaco Muriel, una de las figuras jesuíticas de la Universidad de Córdoba del Tucumán, publicado en Venecia, en 1791, y cuyas doctrinas formaron parte de la enseñanza impartida en aquella casa de estudios, advertimos de cómo, al considerar la naturaleza y elementos constitutivos del derecho natural, es mucho más amplio y “liberal” que Locke, pues llega hasta decir que si las naciones americanas, o sea, las indígenas, no habían intervenido en la estipulación de los pactos sociales que pertenecen enteramente al derecho de gentes y no al de derecho natural, dichas naciones no se hallaban obligadas por aquella convención ni por aquel derecho y las demás naciones no quedaban obligadas por estos pactos para con aquellos bárbaros, agrega: “Así en otras épocas los bárbaros no observaban ni tenían que observar una ley de guerra común a todas las naciones que prescribían que los cadáveres de los guerreros muertos en el combate fueran recogidos del campo de batalla por sus compañeros”. Muriel dice

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que el derecho natural rige por igual al que manda y a los que son mandados. “cuando el poder transmitido al gobernante se halla limitado por pactos determinados a los cuales se ha agregado una ley comisoria y no observa el gobernante lo pactado, no se le hace injusticia al deponerlo, si después de haberle observado persigue en violar estos pactos” Quiere decir que los conceptos de libertad política vigentes en España y sus provincias americanas eran más sólidos y razonables que los proclamados por Locke. Los escritores medioevales invocaron el derecho natural como una limitación moral del interés económico egoísta,, y la “naturaleza” había venido a denotar, no una ordenación divina, sino los apetitos humanos, de manera que el individualismo, mediante un juego diálectico, pudo invocar los derechos naturales como la razón por la cual se debía dejar campo libre al juego del interés propio. En el siglo XVIII era casi superfluo examinar las enseñanzas de la Iglesia en Inglaterra, en materia de ética social. La nueva Aritmética Política, que llegó a la madurez con la Restauración, dio en parte, el tono social del siglo XVIII, y como era de esperarse -es el período de Newton, Halley y la “Royal Society”- recibió inspiraciones de la matemática y de la física, en vez de recibirlas de la religión y la moral, dándole tono Locke, con su visión de la sociedad como una especie de sociedad anónima, en la que los riesgos de los accionistas, como dice Tawney, se estipulan con absoluta claridad. No puede extrañar que llegara a entablarse una polémica sobre si los “pobres trabajadores” debían clasificarse entre las clases “productivas” o la “improductivas”; si eran o no acreedores al sostenimiento. El progreso del pensamiento económico fortificó en no menor grado la actitud que glorificaba las virtudes económicas, y el conocimiento se fue convirtiendo en una cosa mecánica. Dice Tawney: “El análisis exacto de las condiciones naturales, el cálculo de las fuerzas y las presiones, la reducción de lo complejo a los términos de la operación de fuerzas simples, constantes y capaces de medida, eran los prejuicios naturales de una edad interesada principalmente en la física y las matemáticas. Consistía su objeto en expresarse en términos de número, peso o medida; en valerse sólo de los argumentos sensibles, y en no prestar atención más que aquellas causa que tiene un fundamento visible en la naturaleza, dejando aquellas que dependen de las mentes, opiniones, apetitos y pasiones mutables de personas particulares a la consideración de los demás”. En una atmósfera semejante, el casuismo moral, que había ocupado un lugar tan amplio en el examen anterior de los temas sociales y económicos, parecía ser la voz de una superstición anticuada.

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¿A que dio motivo la obra de Locke? A crear el gobierno como producto de una ELITE política, aunque los ingredientes den a veces la idea de otra cosa. Pero que tal cosa ocurriera en Inglaterra como en los Estados Unidos es explicable, porque el británico es un temperamento apolítico que admite ser gobernado por otro mientras sus intereses vitales permanezcan defendidos. Lo incomprensible es que sus ideas fueron imitadas en Hispanoamérica y en el siglo XIX, con la consecuencia notoria que todos los pueblos del Continente cayeron bajo el dominio de grupos oligárquicos enfeudados al imperialismo inglés o norteamericano. Nunca las masas populares hispanoamericanas se sintieron cómodas bajo semejante régimen. Y es que el sentido del hombre de la hispanidad posee de su propia persona las diferencias, esencialmente del inglés, heredero de lo más puro de lo bárbaro de la romanidad y extraño a las influencias humanísticas del helenismo, válidas y vitales en lo español. Ni Hobbes ni Locke demostraron que las orientaciones de la teología fueran falsas o artificiales, a lo sumo podían lo que ni Hobbes ni Locke se habían propuesto, demostrar que no servían para crear un país con una economía expansiva y agresiva, propósito que el español nunca se propuso en sus comunidades. Como pueblo idealista, no confunde la física con la metafísica; desprecia los objetos reales, considerándolos como simples términos de un esfuerzo personal enderezado a transfigurarlos, según los propios dictados de la conciencia, dice García Morente. Ha dicho Reyes Ochoa: “La falta de clases preestablecidas, el sentido igualitario que en tanto debemos a España auténtica, toda da al valor HOMBRE una supremacía que no ha tenido durante la era contemporánea del capitalismo en Europa. Esto nos prepara y arma para una evolución auténticamente hispánica y cristiana, para una justicia social, sin violencias asiáticas, como las de Europa de hoy ha imitado y España acaba de sufrir y aniquilar, siendo, como siempre lo fue, barrera y defensa de Europa”. Frente a los progresos materiales que causan asombro a la ingenuidad del sajón, el hispano tiene más en cuenta los perfeccionamientos morales. Por eso, cuando sabe que todos los hombres son iguales, respeta conscientemente las jerarquías y se subordina a ellas sin perder su libertad interior. Si hay algo notorio en la historia de América es que la Revolución de la Independencia Norteamericana no ejerció, en su época, influencia alguna sobre los pueblos hispánicos. Las perfecciones de la constitución británica, que admiraban a Voltaire y a Montesquieu, no producían igual sentimiento en los norteamericanos que la sufrían, y la causa era que, debido a que el soberano británico no sabía inglés, el ejecutivo pasó de hecho a manos de sus ministros, que eran parte del

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poder legislativo, con lo cual el gobierno quedó en manos de una sola clase directora, transformándose la lucha de los representantes del pueblo, entre “tories” y “wighs” , en un simple juego para la distribución del botín, de manera que los famosos derechos naturales quedaron reservados a unos diez mil propietarios dominando a un pueblo oprimido por un código de leyes que negaba todo a los que no practicaban la religión oficial. A pesar de lo cual, por la presión de la burguesía, se produjo el absurdo de que la constitución británica se convirtiera en la bandera del pueblo en Europa y América. Dice Crossman: “Pero esta paradoja tiene su explicación. En ningún país fuera de Inglaterra se había llevado a cabo la Revolución burguesa. La revolución francesa desde su primer año hasta la expulsión de Napoleón logró mediante una guerra civil lo que en Inglaterra se había conseguido en gran parte con cambios pacíficos. Algo semejante ocurrió en el nuevo Continente, donde los ideólogos de la constitución americana trataron de establecer por ley, y en la nación que había fundado -los Estados Unidos-, el predominio de aquellas clases sociales que en Inglaterra lo habían logrado por un desarrollo continuo de tres siglos. Ni éstas ni las fuerzas sociales que entablaron la lucha en la revolución francesa, estaban deseosas de ir más allá de lo que preconizaba Locke en sus enseñanzas políticas. Que se vieran obligados a hacerlo, y a darle entrada así a la democracia, se debe a la presión de nuevas fuerzas, cuya presencia temían tan intensamente como la había temido la aristocracia británica de comerciantes y grandes terratenientes. En resumen, podemos decir que las revoluciones norteamericanas y francesas, FUERON REVOLUCIONES BURGUESAS TAN RETARDADAS, que ocurrieron en el momento preciso en que el orden burgués iba a sufrir una nueva revolución social tan violenta como la que había convulsionado a la Inglaterra de los Tudor; y las ideas que los inspiraron se convirtieron, en consecuencia, en instrumentos de dos tendencias en conflicto, una de las cuales intentaba crear la sociedad burguesa según el modelo de Locke, y la otra trataba de dar nacimiento a una nueva concepción de la democracia nacional”. La primera tendencia es representada, en Francia, por Montesquieu; por Madison en Norteamérica; por Burker en Inglaterra; por Esteban Echeverría, Rivadavia y Alberdi, en Argentina. Frente a ellas se levantan: Paine, Jefferson y Rousseau en el exterior, Artigas, Dorrego, Alem, etc., en Argentina. Pero queda una posición tradicional, como elemento vital de la argentinidad, y es la que defiende los viejos principios de libertad política, los de la Edad Media, prolongados en el país, que integran un movimiento social profundamente antiburgués y antiliberal, que encarnan los grandes caudillos como Quiroga, Bustos, Ramírez y, sobretodo, Juan Manuel de Rosas.

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Hemos señalado que las doctrinas de los escritores franceses prerevolucionarios tuvieron alta difusión en España, y a través de ellas las conoció América. El “CONTRATO SOCIAL”, de Rousseau, reimpreso por Mariano Moreno, en Buenos Aires, en 1810, es el traducido probablemente por Jovellanos; la “HISTOIRE PHILOSOPHIQUE ET POLITIQUE DES ETABLESSEMENTS ET DU COMMERCE DES EUROPPEENS DANS LES DEUX INDES”, de Raynal, conocíase por la traducción de Malo Luque, de 1784, “RIQUEZAS DE LAS NACIONES”, de Adam Smith, fue traducido del compendio de Condorcet, por Martínez Irujo. Locke fue conocido indirectamente a través de los expositores franceses. Voltaire, muy leído en América, no mantuvo ninguna teoría sobre la revolución y el gobierno; admiraba sin análisis el sistema británico, defendió con pasión la libertad civil y mantuvo un odio constante contra la censura eclesiástica. Pero Voltaire no tuvo fe en la capacidad política de las clases bajas de la sociedad por lo que se inclinó siempre hacia una monarquía ilustrada y tolerante, mas como no se puede tener confianza en la rectitud de los reyes, admite que la república es la forma de gobierno más tolerable. En la “ENCICLOPEDIA” la libertad natural, de acuerdo con Locke, se define como el derecho que tienen los hombres para disponer de su persona y bienes en el sentido que tengan por conveniente, salvo el respeto de los principios del derecho natural. Por naturaleza todos los hombres son iguales y participan de la libertad civil al formarse la sociedad política. ¿Por qué prenden estos conceptos en Francia? Porque Francia carecía de tradiciones autonomistas, de instituciones representativas y hasta de un derecho consuetudinario que la guiase, de manera que entro fácilmente en el terreno de considerar los derechos naturales como un concepto de doctrina que podía probarse así misma racionalmente y fundarse sobre ella una constitución. Mientras en Inglaterra y Norteamérica esos derechos se afirman en los intereses de una clase vigorosa, los franceses se entregaron a legislar en lo abstracto, suponiendo que se fundaban en la razón. No es de extrañar que la economía produjera en Francia la doctrina de los FISIOCRATAS, forjada en un supuesto orden económico natural. Turgot llega a “reconocer la primicia y exclusividad de las leyes basadas en la naturaleza por las que se equilibran todo los valores del Comercio uno a otro y los fijan en un valor definitivo”. Nos encontramos en la aplicación de las leyes de Newton a la economía política. Del punto de vista político, los FISOCRATAS fueron partidarios de un despotismo ilustrado, considerando a la democracia como un peligro de la propiedad privada.

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Uno de los méritos de Rousseau, es haber salido al cruce de estas ideas, reaccionando contra el falso racionalismo que encaraba, tanto como contra la tiranía del monarca absoluto. Ni la Iglesia ni el racionalismo lo satisfacen. Su carácter retraído y misántropo hizo que odiara la civilización, lo que lo condujo a una posición emocional que le hizo caer en el romanticismo de añorar el pasado, pero no el pasado histórico, sino el abstracto de un hombre primitivo imaginario. Partiendo de un supuesto irracional de un estado de naturaleza, anterior a la sociedad, en que los hombres vivían en un plano de igualdad, contentos, satisfechos y bastándose así mismo, guiados por el sentimiento y no por la razón, establece una posición. La civilización destruye esa edad dorada. La aparición de la propiedad privada crea distinciones entre ricos y pobres que, al romper la felicidad, da paso a la sociedad civil. El estado es un mal, que se convierte en necesario, cuando nacen las desigualdades entre los hombres. Se crea mediante un pacto, porque solo puede justificarse la autoridad y conservar la libertad por el acuerdo y consentimiento que hace que cada individuo ceda a la comunidad sus derechos naturales. Dentro del estado, cada individuo posee una parte igual e inalienable de la soberanía, considerada en su totalidad, y recobra, de nuevo, bajo la protección del estado, los derechos de que se desprendió primeramente. Una vez que se forma el estado, la voluntad de la mayoría representa la voluntad general. La voluntad general se identifica con el interés común de todos los miembros del estado. Las leyes son los actos de la voluntad general. Distingue Rousseau el estado, del gobierno. El estado se confunde con la comunidad política mientras el gobierno con los que elige la comunidad para cumplir su voluntad. Partidario de la intervención directa del pueblo en la confección de las leyes, considera que las asambleas representativas son fruto de una decadencia política, por lo cual estima que el pueblo inglés, a pesar de su Parlamento, no es libre. Es un concepto que mucho de sus lectores no comprenden y que el propio Rousseau no profundiza, pues de haberlo hecho históricamente -única manera racional en temas políticos- habría visto que, cuando en el derecho español se establece que una ley, para ser válida, debe obedecer a justa razón y a usos y costumbres, se sanciona que es el pueblo quien hace la ley, porque él es quien hace la costumbre y forja el uso. La crítica de Rousseau al sistema representativo es acertada, y de ella participó Joaquín Costa al escribir: “El liberalismo rechaza la soberanía de derecho divino, pero tampoco acepta la del pueblo. Tú, pueblo, y yo, legislador, ejercemos mancomunadamente la soberanía; cada año la ejercerás tú al día de las

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elecciones, y yo los trecientos sesenta y cuatro días restantes. El día de las elecciones el aspirante a legislador proclama al pueblo César. Pero cayó la papeleta en las urnas y se acabó la soberanía. El diputado, el senador, el ministro, desciñen al pueblo la corona, echan una losa sobre su voluntad, llevándolo al Calvario del Congreso, lo crucifican a discursos y a leyes, y le condenan si se permite opinar en contra…”. Lo paradójico es que Rousseau habría de ser quien más influencia ejerciera en el mundo occidental en favor del régimen representativo, porque su manera de pensar respecto a la intervención directa del pueblo en la confección de las leyes es irracional y no podía tener otra salida que la que tuvo: el imperio electoral de las mayorías, o sea, la declaración de que una verdad puede establecerse la mitad más uno, en una votación. Y es que Rousseau no alcanzó a distinguir la diferencia que existe entre una suma de individuos y una suma de personas humanas. ¿De dónde saca sus ideas Rousseau? La base es de notorio origen medioeval. Sus fuentes son los Padres de la Iglesia, pero a través de la insensatez enfermiza que caracterizó su dolorosa existencia. Su CONTRATO carece de sentido, pues si su denominador es la “VOLUNTAD GENERAL”, no se explica por qué el hombre natural hace ese contrato para formar parte de ese estado mítico. Es así como el ser humano llega a ser hombre recién cuando forma parte de la sociedad política, por lo cual, el hombre solo asegura su libertad sometiéndose a una forma de asociación que defienda y proteja, con toda la fuerza común, la persona y los bienes de cada asociado; por lo cual, uniéndose cada uno a todos, no obedece, sin embargo, más que así mismo, y queda tan libre como antes. La paradoja es notoria y hasta extravagante, pero, como dice Carlyle, fruto de lo que Rousseau entendía por libertad. La soberanía confundida con la “Voluntad General” no debe confundirse con la “Voluntad de todos”, pues ésta puede estar equivocada, no aquella. La totalidad de la comunidad no posee, por consiguiente, ningún poder absoluto. ¿Qué es, entonces, la “Voluntad General”? Es una voluntad que está en todos los que forman la sociedad política y en cuya unanimidad se funda ella. ¿Qué quiere decir? En nuestro concepto es una forma abstrusa de referirse a los derechos naturales. De no ser así carece de sentido, pero de ser como creemos, resulta que, al final de cuentas, lo que de inteligible tiene la concepción rousseauniana de la libertad política pertenece íntegramente a la tesis de los Padres de la Iglesia y de los escritores políticos españoles. ¿Se comprende su poca influencia en los pueblos hispanos hasta llegar al siglo XIX? Para él, el régimen

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inglés no asegura la libertad, y el despotismo benévolo de los fisiócratas le resulta otro régimen contrario a la libertad. Carecía de formas de gobierno preferidas, pues sólo veía en el estado el espíritu de “solidaridad”. Dice Crossman: “aunque Rousseau detestaba a la sociedad burguesa y trataba de evadirla, el fue quién formuló el mito que iba a darle autoridad sobre las masas entreteniendo sus emociones hasta el extremo que, olvidaron sus verdaderos intereses. A partir de esta fecha el sistema racional de instituciones representativas iba a dirigirse sobre las bases románticas e irracionales del nacionalismo y de la Voluntad General”. La consecuencia resultó lógica, al desprender lo religioso de la política. La comunidad, tal como la entienden los teólogos, aunque sea fuente de soberanía no puede ser fuente de derecho. Rousseau advierte este hecho fundamental. Pio IX, en su encíclica “Quanta cura”, declara como funestísimo error el decir que la voluntad del pueblo, manifestada en la llamada opinión pública o de otra manera, es la suprema ley, libre de todo derecho divino o humano, y que en el orden político los hechos consumados, por el mismo hecho que se consuman, tienen fuerza legal. Y León XIII, en “Diuturnum Illud”, reitera: “Es falsa la idea de que toda potestad deviene del pueblo, siendo los gobernantes simples mandatarios, y su mandato revocable cuando al pueblo le pluguiere. Cabe que en ciertos casos los gobernantes sean elegidos por voluntad y juicio popular; pero con esta elección, si se designa al príncipe, no se confiere los derechos del principado ni se otorga el mando, sino que tan sólo se establece quien ha de ejercerlo”. Y en la “Inmortale Dei”, agrega: “Todo menos considerar el estado como una muchedumbre maestra y regidora de sí misma, fuente del derecho y de la autoridad (Inmortale Dei)”. Estas opiniones coinciden con las enseñadas por el P. Francisco Suárez, de tanta influencia política americana, porque, un pensador de su talla no podía creer que existían verdades que se establecían por votación a simple mayoría de sufragios. Pio XII asigna a la Iglesia la misión de proclamar al mundo, ansioso de mejores y más perfectas formas de democracia, el mensaje más alto y necesario que pueda existir: “la divinidad del hombre y su vocación a la filiación divina”. Esto equivale a decir que, políticamente, la misión del pueblo no es pasiva, obligado a obedecer sin ser escuchado, sino que tiene derecho a manifestar sus puntos de vista sobre lo que el estado le exige; pero por pueblo debe entenderse no a la masa, que es enemiga de la verdadera democracia, porque carece de facultades de pensamiento y se mueve siempre por impulsos exteriores, sino a la conciencia, que debe ser efectiva en los gobernantes; no puede surgir de la lealtad a un partido político, a una forma programática de grupo, sino de la concepción del carácter divino que,

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bajo ciertos aspectos, tiene el hombre. Si la soberanía viene de Dios se la puede respetar; si el fin del estado divino y natural lo determina lograr el bien común, la democracia puede ser efectiva si se la ve derivada de Dios, expresando al pueblo su voluntad por la suma de conciencia y no por la suma de votantes. Fuera de Dios la democracia, y tal el caso de la liberal, es un mito funesto y se basa en una horrible mentira, que es la de hacer de la masa que se mueva por instintos e impresiones, la fuente del derecho. Pero ese equívoco fue necesario al desarrollo de las tendencias que surgen del racionalismo renacentista y de la herejía protestante en procura de un individualismo que lejos de fortalecer a la persona humana la esfumó en los cuadros impersonales de la ciudadanía, entregándola indefensa a la explotación de un sistema económico que intentó hacer creer que el bien común era la suma de los bienestares materiales de los individuos, produciendo una sociedad desequilibrada, donde junto al multimillonario pululan los hambrientos, porque el hombre fue entregado a la explotación del hombre. La multitud del medioevo no se podía equivocar porque obedecía a normas universales, regidas por su conciencia, que le decían que la libertad es un don divino de cuyo uso tenía que dar un día cuenta. El hombre de hoy sólo sabe que la libertad es un derecho, pero fuera de ser un derecho para hacer “lo que se me dé la gana”, no sabe en qué consiste, ni cuál puede ser su origen, por lo que, cuando se suma a la multitud pende siempre del demagogo que se encarga de guiarla. La Providencia habrá de querer que algún día, en todos los pueblos hispánicos, esos dirigentes de masas la vuelvan a conducir por viejos rieles, dándoles a sus componentes la conciencia religiosa sin la cual los fines sociales de la sociedad no se realizan nunca, y la democracia continuará siendo en ellos una inaudita estafa intelectual. El único país que ha resuelto los peligros de la democracia liberal es Inglaterra, mediante el sistema de hacer funcionar todos los mecanismos electoralistas, pero no dejándose guiar por los resultados, lo que ha sido posible por el carácter apolítico del británico y la existencia de una fuerte aristocracia de la sangre que supo llegar a un acuerdo con la burguesía para dirigir al estado. Pero ese régimen es de tipo clasicista y groseramente individualista, por lo cual nunca podrá realizar el BIEN COMUN. Y es notorio, para quien conozca al país, que no hay ninguno donde las diferencias de clases sean más pronunciadas. Digamos que la influencia de las ideas políticas inglesas fue negativa en España, y, como acabamos de ver, Rousseau no fue admirador de ellas, sino su enemigo declarado. La admiración por lo inglés corrió por cuenta de Montesquieu, Voltaire, la

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“Enciclopedia” y sus colaboradores. Pero la verdad es, también que sobre el pueblo francés, la famosa literatura de los “filósofos” ejerció mucha menos influencia de la comúnmente aceptada. Legendre señala que el estudio de los catálogos de gran número de bibliotecas privadas muy representativas ha demostrado que, aún en los círculos que se leía, y donde se sentía la presión de las novedades, los estragos que pudieron hacer los invasores fueron muy relativos. Asignar a toda esa literatura la causa de la Revolución Francesa es algo que no hace ningún historiador responsable, puesto que la misma se inició en los círculos de la nobleza, y como dice Albert Matthiez, “el pueblo de trabajadores, cuyo horizonte estrecho no se extendía más allá del ejercicio de sus respectivas profesiones, era incapaz de tomar la iniciativa y con mucha más razón la dirección de ella. La gran industria apenas si comenzaba. En parte formaban los obreros grupos coherentes”. La revolución Francesa, como todas las revoluciones conocidas, fue obra de una minoría violentada y no la explosión de un movimiento ideológico, creador de un nuevo ideal. Dice Legendre: “Es la revolución la que hace la fortuna de las ideas revolucionarias, confiscando en su provecho, en todas las ocasiones en que pudo hacerlo, la educación de las masas, y suprimiendo, en todo lo que pudo, por la persecución y a veces por la guillotina, a los que permanecían fieles a la tradición”. Es el mismo caso de Locke, cuyo “TRATADO” adquirió prestigio por la revolución de 1688, pero el libro se publicó más tarde. Lo que ocurre es que todavía hay quienes creen que la Revolución Francesa tuvo lugar el 14 de Julio de 1789, y no han advertido que, con ese nombre, debemos designar a un proceso que abarca, por lo menos de 1787 a 1792, y al que no puede dejar de agradecérsele, en justicia, todo el posterior período napoleónico, y cuya verdadera causa fue la pérdida de la fe por la burguesía creada bajo la sombra del absolutismo de Luis XIV, que obedeció a puros principios de prepotencia dinástica. El absolutismo tuvo razón de ser en Inglaterra; en Francia no fue sino una fatal imitación, como en España un fatal injerto. El burgués necesita escapar de los cuadros de la organización social en que vive y para ello necesita desprenderse de la Iglesia. “Hay dos clases de grandeza humana -dice Bourdaloue-. En un caso es Dios quien ha dado esa grandeza, en el otro la grandeza del hombre es, por decirlo así, su propia obra. En un caso es creación de Dios, en el otro es producido por la ambición. La grandeza de la burguesía no procede de Dios, y Groethysen comenta. Una grandeza burguesa no puede ser más que obra humana. La Providencia divina no tiene parte en la ascensión de la burguesía. Mientras el burgués permaneció en su esfera social, fue él también por la gracia de Dios, exactamente lo mismo que todos aquellos que tienen su lugar y su rango dentro de la sociedad. Pero si traspasa los límites que le

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fueron impuestos por la Providencia divina, ya no puede invocar a Dios. Dios retira de él su mano. Haga entonces lo que haga, obra bajo su propia personalidad. Él mismo es el que determina en adelante su destino. Él es su propia Providencia. La Iglesia no puede darle su bendición. El movimiento burgués que condujo a la Revolución Francesa aparece, desde el punto de vista de las doctrinas sociales y católicas, como un constante desafío a Dios, que vigila porque cada cual permanezca allí donde Él le puso y no ose ser más de lo que toca”. Es así que toda la bibliografía del siglo XVII y XVIII, la única que influyó sobre la burguesía, fue la disolvente respecto de la iglesia, no la forjadora de doctrinas demócratas, pues, si hubiera podido, si pudiera aún, la burguesía mantendría gobiernos absolutos de su clase, una verdadera “dictadura de la burguesía”. Por eso, la reacción antiliberal, pero también antirreligiosa, no pudo inventar otra cosa que la “dictadura del proletariado”, de acuerdo, quizás, al principio hipocrático de que un clavo saca a otro clavo. 4.- LOS FILOLOSOFOS DEL SIGLO XVIII EN ESPAÑA.

En 1700, España, con Felipe V, entra a ser gobernada por un rey francés, nieto del absolutista Luis XVI, que prosiguió la tradición centralista iniciada con los últimos Austrias, modelada a la francesa y acentuando, en consecuencia, el sentido absolutista de la monarquía. Entre las manifestaciones de este espíritu se destaca el exagerado prurito de afianzar las prerrogativas reales frente a la autoridad Pontifica. El regalismo de los Austrias pasó a constituir con los Borbones posición contraria a la Iglesia. En el orden de la administración local fueron creados los Intendentes de Provincia, cargo que fue absorbiendo funciones hasta surgir el de Intendente Corregidor -separado más tarde en dos- cuya misión fue terminar con la variedad y libertad de los municipios hasta el período de Carlos III, que demostró alguna preocupación por democratizarlos de nuevo. Rafael de Macanáz había dicho que los fueros de Aragón eran “injustas concesiones arrancadas a los reyes a fuerza de levantamientos sediciosos”. A pesar de todo, el pueblo español no se queja y ello, por diversas razones. Si bien su fe religiosa se mantenía incólume, la Iglesia, en su aspecto humano, había perdido mucho de su prestigio, y los esfuerzos de los Borbones para levantar la economía del país y hacerlo entrar por nuevas sendas, aseguraron algunos años de paz y despertaron muchas esperanzas. No existe como en Inglaterra, en 1688, una clase burguesa dispuesta a

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limitar los derechos de la Corona, y la clase media, como señala Zabala y Lera, era de difícil precisión respecto de sus límites superior e inferior, ya que los elementos que lograban reunir alguna riqueza propendían a asimilarse con la aristocracia, y los más modestos se confundían con los obreros, y agrega: “De todas suertes, lo que sí cabe afirmar es que del gran estrato llamado PUEBLO se reclutaban los elementos más valiosos, tanto para la dirección del país como para su engrandecimiento industrial y comercial. Por tal causa, el influjo del pueblo como factor social crece a medida que va disminuyendo el de los nobles cuyo ascendiente político se pierde casi totalmente, conservando únicamente el poder material, el que todavía le procuran sus riquezas vinculadas y los restos de una arcaica fidelidad, próxima a desaparecer arrastrada por el vértice de la revolución económica y política de nuestro siglo XIX”. Estas circunstancias determinan que la minoría ilustrada española no tenga un origen único, y sea el resultado del espíritu democrático español, en cuanto a mantener un concepto de jerarquías no siempre determinado por circunstancias extrañas al verdadero mérito del individuo. El siglo XVIII español ha sido objeto de un desprestigio harto injusto, del cual tiene gran parte de culpa el P. Feijoo, indebidamente presentado como un crítico objetivo de su época. Como el P. Las Casas, la exageración, consecuencia del idealismo de estirpe, lo conduce a salir de las justas proporciones, lo cual, no entendido por el lector extraño, determina la permanencia de la “leyenda negra”. La realidad intelectual española es que todas las novedades científicas y filosóficas encontraron cultores, críticos y partidarios. En un reciente folleto, Raúl Orgáz, que durante años se ocupó de la enseñanza de la filosofía de la Universidad de Córdoba del Tucumán durante el período hispano, reproduciendo los conceptos negativos que se pusieron en boga a mediados del siglo pasado por quienes nunca se acercaron a la verdad de las fuentes para tratar el tema, declara que, “las indagaciones más recientes acerca del estado de la enseñanza superior entre nosotros, durante la Colonia, tienden a modificar, en algunos detalles, el juicio que respecto de aquella enseñanza sustentaron los mejore espíritus de la intelectualidad argentina”. La publicación del tratado de “LOGICA” del P. Charroarin y los estudios de Zuretti sobre la acción de los franciscanos, que continuaron la obra de los jesuitas en Córdoba, demuestra que nadie ignoraba las expresiones más modernas de la física y de la filosofía, y que la libertad de cátedra no tenía mucho que envidiar a la que ahora enorgullece a más de un admirador de su época. Menéndez y Pelayo acumuló datos precisos sobre el movimiento intelectual español del siglo XVIII, que

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basta para demostrar que hubo algo más que el P. Feijoo y Jovellanos. Juan Pablo Forner denuncia, en un hermoso libro, los males del afrancesamiento de su patria. En 1795 Forner predijo el cesarismo que pondría fin en Francia a la demagogia revolucionaria, muriendo dos años más tarde, sin haber visto como se cumplió su predicción. El P. Fr. Francisco de Alvarado, dominico, el P. Masdeu, jesuita, Fr. Fernando de Ceballos y Mier y tantos otros en materia filológica, como Omerique, en las científicas, el P. Burriel en la historia, etc., demuestran que el pensamiento español tradicional fue vigoroso en el siglo XVIII, aunque luciera más el afrancesado, por lo mismo que se apoderó de la Corte, de los altos círculos sociales y de los dirigentes políticos. Pero lo que no ha sido analizado son los alcances verdaderos de esa influencia, que culmina en los días que el Conde de Aranda se cartea con Voltaire, episodio que constituye uno de los pocos timbres de gloria para la permanencia de este personaje en primer plano en las historias progresistas. Para esos grupos minoritarios, Voltaire pasaba por un oráculo literario, al punto que la Inquisición española, que por un edicto de 18 de Agosto de 1762 prohibió todas sus obras, dejaba traducir libremente las teatrales con tal que no se diera su nombre. La “ENCICLOPEDIA” tuvo muchos lectores, pero hasta el propio Floridablanca debió encargar a Forner que respondiera el artículo de Masson de Morvilliers, sobre España, en el que negaba que Europa le debiera algo. Se tradujo el “CONTRATO SOCIAL”, de Rousseau y, sobre todo, los trabajos de los fisiócratas, como Quesnay y Turgot. El “ESPIRITU DE LAS LEYES” de Montesquieu no se tradujo hasta 1820, ni las “LETTRES PERSANNES” hasta 1813. Ninguna de estas obras, desde el punto de vista político, ejerció influencia alguna en la península, pues todos sus autores eran monarquistas y el principio democrático que sustentaban no significaba nada ante la tradición de libertad del país. Pero sí interesaban estas obras en cuanto a sus ataques a la Iglesia, en unos, y en cuanto a las ilusiones económicas que despertaban en otros; sin olvidar que estas últimas, las de las fisiócratas declaraban que la monarquía fuerte era el régimen preferido. No conocemos obra alguna que haya estudiado comparativamente las condiciones espirituales, sociales y económicas de la sociedad española del siglo XVIII, en relación con la francesa o la inglesa. Hacerlo demostraría que, así como la revolución francesa fue una revolución burguesa retrasada en relación a la inglesa de 1688, en España no se habían dado las condiciones para un movimiento semejante, de manera que la literatura política anglo-francesa tenía, para el español, un sentido distinto que para el lector allende el Pirineo. A lo máximo que

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esa literatura pudo aspirar fue a resquebrajar los lazos teológicos de la soberanía, a ir minando los conceptos teológicos que imperaban en la vida española, porque sin esa crisis de la religión toda ella no podía servir para una vulgar imitación de formas políticas foráneas, que es lo que comenzó a ocurrir en el siglo XIX, el de la verdadera decadencia española. La más alta expresión que alcanza el pensamiento español en contacto con las “nuevas ideas” se concentra en Gaspar Melchor de Jovellanos, figura de interés por la influencia que ejerció sobre muchos hombres americanos y, en especial, del Río de la Plata. Es, posiblemente, la más alta representación del momento que le tocó vivir, en lo que se refiere a la clase a que pertenecía. Quiere decir que tiene el culto de cuanto viene de Francia, con simpatías de la cultura inglesa y un gran contacto con los clásicos de su país. Y bien, en materia política, Jovellanos actúa con un sentido práctico, en base a proponer mejoras parciales que tiendan a labrar la felicidad del hombre y del estado. La economía política le atrae y traduce el “ENSAYO SOBRE EL COMERCIO EN GENERAL”, de Cantillón, y extracta las obras de Adam Smith, Godwin, Ferguson y Condillac, pero como también siente admiración por Saavedra Fajardo, Martínez de la Mata y otros clásicos españoles, sus ideas políticas no entran por la ruta del revolucionarismo, pero tampoco penetra en la verdad del pasado hispano, para quedar en filas del absolutismo ilustrado. Es así como se escribe contra Rousseau. Ese “practicismo” de Jovellanos tuvo muchas manifestaciones, al punto que se puede decir que, en lo único que en él se manifestó de manera efectiva el “afrancesamiento” derivado de la lectura de los “filósofos del siglo XVIII”, fue en un amor inusitado por las cuestiones económicas, condensado en la formación de Sociedades Económicas, en base a los principios fisiocráticos o con las teorías más avanzadas de Adam Smith. Aquel famoso Conde de Cabarrús, magnífico tipo de aventurero internacional, escribió cinco cartas a Jovellanos “sobre los obstáculos que la naturaleza, la opinión y las leyes oponen a la felicidad pública”. Se trata de olvidar los principios universales, abandonar la Iglesia, laicizar la enseñanza y darle sentido práctico a la vida social mediante el “PACTO SOCIAL”; que vuelva el hombre a adorar “al Omnipotente Hacedor en aquellos templos humildes y rústicos, en aquellos altares de césped, en que le adoraba la humanidad reciente”. Es decir que lo que se acepta de Rousseau no pasa de un filantropismo romanticón y sentimental que conduce a los más deliciosos delirios antisociales. Con razón dice Menéndez y Pelayo: “Querer REGENERAR la Constitución Monárquica, sentando al bueno de Carlos IV en un BANCO RUSTICO o haciéndole manejar un arado como

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Cabarrús propone, es ñoñez y simplicidad insigne y poesía bucólica de mala ley; es buscar el principio de autoridad en el NUMA POMPILIO del caballero Florián o en los idilios de Gessner. Pase por inocentada, y pase por entusiasmo del momento el elogio de la Asamblea Constituyente de Francia, “la mayor y más célebre AGREGACION de talentos que haya honrado a la HUMANIDAD”. Pero, ¿qué decir de esta proposición: “las leyes que no se fundan en el PACTO SOCIAL, son obra de la pasión y del capricho: carecen del atributo de la ley”? Aunque el pacto social no fuera utopía y sueño, sería en todo caso un hecho. Y ¿quién puso sobre un HECHO el fundamento metafísico de la justicia? Ya veremos de cómo, al trasladarse todo eso a América, forjó las ideas de los hombres de Mayo, en Argentina, ya que Belgrano no es sino un discípulo de Jovellanos y Moreno se acerca más de lo debido a Cabarrús, a pesar de las obras escritas para dar validez a los pensamientos económicos y políticos de ambos que nada tuvieron de originales, ni de revolucionarios. La influencia francesa se tradujo en un hecho de importancia: la expulsión de la Compañía de Jesús, y cierto desarrollo de la masonería. Sin un resquebrajamiento de la moral católica no se podía aspirar a la creación de una economía individualista tan poderosa como para forjar una clase burguesa que iniciara la etapa liberal de la política hispana, pero la expulsión de la Compañía de Jesús se hizo en España, en Francia y en Portugal, por las mismas razones que, mucho antes, en Inglaterra: por el temor a sus doctrinas de resistencia a los gobiernos salidos de sus órbitas legales; lo que quiere decir que fue un acto de gobierno, sin conexión alguna con la opinión popular ni las necesidades del país. Ni la supuesta resistencia de los jesuitas del Río de la Plata al Tratado de Permuta, ni el motín de Esquilache, tumulto madrileño contra un ministro extranjero que pretendió modificar ciertas costumbres populares, y cuyo estallido, tiempo después de producido, se achacó a los jesuitas, basta para explicar ese extrañamiento. Pero sí lo explica, en gran parte, un documento de Modesto Lafuente publicado en su “HISTORIA DE ESPAÑA”, aunque sin valorar debidamente su contenido, se trata de un papel titulado: “Copia de la consulta del Consejo Extraordinario de 23 de Agosto de 1767, dando su dictamen sobre lo que convendría hacerse motivo de un papel intitulado “EXTRACTO DE LA GACETA DE LONDRES”. El caso era el siguiente: Manuel de Roda, con fecha 27 de Julio, había enviado al Consejo un papel manuscrito, divulgado en Italia, con el título de “Extracto de las Gacetas de Londres”, en el cual se formulan diversas críticas a la expulsión de la Compañía, de acuerdo a viejas doctrinas españolas sobre la

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soberanía. Decíase en aquel papel “que la expulsión era como mandar a la nación adoptar la ley mahometana o extrañar a toda las ordenes regulares por un puro capricho”, disputando “la autoridad a la soberanía para la legislación”, y atribuyendo “a los pueblos el derecho de oponerse a ella”, para terminar, según comunicaba Roda, “con una exhortación a los padres, hermanos y parientes de los expulsos para excitarlos contra la Pragmática, y, en fin, tiene la avilantez –dice Roda- de decir con palabras enfáticas, que la nación española, desde que empezó a reinar el augusto padre de V.M. se redujo de libre a la esclavitud más sensible”. El asunto pasó al estudio fiscal del Rey, don Pedro Rodríguez de Campomanes. No era para menos. Aquello de hablar de los derechos del pueblo para oponerse a una medida inconsulta del monarca, contraria a todo uso o costumbre o fuero, era cosa que asustaba a los ministros volterianos, enciclopedistas, masones y amantes de las “luces”. Campomanes fundó su alegato rebatiendo todos y cada uno de los puntos. Al recoger el que decía que “tenían los pueblos un verdadero y reconocido derecho o juego de pensar y gobernar por sí mismos, pero ahora no se le dice que no toca a ellos hacer juicio o interpretación sobre los mandatos del soberano, lo cual es reducir a estos pueblos a la condición de los esclavos más miserables”, Campomanes expresó que se trataba de “inspirar a la nación estas especies sediciosas y halagüeñas al VULGACHO, en tiempos turbados para hacerlo odioso al gobierno de la real y augusta casa de Borbón y autorizar a los particulares para que se levanten contra el gobierno”. ¡Cómo habría retrogradado el pensamiento oficial español que lo que era doctrina de soberanía hasta en tiempos de Felipe IV, resultaba libelo sedicioso, para el juicio del aún considerado como exponente del liberalismo español, el ilustre Campomanes! Ese hombre, a quien más de un autor ha presentado como maestro de las juventudes hispano-americanas que lucharon por la independencia, en cuanto a las nuevas teorías sobre la libertad de los pueblos, decía en su informe que se trataba de levantar al pueblo contra el rey, “fingiendo tocarles el derecho de legislación, cuando éste había sido siempre propio de los soberanos, a representación de las Cortes, o del Consejo cuando han estado disueltas”; doctrina deliberadamente confusa, con la que se pretendía negar los derechos populares y se asignaba al Consejo autoridad que nunca había tenido España, pues Cortes ya no había en la época de Campomanes. Con el comunicado de Roda y el informe de Campomanes, el Consejo, presidido por el Conde de Aranda, resolvió hacer circular, en italiano, una respuesta anónima, para “desengañar a los incautos”, con sólo la advertencia que,

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en lo que se refería a LOS DERECHOS DEL PUEBLO y a la circunstancia de que para realizar la expulsión debió el Rey antes llamar a Cortés, “se tocasen superficialmente, porque no todos entendiesen la malicia del folleto, Y NO ERA UTIL ABRIR LOS OJOS A LOS QUE ESTEN IGNORANTES, pero, a la verdad, eran fundamentalmente dignas de tenerse en cuenta en la Memoria estas expresiones, que coincidían con las oídas en el tumulto del 23 de Marzo del año pasado (El llamado motín de Esquilache) y no dejaban duda de la unidad de prensa del General, y de la compañía en cuerpo con los individuos de ella en España…” Tanto fue el temor a las doctrinas políticas de los jesuitas la causa esencial de su expulsión que, por Real Orden del 1 de Mayo de 1801, dada en Aranjuez, se resolvió establecer “Censores regios” en las hasta entonces libres universidades de España y América, con la misión de evitar conclusiones de estudiantes, “que se opongan a las regalías de la corona”. Semejante tendencia, si se interpreta el verdadero sentido histórico de las que predominaban en el campo de la economía, proponiendo medidas prácticas para elevar el rendimiento de la producción, era lógica. El capitalismo naciente necesitaba, para surgir en España, lo que había necesitado en Inglaterra, Francia, Holanda, etc., es decir, romper la moral católica para transformar en individual la economía social, dotar al monarca de plena soberanía para defender la propiedad y eliminar cuanto se opusiera a tales tendencias. Los actores de esos procesos no lo advierten, pero es que la historia camina, a pesar de ellos, hecha por ellos. Pero ¿Qué ocurre después? Es muy común ver citar en textos de historia americana disposiciones oficiales persiguiendo o prohibiendo la literatura relacionada con la Revolución Francesa; lo que no se destaca es que son posteriores al “Terror”. En efecto, los “afrancesados” españoles vivían en el mejor de los mundos hasta que los sucesos de Francia los hicieron volver a la realidad; no a todos, pero sí a algunos, entre ellos a Jovellanos, Floridablanca y hasta el propio Conde de Aranda. El auténtico espíritu español, que encuentra su más alta expresión intelectual en la pintura de Goya, contempla asombrado lo que ocurre en Francia, y cuando llegan los días de terror se expresa concretamente sobre ello. Como dice Legendre: “entre el conflicto trágico entre Luis XVI y la Revolución, el gobierno español y la opinión española fueron los únicos en Europa que mostraron lealtad y desinterés”. Y eso que se trataba de una España que iba a caer en manos de Godoy. Esta posición de España ha sido señalada como reaccionaria, porque aún hay historiógrafos que creen seriamente que la Revolución Francesa impuso los “DERECHOS DEL HOMBRE”. El párrafo segundo de esta declaración, que fija las relaciones del estado con el individuo

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dice: “Le but de toute associatión politique est la conservatión des droits naturels es imprescriptibles de l’home. Ces droits son: la liberté, la propieté, la süretee et la résistence á l’oppression”. ¿Era eso una novedad y una conquista para España? Hasta el código de las “PARTIDAS” dice algo semejante. La libertad de pensamiento y de acción y la seguridad de la propiedad son las dos aspiraciones fundamentales de la burguesía francesa. Así afirma que “la libre comunicación del pensamiento y de las opiniones es uno de los hechos más preciosos del hombre”. ¿Podía el español creer que para alcanzar tal cosa necesitaba del “terror”? Es claro que el español no podía ver la verdad, y la verdad es que tal libertad de pensamiento era una mentira que ocultaba otra cosa; ocultaba un propósito antireligioso, terreno en el cual el español, por lo mismo que tenía la convicción de la verdad de su fe, no admita libertades, que toleraba en otros aspectos; como, por otra parte, lo demuestra su literatura clásica. Para Francia podía ser una conquista la igualdad de derechos; para el español era cosa antigua. La fraternidad la imponía la Iglesia como dogma, y la libertad estaba en las entrañas mismas de las ideas políticas de España. Para llegar a eso no había necesidad del “terror”, y es que todo eso ocultaba la realidad de que se había producido una revolución clasicista, no popular, como lo demostró su desemboque en el cesarismo napoleónico, período que aún perdura como motivo de orgullo para el mismo francés que ha actuado en la última guerra luchando contra el totalitarismo, sin advertir que lo hacía contra una de sus glorias más efectivas. Aunque sea una gloria que tiene sus ribetes carnavalescos. No en balde Napoleón era de Cerdeña y su imperio lo constituyó desde Paris. 5.- LAS IDEAS POLITICAS EN EL RIO DE LA PLATA A FINES DEL SIGLO XVIII.

Si en la España de Carlos III, período de auge de la difusión de la literatura política francesa de la época, no se registran preocupaciones políticas, sino económicas, resulta inoperante ir a buscarlas en América, que vivía en materia de ideas paralelamente a Madrid. No es extraño, por consiguiente, que la sensación de horror que producen en la península las desviaciones de la Revolución Francesa, en sus ataques contra la monarquía y, la Iglesia, determinen en el Nuevo Mundo un sentimiento similar, ya que, con el arribo de Carlos IV al trono, y la posterior acción teniendo el proceso de esclarecimiento que la monarquía liberal había iniciado, disparate máximo que se deja en su carácter afirmativo, sin entrar a ningún análisis, porque se trata de una de las tantas expresiones del progresismo

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historiográfico, que se valoran como premisas indiscutibles del pensamiento liberal. Se ha dicho que la fructificación de las mismas influencias lograron crear una atmósfera de rebeldía en pequeños pero resueltos sectores de la sociedad criolla. Afirmamos que no existe prueba documental alguna de semejante afirmación caprichosa y, por lo contrario, abundan las demostraciones de fidelidad llevadas a extremos pocas veces superados. Demostraciones que tienen importancia por lo mismo que la guerra con Inglaterra, durante el reinado de Carlos III, mantuvo a América casi aislada de España, al punto que la corona, para mantener la vida económica americana facilitó su comercio con colonias extranjeras y neutrales. No fue por falta de oportunidades para conseguirlo que las provincias del Nuevo Mundo, durante el siglo XVIII, se abstuvieron de todo intento de cortar su dependencia de la madre patria, y es caso seguro que, de haberlo hecho, habrían contado con apoyos extranjeros. Puede decirse, pues, ya que España nunca tuvo tropas de ocupación en el continente, que no fue por la fuerza, ni por la amenaza de emplearla, sino por afecto y buena voluntad, por lo que la unidad política del Imperio Español mantuvo, a pesar de todos los defectos que se encuentran a la administración española y la notoria situación de inferioridad en que actuaban los nativos. Hay, eso sí, bajo Carlos III, ansias especiales en el sentido de fomentar la enseñanza, los libros circulan con mayor libertad, cierta curiosidad por las nuevas tendencias filosóficas y científicas se advierte en muchos círculos, pero nada de eso determina deseos de modificar el régimen bajo el cual se vive. La expulsión de los jesuitas sirvió para desprestigiar ese movimiento, y el sentimiento tradicional se afirmó aún más con la Revolución Francesa, pues fue vista como una demostración de la locura criminal en que caían los pueblos cuando perdían la fe. Y no faltó quién achacara el final desgraciado de Luis XVI a un castigo por la expulsión de la citada Orden. Estos hechos han venido siendo presentados en base a una valoración equivocada de ciertos acontecimientos, tal la llamada Revolución de Mayo. Si en Mayo de 1810 se produjo en Buenos Aires una auténtica revolución independizadora, de tipo liberal y hasta republicano, según autores que no se detienen en pelillo más o menos, hay que encontrarle antecedentes y, entonces, necesariamente, a fines del siglo XVIII tenía que haber en Buenos Aires grupos revolucionarios. Nadie los ha visto; nadie ha comprobado su existencia; pero eso no importa: se afirma que existían y la explicación de cuanto ocurre posteriormente se acomoda perfectamente al esquema clásico de la historiografía liberal. Es así como

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se “debe” afirmar rotundamente la existencia de clases sociales como agregado de personas que juegan el mismo papel en la producción económica, sin advertir que tal es la característica de las clases en la sociedad liberal-capitalista, pero no cuando los factores predominantes son de otro tipo. Una prueba concluyente de lo que decimos nos las ofrecen los estatutos de la “Sociedad Patriótica” llamada también SOCIEDAD ARGENTINA, formada en Buenos Aires, en 1801, con motivo de la aparición del primer periódico bonaerense: el “Telégrafo Mercantil”, y que dice: “todos los que entren en esta Sociedad, han de ser Españoles nacidos en estos reinos, o en los de España, Cristianos viejos y limpios de toda mala raza; Negro, Mulato, Chino, Zambo, Quarteron o Mestizo, ni aquel que haya sido reconciliado por el delito de herejía y apostasía, ni los hijos ni nietos de quemados y condenados por dicho delito hasta la segunda generación por línea masculina, y hasta la primera por línea femenina, porque se ha de procurar que esta “Sociedad Argentina”, se componga de hombres de honrados nacimientos, y buenos procederes, como que se ilustran más en entrar, y ser del Cuerpo de ella…” (“Telégrafo Mercantil”, del 4 de Abril de 1801, pág. 10) Tanto esta sociedad como el referido periódico han sido presentados como vínculos solapados de la “nueva era”, del siglo de las “luces”, pero es lo cierto que leyendo el periódico con toda atención no se encuentra nada de eso; lo único que se ve es que se trata de un eco de las corrientes espirituales de la clase ilustrada de aquel momento que, sugestionada por las doctrinas fisiocráticas -reaccionarias en política- esperaban crear un mundo mejor a fuerza de sembrados, con la misma ingenuidad que el delfín, en Versalles, el 15 de Junio de 1768, públicamente “manejó el arado” -un juguete adornado con cintas- o el emperador José, con mayor realismo, empuñó un arado de campesino en Moravia, el 19 de Agosto de 1769. Si aquella doctrina sugestionó hasta a Catalina de Rusia, que llamó a Moscú a Mercier de la Riviére para modificar el país, no es de extrañar que influyera en la desaprensiva sociedad porteña de 1801. Ocurre algo que merece destacarse, y es que bajo Carlos III, en el afán imitativo con que sus ministros se entregaban de todo lo exterior, sin analizar lo propio, el mercantilismo, que había sido base de la economía imperial, ya no encuentra defensores. Inglaterra ha convencido al mundo de que los saldos favorables de la balanza comercial son un mito y transformados en metálicos más mito, aunque trata, mediante sus piratas del mar o de la diplomacia, como en el caso del Tratado de Methuen, con Portugal, de quedarse con todo el oro -español o portugués- de América. Siguiendo esa tendencia, comienzan a fijarse nuevas formas

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de comercio, las que culminan en la “Pragmática del Comercio Libre de 1768” Posteriormente, como consecuencia de las guerras con Gran Bretaña, los lazos fueron siendo aflojados, y se permitió el comercio con colonias extranjeras y aún con los neutrales, de forma que, al entrar en el siglo XIX, el puerto de Buenos Aires era, prácticamente, un puerto de comercio libre. Los estadistas de Carlos III consideraron siempre que de esta manera fortificaban los lazos del imperio, error que era consecuencia de las doctrinas inglesas, que lograban convencer que el sistema que preconizaban respondía a las “leyes de la naturaleza”, puestas de moda en política con Locke. Es evidente que estas manifestaciones de la nueva economía individualista tenían que ejercer una enorme influencia sobre la sociedad del período hispano en una ciudad como Buenos Aires, donde se reunía una buena cantidad de aventureros extranjeros, dispuestos a hacer fortuna sin mayores preocupaciones morales; es así de como comenzaron a darse las condiciones propias de la burguesía. Mas tanto el español enriquecido, como el extranjero, lo que procura es aristocratizarse; lo que este último obtiene a través de sus hijos, en algunos casos enviados a estudiar a España, de donde regresaron sin ideas revolucionarias y, por el contrario, más imbuidos de fidelidad que antes. No hay un escrito de Belgrano, o de Moreno, por ejemplo, anteriores a 1810, en que no se exhibía esa fidelidad, la que en el caso de Moreno, en su célebre “REPRESENTACION DE LOS HACENDADOS” llega a lo hiperbólico elogiando al virrey Cisneros, al punto que más parece haber sido escrita para justificar al virrey por su resolución permitiendo la entrada de los géneros ingleses de Dillon y Cía., los clientes del estudio de Moreno, que para sentar principios por afanes doctrinarios. Con todo, no se puede decir que se organizó una clase burguesa en condiciones de tomar el gobierno, repitiéndose así el fenómeno español , aunque en Buenos Aires, comienza a ser visible que hay molestias por la situación deprimente del nativo; ya que, con el arribo de Carlos IV al trono, y la posterior actuación del favorito Godoy, la política de enviar a los funcionarios civiles y eclesiásticos de la península aumentó y, lo que fue peor, desmejorando paralelamente la calidad de los enviados; muchos de los cuales hicieron obstentación de sentimientos en materia religiosa que ofendían la fidelidad que subsistía en el país. En la reunión del consulado, del 13 de marzo de 1797, don Francisco Antonio Escalada hizo una exposición sobre el sistema económico reinante y la permisión de comerciar con colonias extranjeras, abundando en citas de Adam Smith, a través de la versión de Jovellanos, y en el curso de la misma expresó algo

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significativo, al decir que el comercio nacional del imperio debía sufrir por el que se hiciera con las colonias extranjeras, pero los que lo hacían notar debían “preferir a todo otro País que los abriga y que quizá le ha formado una fortuna, y si así no lo hace debemos nosotros salirle al encuentro en bien general del estado y de nuestros propios hijos…”. Es una manifestación de nacionalismo imprecisa y hasta involuntaria como tal, pues Escalada estaba lejos de sentirse cabeza de independencia alguna, que demuestra de cómo las normas de la economía individualista mataban la unidad del Imperio, y daban paso, aún sin proponerse como fin concreto sus expositores, a la atomización de la obra de Fernando, Carlos V y Felipe II. La división del comercio de Buenos Aires en “monopolistas” y “liberales”, con el agravante de hacer “monopolistas” a todos los españoles, carece de sentido. No hay en 1800 tales monopolistas. Lo que hay es un encuentro entre el mercantilismo y la nueva economía política, entre la economía individualista y la de sentido social; lucha que no se resuelve con facilidad en la historia de Argentina, porque si bien el triunfo del libre comercio, o sea, nacionales y extranjeros en igualdad de condiciones, crea una burguesía en Buenos Aires y empobrece en el interior, aún a las clases más privilegiadas, de cuyo seno salieron los grandes caudillos que movilizaron las masas contra el liberalismo. Las normas y directivas de la economía liberal no eran desconocidas. Saavedra, por ejemplo, consideraba a los gremios como contrarios a la libertad económica; pero la etapa porque atravesaba el país en la materia estaba muy lejos de llegar a hacer otra cosa que crear una clase comercial que, por el libre comercio, determinaran una economía colonial, supeditada a Inglaterra. Que es lo que sucedió a los pocos años del pronunciamiento de 1810. En el Nuevo Mundo, el carácter de los Borbones fue desastroso para el dominio español. Bajo la influencia de teorías francesas, inauguraron una política equivocada, pues en lugar de darle al proteccionismo mercantilista todas sus posibilidades de desarrollo, abrieron paso a la política de librecambio, olvidando que si eso era lo que recomendaba Adam Smith, no había dejado de elogiar la “ley de navegación” y había sustentado que importaba más el poderío que la prosperidad material. En ese rompimiento con la tradición se señaló la implantación, en el Río de la Plata, del sistema francés de Intendencias, mediatizador del régimen libre de los Cabildos, que fue mal recibido en todos los centros urbanos. La autonomía local no

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menos preciada que la libertad individual, se restringió de igual modo con las reformas administrativas que se llevaron a cabo. La autonomía local era la regla de América; la subordinación al gobierno central, la excepción. Todo esto fue creando un movimiento de oposición a Godoy, que determinó el fenómeno, común en España y América, de devoción a Fernando XII, por verse en él la encarnación de lo tradicional que bajo Carlos IV venía pereciendo. Y ese sentimiento de fidelidad se expresa en hechos concretos, como el fracaso de la propaganda de Francisco de Miranda y el de las invasiones inglesas a Buenos Aires y Montevideo. Cuando a fuerza de fracasos entró Miranda a comprender América renunció a sus ideas afines con la Revolución Francesa, y más que establecer una democracia en el continente procuró implantar una especie de república imperial. Era hombre de educación monárquica, y sobre el ejemplo de los Estados Unidos le atraía el de Inglaterra. Spence Robinson dice: “No es inexacto decir que Francisco de Miranda fue un demócrata aristocrático”. Cuando el gobierno de Carlos IV hace crisis y, con él, el período de Godoy, toda España -la metrópoli y las provincias de ultramar- sintieron una sensación de alivio. Aquello significaba terminar con los afrancesados, con el período liberal de imitación francesa; aquello cerraba el triste período del plagio en el que había venido viviendo España; terminaba con los funcionarios masones o descreídos que habían infectado el Nuevo Mundo, en su mayor parte faltos de escrúpulos en materia administrativa; aquello terminaba con el régimen impositivo exasperante por su rigor, impuesto por los Borbones. Fernando VII apareció como una esperanza de reencuentro con los elementos tradicionales. Eran conocidas sus disidencias con Godoy y con los reyes. Fue denominado “El Deseado”. En realidad, Fernando VII ha sido pintado sin tener en cuenta el medio ambiente en que se formó sin contar que cada cual lo describió de acuerdo a sus propios prejuicios políticos. Dice Fernando Antón del Olmet: “Fernando VII es el Rey, no únicamente por título de sangre, sino lo que es más aún, por la soberana voluntad de la Nación, siendo Monarca, no sólo por la gracia de Dios según la fórmula del absolutismo, sino por la voluntad del Pueblo, conforme al espíritu de los jurisconsultos y a la tradición castizamente española. Fernando VII, impuesto por un motín, subido al trono por la oleada de una Revolución popular, reanuda la tradición interrumpida desde los tiempos de los Reyes católicos, en que los días que Isabel I era proclamada reina de Castilla con despojo de la heredera oficial del trono: la Beltraneja. Fernando VII es un Rey español, es un Soberano a la española, como lo fueron los nuestros en la Edad Media, es decir, reyes populares, nacionales, sin que la sucesión hereditaria a

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la corona, por primera vez consignada en el Código de Alfonso X, y no acatada jamás, se sobrepusiese nunca a la voluntad del Pueblo… No fue el motín de Aranjuez una asonada de la plebe. Fue un alzamiento popular, esto es, de la nación, en que tomaron parte todos cuantos en todas las clases aborrecían el DESPOTISMO sufrido. Cabeza de la conjura, de aquella conspiración, era Fernando VII, considerado así, en consecuencia, un revolucionario. Conspirador, sea como fuere, resulta, en el proceso de los sucesos históricos, encarnación de esta aspiración política, el fundador del régimen liberal. Eso fue siempre de corazón Fernando VII: un liberal, un demócrata, castizamente truculento y aún plebeyo. Como hombre fue siempre así. Como Monarca, impidiéronlo los otros… Fernando VII fue un Monarca popular, un rey PLEBEYO, como le llaman, despectivos, los intelectuales españoles que hablan de él diciéndose liberales”. No entramos a investigar lo que Fernando VII fue, pero es evidente que el pueblo español lo vio tal como lo ha pintado Antón del Olmet, de manera que los sucesos de Bayona, y la conducta de Napoleón, provocaron ese levantamiento de 1808, que constituyó un esporádico despertar de las Españas.

CAPITULO QUINTO

FILIACION IDEOLOGICA DE LOS SUCESOS ARGENTINOS DE 1810 HASTA LA CAIDA DEL REGIMEN ASAMBLEISTA

1.- EL LEVANTAMIENTO ESPAÑOL DE 1808 Y LA JUNTA CENTRAL.

La vitalidad de los elementos tradicionales de los pueblos hispanos se manifestó en la forma como respondieron al grito heroico del pueblo de Madrid el 2 de Mayo, recibido por el Alcalde de Móstoles, D. Andrés Torrejón, quien en su circular, mixtificada por el Conde de Toreno, incitó a todos los alcaldes de España a levantarse contra el invasor francés. El reino de Extremadura fue el primero en responder. Poco después, como reguero de pólvora, abarcaría a toda España. Pero en cada provincia se constituía una Junta dispuesta a gobernar a nombre de la

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Nación Española, con su correspondiente “Secretaría de Estado”, para tratar los negocios diplomáticos y comenzar una política internacional española. Se rompe, por consiguiente, la unidad política de la nación al desaparecer el gobierno central y las antiguas regiones recobran su personalidad jurídica, obran por sí, de acuerdo a sus instintos, autómomos, soberanas, pero como todas son movidas por el mismo sentimiento, actúan en el mismo sentido. Todas estas Juntas se alzan a gobernar en nombre del rey popular: Fernando VII. ¿Qué ocurre en América? Nada. Fuera de un profundo sentimiento de repudio a Napoleón y a Francia, que concentra la repulsa que el pueblo sentía por la Revolución Francesa, pero ningún intento de formar Juntas como España, ni siquiera de parte de los criollos para aprovechar la oportunidad. Si frente a las invasiones inglesas Buenos Aires demostró una fidelidad absoluta, frente a los sucesos de España, de 1808, no hizo sino confirmarla. Con razón Mariano Moreno, en las memorias que escribió sobre las invasiones inglesas, declara que todo había sido posible contra el invasor por “haber heredado la fidelidad y constancia” que animaba a los abuelos. Los elementos directores, escondidos, que había huido pusilánimes, después de la victoria de Bailén, en el que nuestro San Martín lució su capacidad militar frente a Napoleón, defendiendo la causa popular española, que no era la liberal, comenzaron a aparecer y a hacerse patriotas. Por lo que se da el caso que un levantamiento hecho por el pueblo contra Francia y los “afrancesados” es captado por estos últimos con habilidades traidoras y con el pretexto de organizar un gobierno central. No se piden Cortes sino gobierno central, o sea, el poder obtenido por la intriga y la habilidad maniobrera; lo que obtienen, constituyéndose una Junta central cuya presidencia se entregó a Floridablanca, “golilla convertido en patriota, no cuando otros, el momento crítico, sino después aparecer el sol; encarnación del DESPOTISMO ILUSTRADO, politicastro del régimen absoluto, el estadista del “Pacto de Familia”, de la infausta política del rey funesto que fue Carlos III”, como dice Antonio del Olmet para ello sacado “de la tumba en que yacía para regir los destinos de la Patria en circunstancias de tal dificultad”. Para impedir la anarquía, se cayó a constituir algo peor: la Oligarquía. En la Junta entra Jovellanos, sin autoridad pero puro, y Quintana. Constituida la Junta nacen los “Partidos Políticos”, o sea, la lucha de la “cábala, la intriga, las bajas artes propias de las decadencias. Matan con frases y hieren con silencios. Se ha iniciado la tragedia de la mueca”.

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Y bien, América acató a la Junta Central, y cuando su conducta no pareció clara, los hombres de Buenos Aires, los más clasificados del grupo de nativos, se dedicaron a rondar alrededor de la Infanta Carlota a los fines de crear una Regencia, mientras los españoles peninsulares, movidos por Alzaga, en Buenos Aires, y Elio, en Montevideo, procuraban formar Juntas, como en España; propósito en el que colabora Mariano Moreno, de acuerdo con Elio, según demuestran las más recientes investigaciones sobre este personaje. Si alguna duda existe sobre la posición españolista y monarquista de Mariano Moreno, se desvanece en cuanto se penetra en la realidad de lo acontecido en Buenos Aires el 1 de Enero de 1809, episodio tortuosamente mixtificado por los morenistas, que han esquivado la tarea de profundizar en él. Manuel Moreno, en la conocida biografía de su hermano Mariano, confirma lo que decíamos. Pero las invasiones inglesas habían producido una transformación de fundamental importancia en Buenos Aires, al organizarse cuerpos militares voluntarios que fueron puestos al mando de gentes del país. Estas milicias determinaron, influidos por el triunfo obtenido contra tropas aguerridas cual las inglesas, que el orgullo de los nativos aumentara y, con ello, el deseo de terminar con la situación de disminución, en que vivían. Los hechos favorecieron a aquel sentimiento pues, al producirse la caída de la Junta Central sustituida por el titulado Concejo de Regencia, pudo plantearse la situación de acefalía de la corona, de acuerdo a determinaciones tan precisas del derecho español, como las establecidas en las “PARTIDAS”, al decir que cuando se extingue la familia real, el nuevo soberano debe elegirse por universal concurso; no por las “Cortes”, no por “la nobleza”, sino “por acuerdo de todos los habitantes del reino que le escogiesen por señor” (Part. II, tit.I. Ley IX) Los miembros de las juntas españolas del concejo de Regencia y su emisarios los diputados a Cortes, no son ni aún infanzones nombrados por el rey; consiguientemente no se les debe obediencia. Tampoco se debe obediencia a los virreyes y capitanes generales nombrados anteriormente por el rey, pero imposibilitados ahora de recibir sus órdenes. Esto es lo que Cornelio Saavedra, Presidente de la Junta de Mayo, dice al virrey Cisneros: “No señor, no queremos seguir la suerte de España ni ser dominados por los franceses. Hemos resuelto tomar de nuevo el ejercicio de nuestros derechos y de salvaguardarnos nosotros mismos”. Buenos Aires que tenía el orgullo de haberse salvaguardado a sí mismo en su lucha contra los ingleses, afirmaba de esta manera su falta de confianza en la situación de la metrópoli, produciéndose, por ello, el Cabildo de 22 de mayo de

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1810; solución netamente española, hasta en su espíritu, de la situación. Pero tres días después el panorama cambia. La historia de todo acontecimiento revolucionario resulta siempre difícil porque entre los actos iniciales, los propósitos declarados y la realidad inmediata, posterior a su triunfo, suelen ofrecerse diferencias fundamentales, variaciones a fondo en la conducta y en las ideas de los hombres, que provocan desorientaciones en los historiógrafos que suponen que la historia de las ideas es una línea recta. ¿Qué ocurre entre el 22 y 25 de Mayo? Nadie ha podido aclararlo hasta ahora. Es evidente que la idea de la independencia fue traída al Río de la Plata por los ingleses, quienes durante su estadía en el país trataron de buscar adeptos a la misma, no encontrándolos en cuanto a que esa política se realizara con la protección británica. Pero el fermento quedó, y debió aumentar con la organización de los cuerpos militares del país, cuya lucida actuación durante el segundo intento inglés de conquista, cubrió de orgullo a la ciudad. Que en los días anteriores a la llamada revolución del 25 de Mayo se realizaban reuniones en casa de Nicolás Rodríguez Peña está demostrado por distintos conductos, entre otros la carta de Saavedra a Viamonte, con motivo de la salida de Peña de la Junta. ¿Qué se trató en esas reuniones? La lógica del razonamiento nos permite intuir que el tema fue el de la independencia política del Virreinato, lo que no quiere decir que fue el de su independencia nacional. Lo evidente es que lo resuelto en el CABILDO ABIERTO del 22 de Mayo es revisto y que, por la acción de los jefes militares, sin acuerdo popular alguno, se produce la designación de una nueva Junta. Resulta notorio además, que hay cabildantes que están en el secreto de lo que va a suceder. Y uno de ellos es Julián de Leiva, cuya previsión llega a tanto que la noche anterior ha redactado el Reglamento de la Nueva Junta, la cual parece integrada por mayoría de nativos, dentro de una mezcla que demuestra la improvisación con que se procedió que la investigación documental ha comprobado, pues todo se hizo en una noche en el cuartel del regimiento de Patricios, donde un alférez confeccionó la lista de integrantes de la Junta sin consultar con ningún grupo directivo, porque no lo había. 2.- LAS IDEAS POLITICAS DE LOS HOMBRES DE MAYO. La Junta de Mayo contó, casi de inmediato a su formación, con la oposición tozuda de los funcionarios peninsulares, para los cuales, en el sentir popular, era lo mismo la España con Fernando VII –al cual esos funcionarios, hechuras de Godoy, no veían con simpatía- que con José Bonaparte, con tal de no perder sus puestos.

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Esta injusta resistencia, unida al desarrollo de los sucesos de España y a la incomprensión de la Corte de Cádiz, determinan en la Junta de Buenos Aires un elemento de defensa que abre camino a la idea de la independencia total. En nuestro concepto, el pronunciamiento del 25 de Mayo no procura la independencia tanto como tiende a obtener formas políticas de gobiernos distintas a las que han regido hasta entonces. Es, ante y sobre todo, un movimiento contrario al absolutismo, pero lo es sin plan y sin ideas concretas propias. Si observamos comparativamente los sucesos de España y los de Argentina, en aquellos años, advertimos una similitud extraordinaria. Hasta el hecho de que la Junta de Buenos Aires resolviera confiar las funciones públicas a nativos tiene su paralelo en las Juntas Provinciales de España que adoptaban medidas similares, respondiendo al carácter eminentemente localista de los movimientos. Entre los testigos de los hechos de Mayo, en Buenos Aires, debe contarse a Ignacio Núñez, amigo de Moreno, e interesado en asignarle papeles de primera línea, y hombre, además, de ideas liberales. Al referirse a aquellos acontecimientos dice: “Sin debilitar el mérito que contrajeron los pocos hombres a quienes les tocó la suerte de encabezar la revolución de Buenos Aires, puede asegurarse que esta grande obra fue poco menos que improvisada y por consiguiente, que si ellos no tuvieron tiempo, ni medios de explorar y combinar interiormente los elementos necesarios para llevarla adelante, tampoco los tuvieron para prepararse relaciones con las naciones extranjeras… Desde la primera hora en que el último representante del rey de España depositó el cetro en mano de los nueve hombres escogidos por el pueblo para sustituirle la autoridad virreinal, desde esa misma hora sintieron estos nueve hombres el enorme peso que habían admitido sobre sus hombros, y los peligros que correrían ellos si se reducían a conducirla tan desprovistos como la habían principado”. Manuel Moreno, en el libro sobre su hermano, dice: “Sería una injusticia creer que el Dr. Moreno tomó parte activa en la Revolución de su país, sin un examen serio de las causas que la producían. Sus escritos, sus avisos, y sus conversaciones habían excitado la vigilancia de los Patriotas; pero ilustrando a sus conciudadanos, jamás intentó inquietar su espíritu o promover la rebelión… Muchas horas hacía estaba nombrando Secretario de la nueva Junta, y aún estaba totalmente ignorante de ello…”. Manuel relata de cómo le llevó la noticia a su hermano, la que lo sumió en hondas preocupaciones sobre “LA LEGITIMIDAD de los procedimientos públicos que

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acababan de suceder…”, y agrega: “Cuando pasado esto, llegó un individuo que había sido también nombrado para el nuevo gobierno, a consultar si debía admitir la elección. Después de un examen escrupuloso de la LEGITIMIDAD de los procedimientos del pueblo, se resolvió que era forzoso recibir los oficios que se les habían conferido”. Pero, como lo señala Núñez, el virrey Cisneros empezó a disputar el puesto desde la noche en que sin resistencia de su parte abandonara, poniéndose al frente de los funcionarios españoles, cuya resistencia no se ocultaba, y fácil fue prever lo que podía ocurrir con los del Paraguay, Montevideo y Perú, en posesión de recursos y materiales de guerra, y de una influencia sobre los naturales poco menos que absoluta. Se procedió contra ellos y se envió a D. Matías Irigoyen ante la corte de Inglaterra. Todo esto, hasta el fusilamiento de Liniers y sus compinches, puede parecer revolucionario, si no fuera que las Juntas de España procedieron de igual manera. Comandante General de Extremadura era el Conde de la Torre del Fresno; el movimiento popular estalla, Torre del Fresno muere en manos de la multitud enardecida, se forma Junta y se envía embajador a Inglaterra. En la capital asturiana, cuando la Audiencia da a conocer los bandos de Murat, el pueblo se alza, y los oidores deben refugiarse en el Palacio de la Audiencia. El pueblo quiere matarlos, lo que evita el prestigio del Marqués de Santa Cruz de Marcenado. Se forma Junta y se organiza la guerra. Para obtener ayuda se envía un embajador a Inglaterra. Paralelo fue el levantamiento de Galicia. El Capitán General D. Antonio Filangieri trata en mala hora de ahogar el movimiento. Barrido por el pueblo se forma Junta y se envía una embajada a Inglaterra. Y así Andalucía y todas las regiones. Sabido es que el Marqués de Casa Irujo, embajador de España en la Corte de Brasil, atacó a la Junta de Buenos Aires, acusándola de haberse formado para declarar la independencia, lo que hizo en un “Manifiesto” que fue contestado por Mariano Moreno, desde las columnas de “La Gaceta”, diciendo: “El Marqués tiene seguro conocimientos de los principios y fines de la instalación de la Junta; e instruyó esta de la pureza que se conducía, y le suministró datos irrefragables de su fidelidad a nuestro legítimo monarca el señor D. Fernando VII, de la sinceridad con que había jurado la defensa de sus augustos derechos, convenciéndolo de mil modos, que la innovación del gobierno de Buenos Aires era igual en todos sus resultados, a la que gloriosamente habían ejecutado las provincias de España, no podía reprobarse nuestra Junta, mientras se reconociesen las de aquellos, ni podíamos acceder a un paso retrógrado hacia el humillante estado colonial, del

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que nos acaba de extraer a la faz del mundo”. No ha faltado quien dijera que estas frases de Moreno revelan la doble intención del pronunciamiento de 1810, desde que se refiere al estado colonial del que se había salido, pero la verdad es que Moreno no se refiere a la formación de la Junta, sino al decreto del 22 de Enero de 1809, por el cual, el supremo gobierno revolucionario de España, reconocía a las colonias ultramarinas como parte integrante de la nación, poniendo la Junta Central decidido empeño en hacer efectivo el derecho de representación que se les había otorgado a los pueblos de América; como lo revela la Real Orden de 6 de Octubre de 1809 que establecía las condiciones para ser diputado de ellas. Moreno acusó a Casa Irujo de “haber soplado el fuego de la discordia y la guerra civil entre unos pueblos que reconocían los derechos de su legítimo monarca Fernando VII, diciéndole que antes debió haberse puesto en comunicación con la Junta, tentando aquellos medios prudentes “a que se presentaban acreedores de los sucesos que arrancaban la proclama”. Y agregaba Moreno, poniendo el dedo en la llaga: “El marqués de Casa Irujo y esos mandones de alto rango, cuya reposición pretende por medios tan violentos, no aman a nuestro monarca con la sinceridad que han afectado; ellos proclaman diariamente al rey Fernando, pero en este respetable nombre no buscan sino un vínculo que nos ligue a la Metrópoli en cuanto sea un centro de relaciones y una fuente del poder que ejercen entre nosotros. Mientras una pequeña parte de España sostenga su rango, conserve sus empleos y sirva de escudo a su arbitrariedad y despotismo, no caerá en su boca el sagrado nombre del rey y harán servir diestramente a sus miras personales la sencillez de unos vasallos a quienes el cautiverio de su príncipe empeña a nuevos esfuerzos de su fidelidad; pero dígase que la España está perdida enteramente; que la persona el Rey tiene relaciones enteramente inconexas de las del territorio perdido; que si el francés ha ocupado una parte de la monarquía española, debemos ser españoles en la que ha quedado libre; entonces se les verá recibir con horror esos principios que antes hicieron servir a sus personas, y se les verá recibir, con escándalo, aquellas relaciones con la Península, confundiéndolas groseramente con las que deben buscar en las personas del monarca. El ministro de Estado, conde de Linares, preguntó en una sesión al marqués de Casa Irujo, cuáles eran las intenciones del virrey Cisneros para el caso desgraciado de ser sojuzgada la España; y confundido nuestro ministro con una pregunta, a que cualquier niño habría satisfecho cumplidamente, contestó con la insulsa fruslería de que nunca se realizaría aquel caso, y que si se verificaba, el virrey era hombre

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prudente y de mucho juicio. Hemos observado en nuestros jefes, que sufrían igual embarazo, siempre que se le hacía aquella pregunta, y este sólo hecho descubre que no procedían de buena fe en orden a la suerte y derecho de estas regiones”. Sigue diciendo Moreno que si “quedara toda la España ocupada”, y entre paréntesis comenta: “Dios no lo permita”, la América seguirá en la misma lealtad y vasallaje al señor Don Fernando VII, mirando a los pueblos de España con los mismos ojos que miró a los españoles de la Jamaica después que quedaran sujetos a la dominación inglesa. A continuación un párrafo sustancial: “Esto es lo que exige el orden natural de las cosas, y que puede asegurarse francamente por la conformidad que guarda con todos los derechos; sin embargo, el marqués y nuestros jefes aborrecen toda la dominación extranjera, tiembla que la América llegase a constituirse a sí misma, y en la positiva exclusión que hacen de todo otro partido, prueba su adhesión al único que no impugnan, que es seguir la suerte de la Península, si queda enteramente sojuzgada a la dominación, que se ha empeñado en su conquista. El marqués sabe que no hablamos sin datos positivos, y, como calcula justamente la gran muralla que en la instalación de la Junta se ha levantado contra este infame proyecto, rabia de desesperación, y en los transportes de su cólera, prefiere una convulsión general de estos pueblos que, o los reduzca a una debilidad que algún día los haga entrar por sus ideas, o los sepulte en unos males que sean pena de la energía con que han burlado su intrigas”. La acusación que hace Moreno a Casa Irujo y a los funcionarios peninsulares es grave, pero no caprichosa. Hay pruebas abundantes y concordantes de que como él, pensaba la mayoría. El tipo de funcionario conocido estaba dispuesto, evidentemente, a seguir la suerte de la metrópoli, con “Pepe Botellas” o con el que fuera. A reglón seguido lleva Moreno un rudo ataque al absolutismo, destacando que el pueblo piensa libremente sobre sí mismo, “y sus derechos se consultan sin los prestigios con QUE EL ABUSO DEL PODER lo envolvía”. Argumenta que Inglaterra y Brasil no permitirán nunca que el procónsul de Napoleón reine en América, aunque se apodere de toda España, por lo cual la Junta espera ser apoyada por ellas en sus gestiones y agrega: “Las potencias que no tengan un interés en nuestra ruina mirarán con asombro que los jefes de América reputen un delito la resolución de no dejarse arrastrar ciegamente de la conquista de España. Cuando convenía a sus miras manifestar al mundo la sincera adhesión de las Américas a la causa del Rey Fernando, se proclamaba la justicia de los principios que nos obligan a semejante conducta; (alusión al carácter que se dio en América a la jura de Fernando VII) y aún era éte uno de los principales baluartes que se

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oponían a Napoleón, y con que se les convenía retraer, de la conquista de España; sin embargo, llega el caso de que se ejecute aquella amenaza, y entonces varían de opinión, y no quieren ver en la América sino una colonia sin derechos, que debe sujetarse sin examen a la suerte de la metrópolis”. Y sigue Moreno: “No, señor marqués, ni sus esfuerzos, ni sus proclamas, ni la conspiración de los mandones separarán a la América de su deberes. Hemos jurado a Don Fernando VII, y nadie sino él reinará sobre nosotros. Esta es nuestra obligación, es nuestro interés, lo es de la Gran Bretaña y Brasil y resueltos a sostener con nuestra sangre esta resolución, decimos a la faz del mundo entero (Y REVIENTE A QUIEN NO LE GUSTE) que somos leales vasallos del rey Fernando, que no reconocemos otros derechos que los suyos, que aunque José reine en toda la península, no reinará sobre nosotros y que la pérdida de España no causará OTRA NOVEDAD QUE LA DISMINUCION DEL TERRITORIO DEL REY FERNANDO”. “La desgracia de ser reputados los americanos poco menos que bestias, por hombres que apenas son algo más que caballos, influyen siempre alguna preocupación aún entre las personas de razón y buen juicio” Se refiere Moreno a las noticias falsas sobre triunfos españoles que en su “Manifiesto” difundiera Casa Irujo, y demuestra que sabe la verdad de lo que ocurre. Agrega Moreno que esas desgracias no le complacen pero nada se aventaja con ocultarlas, y dice: “El marqués habría empleado con más fruto sus acreditados talentos si los hubiese fatigado para inventar medios de salvar o aliviar la Patria”. Pero aún eM el caso de que las noticias de triunfos españoles fueran ciertas “¿será eso bastante para que se disuelva nuestra Junta y en caso contrario se arrojen los pueblos a los horrores de la anarquía y de la guerra civil? ¿Es posible que las Juntas de España han de seguir tranquilamente, y se ha de reputar un crimen la continuación de la nuestra? La Junta de Valencia continúa en la plenitud de sus funciones; ni reconoce al Consejo de Regencia, ni respetaba a la Junta Central mucho tiempo antes de su disolución… y el marqués elogia su fidelidad…” Posteriormente se inventó lo de la “máscara de Fernando”, que no puede ser considerada en serio. La Revolución de Mayo sería un caso único en la historia, o sea, el de una revolución que levanta como bandera aquello mismo que quiere destruir, fomentando, por consiguiente, no su éxito, sino el de la contrarrevolución. La capacidad de admitir sandeces tiene un límite también en historia. La sujeción de Fernando VII no estaba en contra de la posibilidad de un régimen político independiente de la metrópoli, y de carácter más liberal que el hasta entonces observado, y Fernando VII había despertado ilusiones que hasta lo admitían como

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cabeza de tal importante reforma política del imperio. En cuya disolución nadie piensa antes del 25 de Mayo de 1810, aunque puedan pensarlo, y así ocurrió, cuando la resistencia de los funcionarios, la incomprensión de los hombres de Montevideo, la conducta de Liniers, la de la Real Audiencia de Buenos Aires, y la del propio Cabildo porteño, conducen los acontecimientos por nuevos caminos, puesto que también los enemigos también se presentan defendiendo los derechos de Fernando VII. La pérdida del libro de actas de la Junta de Mayo, que debió correr por cuenta de alguno de los hombres de la Asamblea General de 1813, que lo pidió y lo recibió, a los fines de juzgar su actuación, enterándose, al leerlo, que no saldrían de sus páginas motivos de crítica para Saavedra, pero tampoco aparecería el Moreno cuyo mito se había empezado a forjar, deja sin posibilidad de aclaración muchas cosas de aquellos días. El único documento auténticamente revolucionario sería el “Plan”, atribuido por Enrique de Gandía a Moreno y considerado un frangollo por Ricardo Levene. Pero lo curioso es que Gandía no cree que Moreno fuera partidario de la independencia, lo que está en pugna con su afirmación de que fue autor del “Plan”, mientras Levene cree que Moreno fue el alma del propósito independizador, lo que está en pugna con su afirmación de que el “Plan” no es de Moreno, y una de las razones en favor de esa tesis es que no se acomoda a sus ideas en los seis meses que actuó en la Junta. Porque no es la idea de la independencia la que agita a la Junta, sino las diferencias en la manera de considerar el problema político en sus distintas posibilidades; y es el propio Moreno quien se encarga de demostrarlo en sus artículos de “LA GACETA”, titulados “Miras del congreso que acaba de convocarse y constitución del estado”. Dice allí: “Hay muchos, que fijando sus miras en la justa emancipación de la América a que conduce la inevitable pérdida de España (adviértase que la emancipación surgía de la desesperación de España absorbida por Napoleón y no un acto de voluntad americana), no aspiran a otro bien que haber roto los vínculos de una dependencia colonial y creen completa nuestra felicidad, desde que elevados nuestros países a la dignidad de estados, salgan de la degradante condición de un fondo usufructuario a quien, se pretende sacar toda sustancia sin interés alguno en su beneficio y fomento. Es muy glorioso a los habitantes de América verse inscriptos en el rango de las naciones y que no se describan sus posesiones como factorías de los españoles europeos; PERO QUIZAS NO SE PRESENTA SITUACION MAS CRITICA PARA LOS PUEBLOS QUE EL MOMENTO DE SU EMANCIPACION: TODAS LAS PASIONES CONSPIRAN ENFURECIDAS A SOFOCAR EN

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SU CUNA UNA OBRA A QUE SOLO LAS VIRTUDES PUEDEN DAR CONCIENCIA; Y EN UNA CARRERA ENTERAMENTE NUEVA CADA PASO ES UN PRESIPICIO PARA HOMBRES QUE EN TRECIENTOS AÑOS NO HAN DISFRUTADO DE OTRO BIEN QUE LA QUIETA MOLICIE DE UNA ESCLAVITUD, QUE AUNQUE PESADA HABIA EXTINGIDO HASTA EL DESEO DE ROMPER SUS CADENAS. Resueltos a la magnánima empresa, que hemos empezado, nada debe retraernos de su continuación, nuestra divisa debe ser la de un acérrimo republicano que decía: MALO PERIDULOSAM LIBERTATEM QUAM SERVITIUM QUIETUM”. Ricardo Levene hace la cita poniendo punto final a la frase, pero en el texto solo figura un punto y coma, y se sigue leyendo: “pero no reposemos sobre la seguridad de unos principios que son muy débiles sino se fomentan con energía; consideremos que los pueblos, así como los hombres, desde que pierden la sombra de un curador poderoso que los manejaba, recuperan ciertamente una alta dignidad pero rodeada de peligros que aumentan la propia inexperiencia; temblemos con la memoria de aquellos pueblos que por el mal uso de su naciente libertad, no merecieron conservarla muchos instantes; y sin equivocar las ocasiones de la nuestra con los medios legítimos de sostenerla, no busquemos la felicidad general, sino por aquellos caminos que la naturaleza misma ha prefijado y cuyo desvío ha causado siempre los males y ruina de las naciones que los desconocieron”. El sentido de estas palabras de Moreno es clarísimo. La guerra civil contra los funcionarios había comenzado; España parecía definitivamente perdida ¿no era oportuno avanzar un paso e ir a la independencia política? No la rechaza Moreno, pero le pone “peros”: no estamos preparados, dice. Si algo revela que la idea de emancipación no figuró en el ideario de Mayo, es este escrito de Moreno, que confirma de cómo el sentimiento de independencia fue consecuencia del desarrollo de los hechos, de la misma manera que en España, a pesar de su carácter tradicionalista y antiliberal, el levantamiento popular de 1808, derivó en las Cortes afrancesadas de Cádiz. Todo el artículo de Moreno tiende a demostrar que no es el momento de pensar en la independencia, por razones de orden interno e internacional; así, dice, que el despotismo había sofocado a España su viejo sentido de la libertad por lo “que en el NACIMIENTO DE LA REVOLUCION NO OBRARON OTROS AGENTES QUE LA INMINENCIA DEL PELIGRO Y EL ODIO A UNA DOMINACION EXTRANJERA”, refiriéndose al levantamiento en 1808, pero que apenas pasada la confusión de los primeros momentos, “enseñaron a sus conciudadanos los derechos que habían empezado a defender por instinto; y las Juntas provinciales se afirmaron por la ratihabición de todos los pueblos de su

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respectiva dependencia. Cada provincia se concentró así misma, y no aspirando a dar a la soberanía mayores términos de los que el tiempo y la naturaleza habían dejado a las relaciones interiores de los comprovincianos, resultaron, tantas representaciones supremas e independientes, cuantas Juntas provinciales se habían erigido. Ninguna de ellas solicitó dominar a otras… Es verdad que al poco tiempo resultó la Junta central como representativa de todas, pero prescindiendo de las grandes dudas que ofrece la legitimidad de su instalación, ella fue obra del unánime consentimiento de las demás Juntas; alguna de ellas continuó sin tacha de crimen es su primitiva independencia… Asustado el despotismo con la libertad y justicia de los movimientos de España, empezó a sembrar espesas sombras por medio de sus agentes; y la oculta oposición a los imprescriptibles derechos de los pueblos había empezado a ejercer, empeño a los hombres patriotas a trabajar en su demostración y defensa… por todos los pueblos de España pulularon escritos llenos de ideas liberales, y en los que se sostenían los derechos PRIMITIVOS de los pueblos, que por siglos enteros habían sido olvidados y desconocidos”. “Un tributo forzado a la decadencia hizo decir que los pueblos de América eran iguales a los de España; sin embargo, apenas aquellos quisieron pruebas reales de la igualdad que se les ofrecía, apenas quisieron ejecutar los principios por donde los pueblos de España se conducían, el cadalso y todo género de persecuciones se empeñaron en sofocar la injusta pretensión de los rebeldes, y los mismos magistrados que habían aplaudido los derechos de los pueblos, cuando necesitaban de la aprobación de alguna Junta de España para la continuación de sus empleos, proscriben y persiguen a los que reclaman después en América esos mismos principios. ¿Qué magistrados hay en América, que no hayan tocado las palmas en celebridad de las Juntas de Cataluña o Sevilla? ¿Y quién de ellos no vierte imprecaciones contra la de Buenos Aires, sin otro motivo que ser americanos los que la forman? Es decir, que Moreno parte, exclusivamente, de los antecedentes españoles para considerar la cuestión americana, y demuestra que lo que lo guía no es el afán de la independencia, sino el establecimiento de un gobierno liberal contra el absolutismo que había dominado hasta entonces. El Congreso que propone no debe elegir quién rija al país, sino dotarlo de una constitución de donde se rija. Las ideas que Moreno vierte siguen siendo españolas, algunas tomadas de Jovellanos, y responden al espíritu que, en aquellos mismos momentos, predomina en las Cortes de Cádiz. Sentemos, pues -dice- como base de las posteriores preposiciones, que el congreso ha sido convocado para elegir una autoridad suprema que supla la falta del señor don Fernando VII y para arreglar una constitución que saque a los pueblos de la infidelidad en que gimen”. Pero la devoción a Fernando tiene límites,

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o sea, si tratara de gobernar como su antecesor, el pueblo, que ha recuperado la soberanía por ausencia del monarca, puede prescindir de él, pues no ha realizado el de América PACTO SOCIAL alguno con él. (Este concepto revela que Moreno no entendió a Rousseau, lo que ya fue denunciado por Paul Groussac). Si Fernando quiere seguir reinando debe aceptar las reglas que el pueblo le fije. Y para apoyarse contra los que no comprendan esa posición, Moreno pregunta: “¿a qué fin se hallan convocadas en España unas Cortes que el rey no puede presidir? ¿No se ha propuesto por único objeto de su convocatoria el arreglo del reino y la pronta formación de una constitución nueva, que tanto necesita? Y si la irresistible fuerza del conquistador hubiese dejado provincias que fuesen representadas en aquel congreso, ¿podría el Rey oponerse a sus resoluciones? Semejante duda sería un delito. El Rey a su regreso no podría resistir una constitución a que, aún estando al frente de las Cortes, debió siempre conformarse; los pueblos, origen único de los poderes de los reyes, pueden modificarlos con la misma autoridad con que lo establecieron al principio… Nuestras provincias carecen de constitución, y nuestro vasallaje no recibe ofensa alguna porque el Congreso trate de elevar los pueblos que representa, a aquel estado político que el Rey no podría negarle, si estuviese presente”. Nos hemos extendido en las citas por la necesidad de demostrar que lo que guía a Moreno es el triunfo político de los derechos primitivos de los pueblos, no de la independencia. El españolismo de los pueblos de América es indiscutible. Una sola fue la causa de la guerra civil en España y en América. Ello explica por qué, en los puntos más alejados se produjeron, a un mismo tiempo, sin influencias recíprocas, hechos análogos. “La Gaceta de Buenos Aires”, al dar cuenta del pronunciamiento de Caracas que tuvo lugar el 10 de Abril de 1810, dice: “Si viéramos empezar aquella revolución proclamando principios de exagerada libertad, teorías impracticables de igualdad como la revolución francesa, desconfiaríamos de las rectas intenciones de los promovedores, y creeríamos el movimiento afecto de un partido y no del convencimiento práctico de una mudanza política”. Los pescadores de antecedentes vinculados a la Revolución Francesa, para explicar los sucesos que preceden en América a la guerra por la independencia, ocultan deliberadamente expresiones como la que acabamos de reproducir, por no querer reconocer la verdad de que las doctrinas de igualdad que predominan en el tradicionalismo americano tienen una antigua raigambre, católica y española. Al referirse a la revolución de Caracas, La Gaceta de Buenos Aires, explica

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que los supuestos revolucionarios hispanoamericanos solo imitaban a los patriotas peninsulares en su lucha contra Napoleón, y agrega: “Pero al ver que solo tratan de mirar por su seguridad y hacer lo que todos los pueblos de España han puesto en práctica, esto es, formar un gobierno interino, durante la ausencia del monarca, o en tanto no se establezca la monarquía sobre nuevas y legítimas bases, nos parece ver en el movimiento de Caracas los primeros pasos del establecimiento DEL IMPERIO QUE HA DE HEREDAR la gloria y la felicidad del que está por perecer en el Continente de Europa a manos de un despotismo bárbaro”. El sentimiento dominante fue el odio a Napoleón y el deseo de conservar el Nuevo Mundo fuera de su férula. La guerra surgió entre los partidarios de Consejo de Regencia y los que se declaraban por la formación de Juntas locales. Todos defendían la integridad del Imperio y se reconocían súbditos de Fernando VII; pero los que defendían el Consejo de Regencia no eran liberales, ni absolutistas, que disfrutaban de nombramientos hechos por Carlos IV y Fernando VII, y los otros, los liberales sostenían los derechos de rey pero, subordinado a normas que evitaran que el Imperio continuara sin sus viejas libertades municipales y provinciales. La masa popular porteña expresó esos sentimientos y es así como “La Gaceta” publicaba, en 1811, con el título de “MARCHA PATRIOTICA”, una letrilla que dice así: La América tiene Ya echada su cuenta Sobre si a la España Debe estar sujeta Esta lo pretende, Aquella lo niega, Porque dice que es Tan libre como ella Si somos hermanos, Como se confiesa, Vivamos unidos MÁS SIN DEPENDENCIA A nada conduce La obediencia ciega Que pretende España Se le dé por fuerza. ¿Por qué, pues,

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España Pretende grosera Que el americano Su parte le ceda? EL QUIERE GUARDARLA PARA AQUEL QUE SEASU DUEÑO, y si no Quedarse con ella PUES PARA ESTO SIEMPRE JURA LA OBEDIENCIA AL REY, NO A LA ESPAÑA, COMO ELLA SE PIENSA Y no debe olvidarse que esta Marcha Patriótica fue incluida en la LIRA ARGENTINA, recopilación de poesías patrióticas publicadas en 1810, que, en 1822, Rivadavia recomendó hiciera la Sociedad Literaria. La composición de la Junta de Mayo facilita la idea de que, en su seno existieron rivalidades alrededor del problema de la independencia, más, en realidad, lo que en ella divide son las distintas maneras de encarar el problema político de organización del país. La falta de planes había determinado que se invitara a los Cabildos de interior a enviar representantes para integrar la Junta, método que, más tarde, se consideró equivocado, con lo que se procuró que estos diputados lo fueran ante un Congreso que se reuniría con carácter de constituyente. Mientras tanto, en España, las tendencias liberales han triunfado ampliamente en las Cortes de Cádiz, influyendo sobre las minorías ilustradas en Buenos Aires, en cuyo seno comienzan a agitarse las ideas que, en Cádiz, expresan los cabecillas del resurgimiento liberal. Moreno que se coloca en esa línea es derrocado por las mismas fuerzas militares que el 25 de Mayo de 1810, sin tener mayor contacto con él, lo habían elegido, y los diputados del interior entran a formar parte de la Junta, despertando la indignación de los jóvenes liberales porteños que ven en ellos elementos reaccionarios. Entra entonces a actuar la fuerza económica de la ciudad capital y se llega, en 1812, hasta agitar dos cuestiones: la de independencia y hasta la de la república, por hombres que, poco más tarde, se contarán entre los líderes del monarquismo. En el orden político, la lucha comienza a tener todos los caracteres de una guerra civil, pues hasta en el militar, son americanos los que se enfrentan en Paraguay y en el Norte. Cuando Belgrano, después de derrocar al americano Goyeneche, y al americano Tristán, concede a éste el armisticio de Salta, lo hace porque sabe que han peleado americanos en ambas líneas, y deplora que en las luchas entre hermanos se

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pierdan vidas preciosas. Participamos de la síntesis de Enrique de Gandía que dice: “La guerra civil no fue desencadenada por los liberales. Es importantísimo aclarar estos hechos. Los liberales eran los tradicionalistas, los defensores del pasado y de una evolución de acuerdo con los derechos y los deseos del pueblo. Ellos nunca soñaron con revoluciones ni independencias ni guerras civiles, hasta que los absolutistas rompieron la guerra con su intransigencia y el empeño de mantenerse en unos puestos que, jurídicamente, ya no les correspondía desempeñar. Los revolucionarios fueron, pues, los absolutistas, los hombres a quienes algunos historiadores llaman realistas, cometiendo un grave error, pues realistas eran todos, sin excepción, y otros denominaban ESPAÑOLES, cayendo en un error aún más grueso, dado que muchísimo de ellos defendían el liberalismo, los derechos naturales del hombre y la formación de las Juntas locales”. …”El primer gobierno llamado argentino tuvo por fines políticos la defensa de los derechos naturales del hombre que correspondían, por la prisión de Fernando VII, a todos sus súbditos y el propósito firme de salvar a estos mismos países de una denominación extranjera y reconocer al primer gobierno legítimo que se estableciese en España”. Esta interpretación se ajusta a otra singularmente interesante. Al festejarse el aniversario del 25 de Mayo, en 1835, se reunió en el Fuerte a una selecta cantidad de invitados, entre ellos el cuerpo diplomático, y el gobernador de Buenos Aires, entonces Juan Manuel de Rosas, dijo las siguientes palabras: ¡Qué grande señores y que plausible debe ser para todo argentino este día, consagrado por la nación para festejar el primer acto de soberanía popular, que ejercitó este gran pueblo en Mayo del célebre año de mil ochocientos diez! ¡Y cuán glorioso para los hijos de Buenos Aires haber sido los primeros en levantar la voz con un orden y una dignidad sin ejemplo! NO PARA SUBLEVARNOS CONTRA LAS AUTORIDADES LEGITIMAMENTE CONSTITUIDAS, sino para cumplir la falta de las que, acéfala la nación, había caducado de hecho y de derecho. NO PARA REBELARNOS CONTRA NUESTRO SOBERANO, sino para preservarle la posición de su autoridad, de que había sido despojado por el acto de perfidia. NO PARA ROMPER LOS VINCULOS QUE NOS LIGABAN A LOS ESPAÑOLES, sino para fortalecerlos más por el amor y la gratitud, poniéndolos en disposición de auxiliarlos con mejor éxito en sus desgracias. NO PARA INTRODUCIR LA ANARQUÍA sino para preservarnos de ella y no ser arrastrados al abismo de males, en que se hallaba sumida la España.

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Estos, señores fueron los grandes y plausibles objetos del memorable Cabildo Abierto celebrado en esta ciudad el 22 de Mayo de mil ochocientos diez, cuya acta debería grabarse en láminas de oro para honra y gloria eterna del pueblo porteño. Pero ¡Ah!... ¡Quién lo hubiera creído!... Un acto TAN HEROICO DE GENEROSIDAD Y PATRIOTISMO, NO MENOS QUE DE LEALTAD Y FIDELIDAD A LA NACION ESPAÑOLA Y A SU DESGRACIADO MONARCA; un acto que, ejercido en otros pueblos de España con menos dignidad y nobleza, mereció los mayores elogios, fue interpretado en nosotros malignamente, como una rebelión disfrazada, por los mismos que debieron haber agotado su admiración y gratitud para corresponderle dignamente. Y he aquí, señores, otra circunstancia que realza sobre manera la gloria del pueblo argentino, pues ofendidos en tamaña ingratitud, hostigados y perseguidos de muerte por el gobierno español, perseveramos siete años en aquella noble resolución hasta que cansados de sufrir males sobre males, sin esperanzas de ver el fin, y profundamente conmovidos del triste espectáculo que presentaba esta tierra de bendición, anegados en nuestra sangre inocente con ferocidad indecible por quien debían economizarla más que la suya propia, nos pusimos en las manos de la Divina Providencia, y confiando en su infinita bondad y justicia, tomamos el único partido que nos quedaba para salvarnos: nos declaramos libres e independientes de los Reyes de España, y de toda otra dominación extranjera”. “El cielo, señores oyó nuestras súplicas. El cielo premió aquel constante amor del orden establecido, que había excitado hasta entonces nuestro valor, avivando nuestra lealtad, y fortaleciendo nuestra fidelidad PARA NO SEPARARNOS DE LA DEPENDENCIA DE LOS REYES DE ESPAÑA, a pesar de la negra ingratitud con que estaba empeñada la Corte de Madrid en asolar nuestro país. Sea, pues, nuestro regocijo tal cual lo manifestáis en las felicitaciones que acabáis de dirigir al gobernador por tal fausto día; pero sea renovado aquellos nobles sentimientos de orden, de lealtad y fidelidad que hacen nuestra gloria, para ejercerlos con valor heroico en sostén y defensa de la Causa Nacional de la Federación, que ha proclamado la república…”. ¿Qué diferencia estos conceptos de los expresados por Moreno? Sólo las palabras. El fondo es el mismo.

3.- LIBERALES, ABSOLUTISTAS Y TRADICIONALES. Tanto los liberales como los absolutistas integran grupos minoritarios en todas las capitales del virreinato, y son estas minorías las que inician el proceso de

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independencia, conducidos por las alternativas de la lucha entre los puntos de vista que loS separan. El pueblo no tarda en colocarse contra ambos, porque el pueblo es tradicionalista. El gobierno de Castelli desata tal repudio a la causa de Buenos Aires en las provincias del norte, que PORTEÑO Y HEREJE llegó a ser lo mismo, determinando la pérdida de la causa en aquella zona. Belgrano palpó de cerca las consecuencias de la acción de Castelli, no puede menos que aclarar en su “AUTOBIOGRAFIA”: “Debo decir aquí que soy delincuente ante toda la nación de haber dado mi voto, y prestándome sin tomar el más mínimo conocimiento del sujeto, porque fuera jefe. ¡Qué horrorosas consecuencias trajo esta precipitada elección! ¡En qué profunda ignorancia vivía yo del estado cruel de las Provincias interiores! ¡Qué velo cubría mis ojos! El deseo de la libertad e independencia de mi patria, que ya me había hecho cometer otros defectos… también hacía pasar por todo, casi sin contar por los medios”. Si el envío de Castelli al norte fue un error, la expedición al Paraguay no fue menos. Belgrano, que cuando escribió su “Autobiografía”, años después de estos sucesos, se pintó con ella como partidario de la independencia, en 1810 trataba de traer a la Princesa Carlota y no puede menos que decir que esa expedición “sólo pudo caber en unas cabezas acaloradas… porque no reflexionaban y no tenían conocimientos”. En ambos casos los tiros son en contra de Moreno, autor de ambas iniciativas, porque, como buen ideólogo, tenía la facultad de confundir la realidad de los hechos con sus propias ideas. Es lo que determinó su salida de la Junta, provocada por los mismos elementos que lo habían colocado en ella. Lo que ocurre en Buenos Aires entonces se reproduce al mismo tiempo en Venezuela. Carraciolo Parra Pérez, dice: “El problema de la independencia se resolvió en Venezuela entre un reducido grupo de oligarcas, o como guste decírseles, por una parte y, por la otra, la masa general de la población que, al menos hasta 1820, siguió a las banderas del rey. Que se la llame guerra civil, social o de cualquier otro modo, la guerra presentó caracteres que no eran de internacional, y así lo comprendieron algunos autores y testigos”. En Argentina, cuando la Junta de Mayo comunicó a los Cabildos del interior lo ocurrido en Buenos Aires, pidiéndoles la elección de un miembro para entrar a formar parte de la misma, todos, con mayor o menor recelo, respondieron con sendas declaraciones de fidelidad a Fernando VII. Nada hay en esta conducta que huela a rebeldía, sino, por el contrario, lo que se advierte es que ante el peligro napoleónico el país vive una afirmación entusiasta de fidelidad. La forma de cómo procede la Junta de Buenos Aires es legítima. Responde a viejos conceptos de

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libertad política que se mantienen en el recuerdo de los pueblos, quienes repudian las manifestaciones de absolutismo que les ha tocado de cerca: la expulsión de la Compañía de Jesús y la creación de las Gobernaciones-intendencias. Fernando VII aparece, también en América, con carácter de restaurador de las tradicionales normas jurídicas de la hispanidad. Cabildo hay, como el de Mendoza, que se apresura a pedir la abolición de la permisión del comercio libre dada en 1809, por el virrey Cisneros, y es notorio que los cabildos que habían quedado en calidad de subordinados, por la “Ordenanza de Intendentes”, aprovecharon para reclamar la devolución de su autonomía. Los cabildos del interior se muestran en una postura antiabsolutista tan neta como las Juntas de España, pero se da el caso de que los liberales están más cerca políticamente de los absolutistas de lo que comúnmente se cree. Por de pronto, admiten del absolutismo la tendencia centralizadora, contraria al sentimiento localista de los pueblos hispanos. Además, en materia de denominaciones, es preciso proceder con cautela, pues la de “liberales” alcanza a tantos matices que la confusión es posible. Saavedra es liberal como lo es Moreno, pero hay entre ambos profundas diferencias de conceptos políticos. Como en los Estados Unidos los había entre un Madison y un Jefferson. Por otra parte, así como la tendencia antiabsolutista que caracteriza el levantamiento de España en 1808 va a caer en manos de los liberales, a pesar de ser aquel movimiento tradicionalista, así ocurre que en Argentina, desde mediados de 1811, en la misma medida que llegan noticias de las orientaciones de la Corte de Cádiz, se organizan en Buenos Aires, entre jóvenes estudiantes, dependientes de tiendas y demás miembros de familias pudientes y aristocráticas, una acción extremista, que dura muy poco, al punto que desaparece en 1814 (con la característica de que mucho de sus componentes actuaron luego en las tendencias más retrógradas del liberalismo burgués), lo que ha hecho suponer a muchos historiadores que constituyen la expresión misma de los sucesos de Mayo. Basta considerar el repudio de que fueron objeto y las posteriores abjuraciones de sus componentes, para advertir que se trataba de una cosa artificial, hecha a la última moda de Europa, que se modificó en cuanto en ésta comenzó a predominar el movimiento de reacción posterior a Napoleón. En esa oportunidad, la minoría de referencia, siempre dispuesta a pensar a la europea, se señaló por sus tendencias anacrónicas. Intervienen, además, en los hechos argentinos, factores locales de particular significación. Cuando Moreno se opone a la entrada de los diputados de las provincias en Junta de Mayo es que ha dejado actuar más su “porteñismo” que su

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liberalismo. Adviértase que, en 1810, se carece de todos los elementos necesarios para un intento de organizar un estado nacional basado en razones de orden espiritual relacionado con principios de nacionalidad. Todos se sienten y se saben españoles. Pueden existir razones para trabajar por una separación de los poderes, no de los pueblos. Nadie cree entonces en el indigenismo, y la prueba está de cómo trataron a los indios los gobiernos liberales posteriores al período hispano. La necesidad de una separación de poderes no es una cosa que el pueblo sienta. A éste, lo único que le interesa es mantener sus viejas libertades, por lo cual está en contra del absolutismo. Ya no ocurre lo mismo en Buenos Aires, porque alrededor de su puerto se ha creado una pequeña burguesía que tiene intereses económicos propios; aquellos que le hacen decir a Escalada, en el Consulado, las palabras que hemos reproducido en páginas anteriores. Esta minoría -culta y rica- repudia al absolutismo exterior, pero no al centralismo en sus manos. Es unitaria por necesidad de sus intereses, y cae en el error de creer que los localismos conspiran contra la unidad, y es así como mantiene la “Ordenanza de Intendentes”. Buenos Aires creció sin necesidad de España ni de las provincias interiores. Su posición geográfica le dio una gravitación de tal magnitud que pudo llegar a creer que las provincias estaban obligadas a supeditarsele en todos los terrenos. No es que pretendiera vivir sin el interior, sino que tenía conciencia de que el interior no podía vivir sin ella. No es que creyera perniciosa su vinculación a España, sino que sabía que con o contra ella, no le faltaría actividad a su puerto. El contrabando había sido el comienzo de la integración de las primeras fortunas bonaerenses. La formación del virreinato y las gobernaciones-intendencia dio a Buenos Aires una jerarquía política, que explica el carácter local de los sucesos de Mayo, a lo que la condujo, además, su calidad portuaria -en cualquier momento podían aparecer las velas de las naves de Napoleón-, surgiendo así un movimiento de profundo contenido hispanista, pues en el fondo, estaba hecho por quienes sentían que España tenía un destino particular que cumplir en América, extraño o distinto, pero siempre ajeno a su destino europeo. Es exacta la concepción de Bonifacio del Carril cuando dice que los españoles peninsulares o criollos, “que no concebían sino una España, la España de la Península Ibérica, lucharon contra la revolución”, y agrega: “este fue el punto de divergencia y él produjo la separación de los movimientos revolucionarios de España y de América, creando la guerra por la independencia”. Ese destino es visto por unos, liberales, dentro de determinadas normas extremistas, por otros más dentro de las líneas de la tradición de la libertad política

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que desde la Edad Media integran la personalidad española; y el conflicto estalla. El pueblo, que está con éstos últimos, se alza en Buenos Aires contra las declaraciones afrancesadas de los jóvenes de la “Sociedad Patriótica”, que ya hacen gala de descreimiento religioso, y que, con una visión anecdótica y teatral de la revolución francesa, procuran imitar sus gestos y su simbología para defender, en el fondo, intereses de clase. Porque para estos extremistas, lo más grave que ocurre en el país es que en la Junta de gobierno predominan, por la incorporación de los diputados de las provincias, mayoría de “provincianos”, o sea, está gobernada por los hombres del interior. La revolución del 5 y 6 de Abril de 1811 apoyada por los grupos militares de destacada actuación en los sucesos del 25 de Mayo de 1810, no es sino la primera reacción del pueblo olvidado en todas esas andanzas, que hace sentir su presencia, para defender el viejo estilo de la raza ante las imitaciones de quienes suponían una mayor jerarquía hasta por vestir levitas a la última moda de París. El 5 y 6 de Abril, el bajo pueblo se levanta contra doctrinas de importación, que son las que en aquellos mismos momentos triunfan en las Cortes de Cádiz y conducen al pueblo español a gritar, un día, aquel ¡Vivan la Cadenas! Con que expresó, no su adhesión al absolutismo, como aún suponen muchos historiadores hábiles en tomar el rábano por las hojas, sino el repudio a un liberalismo que, con el pretexto de librar al pueblo de las “cadenas” del pasado, lo sometía a las no menos asfixiantes del presente. El sentido de la ironía del pueblo español dijo en aquel grito la verdad: eran preferibles las cadenas del pasado a las libertades de la Constitución centralista, unitaria y extranjerizante de 1812. Es así como desde el primer momento entran en juego en el proceso argentino tres tendencias, cada una de la cuáles pretende un régimen nuevo, distinto o igual al que existía, según la posición de cada uno. Los primeros son liberales, que con Moreno creen en la monarquía constitucional; los segundos son los tradicionalistas, que admiten la monarquía dentro del concepto de libertad política que, como una de sus mejores tradiciones, América atribuye al reinado de los reyes Católicos; y la tercera es la que quieren que nada se innove, porque cualquier innovación los perjudica. Este último grupo logra su mayor concurso de los funcionarios españoles y americanos. Para evitar las falsas interpretaciones, aclaramos que tradicionalista es, para nosotros, aquel que se ha librado del peso de los hechos históricos y camina hacia el porvenir dentro del estilo que le pertenece, mientras conservador es quien, sobre su sentido de la vida deja pasar los hechos históricos y, por consiguiente, incapaz de desprenderse de ellos, lo es de forjar un porvenir. El auténtico

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tradicionalista es hombre de progreso, como lo demuestra el pueblo inglés, tradicionalista hasta llegar al límite de lo grotesco. Agreguemos que también en España nos encontramos con la puja de las tres tendencias que hemos indicado. Es evidente que el levantamiento de España de 1808 se hizo, tal como lo expresara el manifiesto de la Junta de Austrias: para “conservación de la monarquía y defensa de la patria”. Es decir, el mismo motivo que invoca la Junta de Buenos Aires y la Junta de Caracas. Pero se trata de la monarquía de Fernando VII, o sea, de aquella que ha despertado en el pueblo español la sensación de legitimidad tradicional, de repudio a su antecesor Carlos IV. Cualquiera que sea la opinión que hoy en día merezca Fernando VII, el historiador debe tener en cuenta lo que de él pensaban los contemporáneos. Sabido es que las Juntas provinciales españolas fueron a centralizarse en la Junta central, la cual tuvo que hacerse eco del sentir popular en cuanto a la necesidad de convocar en Cortes. Como se ve, el proceso sigue siendo igual al de Mayo en Buenos Aires. El bailío Antonio Valdés, una especie de Mariano Moreno, estuvo a punto de arrastrar a la Junta Central hacia un reformismo de tipo radical. “Salvo la religión católica y la conservación de la corona en las sienes de Fernando VII -habría dicho-, no deberían dejar aquellas (las Cortes) institución alguna ni ramo sin reformar, por estar todos viciados y corrompidos”. Así como ocurrió en Buenos Aires ocurrió en Cádiz una reacción, “conceptuando que sus expresiones eran harto libres y aún peligrosas en las circunstancias”. Fue don Gaspar Melchor de Jovellanos la voz de la tradición, la que interpretó el verdadero sentir popular, quien expresó que había que conservar “la esencia de la monarquía”, exponiendo las nuevas Cortes estamentales sin variación alguna, pues la concurrencia en ella de los tres brazos, le habría dado siempre el valor inmutable de la única y auténtica representación nacional. La presencia de la nobleza y el clero, aparte de “ser esencial en nuestra constitución” –dijo-, servía tanto para contener los excesos del poder supremo contra la libertad del pueblo, como “la licencia popular contra los legítimos derechos del soberano”. La representación indistinta del pueblo parecía a Jovellanos peligrosa, y el ejemplo reciente de los días de “terror” en Francia le daba la razón. Restauradas las Cortes, debían, como en sus buenos tiempos, tratar las medidas de mayor urgencia. Se declaró enemigo de que “so pretexto de reformas, traten de alterar la esencia de la Constitución española”. La Junta Suprema debía limitarse a proclamar que la nación había recobrado el viejo derecho a ser convocada a Cortes, como en los tiempos de Juan II, entendiendo como nación al clero, a la nobleza y a la saliente burguesía. Y la

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verdad es que, tanto en la metrópoli como en las provincias ultramarinas, no existía una clase burguesa lo suficientemente formada para ir a embicar en las formas de parlamentarismo posterior y que, en tal sentido, todos los parlamentos que existían en el mundo respondían, en su composición, a un sentido clasicista absoluto. Las cortes, tal como las pedía Jovellanos, o sea, de acuerdo a las normas de la secular tradición española, eran mucho más democráticas que el Parlamento inglés o norteamericano, en los que dominaban los comerciantes y los aristócratas. Julio González, que aportó a este proceso histórico una valiosa documentación, que merecía una más acertada visión de los mismos, que la que ofrece, así como de la época que estudiaba, dice que “con la cristalización de esta doctrina restauradora en el decreto de 22 de Mayo de 1809, quedó momentáneamente empantanada la revolución española”. No comprendió la profunda verdad de las palabras introductoras de aquel decreto, cuando dice que los males que España sufre “han nacido únicamente de haber caído en olvido aquellas saludables instituciones, que en tiempos más felices hicieron la prosperidad y la fuerza del estado”. Era el aguzado sentido de la libertad política de la Edad Media, que subsistía en España, porque en ella no se habían dado las condiciones de la crisis religiosa ni la liberación de las normas económicas que era necesario para olvidarlas, bajo la ilusión de nuevas doctrinas. El decreto de referencia, en su art. 1º dice: “Que se establezca la representación legal y conocida de la monarquía en sus antiguas Cortes, convocándose las primeras en todo el año próximo, o antes si las circunstancias lo permitieran”. Una comisión especial, prevista por el art 2º, proyectaría la organización de la asamblea y los asuntos a tratar, a fin de proponerlos como plan de trabajo o cuestionario. Este último se limita a los siguientes puntos: “medios para sostener la guerra contra el francés invasor; MEDIOS DE ASEGURAR LA OBSERVANCIA DE LAS LEYES FUNDAMENTALES DEL REINO; medio de suprimir LOS ABUSOS introducidos en la legislación; cuestiones fiscales y rentísticas; cuestiones de instrucción pública; medio de sostener un ejército y una marina permanentes; parte que deben tener las Américas en Juntas de Cortes” (art. 3º). Afirmar que estas disposiciones respondían a mentalidades reaccionarias, es una muestra de ignorancia en materia de ideas políticas. Se desvanecían, es verdad, las perspectivas de reorganizar a España bajo las normas del sistema representativo inglés, pero se necesita una enorme dosis de ingenuidad para afirmar que tal sistema es un progreso o representa a la democracia mejor que otros. El propio Julio V. González, que hace esta última afirmación, contradice a

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Enrique del Valle Iberlucea, quien al reseñar la obra de las Cortes de Cádiz dice que, a los fines de crear las condiciones para implantar el régimen representativo, declaró terminados los señoríos. En efecto, en 1809, no existen en España las condiciones económicas, sociales y espirituales capaces de imponer el sistema inglés o el norteamericano, sin que se tratara -como los hechos posteriores hasta nuestros días lo han demostrado de manera concluyente- de un plagio extraño al sujeto que se tomaba como conejito de India para la experiencia de la ideología liberal. Nadie advierte lo que el sistema parlamentario británico tiene de reaccionario, de expresión de intereses de clase. Nadie advierte en el propio sistema constitucional norteamericano, que comienza a despertar interés en los círculos ilustrados de hispanoamérica, lo que tiene como expresión de ideas reaccionarias. Ni Burke, en Inglaterra, como ni Madison ni Hamilton, en los Estados Unidos, tienen fe en el pueblo; su ideal es un estado regido por la aristocracia territorial, que asegure el sistema de propiedad y el respeto de la organización eclesiástica oficial. Los liberales americanos creen que Paine representaba los ideales ingleses, pero es lo cierto que el repudio que provocaban en la islas los sucesores de Francia llega a tal punto, que Inglaterra se transforma en cabecilla de la lucha de la idea republicana, tendencia contra la cual, en la primera mitad del siglo XIX, se inicia la escuela utilitarista, con Bentham a la cabeza; pensador que llegó a tener estrechas relaciones con Bernardino Rivadavia, lo que explica el cambio de orientaciones que éste revela en su actuación en el llamado “Triunvirato” y la posterior como ministro de Martín Rodríguez. Estos acontecimientos, anteriores a los pronunciamientos de Buenos Aires y Caracas, se reflejaron en la Junta de Mayo, en las posiciones adoptadas por Saavedra y Moreno. Caída la Junta Suprema, correspondió al Consejo de Regencia la labor de organizar las Cortes, y de acuerdo al decreto de 22 de Enero de 1809, reconociendo a las provincias de ultramar como partes integrantes de la nación. Por Real Orden del 9 de Octubre del mismo año se establecieron las condiciones de elección de sus diputados al Congreso de Cádiz. Las disposiciones de esta resolución fueron adoptadas, posteriormente, por la Junta argentina para la elección de Diputados al Congreso a que había convocado. Se establecían los siguientes requisitos: ser “natural de la provincia que lo envíe” o “avecindado y arraigado en ella” si es “americano de nacimiento”; no estar desempeñando ningún cargo público de importancia y no ser deudor del fisco. En la elección debían intervenir todos los cabildos, pertenecieran o no a ciudades cabeza de

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partido. La terna de la capital se debía constituir mediante una Junta con los oidores de la Audiencia, dos canónigos designados por el cabildo eclesiástico, dos regidores del cabildo secular y dos vecinos nombrados por éste. No asoma un derecho de representación popular en la franquicia que se otorgaba a las provincias americanas, dice Julio V. González, pero aquel acto, agrega, conserva su mérito cuando se lo relaciona con la jerarquía “política adquirida por la Colonia, convertida en provincia de la nación”. Reconoce que el sistema era, en substancia, una reposición de arcaicas instituciones castellanas o leonesas, con las cuales la burguesía de las ciudades, con sus procuradores de Cortes, y no el pueblo, se había defendido de la arbitrariedad de los monarcas. No se puede en menos espacio acumular mayor cantidad de errores históricos. Ante todo, el decreto del 22 de Enero de 1809 reconociendo la personalidad política de América era fruto de la ignorancia de que, antes del absolutismo Borbónico, nunca se consideró a América como “colonia”. Nunca el americano se estimó en inferioridad de condiciones que el peninsular. Las viejas instituciones no fueron de privilegios para la burguesía, porque ésta, como clase social, es posterior a ellas. Y, finalmente, no fueron los municipios organismos que actuaron contra los abusos de los monarcas, sino aliados a los monarcas contra los abusos de la nobleza. El sistema eleccionario correspondía a lo que entonces se entiende por pueblo, y constituye un acto democrático, mucho más avanzado que el que se practicaba en la época en muchos países de Europa. Como dice Argüelles, citado por González, “España había conservado y estaba en vigencia en aquella época, un cuerpo de doctrina propia, indígena y municipal que sobrevivió en sus anales y en sus leyes a todas sus usurpaciones hechas desde Carlos I. Esta doctrina es la que designa a la nación como fuente y origen del poder soberano…” Lo que ocurre, eso sí, es mientras en el pasado el pueblo no creía que la defensa de sus intereses residiera en las instituciones, sino en las ideas religiosas del soberano y sus conceptos sobre el derecho natural, que lo salvaguardaban de sus abusos, en 1809 el sistema, aceptado por los liberales, servía a los fines de seleccionar los diputados para que la mayoría respondiera a los intereses de la burguesía naciente. Porque ningún liberal de entonces cree en el sufragio universal, como parecen suponer algunos creían los próceres de Mayo. Fue así como las Cortes de Cádiz, al no ser organizadas como Jovellanos lo había pedido, en base a estamentos, resultó un cuerpo tan extraño a la realidad española, que sumió al país en la inestabilidad política que lo ha aquejado hasta nuestro días; así como en América, la no aplicación de normas semejantes, en su espíritu, se tradujo en guerras civiles y

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luchas internas que retrazaron la organización argentina hasta 1880, cuando se terminó, más por cansancio que por convencimiento, aceptando un régimen que nunca le vino de medida a la nación En Buenos Aires, los elementos tradicionalistas quieren la incorporación de la Junta de los diputados elegidos por los Cabildos del interior; los liberales, como Moreno, a la cabeza, quieren un congreso para que dicte una Constitución al monarca; los absolutistas no actúan, esperan. Cuando las fuerzas militares y el pueblo bajo de Buenos Aires comienzan a advertir que la revolución llevada por los “morenistas” tiende a crear un régimen que se caracteriza por su imitación de lo francés en la terminología partidaria, en la simbología y en las expresiones de desprecio del pasado, sobre todo de la religión, se levanta e impone el triunfo de la fracción tradicionalista, que es la verdadera autora del pronunciamiento de Mayo. Es una lucha en la que triunfa, finalmente, la fracción liberal, al desembocar en la Asamblea Constituyente de 1813, reedición porteña de la Corte de Cádiz, que termina en fracaso. Con fecha 22 de Octubre de 1811, la Junta Conservadora, o sea, la Junta nombrada en Mayo de 1810 en el Cabildo del interior, previa la eliminación de los “morenistas”, cuyo jefe, según carta de Saavedra, quería repetir entre nosotros los actos de Robespierre, hace su propio reglamento y lo afirma en doctrinas de esencia española, a pesar de Carlos Sánchez Viamonte, quien, en su libro “HISTORIA INSTITUCIONAL DE ARGENTINA”, parece creer que el “pacto social” es doctrina propia de la Revolución francesa, pues al comentar una frase de los fundamentos de ese Reglamento, que dice: “Una nación o un Estado es un personaje moral, procedente de una asociación de hombres que buscan su seguridad a fuerzas reunidas”, destaca que es la teoría del contrato social de Rousseau. ¿No le hubiera parecido más dentro de la lógica histórica decir que la frase destacaba la definición del estado que P. Francisco de Vitoria hace en su “DE IURE BELLI”? ¿Estaría pensando en la Revolución francesa el P. Francisco de Vitoria, dos siglos antes que se produjera, cuando en “DE INDIS” escribió “los jefes (indios) no pueden establecer un nuevo príncipe sin el consentimiento del pueblo “? ¡Lapsus a los que se exponen quienes creen que lo democrático nació en 1789 en Francia o, un poco antes en Inglaterra! La Junta Conservadora Argentina sienta en los considerados de referencia su razón de ser y lo hace en base a principios fundamentales del derecho político español, consagrados por su legislación foral, como lo reconoce, sin valorar su contenido democrático, el citado autor.

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Entre otras cosas dice el referido documento: “Después que por ausencia y prisión de Fernando VII quedó el estado en una orfandad política. RESUMIERON LOS PUEBLOS EL PODER SOBERANO . Aunque es cierto que la Nación había transmitido en los reyes ese poder, pero siempre fue con la calidad de reversible, no en el caso de una deficiencia total, sino también en la momentánea y parcial. Los hombres tienen ciertos derechos que no les es permitido abandonar. (Comentando esta frase Sánchez Viamonte dice: “con esto se agrega o se yuxtapone el derecho natural y la afirmación de los derechos del hombre y del ciudadano inherente a la personalidad humana y proclamados en la declaraciones de los Estados Unidos y Francia; derechos inalienables e imprescriptibles”. Como es notorio, el derecho natural tenía vigencia antes que existieran los Estados Unidos y la persona humana fue defendida por los Padres de la Iglesia aún antes de que existiera Francia) “nadie ignora -continúa diciendo el documento-, que en las ocasiones que el magistrado no puede venir en su socorro, se halla cualquiera revestido de su poder para procurarse todo aquello que conviene a su conservación. Una nación o un Estado es un personaje moral, procedente de una asociación de hombres que busca su seguridad a fuerzas reunidas. Por la misma razón que esa multitud forma una sociedad, la cual tiene sus intereses comunes, y que debe obrar de concierto, ha sido necesario, que en la orfandad política en que se hallaba la nuestra, estableciese una autoridad pública, de cuya inspección fuese ordenar y dirigir lo que cada cual debiese obrar relativamente al fin de la asociación. Claro está por estos principios de eterna verdad, que para que una autoridad de nuestra confederación política sea legítima, debe nacer del seno de ellas mismas y ser una obra de sus propias manos. Así lo comprendieron estas propias ciudades, cuando revalidando por un acto de rehabilitación táctica el gobierno establecido en esta capital, mandaron a sus diputados para que tomasen aquella porción de autoridad que les correspondía como miembros de la asociación”. De esos argumentos se hace emanar la autoridad de la Junta Conservadora, al dictar el “Reglamento”, hasta la resolución del Congreso. El Congreso que se va a reunir tiene un carácter constituyente, dicen los historiadores liberales con singular alborozo. Exactamente igual, decimos, a lo que ocurría en España, porque lo que quedaba muerto después de estas jornadas era el absolutismo, y en eso coincidían tradicionalistas y liberales. Nada más típicamente español que la integración de la Junta con representantes de las ciudades, novedad que España fue el primer estado que lo adoptó, figurando, por primera vez, en las Cortes de León del año 1188, y

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adoptado, en 1808, al formarse la Junta Suprema. 4.- “RIVADAVIA EN EL “TRIUNVIRATO”. A pesar de los panegíricos que llenan las biografías de Bernardino Rivadavia, es lo cierto que el estudio de su vida demuestra que quien mejor lo definió fue Mariano Moreno, cuando dijo: “que afecta ser grande en todas las carreras, cuando en ninguna de ellas ha dado hasta hora el primer paso”. Durante la segunda invasión inglesa entró a formar parte del regimiento de “gallegos”, lo que denuncia sus desvinculaciones de los círculos de naturales, y por sus antecedentes familiares debe considerarse un hombre que fluctúa entre el absolutismo y el tradicionalismo. Actúa en el CABILDO ABIERTO del 22 de Mayo y su voto es igual al de Moreno, lo que no quiere decir nada, a pesar de los comentaristas que han tratado de interpretar los votos, con vistas a presuntas conspiraciones independizadoras. No actúa el 25 de Mayo, ni se sabe nada de él, fuera de sus relaciones con el indeseable Pio White, y sus desventuras de armador sin suerte. Casado con una hija del ex virrey del Pino, sus mayores vinculaciones son con la sociedad de españoles peninsulares. No hay detalles que permitan ubicarlo políticamente. Su amistad con Liniers y la presencia de Moreno en la Junta no son buenas circunstancias para él. El 20 de Enero de 1811, la Junta crea la “Comisión de Seguridad Pública, para vigilar, hurgar e inquirir la conducta de los que formen congregaciones nocturnas o secretas”; cuyo fin se declaró “desafortunados todos los individuos de clases privilegiadas sin exceptuarse la eclesiástica, secular y regular, tanto para indagar y pesquisar, su conducta, como también los medios que se puedan preparar, o influir la pesquisa…” El 19 de Julio, la “Comisión de Seguridad Pública”, con las firmas de Atanasio Gutiérrez y Juan B. Bustos, elevaba el siguiente oficio. “…a virtud de los informes que tiene sobre la conducta hacia nuestra causa de D. Bernardino Rivadavia, de su positiva oposición a nuestro sistema de gobierno, sobre las desconfianzas que presenta la calidad de ser co-hermano político de Juan Ángel Michelena; ha dispuesto salga de esta ciudad inmediatamente para la Guardia del Salto, y lo comunicamos a V. E. para su superior aprobación”. El 2 de Agosto el gobierno determinaba “informada esta Junta de la justas consideraciones que han influido para la resolución de V. E. que salga inmediatamente de esta capital para la Guardia del Salto D. Bernardino Rivadavia, tanto por su positiva oposición a nuestro sistema de

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gobierno, cuanto por las desconfianzas que presenta las circunstancias de ser cohermano político de Juan Ángel Michelena, ha venido en aprobarla y la comunica a V. E. en aprobación”. Juan Ángel Michelena, jefe naval, era uno de los enemigos más tenaces de la Junta y, por orden del virrey Elio, el 19 de Julio bombardeó a Buenos Aires. Cabe suponer que la acusación contra Rivadavia, por su parentesco con Michelena, sea un argumento político tomado para desprestigiarlo, pero si tal cosa fuera verdad no lo sería por ser amigo de la situación. Muchos historiadores han dejado suponer que el movimiento de oposición que se hace en la Junta Grande es una continuación del que los jóvenes de la “Sociedad patriótica” llevaron contra el “saavedrismo”. Pero no hay tal cosa. La “Sociedad patriótica” había sido disuelta. Y entre los elementos que actuaban en la oposición, predominaban los de la tendencia conservadora. Buenos Aires no veía con buenos ojos la presencia de tanto provinciano en el gobierno, y en el cabildo se había asentado el poder de la oligarquía local, la cual, mediante un golpe de estado, eliminó de la Junta al Dr. Julián Campana, auténtico representante del sentido tradicional de la democracia hispana, y constituyó un Poder Ejecutivo de tres miembros. La Junta se transformó en “Junta Conservadora”. El nuevo ejecutivo es integrado por D. Feliciano Chiclana, que nada tenía que ver con los que lo elegían, D. Manuel Sarratea y el D. Juan José Paso. Sarratea era netamente españolista y Juan José Paso, como lo demostró durante toda su vida, no fue sino un hábil camaleón que sirvió a todas las situaciones, no comprometiéndose con ninguna. Secretarios de este Ejecutivo fueron designados: Bernardino Rivadavia, de guerra; José Julián Pérez, de gobierno, y D. Vicente López, de hacienda. La acusación de connivencia de Rivadavia con Michelena ha sido rechazada sin análisis. Los hechos, sin embargo, dejan campo para que el asunto sea estudiado a fondo. Lo cierto es que este ejecutivo, que ha pasado a la historia con el círculo caprichoso de “Primer Triunvirato”, trató de acaparar al gobierno. La “Junta Conservadora” redactó el “Reglamento” con que debía regirse, estableciendo la división de los tres poderes, ensayo constitucional interesante en que los miembros del flamante Ejecutivo sólo vieron las disposiciones que les cercenaban atribuciones y poderes. Al parecer, por consejo de Rivadavia, el “Triunvirato” envió el “Reglamento” al Cabildo, que nada tenía que hacer con él, desde que estaba hecho por los diputados del país y se trataba de gobernar a la nación y no a la ciudad de Buenos Aires, por lo cual la Junta se lanzó herida, pasando una enérgica nota al flamante ejecutivo. El Cabildo rechaza el

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“reglamento” y el golpe centralizador, preparado por la oligarquía mercantil porteña, triunfa. Rivadavia es el gestor de esta operación. Ricardo Levene lo reconoce diciendo: “El alma del Triunvirato, Bernardino Rivadavia, hizo rechazar el reglamento por una asamblea local, como se ha visto, inadmisible políticamente por su constitución y origen…” Y no es todo. Redacta el úkase por lo cual se dan por terminados los oficios de la Junta, declarando a los diputados de las provincias que habían entrado a formar parte de ella, simples apoderados de sus pueblos, procediéndose, de inmediato a la supresión de “…las voces distintivas de Legislativo y Ejecutivo, dando el único título de EL GOBIERNO SUPERIOR PROVISIONAL DE LAS PROVINCIAS UNIDAS DEL RIO DE LA PLATA A NOMBRE DEL SEÑOR DON FERNANDO VII…”; quedando así implantado un gobierno de fuerza, de tipo absolutista, con el objeto de “reverdecer y fructificar el árbol de la libertad civil de esta América”. Adviértase que con este golpe fueron eliminados todos los hombres que habían actuado en los sucesos de Mayo de 1810. Sin detenerse en sus avances, el Ejecutivo, por sí y ante sí, dicta el “Estatuto provisional del Gobierno superior… etc.”, “hasta tanto que las provincias reunidas en Congreso de sus diputados establezcan una Constitución permanente”. Pero mientras tienen lugar estos sucesos políticos en Buenos Aires, el “Triunvirato” negocia con el virrey Elio, que se encuentra citado por Artigas, encerrado en Montevideo. ¿No sirvió para ello el parentesco de Rivadavia con Michelena? Lo cierto es que el 21 de Octubre de 1811 el “Triunvirato” ratificaba un revelador tratado de pacificación, en el que decía: “Persuadido firmemente el gobierno de Buenos Aires de la justicia y necesidad de auxiliar, y sostener a la madre patria en la santa guerra que con tanto tesón, y gloria hace al usurpador de la Europa, conviene gustosísimo en procurar remitir a España a la mayor brevedad todos los socorros pecuniarios que permita el presente estado de las rentas, y los que puedan recogerse de la franqueza, y la generosidad de los habitantes, a que el gobierno propenderá con las más eficaces providencias e insinuaciones…” El “Triunvirato”, que el 14 de Octubre había celebrado una misa con motivo del aniversario del nacimiento de Fernando VII, el 20, con el citado Tratado, reconocía a Elio como virrey, renunciando de esa manera al argumento básico con que los hombres de Mayo habían realizado el pronunciamiento del 22 y rechazado luego la designación de Elio como virrey del Río de la Plata. Nada tiene de extraño; por consiguiente, que el “Triunvirato” ordenara, en febrero de 1812, a Belgrano, que ocultara la bandera que había creado y hecho jurar con las barrancas del Rosario. ¡Era bastante, como distintivo, una simple escarapela! En el tratado con Elio,

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después del reconocimiento pleno de Fernando VII, así como el de la unidad invisible de la nación española, se aceptaba aplazar hasta la reunión de un congreso general de las provincias del antiguo virreinato del Río de la Plata, el reconocimiento de las Cortes de Cádiz. Dice francisco Bauzá: “No tuvo límites el desconsuelo de los uruguayos en presencia del ardid de que habían sido víctimas, y sus protestas se oyeron en todas partes, pero sin fruto… Del punto de vista político el Tratado era un perjurio que debían repugnar y repugnaron la masa popular sublevada de buena fe contra el gobierno metropolitano, mientras que producía, como acto militar, el fracaso de la victoria en el momento designado para obtenerla”. Tuvo lugar entonces el rito de Artigas, quien en carta a Mariano Vega, le dice: “El gobierno de Buenos Aires abandona esta banda a su opresor antiguo; pero ella enarbola a mis órdenes el estandarte conservador de la libertad; síganme cuantos gusten, bajo la suposición que jamás cederé”. Y las masas lo siguieron en la grandiosa gesta que ha pasado a la historia bajo el título de “éxodo del pueblo oriental”. Tales disposiciones se completaron con la reforma del ejército, dejando “sin ocupación efectiva a algunos militares”, en momentos que más necesario eran, si es que realmente se debía luchar por la independencia. Prodújose la sublevación del regimiento de Patricios, que fue violentamente reprimida. “El gobierno sabrá demostrar la raya hasta donde deben tocar sus principios liberales”, expresó Rivadavia, quien, enterado que los sublevados “se amparan y disculpan… sobre el pretexto de constituir la soberanía la Junta Conservadora”, determinó, el 16 de Diciembre, la “salida dentro de las 24 horas a sus respectivas provincias” de Diputados de los pueblos. La centralización justa del poder quedaba consumada, dice Ricardo Piccirilli, panegirista de Rivadavia. Pero no bastaba. En Enero de 1812 se ordenaba la disolución de las JUNTAS PROVINCIALES, a la par que se les daban facilidades a los mozos de la “Sociedad Patriótica”, que había comenzado a renacer. “El Censor”, del 3 de Marzo decía: “Una general apatía, e indolencia es la que se nota cada día, y el interés verdadero se confía tal vez a la perfidia”. Fue procesado su director, Pazos Silva. Piccirilli: “Cuando el juicio infructuoso alcanzó a EL CENSOR, el Triunvirato había avanzado excesivamente en el camino del absolutismo: Monteagudo, desde la “GACETA”, había señalado esta desviación, y Pazos Silva, con atisbos conservadores, había tratado más vale de explicarla; pero después del hecho ocurrido en su periódico, cambió de frente”, y agrega: “¿Podía pasarle inadvertido el hecho a don Bernardino? No tal. Había disuelto una Junta, conjurando un cuartelazo, fiscalizado el pensamiento de una sociedad, por lo tanto,

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esta comidilla de gacetilleros ofrecía la débil resistencia de un plumazo que ni siquiera llevaba su firma. Pronto aparecerá otra: la de don Nicolás de Herrera”. ¿Quién era ese hombre para figurar junto a Rivadavia, entre los secretarios de la Junta? Era a quien detuvo al coronel Murguiondo en Montevideo, cuando quiso levantarse a fin de reconocer la Junta de Buenos Aires. Se encontraba en Buenos Aires y formaba parte del gobierno, porque se trataba de un gobierno visiblemente inspirado en el propósito de volver máquina atrás. Lógicamente, lo primero que Rivadavia y Herrera tenían que hacer era suprimir la libertad de imprenta, y es así como el 25 de Marzo, con la firma de ambos se determinaba: “Creyendo el gobierno que es una de sus primeras obligaciones evitar el extravío de la opinión, y sofocar el espíritu de partido que por efecto de una malentendida rivalidad fomentaban los periódicos publicados en esta capital, con evidente riesgo de los intereses de la patria, ha determinado suprimir las gratificaciones que se habían asignado a los redactores, y dar a luz una gaceta ministerial que, instruyendo a los ciudadanos de la verdadera situación política del estado en todas sus relaciones interiores y exteriores, sirva de centro al espíritu público. A este fin acordó pasar a los editores la orden siguiente. El gobierno ha determinado con fecha de hoy suspender la edición de los periódicos semanales que corrían a cargo de vmds…, y que por cuenta del estado solo se imprima una en cada ocho días, que se intitule ministerial…” Para que se valore esta actitud de Rivadavia es preciso tener en cuenta que en aquellos días Monteagudo piensa en la independencia. No admite un régimen de libertad política bajo la corona de Fernando VII, que independice al país del gobierno de la metrópoli, es cierto, pero no de la corona, creando una especie de sistema federalista dentro del imperio o un imperio del tipo de la “Comunidad británica de naciones” -que es a lo que entonces aspira como máxima postura revolucionaria el sector más liberal-, de manera que las minorías pudientes y aristocráticas del Nuevo Mundo pudieran tomar a su cargo las riendas del gobierno. Monteagudo quiere la independencia total, y así lo dice en “La Gaceta”, al comentar el decreto del 25 de Enero de 1812 por el cual el “Gobierno Superior Provisional de la Provincias Unidas del Río de la Plata a nombre del señor Fernando VII”, otorgó carta de ciudadanía al súbdito inglés don Diego Winton. Monteagudo publicó el decreto, acotándolo con las siguientes frases: “¡qué cosa más extraña dar título de ciudadano a nombre del Rey! ¡Oh máscara tan inútil como odiosa a los hombres libres!”. Suspendida “La Gaceta” por esta causa, el 25 de marzo de 1812 Monteagudo

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inició la publicación de “MARTIR O LIBRE”, en el que dijo que “sería un insulto a la dignidad del pueblo americano el probar que debemos ser independientes; este es un principio sancionado por la naturaleza y reconocido solamente por el gran consejo de las naciones imparciales. El único problema que ahora se ventila es si convenga declararnos independientemente, es decir, si convenga declarar que estamos en la justa posesión de nuestro derecho” No terminan aquí las sorpresas que nos depara Rivadavia. Alberto Palcos, que en su libro “La visión de Rivadavia” se las compone para que el cierre de periódicos por su prócer constituya “los comienzos de la libertad de imprenta en Argentina”. Dice que, en 1812, el canónigo Chorroarín, Director de la Biblioteca Pública, recibió el encargo de revisar doce cajones de libros llegados de Europa para don Manuel Aniceto Padilla, y agrega: “El buen fraile aparta a los autores prohibidos por la Inquisición, entre ellos a Rousseau, Voltaire, Montesquieu, Mably, Raynal y a otros como Montage y La Bruyere. Al repasar la lista, Rivadavia hubo de sonreír…” Cómo ha encontrado Palcos documentada esa sonrisa es difícil de saber, aunque más fácil es comprobar la forma dolorosa como se presenta el episodio, ya que la realidad es que Rivadavia ordenó a Chorroarin, por oficio del 4 de marzo que pasase por la aduana “e investigase las obras prohibidas que se hallasen” en los citados cajones. Chorroarín cumplió con su cometido e informó que los libros prohibidos eran los “que contiene la nota adjunta”, agregando: “todos ellos quedan fuera de los cajones, y del Almacén, guardados en la Alcaldía de la Aduana, a cargo del Alcalde don Martín Cabello; quien los custodia hasta que la Excma. Junta disponga de ellos y ordene lo que deba hacer”. Por otra parte, se necesita ingenuidad o mala fe para creer que, en materia de libros, Rivadavia tenía más manga ancha que Chorroarín. ¡O que a Chorroarín lo iba a asustar a Montesquieu, Rousseau o Voltaire! Lo efectivo de este episodio es que Rivadavia es quien quiere evitar la entrada de libros prohibidos al país. ¿Qué tiene ello de extraño? El 11 de Marzo de 1812, el Cabildo, que actuaba en franca solidaridad de propósitos con el “Triunvirato, puesto a su vera como una maravillosa caja de resonancia”, dice Piccirilli, hacía que el viejo régimen español, el del absolutismo, volviera a imperar, poniendo en vigencia, con leves modificaciones, la “Real Ordenanza de Intendencia”, de 1782, para quebrar el autonomismo recién nacido con las juntas provinciales que se habían establecido. El 13 de Enero era designado gobernador-intendente de Buenos Aires, don Manuel de Azcuénaga. El “Triunvirato” tenía el compromiso de citar al Congreso, el 19 de Febrero de 1812 dio a conocer el “Regimiento que da forma a la Asamblea”, que llevaba con la

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de los “triunviros”, la firma de Rivadavia. Comenzaba diciendo: “El ayuntamiento de esta capital, los apoderados de las ciudades de las Provincias Unidas y cien ciudadanos, compondrán la asamblea, El ayuntamiento será su Presidente”. El artículo remata la obra: “Los ciudadanos se elegirán de los de esta capital y de los otros pueblos de las Provincias que se hallaran aquí, aunque sea de paso”. Se trataba de preparar una farsa con mayoría abrumadora de los intereses de la ciudad capital, y así fue como se procedió a una elección que fue verdadera befa para los pueblos del interior. Con todo, la Asamblea logra reunirse, y en su primera sesión resuelve que, “habiendo tratado… sobre el carácter que reviste, ha sancionado que le corresponde la autoridad Suprema sobre toda otra constituida en la Provincias del Río de la Plata”; lo que es comunicado al “Triunvirato”, representado entonces por Rivadavia, a quien la Asamblea no designa para ocupar ninguna de las vacantes de titulares que existen. El mismo día 6, y esta vez solo autorizada la firma de Rivadavia por la de Herrera, se dice: “Siendo nula, ilegal y atentadora contra los derechos soberanos de los pueblos, contra la autoridad de este gobierno, y contra el Estatuto Constitucional jurado, reconocido y sancionado por la voluntad de las Provincias Unidas, la atribución de la Autoridad Suprema que se ha abrogado indebidamente, y por si misma la asamblea, comprometiendo de un modo criminal los intereses sagrados de la Patria, ha determinado este gobierno en virtud de sus altas facultades (¿quién se las había otorgado?), y para evitar las consecuencias de tan extraño atentado, disolver como disuelve a la Asamblea, sin prejuicio de tomar las providencias y suspender a V. E. de las funciones de su autoridad ordinaria…” Y no conforme, resuelve, además, “suspender al Excmo. Cabildo de sus funciones particulares hasta nueva providencia, dejando por ahora algunos Alcaldes en el libro ejercicio de sus jurisdicciones”… ¡Lo que no habían podido, ni se habían atrevido, los gobernadores y virreyes del período hispano, lo hacía el absolutista Rivadavia! Poco después tiene lugar el juicio, la condena y ejecución de Alzaga, su enemigo de 1809, en un proceso no aclarado aún. El 8 de Octubre de 1812 el Regimiento de Granaderos a Caballo, al mando de San Martín y Alvear, junto con otras tropas, mientras Bernardo Monteagudo agita al pueblo, dan fin al gobierno del llamado “Primer Triunvirato” que actuó permanentemente bajo la inspiración de Rivadavia. Ahora bien ¿Cómo es posible que se siga considerando “el más grande hombre civil de la tierra de los argentinos” a este Rivadavia, absolutista, que reconoce a Elio, que termina con la libertad de prensa y con el derecho de los pueblos?.

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La glorificación de Rivadavia, campeón del extranjerismo, contrario a los guerreros de la independencia y coleccionista de fracasos, no tiene más causa que la reforma religiosa, que realizó años más tarde. Dice Ricardo Rojas, en su obra “LA ARGENTINIDAD”: “Rivadavia creó en 1811, a un año apenas del Cabildo de Mayo, la prepotencia armada del ejecutivo sobre el congreso, de las fuerzas sobre la liberación; del despotismo sobre la libertad; quiso mantener la de Buenos Aires sobre la nación como en las épocas virreinales, y al expulsar violentamente a los diputados, que el pueblo de Moreno (sic) llamó en 1810 para fundar la república (sic), hizo languidecer en las provincias su fe en la generosa capital que el propio Rivadavia habría de ofrecerles varios años después”. Al pintar a este complejo personaje, agrega Ricardo Rojas: “No brilló en el cabildo de Mayo. Iníciase en el primer Triunvirato, expulsando a los diputados, desconociendo la Constitución, creando la prepotencia militar”. En el segundo Triunvirato, domina la conjuración de Alzaga -acción marcial a lo Castelli-, pero se opone a la creación de la bandera: él ordena a Belgrano el deshacerla. Después de 1812, se nos presenta en vergonzosos viajes por Europa el Rivadavia monárquico, nada clarividente ni simpático. Más tarde asoma el unitario, ministro de loables iniciativas civiles o presidente que no encaja EN LA SIMPATIA POPULAR y que no conocía las provincias. Es en esta última fase en la cual se ha pretendido ver al hombre definitivo; mas adviértase que estaba entonces a tres lustros de la Revolución; el Congreso de Tucumán había pasado, San Martín y Bolívar habían consumado su obra. Pero aun así, quiero detenerme en el unitario, personaje algo anárquico, y un tanto desarraigado o exótico. Sin duda por esto se ha dicho que era un estadista a la europea y un precursor en su tiempo. Sus iniciativas de cultura y administración fueron plausibles, pero hubieran podido ser de un ministro de Carlos III, las de un discípulo español de Jovellanos o Floridablanca, las de un virrey ilustre como Vértiz, A CUYA CLASE DE HOMBRES PERTENECIA. Estadista excelente para administrar un país ya constituido, mostrándose pésimo político cuando trató de constituirlo. El fracaso de su sistema pruébanos que no fue precursor. Las provincias y el genuino carácter porteño lo rechazaron, precisamente por lo que había en él de exótico y forastero. Fundador, en 1811, de los ejecutivos “fuertes” y agresor del primer congreso federal, Rivadavia, en mi opinión, desencadenó las euménides americanas que, en 1826, lo sacrificaron. Dimitió desdeñoso; alejóse del país altanero; renegó de los argentinos. Discurría con vaguedad; escribía con incorrección; su estilo es presuntuoso, hueco y oscuro”. Después de todo esto, Rojas cede a las mentiras

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aceptadas y lo llaman un gran patriota, a pesar de todo. ¿Patriota? El propio Rojas comenta páginas más adelante: “No fue el origen de nuestra guerra civil una disputa ciega de provincianos apasionados contra porteños, ni de plebes incultas contra caballeros, ni de campañas desiertas contra ciudades. Fue el antagonismo entre los que deseaban conservar en beneficio propio una parte del viejo régimen, y los que no querían conservarlo”. Y remarca “algo del régimen español, aristocrático, centralizador, autoritario y legista, resucitaba en la tendencia que se llamó unitaria”. Y Rojas, a este “gran patriota”, lo acusa de ser el iniciador del unitarismo, del despotismo y del terror con que “se substituía a los pueblos y a la asamblea de sus diputados”, que suprimía todo debate, “considerándose, él sólo salvador de la patria”. Tanto que, en 1822, abandonó a San Martín, burlándose de sus demandas de auxilio para terminar la campaña del Perú. El juicio de Mariano Moreno definió perfectamente a este campeón de fracasos, cuya lápida escribió el General San Martín, en carta a O’Higgins, de 20 de Octubre de 1827, al darle cuenta de su caída -diciendo que le había hecho una guerra de zapa, atribuyéndole propósitos cesaristas-, con las siguientes palabras: “yo he despreciado tanto sus groseras imposturas, como su innoble persona”. Tal el superprócer del liberalismo argentino, posición a lo que lo elevó Mitre, por necesidades políticas de su partido, con violencia de la más elemental verdad histórica. 5.- LAS “INSTRUCCIONES” JUJEÑAS Y LA SITUACION DEL PAIS EN 1812.

Clausurada la Asamblea, volvió Rivadavia a invitar a los Cabildos a elegir representantes para otra entidad similar, lo que Jujuy hizo, designando por diputado a un porteño, el presbítero Pablo Vidal; pero, aleccionado por lo ocurrido, el Cabildo jujeño dotó a su representante de “Instrucciones” que plantearon, por primera vez, el problema de las autonomías provinciales, de manera categórica. Se dice en ellas que el diputado debía tener: “presente que desde la disolución de la Junta de Diputados, y consiguiente expulsión y restitución de éstos a los lugares de su vecindario, no han tenido los pueblos que se reunieron a sostener la sagrada causa de la libertad, una representación legítima y bastante autorizada, por cuyo órgano se explique la voluntad de los mismos pueblos, así en orden a la constitución provisoria que debe regirlos mientras se verifique la suspirada reunión del Congreso de las Provincias Unidas, como acerca de otros

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asuntos que tienen una trascendencia general y directa sobre la suerte de los Pueblos, habiendo éstos venido a quedar sujetos a los Estatutos, Reglamentos y Constituciones que les prescribe el gobierno, mandándolos que los juren y los reconozcan, sin que preceda deliberación, consentimiento y expresa voluntad de los pueblos que deben sancionarlo, no por sí, no por medio de sus representantes, pues no puede decirse que la expresa voluntad general sancionó lo que se comunica a los cabildos, gobiernos de provincia y subalternos, con orden de que se jure y obedezca, sin consultar ni explotar la voluntad de los pueblos, siquiera en la parte más sana y principal de cada uno de ellos. Bajo este concepto es voluntad de esta ciudad, una de la principales mociones, que deberá hacer su Diputado en la Asamblea, luego que se lo permitan las circunstancias y pueda verificarlo sin comprometer los intereses y el bien general del Estado, sea precisamente sobre que, sin perjuicio de las facultades que competen privadamente al gobierno, se constituya una representación con amplios poderes de los pueblos, que pueda sancionar provisoriamente por sí, todo lo que juzgue conducente a mejorar y perfeccionar la forma Provisoria del Gobierno; lo que convenga al bien general de la Provincias Unidas, y cuanto tenga una influencia general y directa sobre la conservación y felicidad de los pueblos, y seguridad de sus derechos; porque de otra suerte no pueden llamarse éstas provincias unidas y libres, sino esclavizadas y sujetas a voluntad ajena; no se establecerá jamás la confianza de los Pueblos en el Gobierno, ni revivirá el entusiasmo que los hizo emprender con tanto ardor la defensa de sus sagrados derechos, supuesto que no lograran la satisfacción de ejercerlos. En segundo lugar: la Asamblea, según la constituyen el Estatuto y el Reglamento no es más que una representación diminuta y supletoria, ceñida a los precisos objetos, que en ellos se les señalan, sin facultades para sancionar por sí sola, sino con el beneplácito del gobierno. Una corporación de este carácter no representa dignamente la voluntad de los Pueblos Unidos. A más de esto el reglamento que le da forma, contiene varios capítulos que ofenden la dignidad y el derecho de estos mismos; por ejemplo el capítulo 5 atribuye al Excmo. Cabildo de Buenos Aires el derecho exclusivo de examinar y aprobar los poderes de los diputados de los Pueblos, debiendo ser recíproco el examen y reconocimiento de los poderes con los que concurren los diputados a la Asamblea, para que todos se instruyan y cercioren recíprocamente si están o no competentemente autorizados por el pueblo que los nombra… Estos y los demás artículos y disposiciones que ofenden la libertad, igualdad y derechos, de los Pueblos Unidos, los reclamará el señor diputado de

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esta Ciudad haciendo oportunamente sobre ellos las mociones convenientes”. Según se ve, por estas Instrucciones, el Cabildo de Jujuy señalaba, de manera precisa, la posición subalterna en que el “Triunvirato” colocaba a las provincias con el “Estatuto Provisional”, promulgado sin facultades para hacerlo; y con el “Reglamento electoral”, que sustituía a los cabildos por colegios mixtos, cuyo sufragio limitado se haría en cédulas secretas y en una especie de sorteo; y con la “Asamblea Legislativa”, cuya constitución otorgaba 33 diputados a la capital y 11 al resto del país, quedando todas sus resoluciones y funciones supeditas a la voluntad del Ejecutivo. La asamblea convocada por Rivadavia el 3 de Junio, no logró reunirse. La revolución de Octubre de 1812 dio por tierra con el despotismo rivadaviano, dando paso a una situación híbrida, pues si por un lado reaparece el jacobinismo de la “Sociedad Patriótica”, ahora, con Monteagudo de cabecilla, por otra actúa la LOGIA LAUTARO, en cuyo seno aparecen tendencias similares a las que acaban de ser derribadas. De todas maneras el segundo “Triunvirato” se enrola en la causa de la independencia, por lo que dice, en su circular invitando al Congreso: “En vano los impostores políticos o erguidos aristócratas intentarán paralizar esta justa empresa, enlazando el espíritu público con el mantenimiento de antiguos abusos a la par de estériles esperanzas: los tiempos y la fuerza misma de las cosas han completado ya la evolución moral de los sentimientos e ideas de los americanos”. La circular termina prometiendo a los pueblos que el nuevo triunvirato entregará al gobierno la nueva autoridad que se designe, “contentos con la gloria y el honor de haber conducido a los pueblos del Río de la Plata a la dignidad de una Nación legítimamente constituida”. En este punto interesa aclarar una circunstancia. El que un hombre de la época fuera partidario de la independencia nacional de las Provincias del Río de la Plata, o de toda América, no supone, como se ha dado en decir, que políticamente sus ideas fueran liberales: podían ser absolutistas o del acervo de la democracia española. La independencia nacional no era sinónimo de ninguna posición política, y así tenemos el caso, en 1812, de Monteagudo, partidario de la independencia y republicano, transformado, en 1819, en partidario de la independencia monarquista. Jacobino, primero y espíritu conservador más tarde está de acuerdo en forjar una nación aunque con políticas diferentes. Pero hay también quienes en la independencia no ven sino una posibilidad personal y juegan a dos cartas, como veremos más adelante, y quienes en todo éste proceso sólo procuran alcanzar posiciones de predominio gubernamental, guiados no sólo por ambiciones

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personales, sino por conceptos clasistas que disfrazan, bajo tendencias centralistas, la permanencia de la vieja mentalidad del absolutismo ilustrado. La imposibilidad de entendimiento de todos estos factores retrasó un proceso de consolidación nacional que se vio afectado por muchos años de anarquía, saldo del hecho concreto de que la independencia nacional surgió como consecuencia del pronunciamiento de Mayo, pero no fue resultado de aquella idea; de manera que fue penetrando en el sentimiento del país por razones circunstanciales y, por lo mismo, distintas. Hay quienes se hacen partidarios de la independencia por reacción a la guerra que se lleva al país por los funcionarios españoles de los pueblos de las frontera; los hay porque están seguros de que España ha caído totalmente en manos de Napoleón y debe evitarse que ocurra lo mismo con América; los hay que quieren la independencia para que el país no caiga en un régimen liberal, como el que surge en las Cortes de Cádiz, y quienes lo son para que ocurra todo lo contrario; los hay porque consideran que para la marcha de sus negocios la independencia abre nuevos mercados; lo que no hay es unanimidad en las perspectivas, por lo cual, la política argentina penetra en una lucha de facciones, grupos y tendencias, puesto que falta lo esencial: los que quieren la independencia por sentido de lo nacional. Y no podía haberlos, porque Argentina no era una nación sojuzgada por España. Los criollos eran hijos de españoles, es decir, eran descendientes de los conquistadores y no conquistados. Conquistados eran los indígenas, cuya opinión ningún blanco fue a investigar, aunque las esgrimieron como bandera de guerra. El primero que se refiere a la necesidad de independencia con un sentido telúrico, del terruño, es Artigas, y la guerra que Buenos Aires le hizo no deja bien parada la posición independizadora y política de quienes la determinaron. Otros hablan de la independencia de América y no del país. La presión de la “Logia Lautaro”, entidad de tipo masónico, pero con objetos de independencia de América, por lo menos en lo que se podía confesar, hizo que a la caída de la dictadura rivadaviana el nuevo gobierno, comúnmente conocido con el título de “Segundo Triunvirato”, citara, como hemos visto, a un Congreso constituyente; pues el propósito de lograr la independencia nacional y no sólo la política es entonces predominante en los círculos dirigentes de la nueva situación. Vuelve Jujuy, por consiguiente, a designar su diputado y a entregarles sus “Instrucciones”, por las cuáles advertimos que, a pesar de la enorme trascendencia del propósito confesado por el Triunvirato, de conducir “a los pueblos del Río de la Plata a la dignidad de una Nación legítima constituida”, El cabildo jujeño dé más

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importancia al sistema estatal a crearse. Parece decir: entre independencia con absolutismo y mantenimiento del sistema anterior con libertades, preferimos lo último. No son los graves problemas de constituir una Nación los que preocupan, sino los de hacer que el estado se constituya dentro de determinadas normas de libertad política que venían del pasado y eran gratas, por cierto, a la mentalidad de la raza. Por él se dice a su diputado lo siguiente: “1º- Propenderá el señor diputado por Jujuy a que se declare la supremacía de la Asamblea y se fijen los límites del poder ejecutivo; 2º- Para que la Asamblea no sea un juguete de las facciones o instrumento que sancione la arbitrariedad del gobierno, el pueblo de Buenos Aires, como los demás de las provincias unidas, no deben tener más parte de sus liberaciones, que la que le dan sus respectivos Diputados o Representantes; 3º- Así como el gobierno no debe tener parte en las deliberaciones de la Asamblea, tampoco debe ésta mezclarse en las funciones peculiares del Poder Ejecutivo, dejándolo expedito para que desempeñe libremente los grandes deberes de su cargo; 4º- Hallándose ocupada por las armas del Virrey de Lima la mayor parte de las Provincias que deben formar el nuevo estado, los señores diputados que concurren a esta Asamblea no pueden representar en toda su plenitud la soberanía del Pueblo Americano. (Era esta la misma tesis que se había sostenido por la Junta de Mayo respecto a la calidad representativa de la nación por parte de las Cortes de Cádiz); 5º- Propenderá el señor diputado a que en la Constitución que se forme sea un artículo esencial, que el Poder Ejecutivo no pueda nombrar gobernantes para los Pueblos de las Provincias Unidas, sino a consulta de una corporación o Junta, como la que se forma con el nombramiento de Diputados, la que previamente deberá proponer al gobierno tres sujetos, en uno de los cuales recaiga precisamente la provisión; 6º- Para precaver que los pueblos de las Provincias unidas vengan a quedar constituidas en un feudalismo vergonzoso y degradante , o en una dependencia colonial de la capital de Buenos Aires, como estaba antes toda la América, respecto de la Metrópoli, pondrá el señor diputado por Jujuy el mayor esfuerzo a que el edificio de nuestra Constitución política se cimente sobre las firmes bases de igualdad, consultando no sólo la igualdad general del estado, sino que se asegure la libertad y demás derechos de los Pueblos Unidos, y queden afianzados y garantizados los individuales de cada ciudadano; 7º- La declaración de la independencia que se promueve con tanto ardor es ciertamente el paso más arriesgado, y capaz de retardar los progresos de nuestra causa, que pueda darse en las críticas circunstancias del día”.

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Poco después de Jujuy, la provincia oriental dotaba a sus diputados de “Instrucciones”, en mucho semejantes. Quedaba así planteado, por dos provincias, el problema político nacional, de manera precisa; alineado de una parte el viejo sentido de la libertad, localista frente al centralismo de las nuevas doctrinas liberales, que estaban más cerca del absolutismo que de los ideales de libertad política de la raza; aquellos que habían traído al Nuevo Mundo los conquistadores y permanecían, como un fondo insobornable, en el alma de estos pueblos.

6.- LAS CORTES DE CADIZ Y LA ASAMBLEA DEL AÑO XIII.

Las fuentes ideológicas de liberalismo son las mismas de la Revolución Francesa. Remotamente: Descartes y los filósofos ingleses, Bacon, Hume, Locke…; próximamente el filosofismo francés, Montesquieu, “La Enciclopedia”, Voltaire, Rousseau y las Constituciones inglesas y norteamericanas. En el orden religioso: el galicanismo y jansenismo con sus múltiples derivaciones del siglo XVIII, como el josefinismo austríaco y la “Ilustración” borbónica española a partir de Carlos III. Dice el P. Manuel Aguirre Elorriaga, que la génesis del liberalismo, como fenómeno político y como partido, recién se manifiesta a comienzos del siglo XIX y, en parte aunque parezca extraño-, como reacción al extremismo de la Revolución Francesa. “Fue en las Cortes de Cádiz donde se formó para Europa el programa concreto del liberalismo político. Tan pujante brotó el español que, en pleno apogeo de la Santa Alianza, fue el primero en derrocar (1820) el carcomido andamiaje del viejo absolutismo, restaurado en España, sin reformas de ningún género, POR EL MIOPE Y EGOISTA PERSONALISMO DE DON FERNANDO”. No interesa saber cómo se llegó en España a la Cortes de Cádiz y en Buenos Aires a la Asamblea del año XIII, pero es lo cierto que de la primera resultó algo tan extraño a la hispanidad como la Constitución de 1812; verdadero monumento ideológico que sirvió para anarquizar la vida política española; y la Asamblea general de 1813 terminó, en Argentina, en medio del mayor de los fracasos. Nacían, España al constitucionalismo y América a la emancipación, después de un siglo de absolutismo, y nacían como reacción tanto contra ese pasado como contra las nuevas ideologías extranjeras que pretendían substituirlo. Sin preparación para el régimen representativo, pues España había perdido la memoria de las Cortes y América nunca las había conocido, ocurrió, en España, que la represión, con persecuciones a los diputados de Cádiz, preparó el movimiento de 1820; como en América, los ataques de los

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funcionarios condujeron a la independencia de 1816. Pero, como ha demostrado el P. Leturia, el triunfo de los liberales en España hizo que hasta los elementos conservadores de América apoyarán la causa de la emancipación. La identidad del proceso en la península y en América es de tal magnitud que merece que la historiografía le preste mayor atención, pues es lo cierto que su estudio ofrece perspectivas extraordinarias para la comprensión del pasado y el porvenir de América. Cuando Rivadavia clausuró a Monteagudo “La Gaceta”, el entonces temible agitador no se conformó y empezó a editar “Mártir o Libre”, título que podía ser una alusión a Rivadavia, que nos dice como lo consideraban a fines de 1812, los elementos liberales, vueltos a reunir en la “Sociedad Patriótica”. Aparece entonces Monteagudo como verdadero numen de las minorías juveniles que proclaman ideas revolucionarias y entre las cuales surge el propósito de independencia. Pocos años habrá de necesitar para abjurar de sus extremismos políticos. En 1823 confiesa sus errores de 1812 con estas palabras: “Mis enormes padecimientos en una parte, y las ideas demasiado inexactas que entonces tenía de la naturaleza de los gobiernos, me hicieron abrazar con fanatismo el sistema democrático. EL PACTO SOCIAL de Rousseau y otros escritores de este género, me parecía que aún eran favorables al despotismo. De los periódicos que he publicado en la revolución, ninguno he escrito con más ardor que el MARTIR O LIBRE, que daba en Buenos Aires; ser patriota sin ser frenético por la democracia era para mí una contradicción y éste era mi texto. Para expiar mis primeros errores, yo publiqué en Chile, en 1819, “EL CENSOR DE LA REVOLUCION”; ya estaba sano de esa especie de fiebre mental, que todos hemos padecido; y ¡desgraciado el que con tiempo no se cura de ella! El furor democrático, y algunas veces la adhesión al sistema federal han sido para los pueblos de América la funesta caja que abrió Epimeteo, después que la belleza de la obra de Vulcano sedujo su imprudencia”. Fuera del error de Monteagudo de confundir la democracia con el liberalismo, cosa no sorprendente pues aún hoy en día se lee lo mismo en mucho autor contemporáneo, su abjuración da idea de la poca fortaleza doctrinaria de aquellos jóvenes de la “Sociedad Patriótica”, de Buenos Aires, que pretendían seguir las ideas de Moreno, que en ningún momento manifestó el entusiasmo con que sus componentes admiraban la Revolución Francesa, a lo que, por el contrario, repudió a fines de 1810, considerando que sus horrores obligaban a meditar seriamente sobre las enseñanzas recibidas. Bien es cierto que aquellos jóvenes porteños tenían pobrísima, y puramente anecdótica, información sobre aquel

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acontecimiento; pero veían que tras sus ataques al absolutismo había la posibilidad de que la clase a la que pertenecían ocupara los puestos de gobierno, porque esa juventud, netamente “porteñista”, como lo había demostrado en su acción contra los “provincianos” de la Junta Grande, considerábase con derechos naturales para el manejo de la cosa pública, sin contar que las ideas que proclamaban se adaptaban maravillosamente a los intereses económicos a que estaban vinculados. La convocatoria a la Asamblea fijaba los alcances políticos de la misma en su carácter de constituyente, diciendo que: “La constitución que se sancione, alterará la timidez de unos, contendrá la ambición de otros, acabará con la vanidad inoportuna, atajará pretensiones atrevidas, destruirá las pasiones insensatas, y dará, en fin, a los pueblos, la carta de sus derechos y al gobierno la de sus obligaciones. En vano, los impostores políticos o erguidos aristócratas, intentarán paralizar esta justa empresa, enlazando el interés público con el mantenimiento de antiguos abusos a la par de estériles esperanzas. Los tiempos y la fuerza misma de las cosas, han completado ya la revolución moral de los sentimientos e ideas de los americanos”. Como se ve, el problema fundamental seguía siendo el de la organización política. 237

Presidente de la Asamblea fue designado Carlos María de Alvear, que ya entonces ha comenzado a separarse de San Martín, mostrando afanes políticos que éste no comparte, y a cuyo servicio puso su carácter dúctil hasta la traición. No en balde San Martín podía decir de él, en carta de 1837 a Manuel de Sarratea: “Este es un hombre que no es digno de llamar la atención de toda persona que se respete un poco… acabará como ha vivido, es decir, en la execración de sus conciudadanos”. La lectura de los debates de las Cortes de Cádiz, como los escritos de Monteagudo, inspirador de la Asamblea Constituyente de 1813, lleno de sanas intenciones, ricos en acendrado patriotismo, se destacan por su falta de sentido de la realidad. Los españoles, influidos por los franceses, y los argentinos por los españoles, pusieron en acción todas las utopías y los lirismos de la doctrinas de allende el Pirineo. Como dice Bofarull y Romana: “cerebros vacíos, no repararon, salvo algunos como Jovellanos, Dou y Campmany, que la política no es, según ha dicho Taine, una fórmula de laboratorio aplicable, en todos los momentos entera y de una pieza, sino labor de gran tacto, en la cual no puede procederse sino por atenuantes, compromisos y transacciones; no se fijaron en que una Constitución, una legislación que está hecha para todas las naciones, no sirve para ninguna,

como razona de Maistre, porque será una utopía, mera abstracción” Se trataba de acabar con el despotismo y la ficción; se trataba de animar las energías nacionales; se trataba de constituir un Estado que no las oprimiera y un orden político que contribuyera a crear el bienestar social; se trataba de españolizar a España, “desafrancesándola”, y el resultado fue la Constitución de 1812, que sirvió para todo lo contrario. En efecto, lo que España necesitaba era alentar la vida municipal, regional y corporativa; reconstruir las clases y elementos sociales que eran factores básicos de sus libertades políticas, reflejadas en instituciones seculares, que eran expresiones secretas del estilo de la nacionalidad, reorganizando las Cortes dentro de las líneas que, con clarividencia, había señalado Jovellanos. Lejos de eso se hizo una Constitución de tipo francés, unitarista, cuya secuela fue una centralización brutal. La ceguera de los liberales que, como dice Laski, nunca han advertido los sostenes económicos de sus doctrinas que interesaba a los fines de la explotación económica más libre de parte del capitalismo naciente, y creyendo que se trataba de una posición de valor ideológico puro, terminaron con las viejas libertades municipales y provinciales españolas, destruyendo los bienes comunales, las universidades y asociaciones civiles y religiosas y matando toda vida social. Como dice Bofarrull y Romana: “No abrieron los cauces ni estimularon las corriente de las energías nacionales para que naturalmente se reconstruyera una organización política, adecuada expresión de nuestra constitución social castizada, con sus Cortes, fiel expresión del país, gobiernos autárquicos, jerárquicamente ordenados; monarquía orgánica representativa y limitada; sino que, circunscribiéndonos a la representación, llevados sólo del espíritu revolucionario extranjero, importaron una Constitución con sufragio universal, parlamentarismo, y partidos políticos, GOBIERNO REPRESENTATIVO, en una palabra -así llamado volcando su sentido-, exótico en nuestra Patria y dañoso, porque rompe la natural evolución de nuestra constitución política, hace imposible la representación verdadera, y sólo produce en la realidad esa forma de gobierno de España, por todos conocidas y por todos odiada, de Oligarquía y Caciquismo”. Y bien, pasemos a nuestra Asamblea Constituyente de 1813. Como ha demostrado Julio V. González, en su libro “FILIACION HISTORICA DEL GOBIERNO REPRESENTATIVO ARGENTINO”, los constituyentes argentinos -que no constituyeron nada- fueron fieles discípulos de sus “alter egos” de Cádiz. Dice este autor que “para la historia de las instituciones políticas, la revolución de Mayo fue una creación de la Revolución de España”. Buen juicio histórico, aunque es una

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pena que el autor no lo haya profundizado, pues de hacerlo habría modificado muchas de sus interpretaciones de los sucesos aislados. Es así como yerra al agregar: “Porque el movimiento popular de la Península, no sólo inició al argentino en las prácticas de la representación pública, sino que lo nutrió de sus antiguos principios y le proporcionó las bases sobre las que el pueblo de Mayo planteó la organización del nuevo Estado”. La verdad es que si fue española la influencia que determinó que las masas argentinas no entrarán para nada en la organización del nuevo estado, también lo es que fue de influencia española, aunque de una España extranjerizada, la que planteó y realizó esa organización. Cosa nada extraña. Lo que más se asemeja en todos los países son las oligarquías. Y como ya lo señaló Aristóteles, en su “POLITICA”, el sistema representativo es el que mejor sirve a los fines de fortalecerlas. En sus demostraciones sobre esta identidad o paralelismo de la política española con la Argentina, González cita al “Triunvirato”, que en su opinión fue tomado de la revolución española. “Se puede comprobar en efecto -dice-, que en la medida de reducir en su constitución cuantitativa a la Junta de Mayo, hasta dejarla limitada a tres miembros, coincide con la similar que se había tomado en España, cuando de la primitiva Junta Central de treinta y cinco miembros, se pasa al Consejo de Regencia, con cinco y, por último, a la disminución de ese número a tres, resuelta por decreto del 28 de Octubre de 1810. El triunvirato argentino es el triunvirato español, que lo precede en el tiempo. Si aquel se llamó Consejo de Regencia, éste se dio el nombre de Gobierno Ejecutivo. La denominación de TRIUNVIRATO es de la historia”. En efecto, nunca el nombre de “TRIUNVIRATO” tuvo carácter oficial. Otro caso interesante es sobre el decreto sobre libertad de imprenta del 20 de Abril de 1811, dado como obra exclusiva del deán Gregorio Funes. Dice González: “El derecho de libertad de imprenta del 20 de Abril de 1811, es copia a la letra, en sus veinte artículos del sancionado por las Cortes de Cádiz, con fecha 10 de Noviembre de 1810”. Bien es cierto que el Deán dejo a salvo su conciencia diciendo que el decreto había sido “sacado EN LA MAYOR PARTE de algunos papeles públicos de la Europa”. Las leyes constitucionales de la Asamblea Constituyente de 1813 tienen el mismo origen, al punto que el autor que citamos, único que ha estudiado el problema, dice: “He dado con la sorprendente novedad, de que la instalación, declaraciones fundamentales y leyes más importantes de la asamblea Constituyente de 1813, son una glosa de iguales actos consumados por las Cortes

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generales y extraordinarias, que venían de clausurarse en la España revolucionaria”. En efecto, González comprueba que el decreto de instalación de las Cortes, sancionado en la sanción inaugural de 24 de Septiembre de 1810 y el del 25 del mismo mes, imponiendo la fórmula para la publicación de leyes, fueron aprovechadas por la asamblea argentina para dictar el suyo del 21 de Enero de 1813, en el que se constituyó, y el del 1 de Febrero, estableciendo la fórmula del juramento de fidelidad, lo que le hace decir: “Como se ve, el planeamiento y la naturaleza institucional del primer órgano de la soberanía nacional argentina, fue dado por España”. El reglamento dictado para la asamblea del 10 de Marzo de 1813, sobre “la inviolabilidad de los diputados de la Asamblea General Constituyente”, es una reproducción substancial y muchas veces a letra, del que sancionaran las Cortes de Cádiz, con fecha 27 de Noviembre de 1810. La demostración es más concluyente si se advierte que algunos detalles del reglamento argentino corresponden a una minuta del Tribunal de Cortes, reglamentando el decreto del 28 de Noviembre, y al estipulado en el artículo 128 de la Constitución de 1812. Fuera de estos aspectos, sobre los que habría mucho que agregar, para dedicarnos a las grandes declaraciones de la Asamblea Constituyente, nos encontramos con las siguientes: 1º- ABOLICION DE LA ESCLAVITUD Y EL TRAFICO DE ESCLAVOS. La Asamblea Constituyente proclamó la abolición de la esclavitud el 2 de Febrero de 1813, declarando que todo ser humano por el sólo hecho de nacer en suelo argentino, sería libre. El 4 de Febrero se reconoció la libertad de esclavos que fueran introducidos del extranjero, “por el sólo hecho de pisar el territorio”. Esta resolución fue anulada, posteriormente, por la protesta de Brasil, temerosa de que los negros de Río Grande pasaran a la provincia Oriental, huyendo de sus amos. Pues bien, las Cortes de Cádiz había proclamado la abolición de la esclavitud por la ley del 10 de Enero de 1812 y el comercio de esclavos, en todos los dominios españoles, por otra del 2 de Abril de 1811. En cuanto llegó a Buenos Aires la ley del 10 de Enero el Triunvirato se apresuró a legislar sobre la esclavitud… 2º- EMANCIPACIÓN SOCIAL Y POLITICA DEL INDIO. Es sabido que el vocal de la Junta de Mayo, Juan José Castelli, lanzó un bando reglamentando el sufragio de los indios del Alto Perú, el cual fue tomado de un decreto electoral dictado por la Junta Central de Sevilla, el 1 de Enero de 1810, las Cortes de Cádiz suprimieron el

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tributo de los indios americanos por decreto del 13 de Marzo de 1811, y poco después, en Septiembre 1º, el gobierno de Buenos Aires hizo lo mismo. Esta reforma social había sido adoptada por el Consejo de Regencia, el 26 de Mayo de 1810, con el agravante de que la resolución española es más amplia que la de Buenos Aires, pues ésta no hace extensiva la mejora del trabajo forzado de mita, encomiendas y yanaconazgos, tarea que realizó la Asamblea el año 13. Pero, ya entonces, las Corte españolas dictaban, el 12 de Diciembre de 1812, una ley aboliendo la mita y todo servicio personal. En el texto de la disposición argentina se reconoce a los indios “por hombres perfectamente libres y en igualdad de derecho a todos los demás ciudadanos”, pero ya hemos visto que, desde 1810, el Consejo de Regencia había reconocido los derechos políticos de los indígenas. 3º- ABOLICION DE MAYORAZGOS Y VINCULACIONES. La abolición de los mayorazgos ha sido siempre considerada como una de las glorias del “período asambleísta”, a pesar que en el país era un problema más ideológico que de orden práctico. No ocurría lo mismo en España, donde afectaba el orden social vigente, a pesar de lo cual por ley de 6 de Agosto de 1811, se había procedido a su abolición. 4º- ABOLICION DE LA TORTURA. Dice González: “Esta reforma fue de carácter eminentemente legislativo, en su origen español y en su reproducción argentina, aunque la materialidad del hecho de recurrir a INSTRUMENTOS para hacerla efectiva, le dé un aspecto objetivo que no tiene. No es raro encontrar en nuestras historias la expresión: “Abolición de los instrumentos de tortura”. “Es un evidente error de sintaxis. No puede abolirse una cosa, como el cepo o las esposas, sino una institución, de cualquier género que sea”. La Asamblea de 1813 resolvió suprimir la tortura judicial del 21 de Mayo, tomándola de la resolución española del 22 de Abril de 1811, España amplió sus disposiciones en Noviembre de 1813, aboliendo la pena de horca, la de azotes y todo castigo infamante. 5º- ABOLICION DE LA INQUISICION. Uno de los primeros actos de la Corte de Cádiz fue suprimir el Tribunal de Inquisición, lo que también hizo la asamblea de 1813, aunque en el caso argentino como no existió tal Tribunal en el Río de la Plata, no pasó de un caso de imitación intranscendente. Se pregunta González: “¿Por qué nuestra Constitución no dictó también una ley reglamentando la vida monástica, para hacerlo como digo recién en 1821?” Y se contesta: porque llegó tarde. Mas, en 1821, Rivadavia que en Europa se transformó en liberal y cuya obra de gobierno se encuentra antes en “La Gaceta de Madrid” que en “La Gaceta de Buenos Aires”, pues no hizo sino seguir las leyes y decretos de los liberales

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españoles, se encargó de suplir la falta con su Reforma Religiosa, calco de la española. Sobre todo en cuanto a su espíritu. Para que la identidad con las Cortes de Cádiz fuera mayor, la Asamblea Constituyente del año XIII fue monarquista. Se tituló así misma “Soberana”, y aprobó la letra del “Himno”, de los que abundan referencias de marcado sabor monarquista, como las siguientes: “Y sobre alas de gloria ALZA EL PUEBLO TRONO DIGNO A SU REAL MAJESTAD Y su TRONO dignísimo alzaron Fue Saldías el historiador argentino que destacó este monarquismo, y en abono de ello, reprodujo una carta de José María Roxas, quien refiriéndose a la cuestión, decía, en 1862, que, con la implantación de la monarquía, “quedaría cumplida la profecía del poeta Vicente López, amigo íntimo de Darragueira, en la última estrofa de la hermosa canción nacional que tenemos. Esa fue su intención: lo sé, como otros, de su boca. Era de los patriotas, padres de la Revolución de Mayo de 1810, hecha con esa tendencia”. Con todo, lo más importante es el espíritu de las Cortes de Cádiz y el de la Asamblea Constituyente en Argentina. ¡El mismo! El mismo en cuanto a su carácter centralizador, como se demostró en el episodio de Artigas, que hizo perder a la Argentina la preciada joya de la banda oriental del Río de la Plata. El centralismo, patrón de la política unitaria adoptada por los constitucionalistas gaditanos, fue el sistema adoptado por los constitucionalistas argentinos en aquellos primeros años, sin análisis de su consecuencia, pero como resultado de la necesidad de que así fuera organizado el país de acuerdo a los intereses de la minoría ilustrada y comercial de Buenos Aires. Era el figurín francés, que no era una creación artificial en Francia, sino una necesidad del proceso de desenvolvimiento de su vida social y económica, determinado por una clase social burguesa en condiciones de apoderarse del gobierno e imponer, con sus ideas políticas, las formas de la economía individualista. Si tales condiciones no se habían dado en España, industrial y comercialmente más evolucionada que los pueblos de los virreinatos de América, se explica que si en la Madre patria el centralismo fue repudiado, en Argentina condujera a la guerra civil. Una guerra civil que fue, en el fondo, una guerra social, porque tras el centralismo se ocultaban fórmulas económicas extrañas al desarrollo precario de Argentina, su economía, esencialmente rural, no se podía avenir con las doctrinas

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de países de avanzado industrialismo, como Inglaterra, sin el riesgo de pasar a constituir una economía colonialista. Que es a lo que condujeron a la Argentina los prohombres del liberalismo. En 1813, como en 1819, como en 1826 y 1828, al único que le interesa el unitarismo es a Inglaterra. Si en las encrucijadas políticas de Buenos Aires, de 1811 a 1813, triunfa la tendencia de Gorriti, Artigas y otros, se hubiera buscado el procedimiento más adecuado para unir y engrandecer todos los elementos que habrían de legar a constituir la Nación Argentina. Pero, falta entonces, para que así ocurra, una noción de lo nacional, por lo cual se ve sin dolor la separación de las provincias enteras, como el Paraguay, y prima la minoría mercantil porteña que por detentar el puerto de Buenos Aires posee las llaves de la economía Argentina. Entre los porteños hay hasta librecambistas. Es así como Moreno escribe, en 1809, la REPRESENTACION DE LOS HACENDADOS, en favor del liberalismo que, en 1812, sanciona Rivadavia, determinando la crisis de las precarias industrias del interior y el enriquecimiento de Buenos Aires comercial y sus aledaños ganaderos. A ninguno se le ocurrió estimular y defender la existencia y libertad de las personalidades naturales, sobre todo en un país con tradiciones profundas en la materia, y con un desarrollo en localismos que venía de la entraña misma del pasado. La centralización pulveriza los organismos históricos, alterando la vida nacional en los afanes para reemplazarla por una vida de ficción, y el artificio nacía por el espíritu del plagio de ideas extrañas que, daba la casualidad, servían admirablemente, a los intereses de las oligarquías porteñas. No llegaron los liberales argentinos hasta el sufragio universal, porque a tanto no creyeron en condiciones al país, y después de 1815, como lo que comienza a influir sobre ellas son las teorías liberales de la Restauración Francesa, no debe extrañar que Rivadavia, en 1826, mantenga ideas concretas respecto a la incapacidad para el voto de ciertas clases inferiores, como los jornaleros y los soldados del ejército de línea, aunque entonces Dorrego, que ha estado en los Estados Unidos viendo los árboles sin percibir el bosque, se hace campeón de esa causa, porque -y hay que reconocerle la videncia- advierte que las libertades políticas del liberalismo sin libertad económica no son más que una ficción. Y es que, en realidad, el liberalismo, como expresión democrática de las sociedades del siglo pasado, está más cerca del absolutismo de lo que se supone. Cualquier gobernante de un estado moderno tiene poderes que no tuvo, ni Carlos III ni Carlos IV de España. Moreno es más absolutista que Saavedra. La evolución del liberalismo conduce a una omnipresencia del estado cada día más absorbente, a pesar del “estado gendarme” de los primeros momentos felices de las doctrinas.

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Y la Razón es comprensible; el estado liberal puro surge, doctrinariamente, de elucubraciones intelectuales del tipo de las de Rousseau, que no se basan en ninguna experiencia histórica, ni se apoya en demostraciones viables de cualquier especie, por ser fórmulas sostenidas en base a afirmaciones caprichosas, de tipo sentimental, que nada tiene que ver con la realidad del mundo tal como el hombre la ha vivido hasta nuestros días. No es de extrañar que el liberalismo se alarma de las consecuencias de su propia obra, el miedo lo haga caer en fórmulas totalitarias, en base al apoyo de grandes masas, o sea, en el absolutismo más grande que registra la historia. La aspiración fundamental de la nueva tesis, explicada por Locke, no tuvo otra aspiración que servir a los propietarios. Dice Harold Laski: “Extendió sin duda la idea de propiedad en tal forma que concedió derechos en la ley a todos los que ejercían una demanda efectiva. Destruyó los títulos de nacimiento como derechos especiales por sí mismos. Impidió a los propietarios de la tierra reclamar cualquier privilegio especial dentro del estado. Pero sus horizontes fundamentales no se extendieron más allá de esa proeza. Esto queda demostrado por su actitud hacia el pobre. Se demuestra por su posición ante las organizaciones obreras. Se demuestra por la larga lucha que fue necesaria -una lucha todavía lejos de concluirse- para establecer un nivel educativo decente, de salud, de alojamiento y de protección de trabajo. Por la naturaleza especial del estado liberal, todas las cuestiones tuvieron al fin que ser referidas al motivo esencial sobre el que estaba edificado, el de la obtención de ganancias. Había roto la disciplina de la REPUBLICA CRISTIANA medioeval en interés en la obtención de ganancias. Estableció el gobierno constitucional para impedir el infringimiento de sus oportunidades. Con el mismo fin aceptó, después de siglo y medio de cruenta lucha, la necesidad económica de la tolerancia religiosa. Aun cuando, como en el caso del utilitarismo, sus partidarios aceptaron un criterio que, al menos en teoría, habría hecho posibles horizontes más amplios, empleó un criterio que suponía siempre que el hombre de negocios era lo que Macaulay llamaba a la clase media: “el representante natural de la raza humana”. El estado liberal, como sociedad organizada, no tenía en el fondo objeto definido, salvo el crear riqueza, ni un criterio mensurable de la función y la situación legal, excepto la habilidad para adquirir aquella… así supuso que un hombre “triunfante” era simple y literalmente, el que había hecho una fortuna. Sus éxitos materiales lo obsesionaron a tal punto, que fue incapaz de pensar con éxito en otras condiciones”. La idea de la independencia preside la organización de la Asamblea General, pero no se concreta en ella. Influencias extrañas, aún no descubiertas, contienen la

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declaración. En los primeros momentos el entusiasmo es enorme, y hasta la comisión designada por decreto de 4 de Noviembre de 1812, integradoapor Gervasio Antonio Posadas, Valentín Gómez, Manuel José García, Hipólito Vieytes, Nicolás de Herrera, Pedro Somellera y Pedro José Agrelo, para proyectar una constitución, lo hacen mediante un proyecto que establece la independencia nacional y organiza el gobierno como república. Bien es cierto que la Asamblea no trata este proyecto y ni siquiera se tiene noticias de que reciba el que, también por pedido del gobierno redactan, en la “Sociedad Patriótica”, Monteagudo, Larrea, Francisco José Planes, Tomás Valles, Antonio Sáenz y el Dr. Dongo, el que se destaca por su estilo dogmático, en el que se enumeran los derechos del hombre, se confía el gobierno a una sola persona con el título de Presidente y se reconoce a los extranjeros iguales derechos que a los nativos, aunque no sean ciudadanos. Se conocen dos proyectos más, pero de los cuatro sólo uno, de autor desconocido, establece el sistema liberal. No debe extrañar que la Asamblea General esquivara la cuestión constitucional. Todas las revoluciones ofrecen esos cambios de orientación, unas veces por infiltrarse en ellas elementos contrarios, mimetizados, otras por lo mismo que una vez triunfantes, la realidad ofrece perspectivas que antes no han sido tenidas en cuenta. Es así notorio que la resistencia de los funcionarios españoles determinó un proceso de reacción en favor de la independencia, después del pronunciamiento de Mayo. Elio había respondido a las declaraciones de fidelidad de Buenos Aires con un bombardeo de la ciudad y desde Perú se lanzaban acusaciones grotescas contra los funcionarios argentinos, creando, aún en los más fieles a España, un sentimiento de temor que los conducía a adoptar posiciones revolucionarias aún sin desearlo. Dos años de luchas y sinsabores habían demostrado que el país se podía gobernar así mismo, y desde Cádiz, los liberales, reunidos en un célebre congreso, expresaban en literatura delirante, conceptos que irritaban a los interesados del Río de la Plata. Por otra parte, ya en 1812, la idea de la independencia es levantada por José Gervasio de Artigas, que la coloca como base de su programa político, y la LOGIA LAUTARO comienza a actuar en el mismo sentido, aunque con un contenido menos liberal, pues es notorio que San Martín y Alvear llegan al país dispuestos a luchar por su independencia nacional pero muy probablemente influenciados por el deseo de librar América de las corrientes surgidas de la revolución francesa, pues ninguno de ellos fue liberal, y Alvear terminó trabajando en favor de la unidad del imperio español. Pero para las clases dirigentes del puerto de Buenos Aires el problema fundamental es el

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régimen interno con que deba gobernarse al antiguo virreinato, dispuestas a no ceder posiciones en los que estiman sus derechos para gobernarlo como Nación, si España no cede; como provincia de ultramar, si en la metrópoli, Fernando VII entiende el problema. Por eso la Asamblea General de 1813 aparece como un cuerpo contradictorio, de actuación imprecisa, con demostraciones de un jacobinismo de imitación, pero ruidoso, unas veces, y otras con expresiones casi absolutistas, que culminan con el rechazo de los diputados orientales por el temor que inspira la popularidad de Artigas y su proclamación de un federalismo que no concierne a los intereses de la minoría mercantil que integran los grupos directores. La influencia de la LOGIA LAUTARO sobre los asambleístas fue notoria, y no debe olvidarse que sus fundadores habían llegado de Inglaterra, donde la atmósfera contra las ideas de Francia había alcanzado tal plenitud que hasta los más destacados miembros del partido “wight” comenzaron a expresar su separación de ellas. Blackstone, en sus “Comentarios a las leyes de Inglaterra” puso una barrera a las imitaciones, argumentando que las leyes inglesas se adaptaban a todo, mientras Burke, con su libro “Reflexiones sobre la Revolución Francesa”, sorprendió con sus ataques a la misma. Rechazó la idea de Rousseau de que la sociedad fuese un contrato, puesto que no une a las generaciones presentes, sino también a las pasadas y a las futuras. Sostuvo que la igualdad y la soberanía popular no son libertad, sino tiranía. La influencia de San Martín sobre Monteagudo se vio reflejada en 1819, cuando este abjuró de sus ideas en 1812. Mitre, al referirse a la LOGIA LAUTARO no puede ofrecer un sólo documento que no demuestre lo que decimos. La entidad se organiza para “trabajar con sistema y plan de independencia de la América y su fidelidad, obrando con honor y procediendo con justicia”, y sus miembros deben destacarse “por libertad de las ideas” no por el “liberalismo” de las mismas. Por eso se coloca contra la Asamblea general, porque por otra parte, en 1815, las tendencias de todo el mundo ofrecen un concreto carácter reaccionario en materia política. Olvidar los acontecimientos europeos de estos años es renunciar a entender los que ocurren en Argentina. Inglaterra tiene interés directo en que España pierda sus posesiones americanas, pero no que América se deje tentar por los idearios liberales que surgen de la revolución norteamericana y francesa. Miranda abjura, en aquellos días, de sus viejos ideales políticos. San Martín y Alvear no llegaron a Buenos Aires como apóstoles de las doctrinas contra las que han luchado en Europa, sino a luchar por la independencia, pero para organizar la América dentro

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de las normas propias del movimiento restaurador que culmina en 1814, con motivo de la derrota definitiva de Napoleón. Con España no hay arreglo posible, porque Fernando VII y sus consejeros, tantos los liberales como los absolutistas, demuestran una incomprensión absoluta del problema americano dentro del imperio. En 1814 ya se ha hecho conciencia en América la necesidad de la separación. América no está para constituciones centralistas, como la de Cádiz, ni para absolutismo como los de Fernando VII. El destino de España es visto en la península desde el punto de vista de la propia España, en sus relaciones con la realidad europea; y América cree otra cosa, América cree que el destino de España, o de la hispanidad, para ser más exactos, está en el Nuevo Mundo. El imperio va a desaparecer atomizado por las luchas políticas internas, pero como fondo insobornable del mismo habrá que sustituir, resistiendo todos los embates, su fe, su idioma y su sentido de las libertades políticas, herencia preciosa del precioso medioevo español. Es así como el liberalismo extremista de la Asamblea general de 1813 termina en 1814 en una concentración del Poder Ejecutivo, que pone término a los gobiernos colegiados que hasta entonces habían actuado al frente de los negocios públicos. Surge el Directorio, con don Gervasio Antonio Posadas, con el título de Director SUPREMO de las Provincias Unidas. Es este gobierno quien resuelve enviar a Europa a Rivadavia y a Belgrano, para abrir negociaciones con España, a fin de llegar a un arreglo pacífico y obtener de Inglaterra el reconocimiento de la independencia, según algunos documentos, pero en procura de un príncipe a quien coronar, según lo demostraron los hechos. En las instrucciones reservadas se prevenía a los comisionados que su primordial objeto era “asegurar la independencia de América”, negociando el establecimiento de monarquías constitucionales en ella, fuese con un príncipe español si se podía, ya con un inglés o de otra casa poderosa, “si la España insistía en la dependencia servil de las Provincias”. Estas instrucciones se condensaban, recomendando, “se tuviese muy presente en el desempeño de la comisión, que las miras de gobierno, sea cual fuese el estado de la España, solo tenía por objeto la independencia política del continente, O A LO MENOS LA LIBERTAD CIVIL de las provincias”. Cabe destacar como lo hace Mitre, en su “HISTORIA DE BELGRANO”, que las provincias unidas no habían reclamado aún ningún dogma político, y agrega: “El sentimiento democrático era general; pero era más bien un instinto que una convicción razonada; él fluía naturalmente del organismo social, y se había robustecido en la lucha; además la revolución había borrado todos los

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antecedentes monárquicos de las colonias españolas, dejando tan sólo en pie los elementos constitutivos de una democracia elemental, cuya energía se rebelaba hasta en sus mismos excesos. El pueblo y la juventud eran republicana, aun cuando no se diese de sus creencias, ni remontara su inteligencia hasta la idea abstracta de un definido sistema de gobierno; así es que, lo que verdaderamente era popular, era la independencia, como hecho material más fácil de comprenderse por las multitudes. La parte ilustrada, que podía formar juicios más concretos, carecía de experiencia, y tenía ideas muy incompletas sobre derecho público, no habiéndose popularizado aún las instituciones de la república norteamericana. Educados bajo el régimen monárquico, sin más lecciones que las que les suministraba la historia de Europa, y viendo triunfante por todas partes la causa de los reyes, la mayoría de los hombre ilustrados en aquel tiempo eran monarquistas, algunos por elección, otros porque la creían la única organización posible, y los más, porque la consideraban indispensable para asegurar la independencia y dar estabilidad al gobierno. Pero este era un movimiento de ideas puramente artificial; los principios opuestos estaban escritos en la conciencia pública, bien que de una manera confusa; solo comprendían el complicado sistema de la monarquía constitucional, los que lo habían estudiado en los libros, y éstos no iban más allá que Montesquieu, cuando no se extraviaban con Rousseau; la universidad de los ciudadanos no podía comprender sino lo que veían, es decir, el hecho palpable que había constituido la revolución, que era un sistema representativo popular, sin rey, sin jerarquías y esencialmente democrático en su fondo y en su forma, y hasta por sus orígenes históricos”. Mitre percibe con mucha más capacidad que muchos de sus epígonos este proceso, pero no lo ve tal como fue. Tampoco advierte el origen de ese sentido de la democracia que señala en las masas populares, que en aquellas horas tiene como caudillo a Artigas, y que tiene un valor tradicional como lo venimos sosteniendo en estas páginas. Coincidimos con Cecil Jane cuando dice: “Los hispanoamericanos preservaron en el Nuevo Mundo las características de sus antepasados en el viejo: también eran demócratas en el sentido en que lo eran los que habitaban en la península. A veces se ha presentado a los jefes de la Guerra de la Independencia como adalides de la democracia, tal como ésta se entiende en los Estados Unidos, en Inglaterra o en Francia; se les ha pintado como discípulos de Rousseau o de Jefferson. No eran, en realidad, nada de eso. De serlo no hubieran logrado arrastrar tras ellos ninguna masa importante de opinión, puesto que hubieran sido, en temperamento e ideas, extranjeros. Es muy cierto que

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tomaron frases tomadas de la Francia revolucionaria o de norteamericana; pero las usaron en un sentido que no hubieran comprendido sus propios autores. Su concepto de gobierno era esencialmente español; sus declaraciones en pro de la democracia eran, bien interpretadas, solo declaraciones en favor de la abolición de aquellas barreras sociales que se habían levantado entre los CHAPETONES, de un lado y de otro, los CRIOLLOS y MESTIZOS” Otro error de Mitre es atribuir al “pueblo y a la juventud” ideas republicanas. Salvo la intrascendente epidemia porteña de fines de 1812 y comienzos de 1813, el republicanismo no existió en el país sino como una cosa tan exótica con el que lo defendiera Artigas, que nada tenía de republicano en la práctica de su acción de caudillo. Por república además se entendía entonces gobiernos con ejecutivos fuertes. Sería difícil mostrar que alguien estuvo dispuesto a morir luchando por la república del Río de la Plata, mientras lo hubo dispuestos por la monarquía. Lo que ocurre es que el pueblo, la masa popular, que no tiene doctrinas monárquicas ni republicanas, posee la conciencia de la necesidad de que los gobiernos sean eficientes, y que esa eficiencia no destruya las libertades individuales y locales que considera patrimonio integérrimo. Por eso, cuando debieron buscar un jefe, más lo encontraron en los militares que en los civiles. Todos los grandes caudillos de masas son hombres de armas, algunos gloriosos guerreros de la independencia, mientras que sus oponentes son doctores, periodistas, escritores o charlatanes, que nunca mostraron eficiencias positivas. El Directorio, mediante el juego de las habilidades políticas, en el que el país comienza a caer fue a dar en una dictadura militar con Alvear a la cabeza, lo que era mucho más de lo que podían admitir las propias clases dirigentes, no digamos el pueblo, por lo que fue abortada por la enérgica reacción de todo el país. Cada grupo reaccionó a su modo, pero lo único que no reaccionó de ninguno fue el de los desilusionados “llenos de optimismo rousseauniano”, descubiertos por cierto autor de una historia de las ideas políticas que se pasa la mitad de la obra destacando a Rousseau en todos los acontecimientos de la vida argentina; cuando lo cierto es que su imperio fue efímero y quienes más lo citaron lo hicieron de tal forma que, de uno de ellos, Paul Groussac decía que el propio Rousseau no se hubiera descubierto en tales citas. Y se refería a Moreno. 7.- LA DECADENCIA ESPAÑOLA Y LOS PROBLEMAS POLITICOS.

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De lo expuesto en este capítulo surge, entre otras cosas, una identidad sugestiva entre el pensamiento español y el argentino, en lo que se relaciona con las normas jurídicas que deben constituir al estado; identidad en el pensamiento y en muchas otras cosas. La historiografía progresista dedicó especial cuidado al descubrimiento de los libros en que habían abrevado sus ideas los gobernantes del país, porque no pudo demostrar hasta donde fueron sagaces investigadores e intérpretes de la realidad nacional, pues lo cierto si es que si lo hubieran sido, no habrían caído en la utopía de recorrer todos los anaqueles en busca de un libo con el texto de la Carta Constitucional que se necesitaba, sino que hubieran tratado de fortalecer la vida municipal y provincial que había alcanzado, por lo menos en Argentina, una verdadera importancia y un proficuo desarrollo. La capacidad no se demuestra con los libros que se han leído sino las cosas que se han creado. Leer está al alcance de cualquiera; crear sólo al de los elegidos. Cuando el historiógrafo se dedica a la agotadora tarea de pescar que libros leyeron los hombres del pasado, en lugar de buscar qué observaciones hicieron de la realidad nacional, no contribuye a prestigiarlos; pues es, justamente por eso, porque fueron más hombres de lecturas que de realidades directamente percibidas, que no advirtieron que el problema del país consistía en reconstruir las formas sociales que constituían la base de sus viejas libertades políticas, reflejadas en instituciones seculares. La revolución se había hecho en base a los cabildos, y no hubo un sólo ingenio político que se detuviera a considerar el carácter de una institución que, sin perder sus características, había servido para defender el viejo sentido autónomo de la raza. Tal falta de sentido de la realidad fue vista en todos sus alcances por el Libertador General San Martín, en la carta al General Andrés Santa Cruz, le decía: “Grandes y terribles males ha sufrido el Bajo Perú después de la terminación de la guerra de la independencia; desgraciadamente esta calamidad le ha cabido en suerte a todos los nuevos estados de América, lo que demuestra que son unas mismas causas que influyen en las agitaciones, varias pueden asegurarse, pero pueden asegurarse sin temor de equivocarse que la principal es que sus instituciones no están en armonía con él… carácter, educación, castas, religión, ignorancia, etc., de nuestros pueblos, y esto demuestra que un buen gobierno no está asignado sobre la liberalidad de sus principios; pero sí por la influencia que tiene en la felicidad de los que obedecen”. San Martín achacaba el mal de esas instituciones al palabrerío de los políticos que seguían doctrinas extrañas al medio, sin confrontarlo con él, y es así

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como, en 1833, en carta a O’Higgins, le dice: “Si los que se llaman legisladores en América hubieran tenido presente que a los pueblos no se le debe dar las mejores leyes pero sí las mejores que sean apropiadas a su carácter, la situación de nuestro país sería bien diferente”. Ninguno de los hombres de gobierno del país comprendió que la labor que debía realizarse consistía en estimular las energías nacionales a fin de que la Nación se organizara como consecuencia de su propio estilo de vida, de sus necesidades efectivas y de su sentido particular de las libertades políticas. Desconociendo la realidad nacional, y hasta la historia de la patria y sus instituciones, consideraron sus problemas en base a esquemas intelectuales apenas comprendidos, llevados por la admiración que les provocaba cuanto venía de Europa. Así Rivadavia, que encargaba cajones de libros de Francia, para que le llegaran bien encuadernados, a fin de lucirlos en las estanterías, sin discriminar contenidos: una aritmética escolar al lado de un tratado de derecho, tal como los enviaba el librero. ¡Amor al libro no a la ciencia! ¡Amor a la ciencia no al conocimiento! Y sobre todo: simulación. El mismo fenómeno en España. Tanto en la península como en el nuevo mundo es aquella la hora de los utópicos. Solo así se explica que los considerados más grandes ingenios de la política argentina fueran a dar a una constitución unitaria a la francesa y, más tarde, en una federal, a lo norteamericano, sin que a alguno se le ocurriera una constitución democrática a lo argentino. Como a los utópicos españoles no se les ocurrió hacer una constitución en español. Ellos adoptaron en el país de las Cortes, en el país que puede decir que sus instituciones fueron de origen del parlamentarismo moderno, el sistema inglés de tipo representativo, que en España nunca entendió nadie, por ser extraño a su espíritu. El fracaso de los ensayos republicanos en España, que tendieron a imponer un régimen de imitación, no es resultado del acaso, ni del atraso de sus masas populares, ni de la carencia de sentido de la libertad, ni de nada de todo el arsenal que un periodista escribe editoriales sobre el tema; es, simplemente, resultado de que el régimen no se adapta a la idiosincrasia española. Y no es que no se adapte la república; lo que no se adapta es la república a la francesa o a lo yanqui y, hasta hora, a ningún republicano se le ha ocurrido que puede haber una forma republicana adaptable a su patria. Estos utópicos suponen que una constitución lo mismo sirve para los negros del Congo que para la civilizada Francia, olvidando lo que enseñaban los teólogos, o sea, que la forma de gobierno es menester humano, pues cada comunidad adopta el que le conviene, y que, en cuanto a los fines de la sociedad, aunque en general sea el mismo, o sea, el

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bien común, difiere en sus características en cada comunidad. En efecto, la lucha por el bien común de una comunidad de avanzado desarrollo cultural no es el mismo que la de otra atrasada, verdad de perogrullo que los “ilustrados” españoles, argentinos y americanos en general, del siglo pasado, no entendieron y que al parecer, siguen sin entender sus descendientes, como lo demuestra la enorme equivocación con que vienen juzgando la actualidad política argentina y española del momento (1948) por no renunciar al afán de medirla con marcos ideológicos. Lo que no hacen con otros países, pues no vemos que encaren las cuestiones de la política francesa con punto de vista ingleses, o la inglesa con puntos de vista italianos, aunque, eso sí, hoy día muchos encaran la política de sus países desde el punto de vista norteamericano; lo cual permite intuir que es posible que no todo sea error de enfoque, y haya que recurrir a la búsqueda de un algo de mala fe para explicarlo, No cabe ello en sus progenitores espirituales. Aquellos fueron utópicos irremediables cuando no cerebros vacíos. Lo que no debe extrañar. En efecto, constituye un lugar común referirse a la decadencia española del siglo XVIII y XIX. La literatura política sudamericana ha tenido verdadero placer en remarcar las características de esa decadencia, que fue efectiva durante el siglo pasado, sin darse cuenta que América formaba parte de España y nadie ha demostrado que mientras las letras, las artes, las ciencias, los ingenios gubernamentales, los teorizadores políticos y los económicos de la península descendían, en América no sólo se mantenía la grandeza del pasado, sino que superaban a cuanto existía en España. Si había decadencia española había decadencia americana, pues de lo contrario no habría habido decadencia española, sino que los americanos habrían alcanzado en España las más altas jerarquías. La verdad es que la decadencia aquejó a todo el imperio. Cuando alguien se dedica a buscar las ideas económicas de Belgrano o Moreno, por ejemplo, a lo máximo que llega, con hipérboles y todos, es a una reproducción de Jovellanos, que ya es un producto de decadencia. Un Monteagudo se parece como una gota de agua a otra, a muchos diputados de la Corte de Cádiz, donde no hay una sola personalidad que no sea expresión de la decadencia que aqueja a España; que es la decadencia de la hispanidad. ¿A título de qué extraño artilugio iba América a rebosar de genios políticos mientras en la península se debatía la mediocridad de los Floridablanca, los Godoy, los Roda a los Campomanes? El drama es el mismo, cualquiera sea la rivera del Atlántico en que lo coloquemos: Mediocridad en ambos lados. Pero mayor, con todo, en el nuevo mundo, por lo cual es la Asamblea de 1813 la que

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sigue tras las huellas de las Cortes de Cádiz, en una imitación constante y servil que prolonga Rivadavia en su segundo gobierno, imitando a los liberales peninsulares de la restauración de 1820, hasta que, terminada esa etapa -y después de demostrar los ilustrados que no entendieron a su país- se fueron en busca de otros modelos, hasta tropezar con el de Filadelfia. Si se echa una mirada objetiva a la obra de España en América y se advierte de cómo, en menos de tres siglos, sin inmigrantes extranjeros, se crean las condiciones para que surjan veinte repúblicas allí, donde sólo existían tribus indígenas sometidas a un escenario que abarca todos los climas posibles y abraza las geografías imaginables, no puede menos que reconocerse que algo poderoso debió existir para que tamaña obra haya podido realizarse sin que ningún factor viniera a romper la acción necesaria a su destino. Dice Ramiro de Maeztu: “La razón de aquella prosperidad es que los pueblos hispánicos estaban unidos por un ideal común universalmente acatado, como era la empresa de civilización católica que estaban realizando con las razas indígenas, y que vivían bajo una autoridad común y por todos respetadas, como era el Rey de España. Estas fueron las dos condiciones de prosperidad de los pueblos hispánicos: el ideal y la autoridad comunes, y la más importante de las dos fue el ideal. Ello se pudo ver a los quince años de la Guerra de Sucesión. Faltó el rey, pero los americanos y los filipinos dejaron que los españoles decidieran si había de ser Carlos de Austria o Felipe de Borbón, y siguieron obedeciendo a la idea platónica de un Rey inexistente, en cuyo nombre gobernaban los virreyes y hacían justicia las audiencias. En 1810, en cambio, no sólo faltó el Rey, sino la unidad del ideal, y los pueblos de América creyeron llegada la hora de hacer cada uno lo que le viniera en ganas.” Las clases dirigentes españolas se dejaron ganar por el ideario progresista que venía de allende el Pirineo, y las clases altas americanas siguieron el modelo metropolitano, y como el progresismo no es un ideal unificador, cada cual tiró por su lado, en procura del modelo que mejor satisficiera esa nueva manera de encarar la vida. Hoy mismo, entre dos progresistas no hay acuerdo en cuanto si son preferibles los vicios de París, tan bien acomodados para el uso del turista, o los timbres que tienen los hoteles norteamericanos para pedir lo que a uno se le ocurra, pues Londres suele desilusionar, dado que aun el progreso no ha eliminado la niebla, que no deja a los viajeros verlo todo con comodidad. Nada más significativo respecto a esta decadencia en que cayeron las Españas, por renuncia a sus propios fines, que el hecho singular de que los dos grandes forjadores de la independencia americana, San Martín y Bolívar, fueron educados en hogares

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españoles; netamente español, el primero, y hasta en España; netamente español, el segundo, vinculado a la mejor sociedad española de Caracas. La razón, sin embargo, es clara, los españoles del siglo XVIII habían perdido el sentido del destino universalista de la hispanidad, y los del siglos XIX no podían ser sino hombres de una decadencia determinada por la postura de sus antecesores. En unos y otros, tanto en el viejo como en el nuevo mundo, todos emprendieron una carrera para ver quien se desespañolizaba antes, y la consecuencia se tradujo en que en las letras, en el pensamiento y en la acción, los pueblos hispánicos no fueron nada. Ni España logró un pensador político que no fuera de segunda mano al lado del país que imitaba el más ilustre de ellos, ni América alcanzó, siquiera, a lograr un Campomanes, lo que no es, por cierto mucho pedir. No nos corresponde hacer el proceso de esa declinación que fue fruto indiscutible de la admiración en que las clases dirigentes hispánicas cayeran frente a Francia, la cual les hizo perder el equilibrio espiritual. Nadie comprende, a mediados del siglo pasado, a Balmes, ni a Donoso Cortés, como en 1811 nadie entiende el fondo angustioso que palpita en las palabras de Jovellanos. La historiografía americana, que descubre todo esto en España del siglo XIX, no lo ve en América, porque ella, que también ha dejado de sentir lo propio, considera que el progreso está en relación al mayor o menor volumen de imitadores de Francia que cada país americano tiene en 1810. O sea que se admite una decadencia para España que estaría determinada por lo mismo que no lo es para América, equivoco hábil para confundir, pero que veda el conocimiento de la verdad; y la verdad histórica es necesaria a los pueblos que tienen algún interés por su destino. Advertimos una objeción: nuestra opinión es demasiado nacionalista. No hay tal cosa, porque lo que defendemos es, justamente, el profundo universalismo de la hispanidad, basado en un ideal ecuménico, católico. Lo estrechamente nacionalista no sale de este ideal sino de los otros, de los imitados. Una doctrina utilitarista es siempre más propicia a encerrarse en sí misma. Por vueltas que se le dé, hay una verdad: más fácil es crear un totalitarismo con Rousseau que con Santo Tomás de Aquino. Los totalitarismos son derivados del liberalismo o socialismo, nunca de la doctrina social católica ni de las concepciones políticas de la Edad Media. España logra su unidad nacional sin perder su sentido universal. Es Francia que para forjar su unidad traiciona el destino europeo con los artilugios de Richelieu. Un nacionalismo argentino, para ser auténtico, para que no sea, también él, reflejo de alguna última moda europea, no será nunca excluyente sino construido en base a un ideal universalista surgido de su catolicidad. Todo lo que así no sea carecerá de

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trascendencia. Esta decadencia de la hispanidad llega hasta nuestros días. La revolución española de 1936 es el primer despertar. Para algunos es un hecho de política circunstancial. No nos interesan las anécdotas, sino de sobremesa. Por encima de ellas, que son las únicas que aún separan a muchos de la comprensión del sentido histórico de aquel acontecimiento, la realidad es que él importa un despertar de la hispanidad, después de un sueño de dos siglos. España procura elaborar en estos momentos normas de vida moderna basadas en sus viejas normas de vida. Le sigue Argentina. Cualquiera sea el punto de vista con que se enfoque el gobierno del general Juan Perón, hay un hecho esencial, y es que él -independientemente de su éxito o fracaso como gobernante- ha levantado la bandera de viejos ideales de la raza, lanzando una doctrina netamente hispánica, basada en la dignificación de la persona humana y estableciendo, como fin del estado, el viejo principio de la teología española: el BIEN COMUN. Para quienes ven la política como una lucha en el presente, podrán Franco o Perón parecerles esto o aquello. ¡No interesa! Lo que sí importa, lo que cuenta, lo que hay que computar, es el hecho concreto que después de casi dos siglos en España y en América hay quienes, desde el gobierno, lanzan las pretéritas consignas de la raza y que ellas, quiérase o no, resultan extraordinariamente modernas. Lo demás es accesorio, es circunstancial, como fue accesorio que Moreno se disgustase con Saavedra, o que se opusiera a la entrada de los diputados del interior en la Junta de Mayo, cuando lo esencial era que siguiendo a uno o a otro, el paso que había dado, conducía a la independencia nacional, aun cuando ellos mismos no lo sospecharan.

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CAPITULO SEXTO

DECLARACION DE LA INDEPENDENCIA DESPOTISMO EN LAS PROVINCIAS DE LA UNION DEL SUR

1.- EL PAIS DOMINADO POR LA ANARQUIA.

A los pocos años del pronunciamiento de 1810 el país estaba en manos de la anarquía. Dice Posadas en sus “Memorias”: “Todas las revoluciones de Buenos Aires sin exceptuar una, las han fraguado o combinado cuatro o más hombres allá EN EL RETIRO DE UN REPOSO REFORZADO. Para ponerlas en ejecución han seducido a una minutísima parte del pueblo o de mozos díscolos, imputando al

gobierno o a los particulares que ha querido atacar, notas de traición e inteligencia, con españoles y portugueses, de dilapidación, ladronesca, despotismo, ineptitud u otras semejantes”. Hay mucha verdad en estas palabras, aunque no todos los cambios de gobierno que se registran en tan corto período obedecieron a causas fraguadas. El mal era consecuencia del carácter mismo del pronunciamiento de Mayo y de la Constitución de la Primera Junta, hecha con elementos dispares, con ideas distintas y puntos de vistas divergentes sobre lo que había que hacer. Si la revolución de Mayo hubiera obedecido a un concreto ideal de independencia, aún con la “mascara de Fernando” habría seguido dentro de cierta línea directriz, más la realidad fue que la resistencia que la Junta encontró de parte de los funcionarios españoles y de muy nutridos grupos de opinión hizo que entrara a dominar en ella el temor a las venganzas, si cedían posiciones. Se entabla, entonces, la lucha interna entre el jacobinismo que de pronto aparece en Moreno y el conservatismo de Saavedra. La experiencia realizada, a su vez, y el convencimiento de que España ha sido o será definitivamente sojuzgada por Napoleón, pone en juego las ambiciones de una minoría mercantil que se siente con derechos a ser tenida en cuenta y presiona para que el régimen a implantarse responda a sus intereses de clase. Asoman las ideologías encontradas. Los hay del Jacobinismo, como Monteagudo, pero también los que como San Marín no creen en el liberalismo, a todo lo cual se une la resonancia de los sucesos de Europa, unas veces a través del charlatanismo de las Cortes de Cádiz, otras por el sentimiento de reacción que agita a Europa y triunfa con la caída de Napoleón, comenzando un período de franco espíritu restaurador, todo lo cual, en un pueblo que debe enfrentar sorpresivamente problemas políticos que nunca le habían preocupado, determina un proceso de disolución y anarquía, y ella contagia al propio ejército del norte, del que, después de la batalla del Tejar, se retira Güemes, disgustado por la indisciplina que domina sus filas. En esa lucha de intereses ha aparecido un caudillo excepcional en la provincia oriental, Artigas, quién después de derrotar a Dorrego en la batalla de Guayabos, adquiere un volumen que alarma a los porteños, convencidos de que la dirección de la cosa pública les pertenece por derechos de propiedad que sólo ellos conocen. Las provincias miran con desconfianza a Buenos Aires; Alvear toma Montevideo después de convenir con Vigodet un arreglo que, al ser conocido, indigna, pues por él se reconoce la integridad del imperio español, lo cual está en contra de quienes ya han hecho bandera irrenunciable de sus actitudes la independencia nacional, vista la incomprensión con que España ha abordado el problema americano. En tales circunstancias, Alvear es elevado a la categoría de Director Supremo por una de

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esas combinaciones que demuestran el desprecio por la opinión pública que tenía la oligarquía porteña que se había apoderado de hecho del gobierno del ex virreinato. Contra sus abusos y su incomprensión se unen las masas alrededor de Artigas, que organiza la llamada “Liga de los pueblos libres”, cuando los entrerrianos asumen de nuevo la integridad de sus autonomías, bajo el mando de sus jefes más caracterizados. Poco tarda en plegarse Santa Fe, donde se perfila la figura patricia de Estanislao López, y en extenderse hasta Córdoba, cuyo cabildo, en 29 de Marzo de 1815 se dirige a Artigas, diciéndole: “Si la libertad, ese ídolo de todos los Pueblos Americanos a quien ha sacrificado sus fortunas y consagrado sus vidas y la tranquilidad y seguridad, es la moderación particular y el imperio de las leyes: si V. S. es el protector de esta Libertad, cuán dulce y consoladora no debe ser esta idea al virtuoso y patriota Pueblo de Córdoba que representamos. Invocando, pues, la patria, los derechos del hombre, la filantropía y los nombres más sagrados; este pueblo da a V. S. las gracias por su protección, y, en uso de ellos, ha procedido a la elección de un nuevo jefe…” Frente a estos movimientos que expresan la realidad del alma nacional, los hombres de Buenos Aires no ven sino la anarquía. En el localismo -que no tarda en transformarse en federalismo- no ven sino la posibilidad de que escape a Buenos Aires el control del país, pues como liberales burgueses no comprenden sino el gobierno centralizado, por lo cual, antes de ceder, prefieren cercenar al país. Corresponde a Alvear la triste gloria de haber sido el primero en ofrecer la independencia nacional de la provincia oriental, a fin de quitarse de encima el problema de la misma y satisfacer la política de Inglaterra, que no veía con buenos ojo la permanencia de la banda oriental dentro de las Provincias Unidas, porque eso hubiera determinado, tarde o temprano, que dentro de los límites de Argentina se incluyera Bolivia, Paraguay y gran parte de Río Grande, es decir, los viejos y auténticos límites del virreinato. Con tales límites, esta parte del mundo habría tenido la única posibilidad, no sajona ni protestante, en la zona templada, de forjar una gran potencia. Tampoco quería Inglaterra que la banda oriental perteneciera al Brasil, porque le hubiera dado un poder extraordinario. Dividir para reinar, aún a riesgo de crear entes históricamente artificiales, fue directiva de la política inglesa servida por la incomprensión de las oligarquías hispanoamericanas. ¿Qué son y qué representan estos jefes de las provincias que se alzan contra el gobierno central detentado por minorías poco escrupulosas? Leemos: “Es la línea de la democracia inorgánica” contra una que no existe sino en las ideas, o en las palabras. Es, pensamiento del autor, es la lucha de la democracia auténtica

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contra una que no existe sino en las ideas, o en las palabras. Es, en realidad, el encuentro de los únicos elementos democráticos efectivos que había en el país, desarrollados alrededor de la vigorosa vida municipal del período hispano, contra una democracia que asoma con todas las características del repudiado absolutismo Ilustrado; es el encuentro del sentido social, basado en el respeto de la persona humana, que España introduce en América, contra la democracia ilustrada de tipo individualista que amenaza destruir la fidelidad misma de la sociedad, que no es el bien de unos a costa de otros , sino el bien común; es el encuentro de la Edad Media con La Edad Contemporánea, se dice, para desprestigiar a los caudillos, auténticos jefes de masas, sin adquirir que ese carácter medioeval es el que afirma en ellos un concepto de libertad política tan claro, que alarma y asusta a la burguesía liberal de Buenos Aires: para la cual la democracia es un sistema que asegura, por derecho propio, la dirección del Estado. Los hombres de Buenos Aires han abusado de las palabras “Libertad” y “Democracia”; más la primera que la segunda, pero eso no es prueba de que hubieran avanzado en el conocimiento del contenido efectivo de las mismas. Probablemente, ni siquiera habían llegado a la posición de aquellos primeros habitantes de Asunción que en 1540 elegían por voto directo y secreto a sus gobernadores interinos, por Real Cédula de la Reina Isabel, que no había leído a Locke, ni a Rousseau. Esos jefes de los pueblos no son el resultado de frangollos electoralistas, no son expresión de caciquismo político, sino que se trata de hombres que están en más íntimo acuerdo que sus contrarios con la mayoría de la población. Dice Cecil Jane: “Su actitud ha sido esencialmente española, y si también ellos han adoptado, a veces una fraseología exótica para exponer sus ideas, nunca han pasado de ahí. No han exaltado una cultura extranjera, no ha desperdiciado su propio pasado. Se han presentado como los verdaderos herederos de sus grandes antepasados en el viejo y en el nuevo mundo. Los prototipos de Bolívar, de Rosas, de Francia, de Porfirio Díaz, no se encuentran en Inglaterra, ni en los Estados Unidos. Esos hombres están vaciados en un molde español: sus virtudes y sus faltas eran españolas y, en mayor o menor grado, eran encarnaciones de un ideal español”. Como españoles eran tradicionalistas, aunque no conservadores. Aspiraban a un orden nuevo, pero capaz de perturbar y desenvolver el viejo. Frente a ellos se levantan algunos ideólogos de pocas y mal dirigidas lecturas; algunos viajeros que han visto a Europa con ojos provincianos; los detentadores del comercio portuario de Buenos Aires, que saben que entregar el gobierno es conspirar contra los intereses económicos y los traidores en su estirpe y al estilo de su nacionalidad,

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que viven sedientos de plagios extraños. Mientras los caudillos se prestan a dirigir los pueblos sin arrastrarlos por la fuerza, los ideólogos pretenden, con intolerancia por las ideas que no estén de acuerdo con las que han leído en el último libro llegado de Europa, imponer nuevas doctrinas. “Propugnando tesis que sólo podían encontrar adeptos cuando llegaban a ser familiares -dice Jane- y que sólo podían a llegar a serlo lenta y gradualmente, no lograron darse cuenta de la necesidad de tener paciencia”. Proceso que no comprenden la mayoría de los historiógrafos, que aún comienzan estos relatos afirmando que el pueblo del interior acudió al llamado de Buenos Aires, en 1810, porque compartía los ideales emancipadores y democráticos y, sobre todo, porque se sentía triunfante en una revolución que había abatido a la antigua clase dominante y lo exaltaba a una situación de predominio, puesto que es notorio que ni existió esa clase dominante, pues los funcionarios venían de España, ni nadie habló a los pueblos de emancipación y cuando alguno, desaprensivo, esgrimió ideologías extranjeras, cual las de la Francia revolucionaria, como lo hizo Castelli en el norte, el resultado fue la pérdida definitiva del Alto Perú para Argentina, pues los altoperuanos consideraron más enemigos a los jacobinos porteños que a los propios absolutistas españoles. Otro error de enfoque es hacer de cada hombre que pasa por el gobierno una figura con ideas políticas. ¿Cuáles son las de Posadas, Pérez, Herrera, Paso, Alvarez Jonte y tantos otros? ¿Cuáles las ideas políticas de Alvear. Vamos a verlo de inmediato.

2.- ALVEAR QUIERE ENTREGAR EL PAIS A INGLATERRA.

A los pocos días de haberse hecho cargo del puesto de Director Supremo, Alvear, sobre cuyo ánimo pesaba el fracaso de su intento de ponerse al frente del ejército del Perú, sublevado al anuncio de su arribo a Córdoba con tal objeto, envió a Río de Janeiro, en calidad de comisionado confidencial, al Dr. Manuel José García, llevando pliegos; uno para el gobierno de Inglaterra y otro para Lord Strangford, ministro inglés en esa ciudad. El comisionado estaba bien elegido, dada la tarea que se le había confiado, si se tiene en cuenta la opinión que de él tenía Posadas, que lo define así: “Tiene un alma fría para las cosas pertenecientes a la patria”. Debía, además, conferenciar en la Corte de Brasil y tratar con el embajador de España en Río. ¡Extraña misión la del Dr. García! Alvear que había llegado a la

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convicción de que esos pueblos no podían gobernarse a sí mismos, había concebido la incomprensible idea de entregarlos como colonias a Inglaterra. La nota dirigida a Lord Strangford, que lleva la fecha 25 de Enero de 1815, así lo confirma, y dice: Excmo. Señor: Muy señor mío D. Manuel José García, consejero de estado, instruirá a V. E. de mis últimos designios con respecto a la pacificación y futura suerte de estas provincias. Cinco años de repetidas experiencias han hecho ver de un modo indudable a todos los hombres de juicio y opinión, que este país no está en edad ni estado de gobernarse por sí mismo, y que necesita una mano exterior que lo dirija y lo contenga en la esfera del orden, antes que se precipite en los errores de la anarquía. Pero también ha hecho conocer el tiempo la imposibilidad de que vuelva a la antigua dominación, porque el odio a los españoles, que ha excitado su orgullo y opresión desde el tiempo de la conquista, ha subido de punto con los sucesos y desengaños de fiereza durante la revolución. Ha sido necesaria toda la prudencia política y ascendiente del gobierno actual para apagar la irritación que ha causado en la masa de estos habitantes el envío de Diputados al Rey. La sola idea de composición con los españoles los exalta hasta el fanatismo, y todos juran en público y en secreto morir antes que sujetarse a la metrópoli. En estas circunstancias la generosa Nación británica puede poner un remedio eficaz a tantos males, acogiendo en sus brazos a estas provincias que obedecerán su Gobierno, y recibirán su leyes con el mayor placer, porque conocen que es el único medio de evitar la destrucción del país, a que están dispuestos antes que volver a la antigua servidumbre, y esperan de la sabiduría de esa nación, una existencia pacífica y dichosa. Yo no dudo asegurar a V. E. sobre mi palabra de honor, que este es el voto y objeto de esperanza de todos los hombres sensatos, que son los que forman la opinión real de los Pueblos; y si alguna idea puede lisonjearme en el mando que obtengo, no es otra cosa que la de poder concurrir con la autoridad y el poder a la realización de esta medida, toda vez que se acepte por la Gran Bretaña. Sin entrar en los arcanos de la política del gabinete inglés, yo he llegado a persuadirme que el proyecto no ofrece grandes embarazos en la ejecución. La disposición de estas provincias es la más favorable y su opinión está apoyada en la necesidad y en la conveniencia, que son los estímulos más fuertes del corazón. Por lo tocante a la Nación inglesa, no creo que pueda presentarse otro

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inconveniente que aquel que ofrece la delicadeza del decoro nacional por las consideraciones debidas a la alianza y relaciones con el Rey de España. Pero yo no veo que este sentimiento de pundonor haya que preferirse al grande interés que puede prometer Inglaterra de la posición exclusiva de este continente, y a la gloria de evitar la destrucción de una parte tan considerable del Nuevo Mundo, especialmente si se reflexiona que la resistencia a nuestras solicitudes, tan lejos de asegurar a los españoles la conquista de estos países, no hará más que autorizar una guerra civil interminable, que lo hará inútil para la ocupación, en prejuicio de todas las naciones europeas. La Inglaterra que ha pretendido la liberad de los negros en las costas de África, impidiendo con la fuerza el comercio de esclavatura a sus más íntimos aliados, no puede abandonar a su suerte a los habitantes del Río de la Plata en el acto mismo en que ese arrojan a sus brazos generosos. Crea V. E. que yo tendría el mayor sentimiento, si una repulsa pusiese a estos pueblos en los bordes de la desesperación, porque veo hasta qué punto llegarían sus desgracias y la facultad de contenerlas, cuando el desorden haya hecho ineficaz todo remedio; pero yo estoy muy distante de imaginarlo, porque conozco que la posesión de estos países no es estorbo a la Inglaterra para expresar su sentimientos de afección a España, en mejor oportunidad, y cuando el estado de los negocios no presente los resultados que tratara de evitarse. Yo deseo que V. E. se digne a escuchar a mi enviado, Dr. Manuel José García, acordar con él lo que V. E. juzgue conducente, y manifestarme sus sentimientos, en la inteligencia que estoy dispuesto a dar a todas las pruebas de sinceridad de esta comunicación, y tomar de consuno las medidas que sean necesarias para realizar el proyecto, si el concepto de V. E. puede encontrar una acogida feliz en el ánimo del Rey y de la Nación. Dios guarde a V. E. Ms. As. Buenos Aires, Enero 25 de 1815. FIRMADO: CARLOS DE ALVEAR. (El manuscrito original que figuraba en el archivo de García se encuentra en el “Instituto de Investigaciones Históricas”, de la Facultad de Filosofía y Letras, de la Universidad de Buenos Aires. Mitre lo trascribió en su “HISTORIA DE BELGRANO”. Buenos Aires. 1897, Tomo II. Pág. 232 y 252. Vicente Fidel López en su “HISTORIA DE LA REVOLUCIÓN ARGENTINA”. Buenos Aires, 1886. Tomo V. Pág. 233, hace referencia a este sensacional documento y últimamente fue incluido por Carlos A. Pueyrredón, en su trabajo “GESTIONES DIPLOMATICAS EN AMERICA”, en la “Historia de la Nación Argentina”, publicada por la Academia Nacional de la

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Historia. Tomo VI. Pág. 628 a 630). El texto de la nota dirigida al gobierno británico no ha sido encontrado hasta ahora y de él se conoce el extracto dado a publicidad por Calvo. En síntesis Alvear dice en ella: “Estas provincias desean pertenecer a la Gran Bretaña, recibir sus leyes, obedecer su gobierno y vivir bajo su influjo poderoso. Ellas se abandonan sin condición alguna a la generosidad y buena fe del pueblo inglés, y yo estoy resuelto a sostener tan justa solicitud para librarlas de los males que las afligen”. (CALVO. ob. Cit. Tomo III pág. 232) Se ha dicho que el comisionado García tuvo EL BUEN TINO de no entregar las notas a Lord Strangford, afirmación que no se apoya en ningún dato. Por el contrario, los que existen expresan otra cosa. Mitre dice que el gobierno inglés se enteró de las propuestas de Alvear por copias de su nota enviada por el cónsul Staples. Lo cierto es que en carta de 14 de Marzo, Lord Strangford hablaba con Lord Castlereagh de la misión de García en los siguientes términos “El señor García fue portador de una carta para mí, del general Alvear, de la cual envió traducción”. Los que algunos han denominado el BUEN TINO de García es probable que debiera llamarse el buen tino de Lord Strangford. En efecto, los términos de la propuesta involucran un pedido tan absurdo, que el embajador británico no podía tenerlo en cuenta en aquellas circunstancias de la política mundial; pues de lo contrario, Inglaterra debería dejar de lado -como decía Alvear en la nota- TODA CONSIDERACION REFERENTE AL PROPIO DECORO. Quien perdía el suyo, escribiendo aquellas proposiciones, podía estimar de poca monta el de los demás, Lord Strangford no pudo prometer otra cosa que “la buena disposición que consideraba en su gobierno para contribuir en cuanto lo permitieran los compromisos con S.M.C., a fin de que las Provincias del Río de la Plata, obtuviesen aquellas MEJORAS a que tenían indudablemente derecho” (Manuel R. García. El Directorio de las Provincias Unidas… y sus relaciones exteriores. Revista del Río de la Plata. Tomo XII). Las instrucciones que tenía Lord Strangford no le permitían oponerse a ninguna acción de España para reconquistar sus antiguas posiciones en América. Las cláusulas adicionales del tratado del 5 de Julio, entre España e Inglaterra, así lo establecían. Inglaterra había luchado por la restauración del rey Fernando, lo cual tenía un sentido político de soberanía colonial intergiversable. Abrir los puertos de

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América al comercio inglés era la única aspiración de Gran Bretaña, y tenía la promesa española de que así ocurriría. Sólo a los ideólogos de la historia se le ha ocurrido que Inglaterra se interesaba por la independencia de América en base a principios políticos desinteresados de campeona de la libertad. Con tales antecedentes, el fracaso de García tenía que ser, como fue, rotundo. Su entrevista con Strangford tuvo lugar el 26 de Febrero y lo único que surgió de ella fue el pedido de exponer, en una nota, las principales demandas de Buenos Aires, lo que hizo con fecha 27, seguramente de acuerdo con Strangford. En esa nota los pedidos del comisionado de Buenos Aires se concretaron en que Gran Bretaña actuara como mediadora entre el Río de la Plata y España. En su nota, García explicó la situación de las Provincias Unidas, en los siguientes términos: “Que el objeto de su misión era informarle que la disolución del gobierno español había obligado a las colonias a tomar medidas para asegurarse en no caer en manos de la dinastía napoleónica y la necesidad de reformar fundamentalmente el sistema injusto que había establecido España en sus relaciones con sus colonias, llegando a la separación en el caso de fracasar en la obtención de las reformas. “CUANDO LA NECESIDAD LAS OBLIGÓ A TOMAR ESTA RESOLUCIÓN CONTABA PRINCIPALMENTE CON EL APOYO DE GRAN BRETAÑA. LA QUE DESDE LA ADMINISTRACION DE Mr. PITT SE HABIA MOSTRADO PROFUNDAMENTE INTERESADA EN EL COMERCIO LIBRE CON EL RIO DE LA PLATA POR LAS DISPENDICIOSAS TENTATIVAS QUE HIZO EN 1806 Y 1807 Y LA PREPARACION EN MAYOR ESCALA DE OTRA EXPEDICION EN 1808”. A base de semejantes interpretaciones de las invasiones inglesas, García agregaba que “en esta creencia, los gobiernos provisionales de Buenos aires han sido complacientes hasta este momento, esperando que su Majestad Británica cedería a las súplicas de su infortunado pueblo Y LES HARIA CONOCER SU DESTINO”. Mientras los primeros caudillos afirmaban su afán de independencia, los hombres de Buenos Aires a quienes combatían, esperaban que Inglaterra fijara el destino de estos pueblos. García explicaba, en su nota, como la esperanza de reforma en el régimen colonial habían fracasado por la negativa de España de atenderlas, lo cual, unido al “TEMOR DE LA VENGANZA DEL MONARCA RESTAURADO”, pronostican un desastre si Inglaterra abandonaba a las antiguas colonias españolas a sus solas fuerzas. “CUALQUIER GOBIERNO -dice- ES MEJOR QUE LA ANARQUIA, Y AUN EL MAS TIRANO MANTENDRA MEJOR ESPERANZA DE PROSPERIDAD QUE LA

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DESORDENADA VOLUNTAD DEL POPULACHO”. La nota terminaba pidiendo a Lord Strangford un informe verbal sobre si las Provincias Unidas podían “CONTAR CON ESA OPORTUNA ASISTENCIA TAN NECESARIA PARA IMPEDIR AL PAIS LOS MALES QUE LO AMENAZAN, O SI SIENDO AUN DESCONOCIDA LA DETERMINACION DEL GOBIERNO DE SU MAJESTAD BRITANICA, DEBE CONTINUAR AUN DEPENDIENDO, POR ALGUN TIEMPO MAS, DE SUS PROPIOS MEDIOS”. (Bartolomé Mitre. HISTORIA DE BELGRANO, pág. 737, tomo II). 3.- ¿FUE SOLO INICIATIVA DE ALVEAR LA ENTREGA A INGLATERRA?. No resulta fácil creer que una iniciativa como la expresada en la nota de Alvear a Lord Strangford, fuera puramente personal. ¿Quiénes estaban en la combinación de la misma denuncia? Difícil es saberlo, pero parece evidente que Rivadavia la conocía. Nos basamos para tal información en lo siguiente: García se encontró en Río de Janeiro con Rivadavia y Belgrano, en viaje a Europa, preocupados por el carácter de la misión de García. Tuvieron una entrevista en la que debieron aprobar sus gestiones, pues en carta del 3 de Marzo de 1815, dirigida a Alvear, Rivadavia le dice: “Mi amigo, ya hemos estado largamente con García; él manifestó una confianza grande de que TODO LO SABIA y que se hallaba plenamente instruido; nos ha dicho el objeto de su Comisión, aunque no me ha mostrado papel ninguno relativo a ella…” “Pero lo que me ha plasmado sobre todo es el pliego para Inglaterra, y el otro idéntico para Strangford, aún más; yo protesto que he desconocido a Vms en semejante paso, si es como me ha informado García, pues no lo he visto: AVANZADO PROCEDIMIENTO NOS DESARMA DEL TODO y nos ponía en peligro de hacer la triste figura que hicieron los Catalanes en tiempo de Felipe IV y Carlos II por haber dado un paso tan semejante con el Cardenal de Richieleu, ministro de Luis XIII: pero ¿es posible QUE NO SE HAYA PODIDO ESPERAR A NUESTRAS NOTICIAS…?” El texto de esta carta demuestra que la misión de Rivadavia tendía, en caso de fracasar un acuerdo con España, a colocarse bajo el amparo británico, y que Alvear, al enviar a García, no hizo sino apresurar las etapas de un plan previamente trazado, conducido por el despecho que a su orgullosa vanidad causara el desarrollo de los acontecimientos políticos y militares del país. El propio García

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hubo de confesarlo en carta a Sarratea, de 5 de Febrero de 1816, contestando al cargo que aquel le hiciera de haber comunicado a Rivadavia las ideas del gobierno relativas a las ingleses, lo que nos dice que también Sarratea estaba en la vergonzosa cuestión- Dice García en dicha carta: “Que el peligro no podía perjudicar a nadie, en el país no se tenía por traición cualesquiera sacrificio en favor de los ingleses y aún la completa sumisión, en la alternativa de pertenecer otra vez a España. TAMPOCO ERA UN SECRETO, PUES LO SABIAN MUCHOS: era uno de los objetos ostensibles de mi venida, ENTRE LOS CONSEJEROS INTIMOS: y últimamente, cualquiera que fuesen las debilidades de Rivadavia, nunca creí que cometiese una felonía, durante la prepotencia de Alvear a lo menos…” García no se refiere para nada a Belgrano. Evidentemente, lo único de secreto es el verdadero objetivo que es la comisión a que se lo envía, junto con Rivadavia. Tiempo después comprendió la posición traidora de Alvear y la denunció a sus amigos. 4.- LUCHA CONTRA EL FEDERALISMO Y LA INDEPENDENCIA. 266

Los triunfos del “artiguismo”, que habían penetrado hasta Córdoba, alarmaron a Alvear y a su círculo, pues era el triunfo del “populacho”, de los “Anarquistas”, como entonces llamaban a los hombres de la LOGIA a los que ya entonces quieren la independencia nacional bajo el régimen orgánico de tipo federal. Con fecha 31 de Marzo, Alvear da a conocer una “Proclama” contra Artigas y sus subalternos, diciendo que el caudillo oriental trataba “de sublevar los pueblos contra las autoridades constituidas para introducir en nuestros hogares el desorden y la anarquía sobre la destrucción de todas las clases sociales·, agregando que, al efecto, se encargaba de “difundir contra el gobierno especies alarmantes, que haciéndole odioso a los pueblos y sospechoso al ejército, anulen la acción y precipiten al Estado en todos los horrores de la guerra civil sangrienta y desastrosa”. Se refiere a las versiones circulantes sobre la misión de Rivadavia y Belgrano ante el rey de España, las cuales no eran sino expresiones de una verdad cada día más confirmada por la investigación histórica, o sea, que se trataba de llegar a un acuerdo con España a base de una reforma del régimen que asegura a la oligarquía gobernante el poder seguir en los primeros puestos de comando de país, y si no… ¡con Inglaterra! No satisfecho con su “Proclama”, Alvear se dirigió al

Cabildo de Buenos Aires, llegando su audacia a remitir el texto de la misma al cuerpo. Como los cabildantes dieran largas al asunto, llamó a su campamento de Olivos a los alcaldes, para manifestarles que la resistencia del Cabildo en dar el manifiesto “traducía las ideas contrarias que abrigaba”, amenazándolo con tomar medidas de singular energía. Fue así como el Cabildo lanzó una “proclama” contra Artigas, llena de groserías, de la que abjuró, más tarde, una vez caído el Director Supremo. El lenguaje empleado por Alvear en este incidente denuncia el carácter despótico de su gobierno. Elevado, como dice Mitre por el influjo de una facción, la opinión pública le era contraria y la militar ya se había expresado con la sublevación del Ejército del Norte. Para sostenerse apeló a la dictadura, dando a publicidad decretos fulminantes de terribles castigos, desarrollando el espionaje y llegando hasta la intercepción de la correspondencia. Para ganar opinión en el ejército asciende a algunos jefes, entre ellos a San Martín, que se encontraba en Mendoza preparando el Ejército de los Andes, aunque animado por la intención de sacarlo de ese cargo. Cuando el pueblo de Mendoza se enteró del hecho se levantó a fin de que San Martín no abandonara la provincia. Fue éste otro golpe para Alvear, que terminó su gobierno a raíz de la sublevación del ejército, en Fontezuelas, lo que le obligó a abandonar el mando, huyendo a Río de Janeiro. 5.- ALVEAR DENUNCIA LA POLÍTICA QUE HA SEGUIDO.

A raíz de su expulsión de Buenos Aires, Alvear escribió, con fecha 25 de Agosto de 1815, al ministro español en Río, Antonio Villalba. Poco antes, con fecha 27 de Junio, había enviado a Villalba un amplio memorial con preciosos datos sobre las fuerzas militares de las Provincias Unidas, así como sobre el estado de la opinión pública, diciendo que “en todas las provincias se encuentran muchos partidarios por la causa del rey en los naturales del país y en las clases pudientes” .En la carta de Agosto dice Alvear: “Señor encargado de negocios de S.M.C. es muy sensible a un español que nació con honor, y que procuró acreditarlo entre los Gloriosos Defensores de la Nación, presentarse ahora a vindicar su conducta en actitud de un delincuente y con la sombra de rebelde, y enemigo de su ley. Yo habría ido lejos de los hombres, a ocultar mi vergüenza, si no conservase una esperanza de poder hacer disculpables mis procedimientos, y si conociera menos la clemencia del soberano y la

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indulgencia de sus ministros enseñados en la escuela de las desgracias. La benigna acogida que he merecido de la V. S. y las relaciones que, antes de mi salida de Buenos Aires, empecé a tener con la delegación de S. M. en esta Corte me animan a hacer la exposición de mis operaciones, para que, elevándola V. S. al rey Nuestro Señor, se digne a recomendarme a su soberana piedad. Después de haber servido con el honor y celo digno de la causa sagrada de la Nación y del distinguido cuerpo de carabineros reales a que pertenecían, bajo de los generales Castaños. Infantado, Venegas y Alburquerque, llegué con este general a la isla de León por fines de Diciembre de 1810, y tuve la alta gloria de contribuir a aquella célebre retirada, que salvó a Cádiz. Las desagradables ocurrencias, que allí tuvieron lugar con respecto a aquel benemérito General y los disturbios acaecidos por la disolución de la Junta Central y de la Regencia nombrada por ella, unidos a la pérdida de mi casa y vínculo en Montilla, me decidieron a retirarme del servicio, para consultar mi futura subsistencia. Pero las novedades ocurridas en Buenos Aires, donde tenía considerables intereses, hicieron luego necesaria mi traslación a dicha plaza, para ponerlos en cobro. A este objeto pedí licencia sujeto a establecerme con mi familia en este país y sostenerla con los restos de mi fortuna entre mis parientes maternos. Cuando, a principios de 1812, llegué al Río de la Plata ya estaban embargadas todas mis propiedades a consecuencia del decreto del 1 de Enero del mismo año, y apenas pude alcanzar su devolución. Resuelto como estaba a fijar mi residencia en Buenos Aires, no podía declararme abiertamente contra aquellas provincias, ni resistir sus insinuaciones, sin aventurar mi existencia a los furores de la exaltación popular. Yo tuve al fin que ceder al imperio de las circunstancias, y tomar una parte activo de los negocios públicos, animado de las esperanzas de rectificar algún día las ideas, que alimentaban el fanatismo de la multitud. Quizá el ardor de la juventud y de la inexperiencia, hicieron que me formase ideas demasiado lisonjeras de mis recursos, para mejorar la causa de aquellas Provincias, pero a lo menos la reflexión no me opuso cosa que pudiera estar en contradicción con el honor y la justicia. Porque entonces las Cortes, apoderándose de la soberanía y publicando con ruidoso aparato todo la forma de la democracia más exaltada, al mismo tiempo que sostenía un despotismo militar sobre los pueblos de América, se habían constituido los primeros agentes de la insurrección. Ellas ejercían una autoridad nula e ilegítima, y ningún pueblo ni vasallo estaba obligado a obedecerla. Los pueblos del Río de la Plata, que se sometieron gustosos a la Junta de Sevilla, sin detenerse en la ligereza con que se abrogó la suprema vía

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de la nación; y la Junta Central, a pesar de las acriminaciones con que los Escritores de la Península, agitados por las animosidades del partido, la denigraban; creyeron que debían usar de un derecho reconocido solamente para no someterse a la regencia de Cádiz y a los demás gobiernos que les sucedieron hasta la vuelta del legítimo soberano. Él los ha declarado en su célebre decreto de 4 de Mayo, nulos e ilegales, y tiránicos las violencias con las que pretendieron formar a los vasallos del Rey a reconocer una Constitución enteramente nueva, formada sin anuencia ni concurso de los mismos pueblos. Las razones en que S. M. ha querido fundar aquel famoso decreto, son las mismas que tuve presente, y en las que me apoyaba para persuadirme, que sin queja del honor y el vasallaje podía tomar una causa activa de mi país, y hacer abierta resistencia a los generales y jefes de aquellos gobiernos, aunque el celo de las virtudes personales de muchos de sus miembros lo hiciesen respetables, y abriesen un camino a la esperanza de venir a términos de una razonable conciliación. La revolución de estas provincias presentaba al mismo tiempo los sistemas más terribles de una anarquía desoladora; porque la ilegalidad de los gobiernos de Cádiz, y su obstinación invencible en el sistema de hostilidades, llevaron a la animosidad y el rencor hasta el extremo. Los escritores habían envenenado los espíritus con una dosis desmedida de libertad y filosofismo y la contradicción práctica que aquellos principios con respecto a América excitaba un furor febril, capaz de producir las últimas violencias. La majestad del trono y la Soberanía del Rey, que apoyada en la Religión, podía solamente calmar las convulsiones de un Pueblo agitado, estaba minada por aquellas doctrinas y desvanecida la saludable opinión que, fortificada por sus ejemplos, habíamos recibido de nuestros mayores. Todo ello formaba una masa espantosa de odios, de venganza y horrores, que arrebatan sin recursos al pueblo a un principio. Los papeles públicos multiplican axiomas filosóficos que lastimaban los resortes de la subordinación: doctrina escandalosa que, en el calor de las facciones, eran acogidas y apoyadas como verdades inconclusas. Así, insensiblemente, el odio a pocos se hizo común a toda la Nación y, a fuerza de sostener su causa, contra los que se decían usurpadores del trono, vinieron muchos a mirar con menos horror la independencia absoluta de la Península. Habíamos llegado a una alternativa bien triste: era preciso caer en manos de un gobierno que tenía resentimientos personales que satisfacer: o fluctuar entre gobiernos populares, que caminaban a la anarquía. Lo primero podría ser

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preferible; pero ni aquellos gobiernos tenían poder, ni prudencia bastante, para sostenerse a la fuerza; ni había en el país quien cambiase en algún momento la opinión y los sentimientos dominantes. En tal estado de cosas, los vecinos y habitantes del Río de la Plata, que conocían algo el riesgo que corrían sus vidas y fortunas, no podían mantenerse indiferentes, dejando a merced de los ignorantes, o de los malvados, las riendas del Gobierno: y parece que era un deber suyo sacrificarse todos, para mantener un orden regular, que asegurase el país contra las calamidades que estaban amenazando. El impulso estaba dado, y ya era forzoso dirigirlo acertadamente o resolverse a permanecer insensible a la propia ruina. Estas razones y las invitaciones del gobierno, peligrosas de resistir, me movieron a tomar una parte activa en la revolución, y me premiaron, por decirlo así, en el proyecto de formarme en un término preponderante, para dar un término menos desgraciado. Agrégueme al principio, al partido con los que eran conocidos más vehementes y acalorados, con el objeto de adquirido un crédito elevado de patriota, y de tomar ascendiente sobre los que suponía más capaces de una posición sostenida a las ideas de conciliación. Luego que hube adquirido un caudal de opinión y ascendiente sobre el gobierno, empecé a emplearla en favor de algunos sujetos que, siendo distinguidos por las buenas cualidades de su espíritu y de su corazón eran el objeto del odio de los revolucionarios y de su constante sistema de moderación y de paz, y me empeñe en vencer su repugnancia a ponerse en contacto con aquellas: cosa indispensablemente necesaria para obrar las reformas saludables en las ideas generales. Cuando ya me consideré con más fuerzas y que empecé a contar con la cooperación de las personas de mejores luces, formé el plan de hacer un armisticio con el capitán general D. Gaspar Vigodet, en términos que sirviera de base a un proyecto de base más extendido de una pacificación sólida. Las bases de este armisticio, que tuve el honor de ver aprobadas y ayudadas por la legación de S. M. En esta corte, V. S. Está perfectamente impuesto, me excusan de explicarlas. Para llevarlo a su perfección, me propuse concentrar el gobierno y verificar las reformas que juzgue convenientes al mayor secreto y unidad en las operaciones; y porque al mismo tiempo empezase en los pueblos a volver insensiblemente a las mismas formas, preparándose así a ser menos violenta la transición meditada del gobierno popular al de uno sólo. D. Manuel José García, a quién, por sus notorios principios políticos procuré hacer entrar en las operaciones del gobierno contra el torrente de la opinión vulgar, que lo señalaba como sospechoso, y el que estuvo en secreto de estas ideas, y que fue un agente personal de la dirección, PODRA INSTRUIR A V. S. menudamente de los trabajos que fueron necesarios, para llegar al término deseado. Pero el gobernador

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de Montevideo por causas que no me es fácil adivinar, echó abajo todo el plan por una negativa inesperada. Su conducta causó un retroceso en las ideas, y fue preciso volver a la guerra con más calor que nunca para sostener el gobierno casi arruinado con indiscreta publicación en la GACETA DE MONTEVIDEO, de los documentos oficiales, relativos al armisticio y con las especies del partido y oposición comenzó a hacer valer. Sin embargo, no se desistió enteramente, sino que D. Manuel de Sarratea siguió su viaje a Inglaterra, para tratar desde allí los medios de una transacción, y aprovechar todas las circunstancias que el curso de la guerra en Europa pudiera presentar favorables a este intento. Sobrevinieron luego las desgracias de la Plaza de Montevideo, preparadas por la obcecación de su jefe; y este suceso, al paso que dio algún crédito al gobierno, también le aumentó las dificultades, por el orgullo que inspiró naturalmente a la multitud. Mas a poco se tuvieron noticias de la libertad del rey y de su feliz restitución de sus amados vasallos. Recibiéronse también avisos de D. Manuel de Sarratea, y copias de la representación que, con ese motivo, había dirigido a S. M. Creyóse que, con un suceso tan importante, había mudado enteramente el estado de la cuestión, podría sin riesgo aventurarse un paso decidido, que pusiese un término A ESTA MALVADA REVOLUCION. Efectivamente, se mandaron diputados para ante S. M. A D.a Bernardino Rivadavia y D. Manuel Belgrano, con órdenes, además, de tocar en esta Corte, y presentar a esta Legación, despachos relativos a su misión. V. S. Sabe los resultados poco agradables de su comisión, respectivamente a esta Corte: pero al mismo tiempo se recibió el oficio de V. S., constatación al que trajeron los diputados Rivadavia y Belgrano. El dio un esfuerzo extraordinario en nuestros corazones: el sólo sería bastante a producir una mudanza, tan feliz como prodigiosa en las opiniones, si un destino inevitable no hubiera puesto obstáculos inesperados a aquellos designios. Se despacharon también pliegos a los generales Pezuela y Osorio, proponiendo un armisticio, mientras se sabía la voluntad de S. M. Este último general se negó a todo partido razonable. El general Pezuela convino enteramente en los principios del gobierno de Buenos Aires: más se experimentó una resistencia escandalosa en los jefes del ejército del Perú, que, al fin rompieron en una completa insurrección; porque no querían que el país volviese a su antigua tranquilidad. Este ejemplo, apoyado por la conducta del Dr. José Artigas en la banda oriental del Paraná iba a poner en el último conflicto del país, y alejar por mucho tiempo toda esperanza de orden y subordinación a la LEGITIMA AUTORIDAD. Entonces creí necesario aceptar el mando supremo, concentrar todas sus fuerzas en la capital, poniendo al frente de los regimientos los jefes de mi confianza más propios para coadyuvar mis esfuerzos: al mismo tiempo

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di las órdenes para la formación de los cuerpos de los soldados españoles, esparcidos por las campaña de Buenos Aires, encargando de esta comisión al coronel D. Pedro Andrés García, español de toda mi confianza: comisioné al Dr. José Manuel García para que influyese en la legación del estado de las cosas, y tratase con el jefe de la expedición, que se esperaba de Cádiz, los medios de perfeccionar la pacificación del país sin derramamientos de sangre: o caso de que aquella no se verificase, suplicar a S.A.R., el Príncipe Regente de Portugal se sirviera construir a ello en nombre de S. M. como su amigo y aliado: V. S. sabe cómo todo que ha quedado desvanecido. Los malvados, de que abundan siempre en las revoluciones agitaron a la multitud con las especies favoritas de transición y de engaño, haciendo valer el daño de su propio país el oficio de V. S., que era cabalmente, el que debía traerlos al camino de la sólida felicidad pública y aún privado de cada uno de ellos, algunos oficiales que como por sus nacimientos y sus principios, debían ser los más interesados en esta obra, faltaron indignamente a la confianza del gobierno: y reventó una espantosa revolución que aniquiló cuanto se había adelantado. Un núcleo considerable de sujetos distinguidos ha sufrido toda clase de vejaciones y de insultos; y, después de perdidos sus bienes, son arrojados para siempre de su país: otros sufren desterrados en los desiertos del interior, dándose por muy felices de haber salvado sus vidas. Yo, con mi familia, así como otros muchos compañeros de desgracia, no hemos trepidado en presentarnos voluntariamente a V. S. y permanecemos bajo su protección y de la S.A.R., dando con este paso una prueba de sinceridad de nuestras intenciones. Esta es, abreviadamente, la historia de mi conducta pública: desde que empecé a tomar parte de los negocios del Río de la Plata, se ha dirigido, acortar esta funesta guerra que la devora; y desde la vuelta del Rey, aún ha sido más claro y decidió mi conato, POR VOLVER ESTOS PAISES A UN SOBERANO que solamente puede hacerlos felices. Es verdad que a veces tuvo que marchar en sentido contrario; pero en un gobierno popular, era necesario sacrificar mucho a las circunstancias del momento, si se había de precaver alborotos y, además, es preciso confesar, que la poca habilidad de los jefes de la nación ha contribuido, no poco, a la adaptación de medidas de ataque y defensa, que pudieron evitarse. Yo me consuelo, por último como con que un conjunto de casualidades haya puesto a V. S. EN DISPOSICION DE INTERROGAR A MUCHOS INDIVIDUOS, QUE HABIENDO TENIDO PARTE EN LA DIRECCIÓN DE MIS PLANES, SON ACTUALMENTE VICTIMAS DEL FUROR DE LA REVOLUCION INSENSATA, que con motivo de ello acaba de suceder en Buenos Aires.

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A lo menos espero que, considerándome como un vasallo que sinceramente reclama la gracia de su soberano, está dispuesto a merecerlo, se sirva a recomendarme a S. M., ante quién me presentaré, luego que haya seguro transporte para mi persona y familia. A.V.S. pido se sirva acceder a esta solicitud, que es gracia a que espero de su notoria generosidad. Río de Janeiro Agosto 23 de 1815. CARLOS DE ALVEAR. Cuando Montevideo fue ocupada por las fuerzas portuguesas al mando del General Lecor, Alvear, que no encontró eco en España a su solicitud, se instaló en Montevideo, y el general Iriarte, en sus “memorias”, dice que quiso visitarlo, “pero al mismo tiempo abrigaba la desconfianza de su lealtad como patriota”; y agrega: “Explicaré ésto: Cuando pasó por el Tucumán el general Belgrano, que no era amigo de Alvear, un día que se hizo mención de éste y de la revolución que lo había derribado, me dijo, entre otras cosas, que Alvear había hecho en el Janeiro una representación al Rey Fernando, por el intermedio del embajador español, pidiendo indulto y permiso para volver a España”, y que , expresando dudas de tal afirmación, Belgrano le mostró un manuscrito que contenía el texto de la dicha representación.“Belgrano me aseguró que aquel documento era auténtico…” Estando en Montevideo, Iriarte interrogó a Alvear quien dijo que se trataba de copias de una nota QUE TUVO QUE HACER para no ser molestado por españoles residentes en Río, “pero que la representación nunca llegó a manos del embajador firmadas de su puño”. La verdad es que no sólo llegó sino que se guarda original en él “archivo histórico nacional”, de Madrid (papeles de estado, legajo 5843) y ha sido dada a conocer, en reproducción foto estática, por Hugo D. Barbagelata, en su obra sobre Artigas: Tal el hombre a cuya memoria se levanta uno de los más bellos monumentos de la ciudad de Buenos Aires, indultados por la historiografía liberal, que aún lo presenta como exponente ¡de la democracia ideológica en lucha contra la democracia inorgánica!. La revolución de 1815 que lo derrocó fue más un cambio de hombres que de orientación. El general José Rondeau fue designado Director Supremo en uno de los tantos avatares de la historia de las instituciones, se organizó una titulada “Junta de Observación”, para que actuara a su lado como entidad de vigilancia o algo por el estilo. La Junta fue integrada por destacados componentes de la oligarquía porteña. En acuerdo de Cabildo de 5 de mayo de 1815, se aprobó un “Estatuto Provisional”, redactado por la “Junta de Observación”, el que fue jurado por Álvarez Thomas, que se hizo cargo del gobierno hasta tanto llegara Rondeau del frente de la guerra del norte, donde mandaba al

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ejército nacional. Mas, fuera de lo que las dos cartas de Alvear que acabamos de ver significan como expresión del alma tortuosa de su autor, es lo cierto que abundan en detalle de tal magnitud, sobre todo si la comparamos con la realidad de los sucesos que refieren, que no se puede menos que reconocer que dicen mucha verdad, y que a su alrededor, actuó un grupo con la misión de evitar la separación de España. Es una acción que, en nuestro concepto, inicia solapadamente el Primer Triunvirato, bajo la inspiración de Rivadavia, cuya constante preocupación fue siempre, llegar a un acuerdo amistoso con España, y que siguió, después del breve sarampión jacobino de fines de 1812 y mitades de 1813 movido por Alvear, como lo demuestra la designación de Posadas como Director Supremo. “Para que sirva a mis hijos en su defensa después de mi muerte”, escribió Posadas una especie de “autobiografía”, en la que confesó su oposición a lo ocurrido el 25 de Mayo de 1810. Dice en ella de cómo no concurrió al Cabildo de 22 de Mayo, “por hallarme legítimamente ocupado” y de cómo se enteró de lo ocurrido en el mismo, y agrega: “Aquella noche del 22 de Mayo supe en casa de un amigo que se había declarado en el cabildo a pluralidad de sufragios haber caducado la autoridad del virrey Cisneros y que el ayuntamiento quedaba encargado de nombrar un gobierno legítimo a la mayor brevedad. En dicha casa se hallaba, entre otros, el capitán del ejército don Miguel Marín, que se empeñó en oírme hablar sobre semejante novedad y algo acalorado le contesté, que nada me gustaba, pues habiéndose ya depuesto dos virreyes, desobedecido otro por la ciudad de Montevideo y su gobernador Elio, se había de seguir deponiendo y desobedeciendo otros muchos gobiernos: que no podía calcular cuántos serían, pero si me parecía que un gobernante de los creados y depuesto por Juntas Populares había de ser fusilado; Y QUE SE GUARDASE DE ENTRAR EN AQUEL GOBIERNO A QUE TOCASE SEMEJANTE FATALIDAD. Marín y todos han visto y presenciado la variación de gobiernos, las puebladas, los destierros, las prisiones, las proscripciones, la muerte civil en muchos gobernantes y, a fines del año 1828 han visto deponer y fusilar al coronel don Manuel Dorrego, gobernador y capitán general de esta provincia”. Adviértase que Posadas escribe mucho después de los sucesos, cuando podía tener interés en demostrar que había tenido lucida actuación en el proceso independizador, y no solo niega su posición, sino que se apoya en la muerte de Dorrego para demostrar que no se equivocó en 1810 al juzgar los acontecimientos.

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Dice de cómo los sucesos del 25 de Mayo fueron precedidos “por una especie de conmoción y griterío en el cuartel de “Patricios”, donde “se eligió otra” Junta, lo cual ha sido confirmado por la investigación histórica, de acuerdo en señalar que todo lo ocurrido el 25 fue obra de los militares gestada en el cuartel de Patricios, y que la nota presentada al Cabildo fue redactada por un alférez de ese cuerpo, Nicolás Pombo de Otero (ver Roberto Marfagny. ¿Dónde está el pueblo? En “Humanidades”. La Plata, tomo XXXI) quien agregó a la nota varias firmas con su letra, repitió otras y falsificó algunas, de manera de cuando Leiva preguntaba por el pueblo no hacía ironía. Y eso que Leiva debió de estar de acuerdo con lo que sucedía, como oportunamente hemos señalado. Que Posadas estaba considerado enemigo de la Junta lo revela el que fuera deportado de la capital, el 5 Abril de 1811, junto con Rivadavia, “sin embargo dice, de vivir así retirado de toda reunión de gente”. Posadas fue componente de unos de los Triunviratos y, en 1814, Director Supremo. El Triunvirato integrado por Paso, Álvarez Jonte y Rodríguez Peña lo designó, con el Dr. Valentín Gómez, Pedro José Agrelo, Dr. Manuel José García, Dr. Pedro Somellera, Dr. Nicolás de Herrera, D. Hipólito Vieytes, para formar un proyecto de constitución. Presionados por el medio, el proyecto que redactaron fue republicano, a pesar de que la mayoría de la comisión era monarquista y si Posadas era contrario a lo ocurrido en Mayo, no menos lo era Herrera y García. Uno de los primeros esfuerzos de Posadas tendió a hacer la paz con Montevideo, a cuyo fin escribió al gobernador español Vigodet. Este convenio se hizo entre Vigodet y Alvear quedando la plaza en manos argentinas, en calidad de depósito, “mientras se resolvía en España acerca de las disensiones” que existían. En el mismo convenio Alvear juró y reconoció “la unidad y la integridad de la monarquía española”, admitiendo que formaban parte de ella “las Provincias del Río de la Plata reconociendo por consecuencia como a su legítimo rey al señor don Fernando VII”, según manifestó Vigodet, en carta a Posadas, acusando a Alvear de haber faltado a lo pactado. Estos hechos no deben extrañar. Lo sorprendente hubiera sido que ante los sucesos de aquellos días no hubiera habido diferencias de opinión aún entre los nativos; aunque la metodología progresista no lo admita, por partir, en interpretación de los hechos, de premisas concebidas sin demostraciones y bases ciertas. No se trata de impedir la independencia en un sentido absoluto sino de evitar la disolución del imperio español, ganando, para las provincias de ultramar, los beneficios del gobierno autónomo. Hoy día, los que así actuaron nos pueden

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parecer hasta traidores, pero en su época nadie los podía considerar de semejante manera, estimando, a lo sumo como equivocado el punto de vista en que se habían colocado. Lo que es traición en Alvear es aprovechar esa situación para pedir gracia a Fernando VII, y lo que lo es, en grado sumo, en su oferta a Inglaterra de mediatizar el país al carácter de colonia británica. Traición a lo que hasta entonces todos, aún en las más dispares tendencias, habían declarado siempre como motivo esencial de sus actos: la defensa de la religión y la patria. Verdad ésta que para ser ocultada, en lo que a religión se refiere, se publican muchos documentos mutilados de exprofeso. Lo evidente es que la carta de Alvear aclara muchos aspectos del panorama político argentino y confirma, de manera sorprendente, la interpretación de los hechos que, en 1835, hiciera Rosas en su discurso del fuerte, al decidir que, hasta 1816, se esperó pacientemente que España comprendiera el problema americano, porque la intención del pronunciamiento de Mayo no había sido destruir la entidad de la monarquía española. Y Rosas podía conocer muchas circunstancias de ese pasado por las vinculaciones con los hombres como Tomás Anchorena, Rojas y Patrón, Sarratea, García y otros. Es innoble, en Alvear, la versión sobre su entrada en la política del país, pues es notorio que partió de Europa dispuesto a trabajar por la independencia nacional, por creer que España había sucumbido definitivamente bajo la fuerza de las armas de Napoleón; aunque es exacta, en cambio, la posición que denuncia contra las tendencias liberales, expresadas por las Cortes de Cádiz, en lo que coincidió con San Martín. Hemos dicho que este movimiento de tipo reaccionario se inicia con Rivadavia, y tal es la opinión de Ricardo Rojas, quien dice: “Rivadavia, el Triunvirato y la oligarquía reaccionaria de Buenos Aires pretendían, con el golpe de estado retrovertir a la revolución de Mayo a su punto de partida. Al suprimir la división de poderes, asumían la suma de la autoridad, creada por la revolución; y al ratificar el nombre del rey Fernando, negaban todo propósito de independencia y democracia. Rechazar la bandera demagógica jurada en Jujuy, era, en tal gobierno, un postulado lógico de esos mismos principios así confesados”. 6.- “EL ESTATUTO PROVISIONAL” DE 1815.

Ha dicho Juan P. Ramos que el “Estatuto Provisional” de 1815, fue un ensayo de “biforme gobierno, producto exclusivo de la capital, trabajado por el miedo a la

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autoridad franca; gobierno no solo efímero sino congénitamente incapaz de toda obra que no fuera atropello de los vencidos; víctima de la contradicción, condenado a perpetuo a combatir consigo mismo, a propósito de cualquier cosa, desde la compra de un barril de pólvora hasta los asuntos en que no cabían dos opiniones…” Todo permite suponer que el estatuto fue un frangollo hecho en base a algún proyecto de constitución abandonado. Sus principales características son: 1º- Su contenido UNITARIO, a pesar de surgir de una revolución FEDERAL; 2º- En colocar al Poder Ejecutivo en situación de dependencia de una Junta que daba ese poder el carácter de un colegiado. Lo más importante, por la trascendencia que alcanzó, fue la disposición XXV de la disposición tercera determinando la obligación del Directo Supremo de “invitar con particular esmero y eficacia a toda la ciudad y villas de las provincias interiores para el pronto nombramiento de diputados, que hayan de formar la constitución, los cuales deberán reunirse en la ciudad de Tucumán, para que allí acuerden el lugar en que hayan de continuar sus sesiones…” El “Estatuto Provisional” fue reconocido por Salta y por Tucumán; Jujuy lo hizo después de señalar las restricciones, lo mismo que Chuquisaca y Potosí. Cuyo protestó acatamiento al nuevo Director, pero no sancionó el “estatuto”, por no considerarlo “oportuno para el actual régimen de las provincias”, resolución que fue tomada en una reunión que presidió el General San Martín.

7.- ANTECEDENTES DEL CONGRESO DE TUCUMAN, EN 1816.

La derrota de Sipe Sipe, el ataque a Güemes y otros, desaciertos minaban el prestigio del general Rondeau, cuando Álvarez Thomas, que lo sustituía como Director Supremo, entraba en conflicto con la “Junta de observación”. Con fecha 12 de febrero de 1816, Álvarez Thomas se dirige a “las corporaciones magistrados militares y ciudadanos reunidos de su orden en Cabildo”, para plantear la reforma del “estatuto”. A pesar de los seis años transcurridos del pronunciamiento de 1810 el país no había creado una sola institución propia, y, en los momentos difíciles, apelaba al CABILDO ABIERTO tradicional. Se ve que las lecturas de escritores franceses no habían surtido gran efecto, o no es verdad que se hubieran hecho tales lecturas. Lo curioso es que Mitre, comentando este acto, dice que importaba atacar “por su base a la existencia de los poderes constituidos y se liberaba a los azares de una Junta Popular su conservación o su destrucción”. El Cabildo Abierto tuvo lugar, resolviéndose en él

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llamar a un plebiscito a nombre del “Pueblo Soberano”, costumbre española que aún subsiste en algunas comunas de aldea y como eco de la Edad Media se mantiene en Suiza y ha sido practicado últimamente en España, con gran indignación de los políticos liberales, que creen en el pueblo, pero no tanto… Fue un triunfo de buen sentido esta resolución que terminó con otra, destinando el asunto al próximo Congreso. En esos días llegaba Manuel Belgrano de Europa, y a poco de su arribo escribía a un amigo: “Es casi general la opinión de la monarquía constitucional. Han perdido totalmente el campo los amigos del republicanismo. Nuestra opinión cunde y ya no hay embarazo en hablar, ni aún escribir acerca de ello” (Mitre, ob. cit. Tomo II). Mientras tanto, la guerra contra Artigas sostenida por la oligarquía gobernante, seguía a cargo del general Viamonte, cuyas fuerzas se sublevaban en Añapiré, viéndose obligado Viamonte a capitular. Álvarez Thomas confía el mando del ejército contra Santa Fe al general Manuel Belgrano, quien adelanta como mediador a Díaz Vélez, el cual conviene la paz con el caudillo popular santafesino, Estanislao López, mediante el convenio de Santo Tomé. Quiere Álvarez Thomas desconocer lo convenido, los jefes y oficiales del ejército de Belgrano se sublevan, reconociendo como jefe a Díaz Vélez, que lanza un “Manifiesto”, dirigido al pueblo de Buenos Aires, en el que comienza denunciando los abusos de fuerza cometidos por Viamonte contra los vecinos de Santa fe, “que fueron desterrados una parte de los principales de ellos después de haberles arrancado de sus manos LOS DERECHOS SANTOS DE GOBERNARSE POR SI MISMO que les había tributado su vecindario de campaña…” Después de detallar alguno de los errores cometidos por las fuerzas porteñas de intervención en Santa Fe, el “Manifiesto” agregaba: ¿Es este el sistema de Libertad Civil, de igualdad y de seguridad individual que han proclamado nuestras GACETAS y que hemos sellado con nuestra sangre en toda la América, para conseguir su independencia de toda potencia extranjera…?. Si, Paisanos, no os dejéis engañar con palabras doradas de derecho. Los santafesinos no quieren más que su independencia de su país: los bravos orientales volverán a sus hogares llenos de complacencia, por haber ayudado a evitar que se repitan en América los horrores de la conquista; no lo dudéis un instante, son nuestros hermanos, y unidos siempre que alguna Nación Extranjera envidie nuestro derechos, los veréis correr entre nosotros a empaparse con la sangre de ellos”.

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Ante aquellos sucesos, Álvarez Thomas presentó la renuncia, tomando el gobierno la “Junta de Observación”, por resolución del Cabildo, que no mostró interés en conciliarse con Artigas, porque en aquellos momentos la única realidad política en juego es la prepotencia de la oligarquía mercantil porteña contra las masas populares. Aquella, dispuesta hasta enajenar la independencia a cambio de lograr el gobierno a nombre de cualquier cosa, pero un gobierno centralista ; éstas dispuestas a defender sus tradicionales conceptos de libertad políticas y que, pese a su fidelidad, levantan la bandera republicana, no por convicciones doctrinarias sino por repudio a las minorías dirigentes que actúan dentro del monarquismo, conducidos por la marcha de los sucesos europeos que anuncian en aquellos días por todas partes, restauraciones legitimistas. Entre tanto, en Tucumán se ha reunido el Congreso Nacional, y la “Junta de Observación” designa a Antonio González Balcarce para sustituir a Álvarez Thomas, hasta que el Congreso resuelva otra cosa. 8.- LA ELECCION DE DIPUTADOS AL CONGRESO DE TUCUMAN. El “Estatuto Provisorio” disponía el levantamiento de un censo previo a la elección de representantes al congreso, a fin de que las ciudades y villas eligieran un elector por cada 5000 habitantes. La tarea se llevó a cabo bajo la dirección presbítero Bartolomé Muñoz, que confeccionó un plano de la provincia dividiendo cada ciudad o villa en cuatro circuitos. Para constituir las asambleas primarias de electores, se dividió el territorio de Buenos Aires en nueve distritos, y la ciudad, a su vez, en cuatro circunscripciones. Fueron elegidos: Juan José Paso, Antonio Sáenz, Pedro Medrano, fray Cayetano Rodríguez, José Darragueira, Tomás Anchorena y Esteban A. Gascón. En las instrucciones de que fueron munidos se estableció procurase que en la futura constitución estuviera bien delimitada la división de los poderes del Estado; se asegurase el Poder Ejecutivo en una sola persona, sin establecer si el régimen debiera ser republicano o monárquico. Ni una palabra sobre la independencia. El 30 de Junio de 1815 en Tucumán, se reunían en la ciudadela, alrededor de cuatro mil hombres de la ciudad y de la campaña, eligiendo diputados para el Congreso y adhiriéndose “voluntariamente en todos los pasos que ha dado la capital de Buenos Aires en las marchas de la suspirada libertad”. En las instrucciones dadas a los diputados se estableció la necesidad de la “absoluta

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independencia de España y de sus reyes”, como hace esencial para fundamentar la libertad. En el campo constitucional se aconsejó que la carta a distarse “sea adaptable a nuestra situación local y política; a la índole y habitudes de los ciudadanos; que aliente la timidez de unos; que se contenga la ambición de otros; que acabe con la vanidad inoportuna; que ataque pretensiones atrevidas; que destruya pasiones insensatas…” Eran estas instrucciones expresión concretas del sentido político del tradicional hombre hispano, o sea, el gobierno eficiente, cualquiera que fuere, sin dedicarse demasiado a buscar formas nuevas, sino a perpetuar la mejor conocido. Mendoza estaba gobernada por el general San Martín, quien se había apartado de las luchas políticas para trabajar exclusivamente por la independencia, y a cuyo influjo se debió, en gran parte, la idea de realizar el Congreso de 1816 y proclamar la independencia nacional. Había organizado un ejército, dispuesto a liberar a Chile y Perú, como forma de asegurar, además, la independencia del Río de la Plata, y no quería ponerse al frente de sus tropas en carácter de rebelde, sino como representante de una nación. No se conoce las instrucciones dadas a los mendocinos, pero sabiéndose la irreductible mentalidad monárquica de San Martín, que siempre creyó que la monarquía era la mejor forma de gobierno, se puede asegurar que tanto Isidro Maza como el Dr. Godoy Cruz, amigos íntimos del libertador, iban dispuestos a considerar la cuestión de acuerdo con aquel. San Juan eligió a Fray Justo Santa María de Oro y, posteriormente a Narciso Laprida, que aceptó cuando San Martín aprobó la elección, que el renunció como irregular, por estimar que solo habían intervenido los vecinos de las zonas urbanas. Es evidente que San Martín hizo que San Luis eligiera como diputado a Juan Martín de Pueyrredón, con los más amplios poderes con los que concurriese a la “formación de la Constitución Nacional”. El 28 de Octubre de 1815 fue citado el vecindario de Jujuy para proceder a la elección de diputados, siendo electo con siete votos Teodoro Sánchez de Bustamante, a quien se le dieron instrucciones, encargándole promover la “sanción solemne… de la absoluta dependencia del Estado de la corona de España” y fijándose, a los fines de la constitución, la “igualdad de derechos, la libertad y soberanía o independencia natural de cada provincia y cada pueblo de los que la componen y que en libre uso y ejercicio de estos mismos derechos entran espontáneamente a constituir un solo estado de pactos justos, solemnes y

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expresos”. Jujuy, que había sido la primera provincia en proclamar los ideales de una organización de tipo federal, insistía hasta el próximo congreso, afirmando un programa político de franco sentido hispano y medioeval, en las que las tradicionales libertades municipales y provinciales se reafirmaban por la ciudad al que el absolutismo de la “Ordenanza de Intendentes” había sujetado a Salta. Santiago del Estero que, por aquella ordenanza centralizadora había sido sometida a Tucumán, había logrado separarse, después de las jornadas federalistas de Borges, procediendo a elegir sus diputados en las personas de Pedro Francisco de Uriarte y el presbítero Pedro León Gallo. Córdoba estaba gobernada por Díaz, que había sido electo bajo la presión del “artiguismo”, mas, a pesar de la simpatía que gozaba el caudillo oriental, al que el Cabildo le obsequió con una espada de honor, el sentimiento localista era demasiado altivo para aceptar su “protectorado”. Es así como Díaz termina reconociendo al gobierno de Buenos Aires y se procede a la elección de diputados al Congreso, siendo electos E. Pérez Bulnes, C. Salguero de Cabrera, José Antonio Cabrera, y M. del Corro. Catamarca eligió diputados al cura vicario del beneficio de Belén Dr. Manuel Antonio Acevedo y a don José Antonio Olmos Aguilera. La Rioja, que dependía, por la “Ordenanza de Intendentes”, de Córdoba, había optado por reconocer al gobierno de Buenos Aires y declararse independiente de su anterior subordinación. Su diputado fue el canónigo Dr. Pero Ignacio de Castro y Barros. Una de las últimas provincias en designar a los diputados fue Salta, y la elección se hizo a grito de ¡MUERAN LOS PORTEÑOS! También designaron diputados las provincias, que han dejado de ser argentinas, de Charcas, Chichas y Mizque. Faltaron, por consiguiente. Las provincias de Paraguay, Santa Fe, Corrientes, Entre Ríos y la Banda Oriental, que se encontraban bajo la “protección” de Artigas, levantado contra el gobierno de Buenos Aires por sus tendencias centralistas, aristocratizantes y contrarias al sentido de estos pueblos. 9.- DESIGNACION DEL DIRECTOR SUPREMO Y DECLARACION DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL.

Los dos importantes actos primero que lleva a cabo el Congreso de Tucumán deben imputarse a la influencia directa del general San Martín. Uno de ellos: la

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designación de don Juan Martín de Pueyrredón, como Director Supremo de las Provincias de la Unión del Sur, y el otro el acto solemne de la declaración de la Independencia Nacional. En la sección de 29 de Mayo de 1816 se nombró una comisión nombrada por el diputado Gascón Bustamante y Serrano para que fijaran los “asuntos primarios y principales en que debería ocuparse el soberano Congreso”. El 19 de Junio se aprueba el plan formulado y se manda publicar la “NOTAS DE LAS MATERIAS DE PRIMERA Y PREFERENTE ATENCION PARA LAS DISCUCIONES Y LAS DELIBERACIONES DEL SOBERANO CONGRESO”. Los primeros puntos eran los siguientes:

“Un manifiesto a las provincias sobre la situación política”.

“Declaración o deslinde de las facultades del actual Soberano Congreso Nacional Constituyente y tiempo de su duración”.

“Discusiones sobre la declaración de nuestra independencia política: el manifiesto de dicha declaración…”

“Pactos generales de las Provincias y pueblos de la Unión preliminares a la Constitución…”

“Qué forma de gobierno sea más adaptable a nuestro actual Estado y más conveniente Para hacer prosperar a las Provincias Unidas…”

6) 7)

“Decretada la forma, por un proyecto de Constitución”. “Plan de arbitrios permanentes para sostener la guerra por la libertad común…” etc.etc. En sesión del 9 de Julio de 1816 se consideró la “Nota de materias” antedicha y, después de dividir los asuntos en tres clases, se decidió dar preferencia y por aclamación declarar la independencia de las Provincias Unidas de la América del Sur. Así se votó, por unanimidad y se extendió un acta que, en lo substancial, declara rotos “los Violentos Vínculos que las ligaban a los reyes de España, recuperar los derechos de que fueron despojadas e invertirse del alto carácter de una nación libre e independiente del rey Fernando VII, sus sucesores y metrópolis”. Se pasó luego a encargar a los presbíteros Antonio Sáez y Luis Chorroarín, la redacción de un “Manifiesto”, explicativo de la declaración formulada, el que se hizo y publicó bajo el título: “MANIFIESTO QUE HACE A LAS NACIONES EL

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CONGRESO GENERAL CONSTITUYENTE DE LAS PROVINCIAS UNIDAS DEL RIO DE LA PLATA, SOBRE EL TRATMIENTO Y CRUELDADES QUE HAN SUFRIDO DE LOS ESPAÑOLES, Y MOTIVADOS A LA DECLARACION DE LA INDEPENDENCIA”. Es un documento apasionado, vigoroso, en el cual, para justificar la independencia, se acumulan contra la dominación española, cargos notoriamente injustos, cuando no evidentemente falsos. No hay que culpar a sus autores. Vivian la guerra y debían producir literatura de guerra, es decir, literatura que no reconoce mérito alguno a los enemigos. Seis días más tarde el Congreso adopta como insignia patria la bandera creada por Belgrano.

10.- EL MONARQUISMO DEL CONGRESO DE TUCUMAN.

Una de las de las cosas más curiosas de la historiografía argentina es equiparar la monarquía en la posición antidemocrática y antiliberal, y el republicanismo como posición liberal. Pero, como de seguir ese planteo, resulta que los liberales que, en 1816 son casi todos monarquistas, tendrían que ser representados como reaccionarios, y los republicanos, marcadamente antiliberales -como Estanislao López-, como protagonistas, lo cual, no cabe en los esquemas de esta historiografía, se resuelve ocultar al monarquismo de unos y el republicanismo de otros. La realidad nacional es que la mayoría del país es antiliberal, fuera de la minoría porteña que, en el liberalismo, no ve instituciones políticas sino posibilidades económicas y políticas de predominio, por lo cual es, además, unitaria. Por otra parte, las minorías aristocratizantes, que son las representadas en el Congreso, temen al pueblo; sienten los peligros de la anarquía, porque están en el centro del drama social que el país vive y procuran un gobierno fuerte, pero fuerte para las demás clases, no para la propia. Lo mismo ocurre en los Estados Unidos después del entusiasmo de la guerra por la independencia, cuando la rebelión Shay: las minorías de propietarios reaccionan, los derechos se limitan y se construye una constitución destinada a defender el interés de los propietarios. En 1816 todos hablan de libertades, pero las masas del litoral se refieren a las viejas libertades municipales y provinciales, que, al oponerse a las centralizaciones, ponen en jaque la razón íntima de ser del liberalismo porteño.

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Por otra parte, como ya lo hemos dicho, no dio nuestro pasado pensador político alguno que, basado en el estudio de las circunstancias históricas del país, formulara tesis propias. Los más ilustrados no pasaron de serlo por haber leído alguna obra aislada, pero como fueron, por lo general, lecturas atrasadas, para comprender la evolución política del país es preciso, siempre, referirse a los aspectos pasados de la evolución política europea. Si en 1816 la mayoría es monarquista es porque monarquista es Europa después de 1815. Son muy pocos los que, como San Martín, se han convencido de la necesidad de un gobierno fuerte y antiliberal, por un análisis de situación. Él es, además, unitario, pero no por servir intereses de clases, sino porque procura la unidad nacional. Es así como no resulta fácil encontrar argumentos para rebatirlos -y entonces se desfigura su pensamiento presentándolo sin ideas políticas- puesto que se quiera o no admitirlo, si el país argentino alcanzó a organizarse, fue debido que la dictadura de Rosas actuó como elemento catalizador de los elementos necesarios para forjar una conciencia nacional, sin cuya existencia la declaración de independencia podía dar lugar a la formación de un Estado, pero no de una Nación. Y Rosas no hizo sino fortificar los elementos tradicionales, o sea, los hispánicos, concebidos a través de la mentalidad propia de nuestro pueblo, cosa posible, sin caer en formas “españolistas”, porque la hispanidad no constituye una fórmula sino un estilo de tal contenido universalista que admite las variaciones de cada medio sin peligro de deformar sus esencias. Lo malo del monarquismo de los hombres de1816 no es el monarquismo, sino la imitación; como lo malo de los republicanos de 1813 es que proceden por plagio y no por convicción. Por ese artificialismo es que ambas fórmulas perecen. Tienen vida circunstancial de lirios. Lo permanente, lo que queda, es el pronunciamiento de Mayo, porque está hecho sobre la base inconmovible de la realidad de un hecho realizado dentro de los principios tradicionales de la estirpe; como subsiste la unidad dentro de las preeminencias localistas, por la misma causa, ya que los localismos no eran disolventes como en la Edad Media, puesto que, en los siglos transcurridos, se habían integrado a la conciencia del Estado Nacional que el medioevo no conoció. El monarquismo tenía el inconveniente de que destinaba la corona a un príncipe extranjero, o sea, entregaba el Estado Nacional a manos extrañas, lo que bastaba para serlo impopular. Y es que el sentimiento de lo nacional, aunque impreciso, surge en las masas antes que en las clases dirigentes, lo cual no constituye un fenómeno singular sino común, como lo demostró el pueblo español

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frente a Napoleón. Al mismo tiempo que muchas cabezas de las clases altas trastabillaban en la duda de con quién debían quedarse, para no perder su prebendas y privilegios. Siempre ocurre así. El Pueblo de Buenos Aires no tranza con los ingleses en 1806, pero hay salones aristocráticos que se honran con recibir a los jefes y oficiales de Beresford. En las luchas políticas las masas son siempre: “Si, Si, No, No”; los pudientes, los poderosos, los que tienen cosas a perder, prefieren el término medio. Desensillan, como dice el gaucho, hasta que aclare. Las clases privilegiadas, en 1816, solo ven la necesidad de combatir la anarquía, y anarquía es el pueblo que quiere ser escuchado. Esos privilegiados son liberales, y como tales, sienten que la clase a la que pertenecen -la burguesía- es la única que tiene derecho a gobernar. El que, con el correr de los años, el liberalismo aparezca admitiendo hasta el sufragio universal, no debe a hacer olvidar que se trata de una doctrina que ha evolucionado de tal manera que aplicara al de 1816 el concepto que se tiene de él en 1950 lleva a conclusiones falsas. En su ceguera, llegó el Congreso de Tucumán, por consejo del ingenuo Belgrano, a proponer la restauración de la monarquía incaica, que, como es notorio, fue la expresión más grosera del absolutismo bárbaro y que, en lo que a la argentina se refiere, actuó como sojuzgadora de las razas nativas. ¡Después de tanto Voltaire y Montesquieu íbamos a dar en Atahualpa Chupanquí!.

11.- EL DESPOTISMO DE PUEYRREDON.

Por su educación, por sus intereses -pertenecía a una familia de comerciantes franceses-, y su manera de ver y sentir, predominaba en Pueyrredón un espíritu de clase que hizo del suyo un gobierno centralista dispuesto a entregar al país a cualquier príncipe de exportación que llegara de la patria de los suyos. Su actuación, en el orden interno, se concretó a avasallar las autonomías provinciales, a fin de destruir el federalismo. Hay que hacerle el honor de reconocer, sin embargo, que sin su solidaridad con san Martín, el proceso militar de la independencia de América habría podido tener un desarrollo diferente al que le diera el Libertador, pero para ello subestimó la importancia de las luchas políticas y de la intervención de Portugal en el Río de la Plata. Fue el suyo, en síntesis, un gobierno de dictadura, movido por un gran ideal americano y por un pequeño y antinacional afán de política interior, el cual, triunfante más tarde, dejó con

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Rivadavia, abandonado a san Martín en el Perú. Con el pretexto de mantener la unidad de la Nación para atender la guerra exterior, expulsó del país a los que no querían que éste terminara como feudo de cualquier príncipe importado y que, con el argumento de defender la revolución, se reunieran alrededor de Pueyrredón quienes sólo procuraban que no fuera más allá de los límites precisos en que sus intereses de clase se pudieran ver comprometidos. Su gobierno fue el triunfo y sus elementos conservadores de la oligarquía porteña, en contra del grupo tradicional, y por eso volvió a los primitivos ideales de la LOGIA LAUTARO en cuanto a asegurar la independencia nacional ante todo; pero dentro de conceptos afines al tipo de los hombres de la época de Carlos III, combatiendo el federalismo a fin de colocar el país sujeto a Buenos Aires, o sea, a merced de los grupos mercantiles, a los que Pueyrredón pertenecía por mentalidad y por intereses. Desde la “Crónica Argentina”, un grupo de jóvenes escribe contra el monarquismo, Pueyrredón cierra el periódico y deporta a sus redactores Vicente Pasos Kanki, Manuel Moreno, Feliciano A. Chiclana, M.V. Pagola, Eusebio Valdenegro y Domingo French, que fueron abandonados en un punto de la costa de los Estados Unidos. Poco antes han desterrado a Manuel Dorrego, quien en la oportunidad conoce a los Estados Unidos y retorna, en 1820, imbuido de ideales democráticos y federalistas, pero, desgraciadamente, no en base a las características locales, sino a la imitación de lo visto como expatriado. Mientras, San Martín afirma la independencia americana en Chacabuco y Maipú y entra en Perú, Pueyrredón pierde terreno con sus tratos con Portugal; a tiempo que por la intervención de la masonería, se logra que las tropas que España prepara en Cádiz para una expedición al Río de la Plata, se subleven, declarándose contra el absolutismo de Fernando VII, lo que aclaró el panorama exterior de América. Entretanto, en lo interno las tortuosidades de la política de Pueyrredón respecto de la Banda Oriental aumentan la posición de Artigas y de los federalistas, que son atacados por el gobierno de Buenos Aires, ciego en sus esfuerzos para dominar el país y someterlo a sus puntos de vista. 12.- LA GUERRA SOCIAL. EL PROLETARIADO DE LAS CAMPAÑAS.

Según un censo de 1744, sobre 186 propietarios, los habitantes de la campaña alcanzaban a 5897. La situación de la campaña de Buenos Aires era, por

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consiguiente, desde el punto de vista social de una profunda diferencia entre una minoría propietaria y de una mayoría desamparada; sin clases intermedias. Las condiciones económicas, sociales y morales de ese proletariado habían descendido de manera deplorable. Mientras los inmensos rodeos de ganado alzados les permitieron vivir por la venta de los cueros y cebos de las matanzas de vacas cimarronas, esa clase había vivido relativamente feliz; pero en la misma medida que se fueron organizando las estancias, entraron a tener vigencia leyes destinadas a detener aquella destrucción irracional de riquezas, a pesar de lo cual, durante el siglo XVII la campaña estaba poblada por un paisanaje nómade, ocioso, hábil jinete y buen guitarrista, al que se lo denominaba GAUDERIO, y que no constituía ningún problema social. El GAUDERIO mataba una vaca para obtener un matambre o una lengua. Junto a ellos actuaban los “Changadores”, ladrones de hacienda, que en pleno campo mataban y cuereaban para vender los cueros. A fines de siglos XVII el hacendado criollo ha comenzado a integrar una casta: la clase acaudalada de la sociedad porteña que llega a ser, además, la clase política dominante. Ni la propiedad ni la familia, señala, con acierto Juan Agustín García, en “LA CIUDAD INDIANA”, forman la base social del proletariado de la campaña. La idea de la propiedad que tiene el hombre de hoy es desconocida por el “Gauderío. Un peón de campo, ya más civilizado, ganaba a penas lo indispensable para cubrir las necesidades más apremiantes, “por cuyas causas no adelantaban, por más que anden en el verano sedientos y fatigados, y en el invierno trémulos, yertos y hambrientos”. Por otra parte fuera del trabajo de campo, para el que no sirven los negros esclavos, el habitante de la campaña es ocioso porque los menesteres del artesano son actividad propia de la esclavatura; su actitud para el trabajo le servía de poco cuando por cien pesos plata se podía tener un esclavo que, en sus veinte años de trabajo rendía más de cuatro mil pesos de jornales. Si algunos, más emprendedores, o voluntariosos se apoderaban de tierras realengas como más allá de las fronteras con los indios, cuando las fuerzas avanzaban contra los indígenas, las tierras les eran quitadas, para ser entregadas a algún paniaguado del virrey o gobernador, que adquiría el suelo valorizado por el pionero esforzado que debía levantar su rancho y partir con su rodeo a repetir, indefinidamente el mismo episodio. Se comprende este proceso si se tiene en cuenta que el rey no autorizó nuevos repartimientos de tierras después de lo realizado en el período inicial de la colonización. Sin noción de la propiedad y sin familia, el proletariado de la campaña, dependía, en absoluto, del elemento de la ciudad, pudiente, poderoso e

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influyente. Gran importancia tuvo durante el período español el mercado ganadero de Salta, en cuya feria se negociaban decenas de miles de mulas y caballos, ovejas y vacas, con que se proveía a la costa del Pacífico y al alto y bajo Perú. Las mulas que allí se vendían eran nacidas y criadas en los campos del litoral hasta los dos años. Buenos Aires, Salta, Corrientes y Córdoba eran el cetro de su producción. Esta actividad daba motivo a la existencia de un grupo reducido de propietarios e invernaderos y gran masa de peones mal pagados, peor alimentados, sin propiedad ni familia en su eterno vagar llevando y trayendo animales. Durante el siglo XVIII la ganadería, como fuente de riqueza, adquiere una importancia considerable; Tucumán, Santiago del Estero, Córdoba, La Rioja, La Pampa y Buenos Aires se llenan de hacienda de diversas especies. El 13 de Agosto de 1701, el Cabildo de Buenos Aires aprueba una resolución para que los vecinos de cada pago, haciendo cabeza uno de los más caracterizados, pudieran salir al campo para hacer recogida del ganado vacuno cimarrón, teniéndolo en sus estancias para el sustento de su familia; decían en la resolución que los que no tuvieran haciendas en sus estancias se apresuraran a realizar la recogida en el mes de septiembre, que aquellos que no lo hicieran en esta oportunidad ya no podían hacerlo hasta pasados cuatro años, es decir, que perderían el derecho de “accionero” que el Cabildo acordaba. El “accionero” era el único que podía exportar cuero, cebo, cerda, etc. Se lo presumía, o era, descendiente de los primeros conquistadores, es decir, que tenían tierras, pero, a veces, no haciendas, de manera que el Cabildo daba con la fórmula de salvar el inconveniente. A principios del siglo XIX se ha formado en Buenos Aires una casta privilegiada: la de los comerciantes; que se unen a los hacendados para obtener franquicias en favor del Puerto de Buenos Aires, las que logradas, aumentan la riqueza de los pudientes y hacen que lleguen los comerciantes a constituir una clase que envía sus hijos a estudiar a Europa, a Chuquisaca o Córdoba, de donde vuelven para integrar el futuro patriciado del país, imbuidos de la ideología de la naciente economía política que ve un vago en todo aquel que no es propietario. Como dice Juan Agustín García: “Después de la independencia el personaje español fue sustituido por el politiquero criollo, más simpático, pero igualmente voraz. La situación del proletariado empeoró”. En efecto, el acaparamiento de tierras se desarrolló vertiginosamente, echando de ellas a sus ocupantes intrusos y creando condiciones que hacían decir, en su célebre informe, al coronel Pedro Andrés

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García, que era necesario “dispensar la protección y amparo a estas familias y a sus intereses, porque en otra formas iban a ser víctimas de la miseria, perdiendo la provincia los brazos agricultores ya formados, sin otro recurso que el de la mendicidad, que no podrá soportar con resignación, ni dejar de sentir del modo más vivo la indiferencia con que se mirase sus ruinas… estos desgraciados tocaban ya la raya de la desesperación; y no tanto se empeñaban en permanecer en sus hogares, como en procurar terrenos donde mudarse, aunque a costa de graves atrasos y quebrantos es sus haciendas y poblaciones”. Bajo la dominación española con el criterio social de su economía el proletariado no siente su situación secundaria, pero bajo el ideario liberal que importa un nuevo sentido, de tipo individualista, de la economía, la cuestión cambia de aspecto. En 1667, el Cabildo podía decir: “que los montes silvestres de la rivera han sido y son comunes a todos los vecinos y deben gozar de ellos y otros cualesquiera de que se pretende aprovechar siendo silvestres”; desde 1810 ya no se hablará de tierras comunes, por muy silvestres que sean, pues por su explotación tiene un valor económico y aparece quien se apodera de ellas. Un nuevo concepto del derecho de propiedad comienza a imponerse en América. El proletariado de la campaña, utilizado normalmente, era poco numeroso. Según Azara, diez mil cabezas de ganado vacuno requerían el cuidado de un capataz y diez peones, de manera que se producía durante el año un exceso de brazos por los que quedaban sin trabajo terminados los períodos de yerra, esquila o levantamiento de pequeñas cosechas. La mayoría quedaba a vivir en un rancho en la inmensidad de la llanura, alimentándose con los animales que carneaban, hasta que alguna partida lo cargaba para llenar las filas del ejército de línea. Vinieron los saladeros y la carne que, hasta entonces no tenía valor, comenzó a tenerlo. Había que evitar que se la siguieran comiendo gratis los gauchos de manera que el sistema de consumir la carne entregando el cuero al estanciero, no podía subsistir; el gaucho debía ir a trabajar al saladero y ganar el jornal y pagar la carne. Como dice Juan Álvarez en su libro “GUERRAS CIVILES ARGENTINAS”, “la salazón de carnes eran empresas de capitalistas y no se pensó reconocer a los gauchos como socios”. En mayo 15 y Octubre 7 de 1812, el gobierno argentino declaró libre de impuestos la carne destinada al exterior, y al mismo tiempo grabó con un derecho, de cuatro reales (20% más o menos), la que se consumiese en el abasto del país. Roto el dique, los precios mundiales comenzaron a buscar su nivel y bien pronto quedó atrás el antiguo valor de dos pesos por cabeza. Acrecióse al mismo tiempo

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el rigor contra los gauchos que persistían en sus hábitos anteriores, hasta llegar al brutal decreto del 30 de Agosto de 1815: todo hombre de campo que no acreditara ante el Juez de Paz tener propiedades, sería reputado sirviente y quedado obligado a llevar a papeleta de su patrón, visada por el Juez cada tres meses, so pena de conceptuársele vago. “Importaba también vagancia para el sirviente transitar para el territorio sin permiso del juez. Los así declarados vagos sufrían 5 años de servicio militar; o dos años de conchavo obligatorio la primera vez, y diez la segunda, en caso de no resultar aptos para las fatigas del ejército”. (Juan Álvarez, ob. cit.). Para aquel proletariado, la Independencia Nacional se había trocado en una mayor miseria; la ley, en la causa constante de sus dolores; el nuevo régimen, en expresión de fuerza brutal. Aprende, además, que aunque la Ley sea justa es torcida por el favoritismo en favor de los ricos. Conoce los beneficios de hacerse amigo de algún influyente local. ¿Cómo sorprenderse que esos hombres se alcen constantemente contra los pudientes, los ILUSTRADOS, los hombres de la ciudad, y sigan a quienes, salidos de las filas de sus enemigos que, en la vida de campamento o en la de una estancia han demostrado no despreciarlos, y tener por lo menos, un sentido humano para tratarlos? Ven el caudillo a un hombre que los eleva y lo siguen; y es así como las guerras civiles argentinas, disfrazadas con etiquetas políticas, son en el fondo, expresión de una profunda guerra social, que no tarda en adquirir caracteres de guerra religiosa, cuando el pueblo advierte que, hasta en lo puro ingenuo de sus creencias, se trata de herirlo, a nombre de una civilización de la que sólo conoce el saldo que lo mantiene más miserable que antes. Los hombres de Buenos Aires pasan a ser, así, HEREJES, para unos; culpables de la miseria colectiva, para otros. 13.- MODIFICACIONES SUSTANCIALES EN LA ECONOMIA ARGENTINA.

Quienes se han dado a explicar la Revolución de Mayo como el resultado de un proceso económico ha tropezado, sin darse cuenta, con inconvenientes de ignorar cuál era el tipo de economía entonces dominante y la relación de las fuerzas de la producción respecto de la misma. Lo corriente es leer que aquel acontecimiento fue determinado por la necesidad de terminar con el “Sistema monopolista”. Si así hubiera sido, si la conciencia del Virreinato hubiera constituido un motivo eficiente de la revolución, ella tendría que haberse producido mucho antes del 25 de Mayo de 1810, porque ese sistema había dejado de existir en1809,

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con la ordenanza de Cisneros. Por consiguiente, las mejores interpretaciones histórico-económicas del hecho de Mayo se basan en errores de información. Por poca ciencia que los hombres de la Junta tuvieran en materia económica no pudieron dejar de ver la anulación del monopolio -o sea, la anulación de la política mercantilista, pues eso del monopolio es una afirmación caprichosa que nadie ha podido demostrar que existiera, o si el sistema del puerto único de Cádiz, desaparecido de 1768, tuvo un carácter defensivo ante los ataque de la pirateríadeterminaba una extracción de plata y de oro amonedada en pago del exceso de consumo, que determinó un encarecimiento de las cosas y necesidad de tomar medidas para evitarlo. La Junta quiso detener los efectos del libre comercio, y si no lo hizo fue por la presión británica, apoyados por una escuadra surta en el Río de la Plata, cuya misión consistía en defender la entrada de mercaderías inglesas y hasta de contrabando; por lo que la Junta protestó enérgicamente ante Lord Strangford. Pero fue en balde, y contra su voluntad, debió proteger el comercio inglés. Moreno, en la GACETA, decía: “El extranjero no viene a nuestro país a trabajar en nuestro bien, sino a sacar cuantas ventajas puedan proporcionarse”, advirtiendo que “miremos sus consejos con la mayor reserva, y no incurramos en el error de “AQUELLOS PUEBLOS INOCENTES QUE SE DEJARON ENVOLVER EN CADENAS EN MEDIO DEL EMBELESAMIENTO QUE LES HABIAN PRODUCIDO LOS CHICHES Y ABALORIOS”. La vinculación con la realidad del gobierno hacía que el autor de la “Representación de los hacendados” hiciera suyo un concepto que había expresado, contestando a su “Representación” don Miguel Fernández de Agüero. A pedido del Cabildo de Mendoza , la Junta Grande, el 21 de Junio de 1811, restringió las facilidades otorgadas al comercio ingles por el ex virrey Cisneros, prohibiendo la “introducción de efectos al interior del país por extranjeros”; pero el Triunvirato primero y la Asamblea de 1813 después, iniciaron una política contraria, de la que fue alma Bernardino Rivadavia al derogar, el 11 de Septiembre de 1812, los derechos de “círculo”, que debían pagar las mercaderías extranjeras así como la disposición que obligaba a consignar tales importaciones a comerciantes del país. El 20 de Octubre, por sugestión Lord Stragnford, renunciaba a reivindicar la Banda Oriental y los pueblos entrerrianos de la margen derecha del Uruguay, provocando el alzamiento de Artigas y Ramírez. En este juego de tendencias no se debe olvidar que Buenos Aires era un cetro de intermediarios y comerciantes, no de productores; de manera que, cuando

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quienes gobiernan representan a la clase dirigente de la ciudad, el puerto se abre a las importaciones, lo que deja de ocurrir cuando el gobierno representa, de alguna manera, a todo el país. Manuel Belgrano explicando la causa de la resistencia de las masas orientales, reconoció que no era debido al TERRORISMO, y “la menor parte ha tenido el terror en la agregación de hombres y familias”, agregaba, refiriéndose a las masas que seguían a Artigas. La causa de esa adhesión, era, según Belgrano, “las exacciones sin discernimiento, sin conocimiento y sin datos estadísticos”, que “recaían exclusivamente sobre los pobres que por el hecho se convertían en otros tantos enemigos del gobierno y de los que tenían algo…” Belgrano intuye el problema aunque no acierta la causa. Al estallar la revolución de 1810, el litoral vivía de cambiar productos ganaderos por artículos de procedencia europea, compartiendo Buenos Aires y Montevideo el carácter de puertos únicos para el comercio exterior. La libertad dada a los ingleses determinó que estos preferían llevar, por sus mercaderías, metálico amonedado, en lugar de productos ganaderos, lo que encareció la vida a la par que provocó una desvalorización de la producción exportable, determinando la miseria de la masa rural del litoral. Hacia el norte, Corrientes mantenía algunas industrias, lo mismo que Paraguay, sin que su producción pudiera competir con los productos similares británicos, mejor hechos y más baratos. Debe tenerse en cuenta que, a los fines de penetrar el mercado, los ingleses fabricaban mercaderías especiales y así, unas espuelas de madera, talladas a cuchillo, que daban vida a una artesanía correntina, fueron imitadas en Gran Bretaña y enviadas a Buenos Aires más baratas que las correntinas, matando esa producción. Paraguay no pudo asegurar su aislamiento por la yerba y el tabaco y la Banda Oriental mantener la gallardía por su lucha de que el puerto de Montevideo le aseguraba la posibilidad de no depender de Buenos Aires. El resto del país estaba indisolublemente ligado al puerto bonaerense, salvo el Alto Perú, que se liberaba por la ruta del Pacífico. El conocimiento de estos hechos confirma la afirmación de José María Rosa hijo, en su libro “DEFENSA Y PERDIDA DE NUESTRA INDEPENDENCIA ECONOMICA”, que dice: “Contemporáneamente a la LIBERTAD ABSOLUTA DE COMERCIO, Paraguay y Alto Perú dejaron ser, de hecho argentinos. Ni el primero intentaría – como lo hiciera el Dr. Francia en 1811 y 1812- nuevas “uniones federales”, ni los ejecitos patriotas encontraron en las tendencias ARRIBEÑAS el apoyo popular suficiente para imponerse a los ejércitos realistas. La independencia definitiva de ambos era solamente cuestión de tiempo. Cumplíase la

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profecía de Agüero”. La intendencia de Córdoba tenía alguna fábricas de tejidos ordinarios, mientras que en las provincias de Cuyo se producían vinos, aguardiente y frutas secas, con lo que aspiraba a proveer el litoral, donde tropezaba con la competencia de los similares en el exterior. Cuyo y Córdoba mantenían, además un buen comercio con Chile. Catamarca y Córdoba producían algodón, minerales y ganados, así como la Intendencia de Salta, suelas, tejidos, cordobanes y sombreros. El tráfico de mulas, caballos y vacunos a Chile y Perú daba vida a la invernadas de Córdoba y a los mercados de Salta y Jujuy, a los que empobreció la guerra de la independencia al cortar ese tráfico con Perú. Es así como, por imperio de los acontecimientos comerciales militares y por la política librecambista que inicia Buenos Aires, el país comenzó a mermar su economía comercial e industrial, pues un poncho tejido en Tucumán, que se vendía a siete pesos, bajó, tejido en Inglaterra con los mismos dibujos y colores, a tres pesos. El 5 de Septiembre de 1815, EL CENSOR, escribía: “Se ha observado en estos días descontento de los comerciantes de esta capital respecto al comercio extranjero, que traspasado los límites que se permitieron en su admisión a estos puertos, se apodera progresivamente de todas las utilidades que brinda este territorio, siendo un obstáculo perjudicial al saludable movimiento que pudiera circular en beneficio del país”. Fue tal la inquietud que esta situación produjo, aún entre la minoría comerciante porteña, que el mismo año se realizó una reunión, en la cual, según se lee en EL CENSOR, se resolvió publicar un manifiesto contra el “OMINOSO DECRETO DE UNA ASAMBLEA (la de 1813) NULA E ILEGITIMA Y SOLO CONSENTIDA POR LA FUERZA”. Solicitaban los quejosos que los comerciantes extranjeros emplearan dependientes argentinos; que se prohibiera la navegación de cabotaje a los buques extranjeros; la prohibición de introducir mercaderías extranjeras al interior sino por intermedio de consignatarios nacionales y, sobre todo, “LA ABSOLUTA PROHIBICION DE INTRODUCIR TODA OBRA MANUFACTURADA QUE PUEDA HACERSE AQUI: PERO SE ADMITIRA A TODO ARTESANO A TRABAJAR A CONDICION DE SERVIRSE DE OFICIALES DEL PAIS, Y ADMITIR JOVENES AL APRENDIZAJE BAJO LAS REGLAS IMPUESTAS POR EL MAGISTRADO”. Nada se hizo entonces, y dos años más tarde, EL CENSOR decía que dentro de muy pocos años, “más de diez millones de sud-americanos se vestirán de efectos

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europeos”, y al dar las sumas correspondientes agregaba que ellas espantaban. Lo único que se defienden son los ganaderos de Buenos Aires mediante la salazón de carne, industria de la que fue un auténtico “pioner” Juan Manuel de Rosas, y que sirvió para liberar a la ganadería del mercado inglés. En efecto, Inglaterra era el único exportador de cuero, sebo, crin, etc. y por consiguiente fijaba los precios. Al iniciarse la salazón, la carne, que antes no tenía valor comenzó a tenerlo, y como el tasajo no se vendía a Inglaterra sino a Brasil, Cuba, Altillas, etc. pudieron los ganaderos resistir los bajos precios británicos por los subproductos antes citados, y obligar a que fueran elevados, por lo cual hasta se liberaron de las naves inglesas para conducir el tasajo, creando lo que puede llamarse una marina mercante nacional. Pero, lógicamente, aquella valorización de la carne afectó a los consumidores, como ya hemos dicho, lo que aprovecharon los ingleses para provocar una campaña en favor del cierre de los saladeros, lo que Pueyrredón resolvió el 31 de mayo de 1807, en el mismo momento que buscaba el apoyo de Inglaterra para coronar a un príncipe francés como soberano del país. Era la época en el que Juan Manuel García escribía a Pueyrredón: “es preciso optar entre anarquía y la subyugación militar por los españoles, “O EL INTERES DE UN EXTRANJERO PUEDA APROVECHARSE DE NUESTRA DEBILIDAD PARA ENGRANDECER SU PODER, y cuando, desde Europa Rivadavia, que gestionaba aquel príncipe, aconsejaba: “No está por demás advertir que no se hiera así de ningún modo a la Nación inglesa: al contrario, es preciso una formal distinción entre ella y su gobierno”. Estos hechos merecen ser considerados a los fines de comprender la posición política de los ganaderos de Buenos Aires en estos años, pues fue notoria su simpatía por la causa federal, en la que se embarcaron en gran número los años siguientes. Pero volvamos de nuevo hacia atrás. Los hechos provocados por el pronunciamiento de Mayo, hicieron que la Junta se encontrara sin recursos en Potosí, sin el de los ganados de Uruguay y sin los de la yerba y tabaco del Paraguay, de manera que los acontecimientos políticos hicieron de la aduana de Buenos Aires la gran fuente de recursos fiscales, lo que contribuyó a crear en el porteño una mentalidad tendiente al aislamiento, así como las provincias un hondo afán de liberarse de su tutela, por cierto llena de incomprensiones. El ideologismo de los hombres de Buenos Aires, hecho de imitación de ideas foráneas, no les permitió ver uno de los hechos de más importancia del país, consistente en el que el proteccionismo económico mantenido por España había sido uno de los ejes de la

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unidad en que durante tres siglos se mantuvieron las provincias del Nuevo Mundo; y que las nuevas corrientes económicas, si bien daban riquezas a Buenos Aires, empobrecían al país y lanzaban a sus masas proletarizadas a una guerra social, disociadora y anarquizante, que ponía al descubierto las profundas diferencia religiosas, sociales y morales que separaban al pueblo de sus improvisados dirigentes porteños. Nada tiene de extraño que surjan en el litoral los primeros caudillos. Es lógico, porque es en el litoral donde la depauperación de la campaña fue más vigorosa y si bien, al aparecer los saladeros empezó a enriquecerse la ganadería, el precio acrecentó la pobreza más aguda de las masas rurales, como lo ha demostrado Juan Álvarez. Las masas rurales bonaerenses no se levantan porque, quienes pueden ser sus caudillos, han superado sus dificultades económicas, y los caudillos surgieron de las clases altas o de las militares. Eso del gaucho caudillo es un mito. Carecían, además, esas masas, de toda conciencia de clase, fuera del sentido hispánico de la igualdad. 14.- LA CONSTITUCIÓN DE 1819.

En la sesión del 22 de Abril de 1819, el Congreso trasladado de Tucumán a Buenos Aires, terminó el debate sobre la constitución la que acordó al Poder Ejecutivo el tratamiento de SU ALTEZA SERENISIMA. Basta este detalle para comprender el carácter de este nuevo ensayo constitucional. Como ha dicho Mitre: “en vez de un pacto de unión fue una nueva bandera de discordia que se levantó en el campo de los principios y en el terreno de los hechos. Obra de sofistas bien intencionados, que soñaban con la monarquía, no pudieron fundir es sus moldes convencionales los elementos sociales refractarios, creían eliminarlos no tomándolos en cuenta, y de aquí su ineficacia. Bosquejo de un centralismo rudimentario, sin órganos apropiados a su funcionamiento, en presencia de la masa informe de un federalismo rudimentario y anárquico, que era una negación del ideal y un desconocimiento del modelo, no satisfacía las exigencias teóricas ni prácticas y de aquí pugnase con los hechos, sin satisfacer las conciencias. Sin fuerza sólida que lo sostuviera y ni fuerza moral que la propiciara, era una fórmula vacía de sentido, que no contenía los gérmenes de la vida presente ni futura”. Nada da mejor idea del espíritu de la constitución del 19 que la lectura de las

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actas del propio congreso, en especial, la de la sesión del 31 de Agosto de 1818. Se dice en ellas que, para evitar que la nación se convirtiera en un MAR BORRASCOSO, por las agitaciones de la SIMPLE DEMOCRACIA, o en una cárcel, POR LA ARBIETARIEDAD O EL DESPOTISMO, la comisión, en su proyecto, recomendaba: “Ha llevado la idea de apropiar al sistema gubernativo del país, las principales ventajas de los gobiernos monárquicos, aristocráticos y democráticos, evitando sus abusos. El gobierno monárquico es ventajoso por la unidad de los planes, por la celeridad de la ejecución, y por el secreto… El gobierno aristocrático es ventajoso porque los negocios públicos son manejados por hombres eminentes y distinguidos. El gobierno democrático es ventajoso por la elevación y seguridad que inspira a todos los ciudadanos el hecho de tener parte en las leyes… Depositando el poder ejecutivo en una sola persona, el proyecto apropia a nuestro gobierno la unidad, esa cualidad importante de las monarquías. Llamando al senado a los ciudadanos distinguidos, ya por pertenecer a la clase militar y a la eclesiástica, ya por sus riquezas y talentos, aprovecha lo último de la aristocracia. Reservando para la cámara de Representantes a los ciudadanos con goce de fueros, o de la clase común, le da un carácter de democracia”. La imitación del modelo inglés es notoria. Fue jurado en Buenos Aires el 25 de Mayo de 1819 y, posteriormente, por las provincias, menos Entre Ríos, Santa Fe, Banda Oriental y Corrientes. Aquella constitución y los actos que las siguieron, tenían que producir el alzamiento de lo que en el país había de verdad, y esa verdad era la masa; la masa que había sido sacudida en su indiferencia por las cuestiones políticas, por la guerra de la independencia, resucitando en ella la conciencia de gobierno propio que no nació en el pueblo por generación espontánea, leyendo libros franceses, sino que poniendo en acción su memoria. Y lo señalamos porque hay actores que reconocen esa oposición del pueblo y buscan su explicación en hechos inmediatos, sin comprender que sólo cuando los ideales se acomodan a lo que la memoria de los pueblos que considera lo mejor, se truecan en motores auténticos de multitudes. Si se olvida que los caudillos fueron fundidos en moldes españoles no se comprenderá lo que ocurre alrededor de ellos. Los pretendidos transformadores radicales son los que despertaron la oposición de las masas y terminaron, como le ocurrió a Balmaceda, en Chile, siendo víctima de una revolución. Nada más erróneo que creer que el pueblo pensó en el gobierno propio a fuerza de oír hablar de él. Dice Jane: “El español no se ha prestado nunca a la compulsión intelectual, en el sentido de estar propicio a mudar en el criterio ante la invitación de cualquier

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predicador, por elocuente que sea. De otra parte, eran los monárquicos los que, en realidad, abogaban por lo conocido y familiar; los jefes del partido solicitaban adhesiones fundándose en motivos que ya en el pasado habían sido considerados dignos de adhesión: podían ejercer una continuidad despótica, pero lo hacían al amparo de justificaciones que desde mucho tiempo atrás estaban reconocidas como válidas. Pero esa no era la postura de los monarquistas, ni de los dictadores de Buenos Aires. Estos trabajan con un criterio extraño, incomprensible. El pueblo se coloca contra ellos, aunque se entregue a la dictadura de los caudillos, porque no le alarma la pérdida de algunas libertades a cambio de un gobierno eficiente, pero quiere saber eso sí, por qué se sacrifica, y lo comprende en los caudillos, no en Pueyrredón. Es así como la constitución provincial de Santa Fe, de 1819, la primer provincia argentina que se dicta un ley semejante, es una rotunda afirmación de fe republicana y federal. Elegido el general José Rondeau para suceder a Pueyrredón, su incapacidad le hace reabrir la guerra contra las provincias del litoral, contra los “anarquistas”, aunque se trata de quien, para salvar a su facción, procura coronar a un vástago borbón como rey de este país y no vaciló en entregar a los portugueses parte de la Banda Oriental, tesoro preciado de la patria. La duplicidad de Rondeau y del Congreso en estas gestiones llega a tal punto que todo el país comienza a levantarse. Las tropas del Ejército del Norte mandadas por Belgrano, lo hacen en Arequito, siguiendo al general Bustos, por lo que san Martín, que se encontraba en Mendoza, parte a Chile, no queriendo meterse en las intrigas políticas de su patria. El gobierno directorial cae. El país queda sin gobierno nacional recuperando cada provincia su autonomía. Los caballos de los caudillos artiguistas, López y Ramírez, llegan hasta la plaza de Mayo de Buenos Aires. ¡Es el triunfo de la anarquía de la barbarie!, dice la historiografía liberal; pero no, es el triunfo del país que se había comenzado a descubrir a sí mismo en 1810, y que, a los diez años de la Revolución de Mayo se reencontraba por primera vez y, por primera vez, hacía una afirmación de su personalidad nacional.

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CAPITULO SÉPTIMO

Historia de Las Ideas Politicas en Argentina Vicente Sierra - VSIP.INFO (2023)